CODIGO PROCESAL PENAL
ARTICULADO VIGENTE DEL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 638 (*)
(*) Queda derogado como también
sus normas ampliatorias y modificatorias, por el Numeral 2 de la Tercera Disposición Modificatoria y Derogatoria
del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, derogación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo,
de conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición
Complementaria - Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código
Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado
por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias
y de implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de julio de 2006 se pondrá en vigencia este
Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial
de Implementación creada por el Decreto Legislativo Nº 958. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará
la aplicación progresiva del citado Código, de conformidad con la modificación introducida por el Artículo Primero de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006.
Promulgado : 25-04-91
Publicado : 27-04-91
“Artículo 2.- El
Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de
los siguientes casos:
1. Cuando el agente haya
sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.
2. Cuando se tratare
de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena
mínima supere los 2 (dos) años de pena privativa de la libertad o se hubiere cometido por un funcionario público en el ejercicio
de su cargo.
3. Cuando la culpabilidad
del agente en la comisión del delito, o su contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare de
un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.
En los supuestos previstos
en los incisos 2) y 3) será necesario que el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima
respecto a la reparación civil.
Si el acuerdo con la
víctima consta en instrumento público o documento privado legalizado por Notario no será necesario que el Juez cite a las
partes a que presten su consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad.
Si la acción penal hubiera
sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio Público, o de la parte agraviada, dictar auto de sobreseimiento
en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos ya establecidos, en un plazo no mayor de diez días.” (1)
“En los delitos
de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los artículos 122, 185 y 190 del Código Penal y en los delitos culposos,
en los que no haya pluralidad de víctimas o concurso con otro delito, antes de formalizar la denuncia penal, el Fiscal citará
al imputado y a la víctima para proponerles un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá
de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal
formalizará la denuncia correspondiente.” (2)
(1) Artículo vigente conforme
a la modificación establecida por el Artículo 1 de la Ley Nº
27664, publicada el 08-02-2002.
NOTA: Este artículo fue modificado
por el Artículo Unico de la Ley
Nº 27072, publicada el 23-03-99.
(2) Párrafo incorporado por
el Artículo 3 de la Ley N° 28117, publicada el 10-12-2003.
CONCORDANCIA: R. N° 1470-2005-MP-FN (Reglamento de la
aplicación del principio de oportunidad)
Artículo 135.-
El juez puede dictar
mandato de detención si atendiendo a los primeros recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea posible de determinar:
1. Que existen suficientes
elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
No constituye elemento
probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito
imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado;
2. Que la sanción a imponerse
sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad; y,
3. Que existen suficientes
elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria.
No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
En todo caso, el Juez
Penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en
cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida."(1)(2)
(1) Artículo vigente conforme
a la modificación establecida por el Artículo Unico de la Ley Nº
27226, publicada el 17-12-99.
(2) Artículo modificado por
el Artículo 2 de la Ley N° 27753, publicada el 09-06-2002,
cuyo texto es el siguiente.
“Artículo 135.-
El Juez puede dictar
mandato de detención si atendiendo a los primeros recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea posible determinar:
1. Que existen suficientes
elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
No constituye elemento
probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito
imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado.
2. Que la sanción a imponerse
sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad; y, (*)
(*) Inciso modificado por
el Artículo 4 de la Ley N° 28726, publicada el 09 mayo 2006,
cuyo texto es el siguiente:
"2. Que la sanción a
imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan elementos probatorios sobre
la habitualidad del agente al delito.”
3. Que existen suficientes
elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria.
No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
En todo caso, el juez
penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en
cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida.”
CONCORDANCIA: Ley N° 27753, Art. 3, 4 y Anexo
R.M. N° 1452-2006-IN, Cap. V, Literal D (Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial)
Artículo 136.-
El mandato de detención
será motivado, con expresión de los fundamentos de hecho y de derecho que los sustenten. El oficio mediante el cual se dispone
la ejecución de la detención deberá contener los datos de identidad personal del requerido.
Las requisitorias cursadas
a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses. Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad,
salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de narcotráfico y terrorismo no caducarán hasta
la detención y juzgamiento de los requisitoriados. (*)
(*) Segundo párrafo modificado
por el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25660, publicado el 13-08-92.
"Artículo 137.-
La detención no durará
más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el Artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio
de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento, sin haberse dictado
la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas
necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales.
Cuando concurren circunstancias
que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse
a la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual.
La prolongación de la
detención se acordará mediante auto debidamente motivado, a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado. Contra
este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la Sala,
previo dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas.
El cómputo del plazo
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad,
no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción. En los casos en que se declare
la nulidad de procesos seguidos en fueros diferentes, el plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de
detención.
Una vez condenado en
primera instancia el inculpado, la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
No se tendrá en cuenta
para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables
al inculpado o su defensa.
La libertad será revocada
si el inculpado no cumple con asistir, sin motivo legítimo a la primera citación que se le formule cada vez que se considere
necesaria su concurrencia.
El Juez deberá poner
en conocimiento de la Sala la orden de libertad, como la de
prolongación de la detención. La Sala, de oficio o a solicitud
de otro sujeto procesal, o del Ministerio Público, y previo informe del Juez, dictará las medidas correctivas y disciplinarias
que correspondan.” (1)(2)
(1) Artículo modificado por
el Artículo 1 de la Ley Nº 27553 publicada el 13-11-2001.
Nota: Este artículo fue modificado
por el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25824, publicado el 09-11-92, que en su Artículo 2 dispone su entrada en vigencia, al
día siguiente de la publicación del presente Decreto Ley.
(2) Artículo modificado por
el Artículo 1 de la Ley N° 28105, publicada el 21-11-2003,
cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 137.-
La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose de procedimientos
por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez
imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento,
sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez
disponer las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales.
Cuando concurren circunstancias
que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse
a la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual.
La prolongación de la
detención se acordará mediante auto debidamente motivado, de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento
del inculpado. Contra este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la
Sala, previo dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas.
El cómputo del plazo
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad,
no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción. En los casos en que se declare
la nulidad de procesos seguidos en fueros diferentes, el plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de
detención.
Una vez condenado en
primera instancia el inculpado, la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
No se tendrá en cuenta
para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables
al inculpado o su defensa.
La libertad será revocada
si el inculpado no cumple con asistir, sin motivo legítimo a la primera citación que se le formule cada vez que se considere
necesaria su concurrencia.
El Juez deberá poner
en conocimiento de la Sala la orden de libertad, como la de
prolongación de la detención. La Sala, de oficio o a solicitud
de otro sujeto procesal, o del Ministerio Público, y previo informe del Juez, dictará las medidas correctivas y disciplinarias
que correspondan.” (*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 137.-
Duración de la detención
La detención no durará
más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio
de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento, sin haberse dictado
la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas
necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales.
Cuando concurren circunstancias
que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse
a la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual.
Cuando el delito se ha
cometido a través de una organización criminal y el imputado pudiera sustraerse a la acción de justicia o perturbar la actividad
probatoria, la detención podrá prolongarse hasta por un plazo igual. La prolongación de la detención se acordará mediante
auto debidamente motivado, de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado. Contra este auto
procede el recurso de apelación, que resolverá la Sala, previo
dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas.
El cómputo del plazo
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad,
no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción. En los casos en que se declare
la nulidad de procesos seguidos en fueros diferentes, el plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de
detención.
Una vez condenado en
primera instancia el inculpado, la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones
maliciosas imputables al inculpado o su defensa.
La libertad será revocada
si el inculpado no cumple con asistir, sin motivo legítimo a la primera citación que se le formule cada vez que se considere
necesaria su concurrencia.
El Juez deberá poner
en conocimiento de la Sala la orden de libertad, como la de
prolongación de la detención. La Sala, de oficio o a solicitud
de otro sujeto procesal, o del Ministerio Público, y previo informe del Juez, dictará las medidas correctivas y disciplinarias
que correspondan.”
CONCORDANCIA: LEY Nº 27569, Art. 2
Artículo 138.-
Si el juez omite fundamentar
el mandato de detención, el inculpado podrá interponer recurso de queja, a cuyo efecto solicitará al Juez eleve el cuaderno
correspondiente dentro de las 24 horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el mismo término sin necesidad de vista fiscal. Si se declara fundada
se ordenará que el conocimiento de la causa se remita a otro Juez, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar. El Juez
que reciba el cuaderno, en igual término, deberá dictar el mandato que corresponda con arreglo a lo prescrito en el artículo
136 (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.
Contra el mandato de
detención procede recurso de apelación, que será concedido en un sólo efecto y seguirá el mismo trámite que el señalado para
la queja.
Artículo 143.-
Se dictará mandato de
comparecencia cuando no corresponda la medida de detención. También podrá imponerse comparecencia con la restricción prevista
en el inciso 1), tratándose de imputados mayores de 65 años que adolescan de una enfermedad grave o de incapacidad física,
siempre que el peligro de fuga o de perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse razonablemente.
El juez podrá imponer
algunas de las alternativas siguientes :
1. La detención domiciliaria
del inculpado, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, de la autoridad policial o sin ella, impartiéndose las
órdenes necesarias.
2. La obligación de someterse
al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.
3. La obligación de no
ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días
que se le fijen.
4. La prohibición de
comunicarse con personas determinadas, siempre que ello no afecte el derecho de defensa.
5. La prestación de una
caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten.
El Juez podrá imponer
una de estas alternativas o combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso y ordenará las medidas necesarias para
garantizar su cumplimiento. Si el hecho punible denunciado está penado con una sanción leve o las pruebas aportadas no la
justifiquen, podrá prescindir de tales alternativas.
CONCORDANCIAS: LEY Nº 27399
LEY Nº 27486
Artículo 144.-
La infracción de la comparecencia,
en los casos en que el imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia
determinará la orden de ser conducido compulsivamente por la policía.
Si el imputado no cumple
con las restricciones impuestas en el artículo 143º, previo requerimiento realizado por Fiscal o por el Juzgador en su caso,
se revocará la medida y se dictará mandato de detención. Asimismo, de ser el
caso perderá la caución y se ejecutará la garantía patrimonial constituida o la fianza personal otorgada.(*)
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 de la Ley Nº 26480, publicada el 15-06-95.
Norma que también en su Artículo 2 amplía el segundo párrafo.
CONCORDANCIA: LEY Nº 27486
Artículo 145.-
El mandato de comparecencia
y las demás restricciones impuestas serán notificadas al imputado mediante citación que le entregará el secretario por intermedio
de la Policía, o la dejará en su domicilio a persona responsable
que se encargue de entregarla, sin perjuicio de notificársele por la vía postal, adjuntándose a los autos constancia razonada
de tal situación.
La Policía, además, dejará constancia de haberse informado de la identificación del procesado
a quien notificó o de la verificación de su domicilio, si estaba ausente.
Para estos efectos otórgase
franquicia postal al Poder Judicial y al Ministerio Público.
CONCORDANCIA: LEY Nº 27486
Artículo 182.-
El procesado que se encuentra
cumpliendo detención podrá solicitar libertad provisional, cuando nuevos elementos de juicio permitan razonablemente prever
que:
1. La pena privativa
de libertad a imponérsele no será mayor de cuatro años, o que el inculpado esté sufriendo una detención mayor a las dos terceras
partes de la pena solicitada por el Fiscal en su acusación escrita.
2. Se haya desvanecido
la probabilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria.
3. Que el procesado cumpla
con la caución fijada o, en su caso, el insolvente ofrezca fianza personal.
Artículo 183.-
La caución se fijará
solamente cuando se trate de imputados con solvencia económica, y consistirá en una suma de dinero que se fijará en la resolución.
El imputado puede empozarla en el Banco de la Nación o constituír
una garantía patrimonial suficiente a nombre del Juzgado de la Sala
hasta por dicho monto.
El imputado que carezca
de solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una persona natural o jurídica.
Artículo 184.-
Presentada la solicitud
de libertad por el detenido, el Fiscal formará el incidente en el término de 24 horas y lo remitirá al Juez; con conocimiento
de los demás sujetos procesales. (*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 1 de la Ley Nº
25371, publicada el 23-12-91.
Artículo 185.-
El Juez resolverá en
el término de 24 horas de recibido el incidente, notificará a los sujetos procesales y comunicará al Fiscal el tenor de la
resolución.
La resolución es apelable
en el término común de dos días.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 25371, publicada el 23-12-91.
Artículo 186.-
Si el Juez ordena la
libertad fijará las reglas de conducta. La apelación no impide la excarcelación.
Artículo 187.-
Si el procesado infringe
las reglas de conducta se revocará la libertad y se ordenará su recaptura. Perderá la caución, la que pasará a un fondo de
tecnificación de la administración de justicia.
Artículo 188.-
La caución le será devuelta
al imputado por el Banco de la Nación con los respectivos
intereses devengados, cuando sea absuelto o sobreseído.
Artículo 239.-
Cuando se trate de una
muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible se procederá al levantamiento del cadáver, haciendo constar en
acta.
El levantamiento del
cadáver lo realizará el Fiscal pudiendo delegar la responsabilidad en su Adjunto o en la policía o en el Juez de Paz.
La identificación, ya
sea antes de la inhumación o ya sea después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación
de la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio.
Cuando sea probable que se
trate de un caso de criminalidad se practicará la necropsia para determinar la causa de la muerte.(*)
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
Artículo 240.-
La necropsia será practicada
por peritos, en presencia del Fiscal o de su Adjunto. Al acto pueden asistir los Defensores de los sujetos procesales e incluso
acreditar perito de parte.
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
Artículo 241.-
Cuando se trate de homicidio
doloso está prohibido el embalsamamiento. En ese mismo supuesto la incineración
sólo podrá ser autorizada por el Fiscal después de vencido el plazo investigatorio.
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
Artículo 242.-
Si existen indicios de
envenenamiento, los peritos examinarán las vísceras y las materias sospechosas que se encuentran en el cadáver o en otra parte
y las remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados, al laboratorio especializado correspondiente.
Las materias objeto de
las pericias se conservarán si fuese posible, para ser presentados en el debate oral.
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
Artículo 243.-
En caso de lesiones corporales
el Fiscal exigirá que los peritos determinen en su informe el arma o instrumentos que las haya ocasionado, y si dejaron o
no deformaciones y señales permanentes en el rostro, puesto en peligro la vida causado enfermedad incurable o la pérdida de
un miembro u órgano y en general, todas las circunstancias que conforme al Código Penal influyen en la calificación del delito.
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
Artículo 244.-
En caso de aborto, se
hará comprobar la preexistencia del embarazo, los signos demostrativos de la interrupción del mismo, las causas que lo determinaron,
los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del carácter y gravedad del hecho.
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
Artículo 245.-
En los delitos contra
el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito.
(*) Artículo puesto en vigencia
mediante el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25825, publicado el 09-11-92.
CUADRO DE MODIFICACIONES DEL
CODIGO PROCESAL PENAL
(ARTICULADO VIGENTE)
ARTICULO
ESTADO DEL ARTICULO
FECHA DE PUBLICACIÓN
AFECTADO
2
MODIFICADO por el Artículo 1 de la Ley N° 27664
08-02-2002
2
MODIFICADO por el Artículo Único de la Ley N° 27072
23-03-2002
135
MODIFICADO por el Artículo Único de la Ley N° 27226
17-12-1999
135
MODIFICADO por el Artículo 2 de la Ley N° 27753
09-06-2002
135 inc. 2
MODIFICADO por el Artículo 4 de la Ley N° 28726
09-05-2006
136, 2do párrafo MODIFICADO por el Artículo 1 del Decreto Ley N° 25660
13-08-1992
137
MODIFICADO por el Artículo 1 de la Ley N° 27553
13-08-1992
137
MODIFICADO por el Artículo 1 del Decreto Ley N° 25824
09-11-1992
137
MODIFICADO por el Artículo 1 de la Ley N° 28105
21-11-2003
137
MODIFICADO por el Art. 2 del D.Leg Nº 983
22-07-2007
138, 1er párrafo RECTIFICADO por Fe de Erratas
01-06-1991
144, 2do párrafo AGREGADO por el Artículo 2 de la Ley N° 26480
15-06-1995
184
MODIFICADO por el Artículo 1 de la Ley N° 25371
23-12-1991
185
MODIFICADO por el Artículo 1 de la Ley N° 25371
23-12-1991
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957
Promulgado : 22-07-2004
Publicado : 29-07-2004
Nota de Editor.- De conformidad
con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición
Complementaria - Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, el presente Código Proceso Penal
entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto
Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de
implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de Julio de 2006 se pondrá en vigencia este Código
en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial
de Implementación creada por el Decreto Legislativo Nº 958, de conformidad con la modificación introducida por el Artículo
1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006. El Distrito
Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva de este Código. De otro lado, no obstante lo dispuesto en el citado numeral
2, a los noventa días de la publicación de este código
entrarán en vigencia en todo el país los artículos 205-210 (*). El día 1 de febrero de 2006, asimismo, entrarán en vigencia
en todo el país los artículos 468 - 471, y el libro Libro Séptimo “La Cooperación Judicial Internacional” y las disposiciones modificatorias contenidas en este
Código, excepto las contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la
Segunda Disposición Modificatoria, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006, según lo dispuesto el
Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria
- Disposición Final del mencionado Decreto Legislativo N° 957, modificado sucesivamente por el Artículo único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005, y el Artículo Primero de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006.
(*) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspende hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia de los artículos 205 al 210 del presente Código Procesal Penal.
(*) De conformidad con la Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 961,
publicado el 11 enero 2006, en todo lo que no esté previsto en el Libro III Parte Procesal del Código de Justicia Militar
Policial, los Jueces, Tribunales y Fiscales Militares Policiales, aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 957. El Código Procesal Penal se entenderá vigente sólo para los efectos supletorios previstos
en el Artículo XIV del Título Preliminar, sin considerar el período del vacatio legis del referido cuerpo legal.
(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de
la Ley Nº 28950, publicada el 16 enero 2007, el artículo 341
del presente Código Procesal Penal entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación de la citada Ley.
CONCORDANCIAS: Decreto Legislativo N° 958 (Que regula Proceso de Implementación
y Transitoriedad del Nuevo Código Procesal Penal)
D.S. N° 013-2005-JUS (Aprueban Plan de Implementación y Calendario Oficial de la Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal)
D.S. N° 007-2006-JUS (Actualizan Calendario Oficial de la
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal)
R.A. N° 096-2006-CE-PJ (Aprueban Reglamentos que regularán los proceso judiciales al amparo del Nuevo Código Procesal
Penal)
R. N° 728-2006-MP-FN (Aprueban Reglamento de Supervisión de Organismos de Bienes Incautados)
R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión
Interna de Reglamentación, Directivas
y demás normas de adecuación al Nuevo Código Procesal Penal)
R. N° 748-2006-MP-FN (Aprueban Reglamento de la Carpeta Fiscal
y la Directiva para el uso de los Formatos Técnico del
Trabajo Fiscal)
D.S. N° 005-2007-JUS (Modifican Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal)
D.S. N° 007-2007-JUS (Aprueban Reglamento de la Comisión
Especial de Implementación del Código Procesal Penal)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política
del Perú, por Ley Nº 28269, publicada el 4 de julio de 2004, el Congreso de la
República delega en el Poder Ejecutivo, la facultad de dictar mediante Decreto Legislativo, un nuevo Código
Procesal Penal y sobre su implementación, así como cualquier otro asunto en materia procesal penal, dentro del término de
treinta (30) días útiles;
Que, la Comisión Especial de Alto Nivel creada conforme a lo dispuesto
en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS del 14 de marzo de 2003,
ha cumplido con proponer las modificaciones y mecanismos legales de implementación del nuevo Código
Procesal Penal;
Con el voto aprobatorio
del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta
al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo
siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMULGA
CÓDIGO PROCESAL PENAL
Artículo 1.- OBJETO DE
LA NORMA
Promúlguese el Código
Procesal Penal, aprobado por la Comisión Especial
de Alto Nivel, constituida por Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS, según el texto adjunto que consta de 566 artículos, distribuidos
de modo y forma que a continuación se detalla:
Título Preliminar
Artículos I a X
LIBRO PRIMERO : Disposiciones Generales
Artículo 1 a 113
LIBRO SEGUNDO : La Actividad Procesal
Artículos 114 a 320
LIBRO TERCERO : El Proceso Común
Artículos 321 a 403
LIBRO CUARTO : La Impugnación
Artículos 404 a 445
LIBRO QUINTO : Los
Procesos Especiales
Artículos 446 a 487
LIBRO SEXTO
: La Ejecución y las Costas
Artículos 488 a 507
LIBRO SÉPTIMO : La Cooperación Judicial
Artículos 508 a 566
Internacional
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla,
dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de julio del año
dos mil cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional
de la República
CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo
de Ministros
BALDO KRESALJA ROSSELLÓ
Ministro de Justicia
INDICE
TÍTULO PRELIMINAR
LIBRO PRIMERO : DISPOSICIONES
GENERALES
SECCIÓN I : La Acción Penal (Artículo 1 al 10)
SECCIÓN II : La Acción Civil (Artículo 11 al 15)
SECCIÓN III : La Jurisdicción y Competencia (Artículo 16 al 59)
Título I : La Jurisdicción (Artículo 16 al 18)
Título II : La Competencia (Artículo 19 al 32)
Capítulo I
La Competencia por el Territorio (Artículo 21
al 25)
Capítulo II
La Competencia Objetiva y Funcional
(Artículo 26 al 30)
Capítulo III La Competencia por Conexión (Artículo 31 al 32)
Título III : Concurso Procesal de Delitos (Artículo 33)
Título IV : Cuestiones de Competencia (Artículo 34 al 59)
Capítulo I
La Declinatoria de Competencia (Artículo 34
al 38)
Capítulo II
La Transferencia de Competencia (Artículo 39
al 41)
Capítulo III La Contienda de Competencia (Artículo 42 al 45)
Capítulo IV La Acumulación (Artículo 46 al 52)
Capítulo V La Inhibición y Recusación (Artículo 53 al 59)
SECCIÓN IV : El Ministerio
Público y los Demás Sujetos Procesales (Artículo 60 al 113)
Título I : El Ministerio Público y La Policía Nacional
(Artículo 60 al 70)
Capítulo I
El Ministerio Público (Artículo 60 al 66)
Capítulo II
La Policía (Artículo 67 al 70)
Título II : El Imputado y el Abogado Defensor (Artículo 71 al 89)
Capítulo I
El Imputado (Artículo 71 al 79)
Capítulo II
El Abogado Defensor (Artículo 80 al 85)
Capítulo III La Declaración del Imputado (Artículo 86 al 89)
Título III : Las Personas Jurídicas (Artículo 90 al 93)
Título IV : La Víctima (Artículo 94 al 110)
Capítulo I
El Agraviado (Artículo 94 al 97)
Capítulo II
El Actor Civil (Artículo 98 al 106)
Capítulo III El
Querellante Partícular (Artículo 107 al 110)
Título V : El Tercero Civil (Artículo 111 al 113)
LIBRO SEGUNDO : LA ACTIVIDAD PROCESAL
SECCIÓN I : Preceptos
Generales (Artículo 114 al 154)
Título I : Las Actuaciones Procesales (Artículo 114 al 141)
Capítulo I
Las Formalidades (Artículo 114 al 119)
Capítulo II
Las Actas (Artículo 120 al 121)
Capítulo III Las
Disposiciones y las Resoluciones (Artículo 122 al 126)
Capítulo IV Las
Notificaciones y Citaciones (Artículo 127 al 131)
Capítulo V Comunicación
entre Autoridades (Artículo 132 al 133)
Capítulo VI La Formación del Epediente Fiscal y Judicial (Artículo 134 al 141)
Título II : Los Plazos (Artículo 142 al 148)
Título III : La Nulidad (Artículo 149 al 154)
SECCIÓN II : La Prueba (Artículo 155 al 252)
Título I : Preceptos Generales (Artículo 155 al 159)
Título II : Los Medios de Prueba (Artículo 160 al 201)
Capítulo I
La Confesión (Artículo 160 al 161)
Capítulo II
El Testimonio (Artículo 162 al 171)
Capítulo III La Pericia (Artículo 172 al 181)
Capítulo IV El
Careo
Capítulo V La Prueba Documental (Artículo 182 al 183)
Capítulo VI Los
otros Medios de Prueba (Artículo 189 al 201)
Subcapítulo I : El Reconocimiento (Artículo 189 al 191)
Subcapítulo II : LA INSPECCIÓN JUDICIAL
Y LA RECONSTRUCCIÓN (Artículo 192 al 194)
Subcapítulo III : Las Pruebas Especiales (Artículo 195 al 201)
Título III : La Búsqueda de Pruebas y Restricción
de Derechos (Artículo 202 al 241)
Capítulo I
Preceptos Generales (Artículo 202 al 204)
Capítulo II
El Control de Identidad y la Videovigilancia
(Artículo 205 al 207)
Subcapítulo I : El Control de Identidad Policial (Artículo 205 al 206)
Subcapítulo II : La Videovigilancia (Artículo
207)
Capítulo III Las
Pesquisas (Artículo 208 al 210)
Capítulo IV La Intervención Corporal (Artículo 211 al 213)
Capítulo V El
Allanamiento (Artículo 214 al 217)
Capítulo VI La Exhibición Forzada y la Incautación (Artículo 218 al 225)
Subcapítulo I : La Exhibición e Incautación de
Bienes (Artículo 218 al 223)
Subcapítulo II : La Exhibición e Incautación de
Actuaciones y Documentos no Privados (Artículo 224 al 225)
Capítulo VII El Control
de Comunicaciones y Documentos Privados (Artículo 226 al 234)
Subcapítulo I : La Interceptación e Incautación
Postal (Artículo 226 al 229)
Subcapítulo II : La Intervención de Comunicaciones
y Telecomunicaciones (Artículo 230 al 231)
Subcapítulo III : El Aseguramiento e Incautación de Documentos Privados (Artículo 232 al 234)
Capítulo VIII El Levantamiento
del Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria
(Artículo 235 al 236)
Capítulo X La Clausura o Vigilancia de Locales e Inmovilización (Artículo 237 al 241)
Título IV : La Prueba Anticipada (Artículo
242 al 246)
Título V : Las Medidas de Potección (Artículo 247 al 252)
SECCIÓN III : Las Medidas
de Coerción Procesal (Articulo 253 al 320)
Título I : Preceptos Generales (Artículo 253 al 258)
Título II : La Detención (Artículo 259 al 267)
Título III : La Prisión Preventiva (Artículo
268 al 285)
Capítulo I
Los Presupuestos de la Prisión Preventiva
(Artículo 268 al 271)
Capítulo II
La Duración de la Prisión Preventiva (Artículo 272 al 277)
Capítulo III La Impugnación de la Prisión Preventiva (Artículo 278)
Capítulo IV La Revocatoria de la
Comparecencia por Prisión Preventiva (Artículo 279)
Capítulo V La Incomunicación (Artículo 280 al 282)
Capítulo VI La Cesación de la
Prisión Preventiva (Artículo 283 al 285)
Título IV : La Comparecencia (Artículo 286
al 292)
Título V : La Internación Preventiva
(Artículo 293 al 294)
Título VI : El Impedimento de Salida (Artículo 295 al 296)
Título VII : De la Suspensión Preventiva
de Derechos (Artículo 297 al 301)
Título VIII : El Embargo (Artículo 302 al 309)
Título IX : Otras Medidas Reales (Artículo 310 al 315)
Título X : La Incautación (Artículo 316 al 320)
LIBRO TERCERO : EL PROCESO
COMÚN
SECCIÓN I : La Investigación Preparatoria (Artículo 321 al 343)
Título I : Nomas Generales (Artículo 321 al 325)
Título II : La Denuncia y los Actos Iniciales de
la Investigación (Artículo 326 al 333)
Capítulo I
La Denuncia (Artículo 326 al 328)
Capítulo II
Actos Iniciales de la Investigación (Artículo
329 al 333)
Título III : La Investigación Preparatoria
(Artículo 334 al 339)
Título IV : Los Actos Especiales de Investigación (Artículo 340 al 341)
Título V : Conclusión de la Investigación Preparatoria
(Artículo 342 al 343)
SECCIÓN II : La Etapa Intermedia (Artículo 344 al 355)
Título I : El Sobreseimiento (Artículo 344 al 348)
Título II : La Acusación (Artículo 349 al 352)
Título III : El Auto de Enjuiciamiento (Artículo 353 al 354)
Título IV : El Auto de Citación a Juicio (Artículo 355)
SECCIÓN III : El Juzgamiento
(Artículo 356 al 403)
Título I : Preceptos Generales (Artículo 356 al 366)
Título II : La Preparación del Debate (Artículo
367 al 370)
Título III : El Desarrollo del Juicio (Artículo 371 al 372)
Título IV : La Actuación Probatoria
(Artículo 375 al 385)
Título V : Los Alegatos Finales (Artículo 386 al 391)
Título VI : La Deliberación y la Sentencia (Artículo 392 al 403)
LIBRO CUARTO : LA IMPUGNACIÓN
SECCIÓN I : Preceptos
Generales (Artículo 404 al 412)
SECCIÓN II : Los Recursos
(Artículo 413 al 414)
SECCIÓN III : El Recurso
de Reposición (Artículo 415)
SECCIÓN IV : El Recurso
de Apelación
Título I : Preceptos Generales (Artículo 416 al 419)
Título II : La Apelación de Autos (Artículo 420)
Título III : La Apelación de Sentencias (Artículo
421 al 426)
SECCIÓN V : El Recurso
de Casación (Artículo 427 al 436)
SECCIÓN VI : El Recurso
de Queja (Artículo 437 al 438)
SECCIÓN VII : La Acción de Revisión (Artículo 439 al 445)
LIBRO QUINTO : LOS PROCESOS
ESPECIALES
SECCIÓN I : El Proceso
Inmediato (Artículo 446 al 448)
SECCIÓN II : El Proceso
por Razón de la Función Pública (Artículo 449 al
455)
Título I : El Proceso por Delitos de Función Atribuidos a Altos Funcionarios Públicos (Artículo 449 al 451)
Título II : El Proceso por Delitos Comunes Atrinuidos a Congresistas y Otros Altos Funcionarios (Artículo 452 al 453)
Título III : El Proceso por Delitos de Función Atribuidos a Otros Funcionarios Públicos (Artículo 454 al 455)
SECCIÓN III : El Proceso
de Seguridad (Artículo 456 al 458)
SECCIÓN IV : Proceso
por Delito de Ejercicio Privado de la Acción Penal
(Artículo 459 al 467)
SECCIÓN V : El Proceso
de Terminación Anticipada (Artículo 468 al 471)
SECCIÓN VI : Proceso
por Colaboración Eficaz (Artículo 472 al 481)
SECCIÓN VII : El Proceso
por Faltas (Artículo 482 al 487)
LIBRO SEXTO : LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS
SECCIÓN I : La Ejecución de la
Sentencia (Artículo 488 al 496)
SECCIÓN II : Las Costas
(Artículo 497 al 507)
LIBRO SÉPTIMO : LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
SECCIÓN I : Preceptos
Generales (Artículo 508 al 512)
SECCIÓN II : La Extradición (Artículo 513 al 527)
Título I : Condiciones Generales (Artículo 513 al 515)
Título II : La Extradición Pasiva (Artículo
516 al 524)
Título III : La Extradición Activa (Artículo
525 al 527)
SECCIÓN III : La Asistencia Judicial Internacional (Artículo 528 al 537)
SECCIÓN IV : Las Diligencias
en el exterior (Artículo 538 al 539)
SECCIÓN V : El Cumplimiento
de Condenas (Artículo 540 al 549)
Título I : Las Penas y las Medidas Privativas de Libertad Efectivas (Artículo 540 al 544)
Título II : Las Otras Penas y Medidas de Seguridad (Artículo 545 al 549)
SECCIÓN VI : La Entrega Vigilada (Artículo
550 al 553)
SECCIÓN VII : Cooperación
con la Corte Penal Internacional (Artículo 554 al 566)
Título I : Aspectos Generales (Artículo 554 al 556)
Título II : La Detención y Entrega de Personas
y la Detención Provisional (Artículo 557 al
561)
Título III : Los Demás Actos de Cooperación (Artículo 562 al 564)
Título IV : La Ejecución de la Pena (Artículo 565 al 566)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
(*) NOTA SPIJ
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS
Y DEROGATORIAS
Cuadro de Modificaciones
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo I. Justicia
Penal.-
1. La justicia penal
es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por
los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.
2. Toda persona tiene
derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código.
3. Las partes intervendrán
en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo
allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.
4. Las resoluciones son
recurribles, en los casos y en el modo previsto por la Ley. Las
sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación.
5. El Estado garantiza
la indemnización por los errores judiciales.
Artículo II. Presunción
de inocencia.-
1. Toda persona imputada
de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario
y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una
suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
En caso de duda sobre
la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado.
2. Hasta antes de la
sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información
en tal sentido.
Artículo III. Interdicción
de la persecución penal múltiple.- Nadie podrá ser procesado, ni sancionado mas de una vez por un mismo hecho, siempre que
se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal
tiene preeminencia sobre el derecho administrativo.
La excepción a esta norma
es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia
condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este Código.
Artículo IV. Titular
de la acción penal.-
1. El Ministerio Público
es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción
de la investigación desde su inicio.
2. El Ministerio Público
está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad
o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.
3. Los actos de investigación
que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera
indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.
Artículo V. Competencia
judicial.-
1. Corresponde al órgano
jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás
resoluciones previstas en la Ley.
2. Nadie puede ser sometido
a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley.
Artículo Vl. Legalidad
de las medidas limitativas de derechos.- Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en
la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad
judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se
impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en
suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto
de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.
Artículo Vll. Vigencia
e interpretación de la Ley procesal penal:
1. La Ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que
rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la
Ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y
los plazos que hubieran empezado.
2. La Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida
con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible.
3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así
como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente.
La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio
de sus derechos.
4. En caso de duda insalvable
sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo.
Artículo Vlll. Legitimidad
de la prueba:
1. Todo medio de prueba
será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.
2. Carecen de efecto
legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales
de la persona.
3. La inobservancia de
cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.
Artículo IX. Derecho
de Defensa:
1. Toda persona tiene
derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente
la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado
de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable
para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria;
y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios
de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma
y oportunidad que la ley señala.
2. Nadie puede ser obligado
o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.
3. El proceso penal garantiza,
también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por
el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.
Artículo X. Prevalencia
de las normas de este Título.- Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este
Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN I
LA ACCIÓN PENAL
Artículo 1 Acción penal.-
La acción penal es pública.
1. Su ejercicio en los
delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el
delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular.
2. En los delitos de
persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente.
Se necesita la presentación de querella.
3. En los delitos que
requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público
está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar
al titular de la instancia la autorización correspondiente.
4. Cuando corresponde
la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento
previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción
penal.
Artículo 2 Principio
de oportunidad.-
CONCORDANCIA: R. N° 1470-2005-MP-FN (Reglamento de la
aplicación del principio de oportunidad)
1. El Ministerio Público,
de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de
los siguientes casos:
a) Cuando el agente haya
sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.
b) Cuando se trate de
delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años
de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
c) Cuando conforme a
las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos
atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente
comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años
de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.
2. En los supuestos previstos
en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados
o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.
3. El Fiscal citará al
imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia
del agraviado, el Fiscal podrá determinar el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre
el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que éste exceda de nueve meses. No será necesaria la
referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y éste consta en instrumento público o documento privado
legalizado notarialmente.
4. Realizada la diligencia
prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición
impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que
contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión
hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará Disposición para la promoción de la acción penal, la
cual no será impugnable.
5. Si el Fiscal considera
imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer
adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas
de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa
audiencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.
6. Independientemente
de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los
artículos 122, 185, 187, 189-A Primer Párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos
culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este
último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.
El Fiscal de oficio o
a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá
de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal
promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3).
7. Si la acción penal
hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria,
previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar
auto de sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos
ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si ésta es fijada por
el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si éstas son desproporcionadas
y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado.
Tratándose de los supuestos
previstos en el numeral 6), basta la presentación del acuerdo reparatorio en un instrumento público o documento privado legalizado
notarialmente, para que el Juez dicte auto de sobreseimiento.
Artículo 3 Comunicación
al Juez de la continuación de la investigación.- El Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las
investigaciones preparatorias.
Artículo 4 Cuestión previa.-
1. La cuestión previa
procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación
Preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado.
2. La Investigación Preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito
omitido sea satisfecho.
Artículo 5 Cuestión prejudicial.-
1. La cuestión prejudicial
procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación
Preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extra - penal una declaración vinculada al carácter delictuoso
del hecho incriminado.
2. Si se declara fundada,
la Investigación Preparatoria se suspende
hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que se encuentren en igual
situación jurídica y que no la hubieren deducido.
3. En caso de que el
proceso extra - penal no haya sido promovido por la persona legitimada para hacerlo, se le notificará y requerirá para que
lo haga en el plazo de treinta días computados desde el momento en que haya quedado firme la resolución suspensiva. Si vencido
dicho plazo no cumpliera con hacerlo, el Fiscal Provincial en lo Civil, siempre que se trate de un hecho punible perseguible
por ejercicio público de la acción penal, deberá promoverlo con citación de las partes interesadas. En uno u otro caso, el
Fiscal está autorizado para intervenir y continuar el proceso hasta su terminación, así como sustituir al titular de la acción
si éste no lo prosigue.
4. De lo resuelto en
la vía extra - penal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa.
Artículo 6 Excepciones.-
1. Las excepciones que
pueden deducirse son las siguientes:
a) Naturaleza de juicio,
cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la
Ley.
b) Improcedencia de acción,
cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.
c) Cosa juzgada, cuando
el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona.
d) Amnistía.
e) Prescripción, cuando
por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución
de la pena.
2. En caso que se declare
fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva. Si
se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente.
Artículo 7 Oportunidad
de los medios de defensa.-
1. La cuestión previa,
cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias
o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia.
2. La cuestión previa
y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia,
en la oportunidad fijada por la Ley.
3. Los medios de defensa
referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio.
Artículo 8 Trámite de
los medios de defensa.-
1. La cuestión previa,
cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la
Investigación Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria que recibió la comunicación
señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que correspondan.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado
información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio
de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará con quienes
concurran a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el
Juez en ese acto.
3. Instalada la audiencia,
el Juez de la Investigación Preparatoria
escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al defensor
de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno que les corresponde, los participantes
harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado
tiene derecho a intervenir en último término.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente
o, en todo caso, en el plazo de dos días luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá
retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fundamentado.
5. Cuando el medio de
defensa se deduce durante la Etapa Intermedia,
en la oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352.
6. La cuestión previa,
cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren
en igual situación jurídica.
Artículo 9 Recurso de
Apelación.-
1. Contra el auto expedido
por el Juez de la Investigación Preparatoria
procede recurso de apelación.
2. Concedido el recurso
de apelación, el Juez de la Investigación Preparatoria
dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal
Superior, que dentro del quinto día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes
del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el Juez inmediatamente
elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la que
sin perjuicio de poner este hecho en conocimiento del Fiscal Superior instará al Fiscal Provincial para que complete el cuaderno
de apelación.
Artículo 10 Indicios
de delitos en proceso extra - penal.-
1. Cuando en la sustanciación
de un proceso extra - penal aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública el Juez de oficio o a pedido
de parte, comunicará al Ministerio Público para los fines consiguientes.
2. Si el Fiscal luego
de las primeras diligencias decide continuar con la Investigación
Preparatoria lo comunicará al Juez extra penal, quien suspenderá el proceso, siempre que considere que la
sentencia penal puede influir en la resolución que le corresponde dictar.
SECCIÓN II
LA ACCIÓN CIVIL
Artículo 11 Ejercicio
y contenido.-
1. El ejercicio de la
acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito.
Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil
del proceso.
2. Su ámbito comprende
las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre
que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan, con citación de los afectados.
Artículo 12 Ejercicio
alternativo y accesoriedad.-
1. El perjudicado por
el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta
por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.
2. Si la persecución
penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la
acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil.
3. La sentencia absolutoria
o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible
válidamente ejercida, cuando proceda.
Artículo 13 Desistimiento.-
1. El actor civil podrá
desistirse de su pretensión de reparación civil hasta antes del inicio de la Etapa Intermedia del proceso. Ello no perjudica su derecho a ejercerlo en la vía del proceso
civil.
2. El desistimiento genera
la obligación del pago de costas.
Artículo 14 Transacción.-
1. La acción civil derivada
del hecho punible podrá ser objeto de transacción.
2. Una vez que la transacción
se formalice ante el Juez de la Investigación Preparatoria,
respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en
su acusación.
Artículo 15 Nulidad de
transferencias.-
1. El Ministerio Público
o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o cuando se
trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102 del citado Código, que hubieran sido transferidos o
gravados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que corresponda, solicitarán en el
mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien.
2. El procedimiento se
sujetará a las siguientes reglas:
a) Una vez identificada
una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo
dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil, introducirán motivadamente la
pretensión anulatoria correspondiente e instará al Juez de la
Investigación Preparatoria que disponga al Fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia.
En ese mismo escrito ofrecerá la prueba pertinente.
b) El Juez correrá traslado
del requerimiento de nulidad al imputado, al adquirente y/o poseedor del bien cuestionado o a aquél en cuyo favor se gravó
el bien, para que dentro del quinto día de notificados se pronuncien acerca del petitorio de nulidad. Los emplazados, conjuntamente
con su contestación, ofrecerán la prueba que consideren conveniente.
c) El Juez, absuelto
el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el caso, citará a una audiencia dentro del quinto día para la actuación
de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participantes. A su culminación, con las conclusiones escritas de
las partes, el Juez dictará resolución dando por concluido el procedimiento incidental. Están legitimados a intervenir en
la actuación probatoria las partes y las personas indicadas en el numeral anterior.
d) El órgano jurisdiccional
competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitimados para intervenir en este
incidente pueden participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y, especialmente, en el juicio
oral, en que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso intervendrán luego del tercero civil.
e) Esta pretensión también
puede interponerse durante la Etapa Intermedia,
en el momento fijado por la Ley.
SECCIÓN III
LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
TÍTULO I
LA JURISDICCIÓN
Artículo 16 Potestad
jurisdiccional.- La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por:
1. La Sala Penal de la Corte Suprema.
2. Las Salas Penales
de las Cortes Superiores.
3. Los Juzgados Penales,
constituidos en órganos colegiados o unipersonales, según la competencia que le asigna la Ley.
4. Los Juzgados de la Investigación Preparatoria.
5. Los Juzgados de Paz
Letrados, con las excepciones previstas por la Ley para los
Juzgados de Paz.
Artículo 17 Improrrogabilidad
de la jurisdicción penal.- La jurisdicción penal ordinaria es improrrogable. Se extiende a los delitos y a las faltas. Tiene
lugar según los criterios de aplicación establecidos en el Código Penal y en los Tratados Internacionales celebrados por el
Estado, debidamente aprobados y ratificados conforme a la Constitución.
Artículo 18 Límites de
la jurisdicción penal ordinaria.- La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer:
1. De los delitos previstos
en el artículo 173 de la Constitución.
2. De los hechos punibles
cometidos por adolescentes.
3. De los hechos punibles
en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución.
TÍTULO II
LA COMPETENCIA
Artículo 19 Determinación
de la competencia.-
1. La competencia es
objetiva, funcional, territorial y por conexión.
2. Por la competencia
se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso.
Artículo 20 Efectos de
las cuestiones de competencia.- Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento. No obstante, si se producen
antes de dictarse el auto de citación de juicio, se suspenderá la audiencia hasta la decisión del conflicto.
CAPÍTULO I
LA COMPETENCIA POR ELTERRITORIO
Artículo 21 Competencia
territorial.- La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden:
1. Por el lugar donde
se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del
delito.
2. Por el lugar donde
se produjeron los efectos del delito.
3. Por el lugar donde
se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4. Por el lugar donde
fue detenido el imputado.
5. Por el lugar donde
domicilia el imputado.
Artículo 22 Delitos cometidos
en un medio de transporte.-
1. Si el delito es cometido
en un medio de transporte sin que sea posible determinar con precisión la competencia territorial, corresponde conocer al
Juez del lugar de llegada más próximo. En este caso el conductor del medio de transporte pondrá el hecho en conocimiento de
la autoridad policial del lugar indicado.
2. La autoridad policial
informará de inmediato al Fiscal Provincial para que proceda con arreglo a sus atribuciones.
Artículo 23 Delito cometido
en el extranjero.- Si el delito es cometido fuera del territorio nacional y debe
ser juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la competencia del Juez se establece en el siguiente orden:
1. Por el lugar donde
el imputado tuvo su último domicilio en el país;
2. Por el lugar de llegada
del extranjero;
3. Por el lugar donde
se encuentre el imputado al momento de promoverse la acción penal.
Artículo 24 Delitos graves
y de trascendencia nacional.- Los delitos especialmente graves, o los que produzcan repercusión nacional o que sus efectos
superen el ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos por organizaciones delictivas, que la Ley establezca, podrán ser conocidos por determinados jueces de la jurisdicción penal ordinaria,
bajo un sistema específico de organización territorial y funcional, que determine el Órgano de Gobierno del Poder Judicial.
(*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 24.-
Delitos graves y de trascendencia nacional
Los delitos especialmente
graves, o los que produzcan repercusión nacional cuyos efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos
por organizaciones delictivas, que la Ley establezca, podrán
ser conocidos por determinados jueces de la jurisdicción penal ordinaria, bajo un sistema específico de organización territorial
y funcional, que determine el Órgano de Gobierno del Poder Judicial. (*)RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
Los delitos de tráfico
ilícito de drogas y lavado de activos; y, los delitos de secuestro y extorsión que afecten a funcionarios del Estado, podrán
ser de conocimiento de los Jueces de la Capital de la República, con prescindencia del lugar en el que hayan sido perpetrados.”
Artículo 25 Valor de
los actos procesales ya realizados.- La incompetencia territorial no acarrea la nulidad de los actos procesales ya realizados.
CAPÍTULO II
LA COMPETENCIA OBJETIVA
Y FUNCIONAL
Artículo 26 Competencia
de la Sala Penal de la Corte Suprema.- Compete a la
Sala Penal de la Corte Suprema:
1. Conocer del recurso
de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las Salas Penales de las Cortes Superiores,
en los casos previstos por la Ley.
2. Conocer del recurso
de queja por denegatoria de apelación.
3. Transferir la competencia
en los casos previstos por la Ley.
4. Conocer de la acción
de revisión.
5. Resolver las cuestiones
de competencia previstas en la Ley, y entre la jurisdicción
ordinaria y la militar.
6. Pedir al Poder Ejecutivo
que acceda a la extradición activa y emitir resolución consultiva respecto a la procedencia o improcedencia de la extradición
pasiva.
7. Resolver la recusación
planteada contra sus Magistrados.
8. Juzgar en los casos
de delitos de función que señala la Constitución.
9. Entender de los demás
casos que este Código y las Leyes determinan.
Artículo 27 Competencia
de las Salas Penales de las Cortes Superiores.- Compete a las Salas Penales de las Cortes Superiores:
1. Conocer del recurso
de apelación contra los autos y las sentencias en los casos previstos por la
Ley, expedidos por los Jueces de la Investigación
Preparatoria y los Jueces Penales -colegiados o unipersonales-.
2. Dirimir las contiendas
de competencia de los Jueces de la Investigación Preparatoria
y los Jueces Penales -colegiados o unipersonales- del mismo o distinto Distrito Judicial, correspondiendo conocer y decidir,
en este último caso, a la Sala Penal del Distrito Judicial
al que pertenezca el Juez que previno.
3. Resolver los incidentes
que se promuevan en su instancia.
4. Dictar, a pedido del
Fiscal Superior, las medidas limitativas de derechos a que hubiere lugar.
5. Conocer del recurso
de queja en los casos previstos por la Ley.
6. Designar al Vocal
menos antiguo de la Sala para que actúe como Juez de la Investigación Preparatoria en los casos previstos
por la Ley, y realizar el juzgamiento en dichos casos.
7. Resolver la recusación
planteada contra sus Magistrados.
8. Conocer los demás
casos que este Código y las Leyes determinen.
Artículo 28 Competencia
material y funcional de los Juzgados Penales.-
1. Los Juzgados Penales
Colegiados, integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años.
2. Los Juzgados Penales
Unipersonales conocerán materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados.
3. Compete funcionalmente
a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente:
a) Dirigir la etapa de
juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban conocer;
b) Resolver los incidentes
que se promuevan durante el curso del juzgamiento;
c) Conocer de los demás
casos que este Código y las Leyes determinen.
4. Los Juzgados Penales
Colegiados, funcionalmente, también conocerán de las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas;
5. Los Juzgados Penales
Unipersonales, funcionalmente, también conocerán:
a) De los incidentes
sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal;
b) Del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias expedidas por el Juez de Paz Letrado;
c) Del recurso de queja
en los casos previstos por la Ley;
d) De la dirimencia de
las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Letrados.
Artículo 29 Competencia
de los Juzgados de la Investigación Preparatoria.-
Compete a los Juzgados de la Investigación Preparatoria:
1. Conocer las cuestiones
derivadas de la constitución de las partes durante la
Investigación Preparatoria.
2. Imponer, modificar
o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la
Investigación Preparatoria.
3. Realizar el procedimiento
para la actuación de prueba anticipada.
4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia.
5. Ejercer los actos
de control que estipula este Código.
6. Ordenar, en caso de
delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la defunción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver,
la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
7. Conocer de los demás
casos que este Código y las Leyes determinen.
Artículo 30 Competencia
de los Juzgados de Paz Letrados.- Compete a los Juzgados de Paz Letrados conocer de los procesos por faltas.
CAPÍTULO III
LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN
Artículo 31 Conexión
procesal.- Existe conexión de procesos en los siguientes casos:
1. Cuando se imputa a
una persona la comisión de varios delitos.
2. Cuando varias personas
aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible.
3. Cuando varias personas
vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes.
4. Cuando el hecho delictuoso
ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad.
5. Cuando se trate de
imputaciones recíprocas.
Artículo 32 Competencia
por conexión.- En los supuestos de conexión previstos en el artículo 31, la competencia se determinará:
1. En el numeral 1),
le corresponde al Juez que conoce del delito con pena más grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que primero recibió
la comunicación prevista en el artículo 3.
2. En el numeral 2),
la competencia se determinará subsidiariamente por la fecha de comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación
prevista en el numeral 3) o por quien tuviera el proceso más avanzado. En caso de procesos incoados en distintos distritos
judiciales, la competencia se establece por razón del territorio.
3. En los numerales 3)
y 5), corresponde al que conoce el delito con pena más grave. A igual gravedad compete al Juez Penal que primero hubiera recibido
la comunicación prevista en el numeral 3).
4. En el numeral 4) corresponderá
al que conoce del delito con pena más grave.
TÍTULO III
CONCURSO PROCESAL DE DELITOS
Artículo 33 Trámite.-
1. En caso de concurso
de delitos sujetos a distintos trámites procesales, el procedimiento se seguirá de acuerdo al que corresponde al delito con
pena más grave.
2. Los procesos por delitos
de acción privada seguirán las mismas reglas, pero la acumulación sólo procederá entre ellas.
TÍTULO IV
CUESTIONES DE COMPETENCIA
CAPÍTULO I
LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Artículo 34 Declinatoria
de competencia.-
1. Durante la Investigación Preparatoria el imputado, el actor civil
o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia.
2. La petición procede
cuando el Juez se avoca al conocimiento de un delito que no le corresponde por razón de la materia, de jerarquía o de territorio.
El Juez la resolverá, de conformidad con el trámite previsto -en lo pertinente- en el artículo 8 in fine, mediante resolución fundamentada.
Artículo 35 Oportunidad
para la petición de declinatoria.- La petición de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los diez días de formalizada
la investigación.
Artículo 36 Remisión
del proceso.- Consentida la resolución que la declara fundada, el proceso será remitido a quien corresponda, con conocimiento
de las partes.
Artículo 37 Recurso de
apelación.- Contra la resolución a que se refiere el artículo 34 procede apelación ante la Sala Penal Superior, que la resolverá en última instancia.
Artículo 38 Valor de
los actos procesales.- Los actos procesales válidamente realizados antes de la
declinatoria conservan su eficacia.
CAPÍTULO II
LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
Artículo 39 Procedencia.-
La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el
normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente el peligro incontrolable contra la
seguridad del procesado o su salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público. (*)
(*) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28482, publicada el 03 Abril 2005,
se establece la vigencia en todo el país, del Artículo 39 del presente Código Procesal Penal.
Artículo 40 Trámite.-
1. La transferencia podrá
solicitarla el Fiscal, el imputado, y las demás partes puntualizando los fundamentos y adjuntando la prueba. Formado el incidente
se pondrá en conocimiento de los demás sujetos procesales, quienes en el término de cinco días, expondrán lo conveniente.
Vencido el plazo será elevado el incidente.
2. La Sala resolverá en el plazo de tres días. (*)
(*) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28482, publicada el 03 Abril 2005,
se establece la vigencia en todo el país, del Artículo 40 del presente Código Procesal Penal.
Artículo 41 Resolución.-
1. La transferencia de
competencia del Juez dentro del mismo Distrito Judicial, será resuelta por la
Sala Penal Superior.
2. Cuando se trate del
Juez de distinto Distrito Judicial, o de la Sala Penal
Superior, la resolverá la Sala Penal Suprema.(*)
(*) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28482, publicada el 03 Abril 2005,
se establece la vigencia en todo el país, del Artículo 41 del presente Código Procesal Penal.
CAPÍTULO III
LA CONTIENDA DE COMPETENCIA
Artículo 42 Contienda
de competencia por requerimiento.-
1. Cuando el Juez toma
conocimiento que otro de igual jerarquía también conoce del mismo caso sin que le corresponda, de oficio o a petición de las
partes, solicitará la remisión del proceso. Además de la copia de la resolución, adjuntará los elementos de juicio pertinentes.
2. El Juez requerido
resolverá en el término de dos días hábiles. Si acepta, remitirá lo actuado, con conocimiento de las partes. Si declara improcedente
la remisión formará el cuaderno respectivo y lo elevará en el término de tres días a la Sala Penal Superior, para que resuelva en última instancia dentro del quinto día de recibidos
los autos.
Artículo 43 Contienda
de competencia por inhibición.-
1. Cuando el Juez se
inhibe, de oficio o a instancia de las partes, remitirá copia de las piezas pertinentes a otro Juez si hubiera detenido; en
caso contrario remitirá el proceso.
2. Si el segundo Juez
también se inhibe elevará las copias en el plazo de un día hábil, o el principal, para que la Sala Penal Superior resuelva.
Artículo 44 Consulta
del Juez.-
1. Cuando el Juez tome
conocimiento que su superior jerárquico conoce el mismo hecho punible o uno conexo consultará mediante oficio si debe remitir
lo actuado.
2. Cuando el superior
tenga conocimiento de que ante un Juez inferior en grado se sigue un proceso que le corresponde, ya sea por razón del delito
o por delitos conexos, pedirá de oficio o a petición de las partes la remisión de los actuados.
3. Las personas que no
tienen la condición exigida por el artículo 99 de la Constitución,
a quienes se les imputa haber intervenido en los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los Altos Funcionarios
Públicos, serán procesados ante la Corte Suprema de
Justicia conjuntamente con aquellos.
4. La misma disposición
se aplicará a los casos que deben ser de conocimiento de la Corte
Superior de Justicia.
Artículo 45 Inhibición
del Juez.-
1. Cuando el Juzgado
Penal que ha recibido la acusación conoce que otro de igual jerarquía tiene otro proceso para audiencia sobre el mismo caso,
podrá solicitarle se inhiba, para lo cual le enviará copia de las piezas pertinentes. Si el Juzgado Penal requerido acepta
expedirá resolución y remitirá lo actuado, con conocimiento de la Sala
Penal Superior y de las partes. Si por el contrario, afirma su competencia, elevará el cuaderno respectivo
a la Sala Penal Superior.
2. La Sala resolverá, en última instancia, dentro del quinto día de recibidos los autos, previa
audiencia con la intervención de las partes.
3. La contienda de competencia
entre Salas Penales Superiores será resuelta por la Sala Penal
Suprema.
CAPÍTULO IV
LA ACUMULACIÓN
Artículo 46 Acumulación de
procesos independientes.- Cuando en los casos de conexión hubiera procesos independientes, la acumulación tendrá lugar observando
las reglas de la competencia.
Artículo 47 Acumulación
obligatoria y facultativa.-
1. La acumulación es
obligatoria en el supuesto del numeral 2) del artículo 31.
2. En los demás casos
será facultativa, siempre que los procesos se encuentren en el mismo estado e instancia, y no ocasionen grave retardo en la
administración de justicia.
Artículo 48 Acumulación
de oficio o a pedido de parte.-
1. La acumulación puede
ser decidida de oficio o a pedido de las partes, o como consecuencia de una contienda de competencia que conduzca hacia ella.
2. Contra la resolución
que ordena la acumulación durante la Investigación Preparatoria procede recurso de apelación
ante la Sala Penal Superior, que resolverá en el término
de cinco días hábiles.
Artículo 49 Acumulación
para el juzgamiento.- La acumulación para el Juzgamiento puede ser ordenada de oficio o a petición de las partes. Contra esa
resolución procede recurso de apelación. La resolución de la Sala Penal
Superior que absuelve el grado, se expedirá en el término de cinco días hábiles. Contra esta resolución no procede recurso
alguno.
Artículo 50 Improcedencia
de la acumulación.- La acumulación es improcedente, cuando uno de los procesos es por acción pública y el otro por acción
privada; o, cuando uno de ellos se tramita en la jurisdicción ordinaria y el otro en la militar.
Artículo 51 Separación
de procesos acumulados e imputaciones conexas.- Excepcionalmente, para
simplificar el procedimiento y decidir con prontitud, siempre que existan elementos suficientes para conocer con independencia,
es procedente la separación de procesos acumulados o de imputaciones o delitos conexos que, requieran de diligencias especiales
o plazos más dilatados para su sustanciación, salvo que se considere que la unidad es necesaria para acreditar los hechos.
A estos efectos se dispondrá la formación de cuadernos separados.
Artículo 52 Resolución
y diligencias urgentes.-
Mientras estuviera pendiente
la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado,
así como actuar diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna prórroga. La Sala Penal dará prioridad a los incidentes de acumulación en el señalamiento
de vista de la causa.
CAPÍTULO V
LA INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN
Artículo 53 Inhibición.-
1. Los Jueces se inhibirán
por las siguientes causales:
a) Cuando directa o indirectamente
tuviesen interés en el proceso o lo tuviere su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de
afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos procesales. En el caso del
cónyuge y del parentesco que de ese vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o
cesación de los efectos civiles del matrimonio. De igual manera se tratará, en lo pertinente, cuando se produce una ruptura
definitiva del vínculo convivencial.
b) Cuando tenga amistad
notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de compadrazgo con el imputado, la víctima, o contra sus representantes.
c) Cuando fueren acreedores
o deudores del imputado, víctima o tercero civil.
d) Cuando hubieren intervenido
anteriormente como Juez o Fiscal en el proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima.
e) Cuando exista cualquier
otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.
2. La inhibición se hará
constar por escrito, con expresa indicación de la causal invocada. Se presentará a la Sala Penal Superior en el caso del Juez de la Investigación Preparatoria y del Juez Penal, con conocimiento de las partes, y elevando copia
certificada de los actuados. La Sala decidirá inmediatamente,
previo traslado a las partes por el plazo común de tres días.
Artículo 54 Requisitos
de la recusación.-
1. Si el Juez no se inhibe,
puede ser recusado por las partes. La recusación se formulará por escrito, bajo sanción de inadmisibilidad, siempre que la
recusación se sustente en alguna de las causales señaladas en el artículo 53, esté explicada con toda claridad la causal que
invoca y se adjunten, si los tuviera, los elementos de convicción pertinentes. También será inadmisible y se rechazará de
plano por el propio Juez de la causa, la recusación que se interponga fuera del plazo legal.
2. La recusación será
interpuesta dentro de los tres días de conocida la causal que se invoque. En ningún caso procederá luego del tercer día hábil
anterior al fijado para la audiencia, la cual se resolverá antes de iniciarse la audiencia. No obstante ello, si con posterioridad
al inicio de la audiencia el Juez advierte -por sí o por intermedio de las partes- un hecho constitutivo de causal de inhibición
deberá declararse de oficio.
3. Cuando se trate del
procedimiento recursal, la recusación será interpuesta dentro del tercer día hábil del ingreso de la causa a esa instancia.
4. Todas las causales
de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo.
Artículo 55 Reemplazo
del inhibido o recusado.-
1. Producida la inhibición
o recusación, el inhibido o recusado será reemplazado de acuerdo a Ley, con conocimiento de las partes.
2. Si las partes no están
conformes con la inhibición o aceptación de la recusación, podrán interponer apelación ante el Magistrado de quien se trate,
a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día.
Contra lo resuelto por
dicho órgano jurisdiccional no procede ningún recurso.
Artículo 56 Trámite cuando
el Juez no conviene en la recusación.- Si el Juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con ésta, formará
incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil a la
Sala Penal competente. La Sala dictará la
resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior.
Artículo 57 Trámites
especiales.-
1. Cuando se trata de
miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mismo procedimiento prescrito en los artículos anteriores,
pero corresponderá decidir al mismo órgano colegiado integrándose por otro magistrado. Contra lo decidido no procede ningún
recurso.
2. Si la recusación es
contra todos los integrantes del órgano judicial colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por la Ley.
Artículo 58.- Inhibición
y recusación de secretarios y auxiliares jurisdiccionales.- Las mismas reglas regirán respecto a los Secretarios y a quienes
cumplan una función de auxilio judicial en el procedimiento. El órgano judicial ante el cual actúan, decidirá inmediatamente
reemplazándolo durante ese trámite por el llamado por Ley.
Artículo 59 Actuaciones
impostergables.- Mientras esté pendiente de resolver la inhibición o recusación, el Juez podrá realizar todas aquellas diligencias
previstas en el artículo 52.
SECCIÓN IV
EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS
DEMÁS SUJETOS PROCESALES
TÍTULO I
EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA NACIONAL
CAPÍTULO I
EL MINISTERIO PUBLICO
Artículo 60 Funciones.-
1. El Ministerio Público
es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia
policial.
2. El Fiscal conduce
desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la
Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
Artículo 61 Atribuciones
y obligaciones.-
1. El Fiscal actúa en
el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley,
sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la
Fiscalía de la Nación.
2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará
practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación,
sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere
necesarias, cuando corresponda hacerlo.
3. Interviene permanentemente
en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece.
4. Está obligado a apartarse
del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo
53.
Artículo 62 Exclusión
del Fiscal.-
1. Sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público,
el superior jerárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente
con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo, previa las indagaciones que considere convenientes,
cuando esté incurso en las causales de recusación establecidas respecto de los jueces.
2. El Juez está obligado
a admitir la intervención del nuevo Fiscal designado por el superior.
Artículo 63 Actividad
y distribución de funciones.-
1. El ámbito de la actividad
del Ministerio Público, en lo no previsto por este Código, será el señalado por su Ley Orgánica.
2. Corresponde al Fiscal
de la Nación, de conformidad con la Ley, establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público.
Artículo 64 Disposiciones
y requerimientos.-
1. El Ministerio Público
formulará sus Disposiciones, Requerimientos y Conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se basten a sí
mismos, sin remitirse a las decisiones del Juez, ni a Disposiciones o Requerimientos anteriores.
2. Procederá oralmente
en la audiencia y en los debates, y por escrito en los demás casos.
Artículo 65 La investigación
del delito.-
1. El Ministerio Público,
en la investigación del delito, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos,
así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión.
2. El Fiscal, en cuanto
tenga noticia del delito, realizará -si correspondiere- las primeras Diligencias Preliminares o dispondrá que las realice
la Policía Nacional.
3. Cuando el Fiscal ordene
la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que
deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal.
4. Corresponde al Fiscal
decidir la estrategia de investigación adecuada al caso. Programará y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de
pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus
demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes.
Artículo 66 Poder coercitivo.-
1. En caso de inconcurrencia
a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso
por la Policía Nacional.
2. Realizada la diligencia
cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza,
el Fiscal dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad.
CAPÍTULO II
LA POLICÍA
CONCORDANCIA: R.M. N° 1452-2006-IN, Cap V (Manual de
Derechos Humanos aplicados a la Función Policial)
Artículo 67 Función de
investigación de la Policía.-
1. La Policía Nacional en su función de investigación debe, inclusive por propia
iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias
de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar
los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la Ley
penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado
de la acción penal.
2. Los Policías que realicen
funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la Investigación Preparatoria.
Artículo 68 Atribuciones
de la Policía.-
1. La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente:
a) Recibir las denuncias
escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.
b) Vigilar y proteger
el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro
de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito.
d) Recoger y conservar
los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias
orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones
de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.
g) Levantar planos, tomar
fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.
h) Capturar a los presuntos
autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos
privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente
a disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha
documentación describiéndola concisamente. El Juez de la
Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se
constituirá al lugar donde se encuentran los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima
la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio
Público. De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos contables administrativos.
j) Allanar locales de
uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario,
los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
I) Recibir la manifestación
de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare
presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.
m) Reunir cuanta información
adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y
n) Las demás diligencias
y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados
2. De todas las diligencias
específicas en este artículo, la Policía sentará actas detalladas
las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente
en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía.
3. El imputado y su defensor
podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía
y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324 del presente Código.
El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes
de la culminación de las mismas.
Artículo 69 Instrucciones
del Fiscal de la Nación.- Sin perjuicio de las directivas
específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía,
el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales
los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coordinación que
deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código.
Artículo 70 Prohibición
de informar.- La Policía podrá informar a los medios de
comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas
que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización
del Fiscal.
TÍTULO II
EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR
CAPÍTULO I
EL IMPUTADO
Artículo 71 Derechos
del imputado.-
1. El imputado puede
hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación
hasta la culminación del proceso.
2. Los Jueces, los Fiscales
o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado
de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a:
a) Conocer los cargos
formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden
de detención girada en su contra, cuando corresponda;
b) Designar a la persona
o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;
c) Ser asistido desde
los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
d) Abstenerse de declarar;
y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere
su presencia;
e) Que no se emplee en
su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan
o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
f) Ser examinado por
un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.
3. El cumplimiento de
lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente.
Si el imputado se rehusa a firmar el acta se hará constar la abstención, y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando
la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención del Fiscal se dejará constancia de
tal hecho en el acta.
4. Cuando el imputado
considere que durante las Diligencias Preliminares o en la
Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados,
o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al
Juez de la Investigación Preparatoria
para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado
se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes.
Artículo 72 Identificación
del imputado.-
1. Desde el primer acto
en que intervenga el imputado, será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares y, cuando corresponda,
por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica respectiva.
2. Si el imputado se
abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles, aun contra
su voluntad.
3. La duda sobre los
datos obtenidos no alterará el curso de las actuaciones procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier
oportunidad.
Artículo 73 Alteración
del orden.-
1. Al procesado que altere
el orden en un acto procesal, se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la sola intervención
de su Abogado Defensor y demás sujetos procesales; o con su exclusión de participar en la diligencia y de continuar ésta con
su Abogado Defensor y los demás sujetos procesales.
2. Si el Defensor se
solidariza y abandona la diligencia será sustituido por uno nombrado de oficio.
Artículo 74 Minoría de
edad.-
1. Cuando en el curso
de una Investigación Preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, el Fiscal o cualquiera de las partes solicitará
al Juez de la Investigación Preparatoria
corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del Fiscal de Familia.
2. Si la minoría de edad
se acredita en la Etapa Intermedia o en el Juicio
Oral, el Juez, previa audiencia y con intervención de las partes, dictará la resolución correspondiente.
3. En todos estos casos
se dejará a salvo el derecho del actor civil para que lo haga valer en la vía pertinente.
Artículo 75 Inimputabilidad
del procesado.-
1. Cuando exista fundada
razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal,
según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un examen por un perito especializado.
2. Recibido el informe
pericial, previa audiencia, con intervención de las partes y del perito, si el Juez considera que existen indicios suficientes
para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del procesado, dictará la resolución correspondiente instando la incoación
del procedimiento de seguridad según lo dispuesto en el presente Código.
Artículo 76 Anomalía
psíquica sobrevenida.-
1. Si después de cometido
el delito le sobreviene anomalía psíquica grave al imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, ordenará, de oficio o a
solicitud de parte, la realización de un examen por un perito especializado. Evacuado el dictamen, se señalará día y hora
para la realización de la audiencia, con citación de las partes y de los peritos.
2. Si del análisis de
lo actuado, el órgano jurisdiccional advierte que el imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con
la causa, dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. Si fuere necesario,
ordenará su internamiento en un centro hospitalario especializado.
3. La suspensión del
proceso impedirá la declaración del imputado o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se prosiga
con la investigación del hecho o que continúe la causa respecto a los demás coimputados.
Artículo 77 Enfermedad
del imputado.-
1. Si durante la privación
de libertad el imputado enfermara, el Juez de la Investigación
Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata
evaluación por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe.
2. Evacuado el dictamen,
se podrá ordenar, si fuere necesario, el ingreso del imputado a un centro hospitalario. En casos excepcionales, en que se
requiera de infraestructura y atención médica especializada que no exista en un centro hospitalario estatal, se podrá autorizar
su internamiento en una clínica privada.
Artículo 78 Informe trimestral
del Director del Centro Hospitalario.- El Director del Centro Hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica
o psiquiátrica, deberá informar trimestralmente al Fiscal y al Juez acerca del estado de salud del paciente, sin perjuicio
de ordenarse -si así correspondiera- un examen pericial de oficio.
Artículo 79 Contumacia
y Ausencia.-
1. El Juez, a requerimiento
del Fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando: a) de lo actuado aparezca evidente
que, no obstante tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales; b) fugue
del establecimiento o lugar en donde está detenido o preso; c) no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden
de detención o prisión; y, d) se ausente, sin autorización del Fiscal o del Juez, del lugar de su residencia o del asignado
para residir.
2. El Juez, a requerimiento
del Fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará ausente al imputado cuando se ignora su paradero y no aparezca
de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso.
3. El auto que declara
la contumacia o ausencia ordenará la conducción compulsiva del imputado y dispondrá se le nombre Defensor de oficio o al propuesto
por un familiar suyo. El abogado intervendrá en todas las diligencias y podrá hacer uso de todos los medios de defensa que
la Ley reconoce.
4. La declaración de
contumacia o ausencia no suspende la Investigación Preparatoria
ni la Etapa Intermedia respecto del contumaz o
ausente. Esta declaración no altera el curso del proceso con respecto a los demás imputados.
5. Si la declaración
de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquél.
En todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto pero no condenado.
6. Con la presentación
del contumaz o ausente, y realizadas las diligencias que requieran su intervención, cesa dicha condición, debiendo dejarse
sin efecto el mandato de conducción compulsiva, así como todas las comunicaciones que se hubieran cursado con tal objeto.
Este mandato no afecta la orden de detención o prisión preventiva a la que estuviera sujeto el procesado.
CAPÍTULO II
EL ABOGADO DEFENSOR
Artículo 80 Derecho a
la defensa técnica.- El Servicio Nacional de la Defensa
de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal,
por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento
de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso.
Artículo 81 Compatibilidad
del patrocinio.- El Abogado Defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo proceso, siempre que no exista
incompatibilidad de defensa entre ellos.
Artículo 82 Defensa conjunta.-
Los Abogados que forman Estudios Asociados pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea de manera conjunta o separada.
Si concurren varios abogados asociados a las diligencias, uno solo ejercerá la defensa, debiendo limitarse los demás a la
interconsulta que reservadamente le solicite su colega.
Artículo 83 Efectos de
la notificación.- La notificación efectuada por orden del Fiscal o del Juez, en el domicilio procesal señalado en autos por
el Estudio Asociado, comprenderá a todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa.
Artículo 84 Derechos
del Abogado Defensor.- El Abogado Defensor goza de todos los derechos que la
Ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes:
1. Prestar asesoramiento
desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial.
2. Interrogar directamente
a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos.
3. Recurrir a la asistencia
reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos
sean requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.
4. Participar en todas
las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de Investigación por el imputado que no defienda.
5. Aportar los medios
de investigación y de prueba que estime pertinentes.
6. Presentar peticiones
orales o escritas para asuntos de simple trámite.
7. Tener acceso al expediente
fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la
Ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento.
8. Ingresar a los establecimientos
penales y dependencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado.
9. Expresarse con amplia
libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales
o jurídicas.
10. Interponer cuestiones
previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la Ley.
Artículo 85 Reemplazo
del Abogado Defensor inasistente.-
1. Si el Abogado Defensor
no concurre a la diligencia para la que es citado, y ésta es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese
acto, designe el procesado o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia.
2. Si el Defensor no
asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será requerido para que en el término de veinticuatro horas designe
al reemplazante. De no hacerlo se nombrará uno de oficio.
CAPÍTULO III
LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO
Artículo 86 Momento y
carácter de la declaración.-
1. En el curso de las
actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto por este Código, el imputado tiene derecho
a prestar declaración y a ampliarla, a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su contra. Las ampliaciones
de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan sólo como un procedimiento dilatorio o malicioso.
2. Durante la Investigación Preparatoria el imputado, sin perjuicio
de hacerlo ante la Policía con las previsiones establecidas
en este Código, prestará declaración ante el Fiscal, con la necesaria asistencia de su abogado defensor, cuando éste lo ordene
o cuando el imputado lo solicite.
3. Durante el Juicio
la declaración se recibirá en la oportunidad y forma prevista para dicho acto.
Artículo 87 Instrucciones
preliminares.-
1. Antes de comenzar
la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y
de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren aplicables. De igual modo se procederá cuando se trata
de cargos ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de prueba. Rige el numeral 2) del artículo 71.
2. De igual manera, se
le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo,
se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un defensor
de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la
diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma.
3. El imputado también
será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que
considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de Investigación Preparatoria.
4. Sólo se podrá exhortar
al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen. El Juez, o el Fiscal durante la investigación
preparatoria, podrán hacerle ver los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos
delictuosos.
Artículo 88 Desarrollo
de la declaración.-
1. La diligencia se inicia
requiriendo al imputado declarar respecto a:
a) Nombre, apellidos,
sobrenombre o apodo, si lo tuviere, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real
y procesal, principales sitios de residencia anterior, así como nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las
personas con quienes vive.
b) Si ha sido encausado
anteriormente por el mismo hecho o por otros, proporcionando los datos que permitan identificar el proceso o procesos seguidos
en su contra.
c) Si tiene bienes, dónde
están ubicados, quien los posee y a qué título, y si se encuentran libres de gravamen.
d) Sus relaciones con
los otros imputados y con el agraviado.
2. A continuación se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por
conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación
o de prueba cuya práctica demande.
3. Luego se interrogará
al imputado. En la Etapa Preparatoria lo harán
directamente el Fiscal y el Abogado Defensor. En el Juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un
interrogatorio directo. El Juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio.
4. En el interrogatorio
las preguntas serán claras y precisas, no podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. Durante la diligencia
no podrá coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos
o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
5. Podrá realizarse en
dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de voces o sonidos, y de cosas, sin perjuicio de
cumplir con las formalidades establecidas para dichos actos.
6. Si por la duración
del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida, hasta que ellos desaparezcan.
7. Durante la Investigación Preparatoria el acta que contenga la
declaración del imputado reproducirá, del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. El imputado está autorizado
a dictar sus respuestas. La diligencia en dicha etapa finalizará con la lectura y firma o, en su caso, la impresión digital,
del acta por todos los intervinientes. Si el imputado se niega a declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta.
Si rehusare suscribirla se consignará el motivo.
Artículo 89 Tratamiento
y pluralidad de imputados.-
1. El imputado declarará
siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros medios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las
autorizadas para asistir. Cuando estuviere privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados
apropiados para impedir su fuga o que atente contra la seguridad de las personas.
2. Cuando hubiere varios
imputados, se recibirá las declaraciones, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.
TÍTULO III
LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 90 Incorporación
al proceso.- Las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104
y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso, a instancia del Fiscal.
Artículo 91 Oportunidad
y trámite.-
1. El requerimiento del
Fiscal se producirá una vez cumplido el trámite estipulado en el artículo 3. La solicitud deberá ser formulada al Juez de
la Investigación Preparatoria hasta antes
de darse por concluida la Investigación Preparatoria.
Será necesario que se indique la identificación y el domicilio de la persona jurídica, la relación suscinta de los hechos
en que se funda el petitorio y la fundamentación legal correspondiente.
2. El trámite que seguirá
el Juez Penal para resolver el pedido será el estipulado en el artículo 8, con la activa intervención de la persona jurídica
emplazada.
Artículo 92 Designación
de apoderado judicial.-
1. Una vez que la persona
jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un apoderado judicial. No podrá designarse
como tal a la persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos.
2. Si, previo requerimiento,
en el plazo de cinco días, no se designa un apoderado judicial, lo hará el Juez.
Artículo 93 Derechos
y garantías.-
1. La persona jurídica
incorporada en el proceso penal, en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza de todos los
derechos y garantías que este Código concede al imputado.
2. Su rebeldía o falta
de apersonamiento, luego de haber sido formalmente incorporada en el proceso, no obstaculiza el trámite de la causa, quedando
sujeta a las medidas que en su oportunidad pueda señalar la sentencia.
TÍTULO IV
LA VÍCTIMA
CAPÍTULO I
EL AGRAVIADO
Artículo 94 Definición.-
1. Se considera agraviado
a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de
incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la Ley designe.
2. En los delitos cuyo
resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo
816 del Código Civil.
3. También serán considerados
agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos
por quienes las dirigen, administran o controlan.
4. Las asociaciones en
los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o
en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los Tratados Internacionales aprobados y ratificados por el Perú,
podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto
social de la misma se vincule directamente con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión
del delito objeto del procedimiento.
Artículo 95 Derechos
del agraviado.-
1. El agraviado tendrá
los siguientes derechos:
a) A ser informado de
los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido
en él, siempre que lo solicite;
b) A ser escuchado antes
de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;
c) A recibir un trato
digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.
En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la
investigación o el proceso.
d) A impugnar el sobreseimiento
y la sentencia absolutoria.
2. El agraviado será
informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la
causa.
3. Si el agraviado fuera
menor o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza.
Artículo 96 Deberes del
agraviado.- La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las actuaciones
de la investigación y del juicio oral.
Artículo 97 Designación
de apoderado común.- Cuando se trate de numerosos agraviados por el mismo delito, que se constituyan en actor civil, si el
Juez considera que su número puede entorpecer el normal desarrollo de la causa, siempre que no existan defensas incompatibles,
representen intereses singulares o formulen pretensiones diferenciadas, dispondrá nombren un apoderado común. En caso no exista
acuerdo explícito el Juez designará al apoderado.
CAPÍTULO II
EL ACTOR CIVIL
Artículo 98 Constitución
y derechos.- La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito,
es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para
reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito.
Artículo 99 Concurrencia
de peticiones.-
1. La concurrencia de
peticiones se resolverá siguiendo el orden sucesorio previsto en el Código Civil. Tratándose de herederos que se encuentren
en el mismo orden sucesorio, deberán designar apoderado común, y de no existir acuerdo explícito, el Juez procederá a hacerlo.
2. En los supuestos indicados
en el numeral 3 del artículo 94 el Juez, luego de escuchar a los que se han constituido en actor civil, designará apoderado
común.
Artículo 100 Requisitos
para constituirse en actor civil.-
1. La solicitud de constitución
en actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la
Investigación Preparatoria.
2. Esta solicitud debe
contener, bajo sanción de inadmisibilidad:
a) Las generales de Ley
de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal;
b) La indicación del
nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente responsable, contra quien se va a proceder;
c) El relato circunstanciado
del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y,
d) La prueba documental
que acredita su derecho, conforme al artículo 98.
Artículo 101 Oportunidad
de la constitución en actor civil.- La constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la Investigación Preparatoria.
Artículo 102 Trámite
de la constitución en actor civil.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado
información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución
en actor civil resolverá dentro del tercer día.
2. Rige en lo pertinente,
y a los solos efectos del trámite, el artículo 8.
Artículo 103 Recurso
de apelación.-
1. Contra la resolución
que se pronuncia sobre la constitución en actor civil procede recurso de apelación.
2. La Sala Penal Superior resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420.
Artículo 104 Facultades
del actor civil.- El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir
nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir
en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la Ley
prevé, intervenir -cuando corresponda- en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, y formular
solicitudes en salvaguarda de su derecho.
Artículo 105 Facultades
adicionales del actor civil.- La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del
hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está
permitido pedir sanción.
Artículo 106 Impedimento
de acudir a la vía extra - penal.- La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extra
- penal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria
en la otra vía.
CAPÍTULO III
EL QUERELLANTE PARTICULAR
Artículo 107 Derechos
del querellante particular.- En los delitos de ejercicio privado de la acción penal, conforme al numeral 2 del artículo 1,
el directamente ofendido por el delito podrá instar ante el órgano jurisdiccional, siempre conjuntamente, la sanción penal
y pago de la reparación civil contra quien considere responsable del delito en su agravio.
Artículo 108 Requisitos
para constituirse en querellante particular.-
1. El querellante particular
promoverá la acción de la justicia mediante querella.
2. El escrito de querella
debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:
a) La identificación
del querellante y, en su caso, de su representante, con indicación en ambos casos de su domicilio real y procesal, y de los
documentos de identidad o de registro;
b) El relato circunstanciado
del hecho punible y exposición de las razones fácticas y jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de
la persona o personas contra la que se dirige;
c) La precisión de la
pretensión penal y civil que deduce, con la justificación correspondiente; y,
d) El ofrecimiento de
los medios de prueba correspondientes.
Artículo 109 Facultades
del querellante particular.-
1. El querellante particular
está facultado para participar en todas las diligencias del proceso, ofrecer prueba de cargo sobre la culpabilidad y la reparación
civil, interponer recursos impugnatorios referidos al objeto penal y civil del proceso, y cuantos medios de defensa y requerimientos
en salvaguarda de su derecho.
2. El querellante particular
podrá intervenir en el procedimiento a través de un apoderado designado especialmente a este efecto. Esta designación no lo
exime de declarar en el proceso.
Artículo 110 Desistimiento
del querellante particular.- El querellante particular podrá desistirse expresamente de la querella en cualquier estado del
procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se considerará tácito el desistimiento cuando el querellante particular no
concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus conclusiones
al final de la audiencia. En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser posible, antes del inicio
de la diligencia o, en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella.
TÍTULO V
EL TERCERO CIVIL
Artículo 111 Citación
a personas que tengan responsabilidad civil.-
1. Las personas que conjuntamente
con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser incorporadas como parte en el proceso
penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil.
2. La solicitud deberá
ser formulada al Juez en la forma y oportunidad prevista en los artículos 100 - 102, con indicación del nombre y domicilio
del emplazado y su vínculo jurídico con el imputado.
Artículo 112 Trámite.-
1. El trámite en sede
judicial para la constitución en parte del tercero civil será el previsto -en lo pertinente- en el artículo 102, con su activa
intervención.
2. Si el Juez considera
procedente el pedido, mandará notificar al tercero civil para que intervenga en el proceso, con copia del requerimiento. También
dará inmediato conocimiento al Ministerio Público, acompañando el cuaderno, para que le otorgue la intervención correspondiente.
3. Sólo es apelable la
resolución que deniega la constitución del tercero civilmente responsable.
Artículo 113 Derechos
y garantías del tercero civil.-
1. El tercero civil,
en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales goza de todos los derechos y garantías que este Código concede
al imputado.
2. Su rebeldía o falta
de apersonamiento, luego de haber sido incorporado como parte y debidamente notificado, no obstaculiza el trámite del proceso,
quedando obligado a los efectos indemnizatorios que le señale la sentencia.
3. El asegurador podrá
ser llamado como tercero civilmente responsable, si éste ha sido contratado para responder por la responsabilidad civil.
LIBRO SEGUNDO
LA ACTIVIDAD
PROCESAL
SECCIÓN I
PRECEPTOS GENERALES
TÍTULO I
LAS ACTUACIONES PROCESALES
CAPÍTULO I
LAS FORMALIDADES
Artículo 114 Idioma.-
1. Las actuaciones procesales
se realizan en castellano.
2. Cuando una persona
no comprenda el idioma o no se exprese con facilidad, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse
regularmente.
3. Deberá proveérseles
traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de
su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.
4. Los documentos y las
grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos cuando sea necesario.
Artículo 115 Declaraciones
e interrogatorios con intérpretes.- Las personas serán interrogadas en castellano o por intermedio de un traductor o intérprete,
cuando corresponda. El Juez podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación.
En tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las respuestas.
Artículo 116 Lugar.-
1. Las actuaciones procesales
se realizarán en el Despacho del Fiscal o del Juez, según el caso.
2. No obstante ello,
el Fiscal o el Juez podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable, y no sea
imposible o de muy difícil consecución, conocer directamente elementos de convicción decisivos en una causa bajo su conocimiento.
Artículo 117 Tiempo.-
Salvo disposición legal en contrario, las actuaciones procesales podrán ser realizadas cualquier día y a cualquier hora, siempre
que resulte absolutamente indispensable según la naturaleza de la actuación. Se consignarán el lugar y la fecha en que se
cumplan. La omisión de estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos
del acta u otros conexos, la fecha en que se realizó.
Artículo 118 Juramento.-
1. Cuando se requiera
juramento, se recibirá según las creencias de quien lo hace, después de instruirlo sobre la sanción que se haría acreedor
por la comisión del delito contra la Administración
de Justicia. El declarante prometerá decir la verdad en todo cuanto sepa y se le pregunte.
2. Si el declarante se
niega a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir la verdad, con las
mismas advertencias del párrafo anterior.
Artículo 119 Interrogatorio.-
1. Las personas que sean
interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y de quienes
sean autorizados para ello, incluso los imputados, en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos o circunstancias
del proceso.
2. El declarante será
invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas
que se le formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas.
CAPÍTULO II
LAS ACTAS
Artículo 120 Régimen
General.-
1. La actuación procesal,
fiscal o judicial, se documenta por medio de acta, utilizándose de ser posible los medios técnicos que correspondan.
2. El acta debe ser fechada
con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación
sucinta o integral -según el caso- de los actos realizados. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones
especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran.
3. Será posible la reproducción
audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en un acta. La Fiscalía de la Nación
y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cada uno en su ámbito, en función a las posibilidades de la Institución, dictarán disposiciones que permitan su utilización.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
4. El acta será suscrita
por el funcionario o autoridad que dirige y por los demás intervinientes previa lectura. Si alguno no puede o no quiere firmar,
se dejará constancia de ese hecho. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, en su lugar, otra persona, a su ruego o bien
un testigo de actuación, sin perjuicio de que se imprima su huella digital.
Artículo 121 Invalidez
del acta.-
1. El acta carecerá de
eficacia sólo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal, o si faltare la firma
del funcionario que la ha redactado.
2. La omisión en el acta
de alguna formalidad sólo la privará de sus efectos, o tornará invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas
con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, o no puedan ser reproducidas con
posterioridad y siempre que provoquen un agravio específico e insubsanable a la defensa del imputado o de los demás sujetos
procesales.
CAPÍTULO III
LAS DISPOSICIONES Y LAS RESOLUCIONES
Artículo 122 Actos del
Ministerio Público.-
1. El Ministerio Público,
en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta Disposiciones y Providencias, y formula Requerimientos.
2. Las Disposiciones
se dictan para decidir: a) el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de un imputado,
testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la investigación no cumple con asistir a las diligencias
de investigación; c) la intervención de la Policía a fin
de que realice actos de investigación; d) la aplicación del principio de oportunidad; y, e) toda otra actuación que requiera
expresa motivación dispuesta por la Ley.
3. Las Providencias se
dictan para ordenar materialmente la etapa de investigación.
4. Los Requerimientos
se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal.
5. Las Disposiciones
y los Requerimientos deben estar motivados. En el caso de los requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados de los elementos
de convicción que lo justifiquen.
6. Rige, en lo pertinente,
el artículo 127.
Artículo 123 Resoluciones
judiciales.-
1. Las Resoluciones judiciales,
según su objeto son decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la exposición de los hechos debatidos,
el análisis de la prueba actuada, la determinación de la Ley
aplicable y lo que se decide, de modo claro y expreso.
2. Los decretos se dictan
sin trámite alguno. Los autos se expiden, siempre que lo disponga este Código, previa audiencia con intervención de las partes.
Las sentencias se emiten según las reglas previstas en este Código.
Artículo 124 Error material,
aclaración y adición.-
1. El Juez podrá corregir,
en cualquier momento, los errores puramente materiales o numéricos contenidos en una resolución.
2. En cualquier momento,
el Juez podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o podrá adicionar
su contenido, si hubiera omitido resolver algún punto controvertido, siempre que tales actos no impliquen una modificación
de lo resuelto.
3. Dentro de los tres
días posteriores a la notificación, las partes podrán solicitar la aclaración o la adición de los pronunciamientos. La solicitud
suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.
Artículo 125 Firma.-
1. Sin perjuicio de disposiciones
especiales y de las normas establecidas en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, las resoluciones serán firmadas por los jueces o por los miembros del Juzgado o de la Sala en que actuaron.
2. La falta de alguna
firma, fuera de lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, provocará la ineficacia del acto, salvo que la resolución no se haya podido firmar por un impedimento invencible
surgido después de haber participado en la deliberación y votación.
Artículo 126 Poder coercitivo.-
El Fiscal y el Juez podrán requerir la intervención de la fuerza pública y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento
seguro y regular de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO IV
LAS NOTIFICACIONES Y CITACIONES
Artículo 127 Notificación.-
1. Las Disposiciones
y las Resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas,
salvo que se disponga un plazo menor.
2. La primera notificación
al imputado detenido o preso será efectuada en el primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de copia
a la persona, o si no es posible el Director del Establecimiento informará inmediatamente al detenido o preso con el medio
más rápido.
3. Salvo que el imputado
no detenido haya fijado domicilio procesal, la primera notificación se hará personalmente, entregándole una copia, en su domicilio
real o centro de trabajo.
4. Si las partes tienen
defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la Ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean notificadas.
5. Cuando la notificación
deba practicarse por medio de lectura, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia se le entregará.
6. Rige, en lo pertinente,
lo dispuesto en el Código Procesal Civil, con las precisiones establecidas en los Reglamentos respectivos que dictarán la Fiscalía de la Nación
y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les corresponda.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
Artículo 128 Notificación
por edictos.- Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber
por edicto que se publicará en el Diario Oficial de la sede de la
Corte Superior o a través del Portal o página web de la
Institución, sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo.
La Fiscalía de la Nación
y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de la reglamentación de este artículo, podrán disponer, en el ámbito
que les respecta, que se publiquen, en el Diario Oficial, listas de personas requeridas por la justicia.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
Artículo 129 Citaciones.
1. Las víctimas, testigos,
peritos, interpretes y depositarios, podrán ser citados por medio de la Policía
o por el personal oficial de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional,
según las directivas que sobre el particular dicte el órgano de gobierno respectivo.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
2. En caso de urgencia
podrán ser citados verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación,
de lo que se hará constar en autos.
3. Los militares y policías
en situación de actividad serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición contraria de la Ley.
4. El respectivo Reglamento
de Citaciones, dictado por la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les
respecta, establecerá las precisiones que correspondan.
Artículo 130 Constancia.-
El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones y notificaciones se hará constar por escrito.
Artículo 131 Defecto
de la notificación.-
1. Siempre que cause
efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando:
a) Haya existido error
sobre la identidad de la persona notificada;
b) La disposición o la
resolución haya sido notificada en forma incompleta;
c) En la diligencia no
conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia;
d) Si en la copia entregada
falta la firma de quien ha efectuado la notificación.
2. El vicio en la notificación
se convalida si el afectado procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de
la disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer de un requisito formal, ha cumplido su finalidad.
CAPÍTULO V
COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES
Artículo 132 Forma.-
1. Cuando un acto procesal,
una diligencia o una información relacionadas con la causa deban ejecutarse por intermedio de otra autoridad, el Juez o el
Fiscal podrán encomendarle su cumplimiento.
2. La comunicación de
ejecución precisará la autoridad judicial que lo requiere, su competencia para el caso, el acto concreto, diligencia o información
solicitada, con todos los datos necesarios para cumplirla, las normas legales que la posibilitan y el plazo de su cumplimiento.
La comunicación podrá realizarse con aplicación de cualquier medio que garantice su autenticidad.
3. En caso de urgencia
se utilizará fax, telegrama o correo electrónico y, eventualmente, podrá adelantarse telefónicamente el contenido del requerimiento
para que se comience a tramitar la diligencia, sin perjuicio de la remisión posterior del mandamiento escrito.
4. Cuando la delegación
del acto tenga por destinataria a otro Juez o Fiscal, se cursará el exhorto correspondiente para su tramitación inmediata.
5. La autoridad requerida,
colaborará con los jueces, el Ministerio Público y la Policía
y tramitará, sin demora, los requerimientos que reciban de ellos.
6. El órgano de gobierno
del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación dictarán los
reglamentos correspondientes y podrán celebrar convenios con otras instituciones públicas para requerir y compartir información
así como establecer sistemas de comunicación por internet entre jueces y fiscales.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
Artículo 133 Exhortos
a autoridades extranjeras.-
1. Los requerimientos
dirigidos a jueces, fiscales o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y serán diligenciados en la forma establecida
por los Tratados y costumbres internacionales o, en su defecto, por este Código y las demás Leyes del país.
2. Por medio de la Fiscalía de la Nación
o, en su caso, de la Corte Suprema de Justicia, se
canalizarán las comunicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual, cuando corresponda las tramitará por la vía
diplomática.
3. En casos de urgencia
podrán dirigirse comunicaciones a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación
a un requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la gestión, según lo previsto en los numerales anteriores.
CAPÍTULO VI
LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
FISCAL Y JUDICIAL
Artículo 134 Contenido
del Expediente Fiscal.-
1. El Fiscal, con motivo
de su actuación procesal, abrirá un expediente para la documentación de las actuaciones de la investigación. Contendrá la
denuncia, el Informe Policial de ser el caso, las diligencias de investigación que hubiera realizado o dispuesto ejecutar,
los documentos obtenidos, los dictámenes periciales realizados, las actas y las disposiciones y providencias dictadas, los
requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, así como toda documentación útil a los fines de la investigación.
2. El Fiscal de la Nación reglamentará todo lo relacionado con la formación, custodia, conservación,
traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público en su función de investigación del delito. Podrá
disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción
y seguridad del expediente.
Artículo 135 Requerimientos
del Fiscal.-
1. Los requerimientos
que el Fiscal formula al Juez de la Investigación Preparatoria
deben acompañarse con el expediente original o con las copias certificadas correspondientes, según la investigación esté concluida
o no, o en todo caso si la remisión del expediente original no producirá retraso grave o perjuicio a las partes y a la investigación.
2. El Fiscal de la Nación emitirá las directivas e instrucciones necesarias para garantizar
y uniformizar la presentación de las actuaciones que deben acompañar los requerimientos fiscales al Juez de la Investigación Preparatoria, cuando la investigación
no esté concluida.
Artículo 136 Contenido
del Expediente Judicial.-
1. Una vez que se dicta
el auto de citación a juicio, el Juez Penal ordenará formar el respectivo Expediente Judicial. En este Expediente se anexarán:
a) Los actuados relativos
al ejercicio de la acción penal y de la acción civil derivada del delito;
b) Las actas en que consten
las actuaciones objetivas e irreproducibles realizadas por la Policía
o el Ministerio Público, así como las declaraciones del imputado;
c) Las actas referidas
a la actuación de prueba anticipada;
d) Los informes periciales
y los documentos;
e) Las resoluciones expedidas
por el Juez de la Investigación Preparatoria
y, de ser el caso, los elementos de convicción que las sustentan;
f) Las resoluciones emitidas
durante la etapa intermedia y los documentos, informes y dictámenes periciales que hayan podido recabarse, así como -de ser
el caso- las actuaciones complementarias realizadas por el Ministerio Público.
2. El Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial reglamentará todo lo relacionado con la formación, custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo
del expediente judicial. Podrá disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro,
archivo, copia, transcripción y seguridad del expediente.
Artículo 137 Traslados,
remisión y resolución sobre la formación del expediente judicial.-
1. Formado el expediente
judicial, se pondrá en Secretaría a disposición del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco
días para su revisión, eventual solicitud de copias, simples o certificadas, y, en su caso, para instar la incorporación de
alguna pieza de las contempladas en el artículo anterior o la exclusión de una que no corresponda incorporar. De esta última
solicitud se correrá traslado a las demás partes por igual plazo.
2. El Juez resolverá,
dentro del segundo día de culminado el plazo anterior, mediante auto inimpugnable, la solicitud de incorporación o exclusión
de piezas procesales.
3. Vencido este trámite,
las actuaciones diversas de las previstas en el artículo 136 serán devueltas al Ministerio Público.
Artículo 138 Obtención
de copias.-
1. Los sujetos procesales
están facultados para solicitar, en cualquier momento, copia, simple o certificada, de las actuaciones insertas en los expedientes
fiscal y judicial, así como de las primeras diligencias y de las actuaciones realizadas por la Policía. De la solicitud conoce la autoridad que tiene a su cargo la causa al momento
en que se interpone.
2. El Ministerio Público,
cuando sea necesario para el cumplimiento de la Investigación
Preparatoria, está facultado para obtener de otro Fiscal o del Juez copia de las actuaciones procesales relacionadas
con otros procesos e informaciones escritas de su contenido.
3. Si el estado de la
causa no lo impide, ni obstaculiza su normal prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos fundamentales de
terceros, el Fiscal o el Juez podrán ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante
solicitud motivada por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.
Artículo 139 Prohibición
de publicación de la actuación procesal.
1. Está prohibida la
publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la Investigación Preparatoria o la Etapa Intermedia. Asimismo, está prohibida la publicación, incluso parcial, de las actuaciones
del juicio oral cuando se producen en los supuestos de privacidad de la audiencia.
2. Está prohibida la
publicación de las generales de Ley y de imágenes de testigos o víctimas menores de edad, salvo que el Juez, en interés exclusivo
del menor, permita la publicación.
3. Cuando los sujetos
procesales y demás participantes en las actuaciones procesales infrinjan esta prohibición, el Fiscal o el Juez, según el caso,
están facultados a imponerles una multa y ordenar, de ser posible, el cese de la publicación indebida. Rige, en lo pertinente
los artículos 110 y 111 del Código Procesal Civil.
Artículo 140 Reemplazo
de los originales faltantes por copias.-
1. Cuando, por cualquier
causa se destruya, se pierda o sea sustraído el expediente, o el original de las disposiciones y resoluciones o de otros actos
procesales necesarios, la copia certificada tendrá el valor del original y será insertado en el lugar en que debería encontrarse
el original.
2. Con tal fin, el Fiscal
o el Juez, según el caso, incluso de oficio, ordenará, a quien tenga la copia, entregarla a la Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener gratuitamente otra copia certificada.
3. La reposición también
podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos del Ministerio Público o del Poder Judicial.
Artículo 141 Recomposición
de expedientes.-
1. Si no existe copia
de los documentos, el Fiscal o el Juez, luego de constatar el contenido del acto faltante, ordenará poner los hechos en conocimiento
del órgano disciplinario competente, y dispondrá -de oficio o a pedido de parte- su recomposición, para lo cual recibirá las
pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido.
2. Cuando sea imposible
obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto, prescribiendo el modo de realizarla.
3. Si aparece el expediente,
será agregado al rehecho.
TÍTULO II
LOS PLAZOS
Artículo 142 Regulación.-
1. Las actuaciones procesales
se practican puntualmente en el día y hora señalados, sin admitirse dilación.
2. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el numeral anterior, los plazos de la actividad procesal regulados por este Código son por días, horas y el de
la distancia. Se computan según el calendario común.
Artículo 143 Cómputo.-
Los plazos se computarán:
1. Cuando son por horas,
desde el instante en que se produjo el acto procesal, incluyendo las horas del día inhábil, salvo expresa disposición contraria
de la Ley.
2. Cuando son por días,
a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él.
3. Sólo se computará
los días inhábiles tratándose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la Ley lo permita.
4. Salvo lo dispuesto
en el numeral 3) para el caso de medidas coercitivas que afectan la libertad personal, cuando un plazo venza en día inhábil,
se prorroga de pleno derecho al día siguiente hábil.
5. Los plazos comunes
se computarán desde el día siguiente hábil de la última notificación.
Artículo 144 Caducidad.-
1. El vencimiento de
un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la
Ley permita prorrogarlo.
2. Los plazos que sólo
tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces, serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia sólo
acarrea responsabilidad disciplinaria.
Artículo 145 Reposición
del plazo.-
1. Cuando factores de
fuerza mayor o de caso fortuito, o por defecto en la notificación que no le sea imputable, se haya visto impedido de observar
un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del plazo, con el fin
de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la Ley,
a su pedido.
2. La solicitud de reposición
del plazo se presentará por escrito en el plazo de veinticuatro horas luego de desaparecido el impedimento o de conocido el
acontecimiento que da nacimiento al plazo.
3. La solicitud deberá
contener:
a) La indicación concreta
del motivo que imposibilitó la observación del plazo, su justificación y la mención de todos los elementos de convicción de
los cuales se vale para comprobarlo; y,
b) La actividad omitida
y la expresión de voluntad de llevarla a cabo.
Artículo 146 Subsidiariedad.-
El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de previsión legal o por autorización de ésta.
Artículo 147 Renuncia
de plazos.-
1. Los sujetos procesales
podrán renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor, por manifestación expresa.
2. Si el plazo fuere
común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todas las partes y la aprobación del Juez.
Artículo 148 Término
de la distancia.-
1. El término de la distancia
se computa teniendo en cuenta la sede geográfica, y el medio de locomoción utilizable y disponible para el caso concreto.
2. La Corte Suprema de Justicia de la
República elaborará el cuadro correspondiente.
TÍTULO III
LA NULIDAD
Artículo 149 Taxatividad.-
La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos
previstos por la Ley.
Artículo 150 Nulidad
absoluta.- No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos
concernientes:
a) A la intervención,
asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia;
b) Al nombramiento, capacidad
y constitución de Jueces o Salas;
c) A la promoción de
la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria;
d) A la inobservancia
del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la
Constitución.
Artículo 151 Nulidad
relativa.-
1. Excepto en los casos
de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad por el vicio, cuando lo conozca.
2. La solicitud de nulidad
deberá describir el defecto y proponer la solución correspondiente.
3. La solicitud deberá
ser interpuesta dentro del quinto día de conocido el defecto.
4. La nulidad no podrá
ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición
vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el
juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva.
Artículo 152 Convalidación.-
1. Salvo los casos de
defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en los siguientes casos:
a) Cuando el Ministerio
Público o los demás sujetos procesales no hayan solicitado oportunamente su saneamiento;
b) Cuando quienes tengan
derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto;
c) Si, no obstante su
irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las
facultades de los intervinientes.
2. El saneamiento no
procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención
de los interesados.
Artículo 153 Saneamiento.-
1. Los defectos deberán
ser saneados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio
o a instancia del interesado.
2. Bajo pretexto de renovación
del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos,
salvo los casos expresamente previstos por este Código.
Artículo 154 Efectos
de la nulidad.-
1. La nulidad de un acto
anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son anulados.
2. Los defectos deberán
ser subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido.
3. La declaración de
nulidad conlleva la regresión del proceso al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá
retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que así correspondiere de acuerdo con las normas del recurso
de apelación o de casación.
4. La declaración de
nulidad de actuaciones realizadas durante la Investigación
Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo
del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa intermedia.
SECCIÓN II
LA PRUEBA
TÍTULO I
PRECEPTOS GENERALES
Artículo 155 Actividad
probatoria.-
1. La actividad probatoria
en el proceso penal está regulada por la Constitución,
Ios Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este Código.
2. Las pruebas se admiten
a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto especialmente
motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la
Ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible
consecución.
3. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio.
4. Los autos que decidan
sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público
y a los demás sujetos procesales.
5. La actuación probatoria
se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la víctima.
Artículo 156 Objeto de
prueba.-
1. Son objeto de prueba
los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los
referidos a la responsabilidad civil derivada del delito.
2. No son objeto de prueba
las máximas de la experiencia, las Leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada,
lo imposible y lo notorio.
3. Las partes podrán
acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo
se hará constar en el acta.
Artículo 157 Medios de
prueba.-
1. Los hechos objeto
de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la Ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos
y garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de los
previstos, en lo posible.
2. En el proceso penal
no se tendrán en cuenta los límites probatorios establecidos por las Leyes civiles, excepto aquellos que se refieren al estado
civil o de ciudadanía de las personas.
3. No pueden ser utilizados,
aun con el consentimiento del interesado, métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de autodeterminación o
para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos.
Artículo 158 Valoración.-
1. En la valoración de
la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados
obtenidos y los criterios adoptados.
2. En los supuestos de
testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren
sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.
3. La prueba por indicios
requiere:
a) Que el indicio esté
probado;
b) Que la inferencia
esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;
c) Que cuando se trate
de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes.
Artículo 159 Utilización
de la prueba.-
1. El Juez no podrá utilizar,
directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos
fundamentales de la persona.
TÍTULO II
LOS MEDIOS DE PRUEBA
CAPÍTULO I
LA CONFESIÓN
Artículo 160 Valor de
prueba de la confesión.-
1. La confesión, para
ser tal, debe consistir en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por el imputado.
2. Sólo tendrá valor
probatorio cuando:
a) Esté debidamente corroborada
por otro u otros elementos de convicción;
b) Sea prestada libremente
y en estado normal de las facultades psíquicas; y,
c) Sea prestada ante
el Juez o el Fiscal en presencia de su abogado.
Artículo 161 Efecto de
la confesión sincera.- Si la confesión, adicionalmente, es sincera y espontánea, salvo los supuestos de flagrancia y de irrelevancia
de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso, el Juez, especificando los
motivos que la hacen necesaria, podrá disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal.
CAPÍTULO II
EL TESTIMONIO
Artículo 162 Capacidad
para rendir testimonio.-
1. Toda persona es, en
principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedido por la Ley.
2. Si para valorar el
testimonio es necesario verificar la idoneidad física o psíquica del testigo, se realizarán las indagaciones necesarias y,
en especial, la realización de las pericias que correspondan. Esta última prueba podrá ser ordenada de oficio por el Juez.
Artículo 163 Obligaciones
del testigo.-
1. Toda persona citada
como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las
preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere
requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará
consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna.
2. El testigo no puede
ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho
cuando, por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1) del artículo 165.
3. El testigo policía,
militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado no puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes.
Si los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas.
Artículo 164 Citación
y conducción compulsiva.-
1. La citación del testigo
se efectuará de conformidad con el artículo 129. Cuando se trata de funcionarios públicos o de dependientes, el superior jerárquico
o el empleador, según el caso, están en la obligación de facilitar, bajo responsabilidad, la concurrencia del testigo en el
día y hora en que es citado.
2. El testigo también
podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.
3. Si el testigo no se
presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública.
Artículo 165 Abstención
para rendir testimonio.-
1. Podrán abstenerse
de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por adopción,
y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos,
antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte.
2. Deberán abstenerse
de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes según la Ley
deban guardar secreto profesional o de Estado:
a) Los vinculados por
el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo
los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se encuentran los abogados,
ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispensados por
Ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán negar su testimonio cuando
sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.
b) Los funcionarios y
servidores públicos si conocen de un secreto de Estado, esto es, de una información clasificada como secreta o reservada,
tienen la obligación de comunicárselo a la autoridad que los cite. En estos casos se suspenderá la diligencia y se solicitará
información al Ministro del Sector a fin de que, en el plazo de quince días, precise si, en efecto, la información requerida
se encuentra dentro de los alcances de las excepciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley de la materia.
3. Si la información
requerida al testigo no se encuentra incursa en las excepciones previstas en la
Ley de la materia, se dispondrá la continuación de la declaración. Si la información ha sido clasificada
como secreta o reservada, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, en tanto considere imprescindible la información, requerirá
la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar al o los funcionarios públicos que correspondan, incluso al
testigo inicialmente emplazado, para los esclarecimientos correspondientes.
Artículo 166 Contenido
de la declaración.-
1. La declaración del
testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba.
2. Si el conocimiento
del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por
los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia
como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá
ser utilizado.
3. No se admite al testigo
expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de
un testigo técnico.
Artículo 167 Testimonio
de Altos Dignatarios.-
1. El Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Congresistas, Ministros
de Estado, Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocales de la Corte
Suprema, Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos,
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado
Nacional de Elecciones y del Consejo Supremo de Justicia Militar, Comandantes Generales de los Institutos Armados, Director
General de la Policía Nacional, Presidente del
Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Contralor General de la República, Presidentes de la Regiones,
Cardenales, Arzobispos, Obispos, o autoridades superiores de otros cultos religiosos, y demás personas que la Ley señale, declararán, a su elección, en su domicilio o en su despacho.
El Juez podrá disponer se reciba su testimonio por escrito, cursando el pliego interrogatorio correspondiente, el mismo que
se elaborará a instancia de las partes.
2. Se procederá en la
forma ordinaria, salvo el caso de los Presidentes de los Poderes del Estado y del Presidente del Consejo de Ministros, cuando
el Juez considere indispensable su comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de confrontación o por otra necesidad.
Artículo 168 Testimonio de
Miembros del Cuerpo Diplomático.- A los miembros del Cuerpo Diplomático o Consular acreditados en el Perú se les recibirá
su testimonio, si están llamados a prestarlo, mediante informe escrito. Para tal efecto se les enviará, por conducto del Ministro
de Relaciones Exteriores, el texto del interrogatorio que será absuelto bajo juramento o promesa de decir verdad. De igual
manera se procederá si el agente diplomático o consular culminó su misión y se encuentra en el extranjero.
Artículo 169 Testigos
residentes fuera del lugar o en el extranjero.-
1. Si el testigo no reside
en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al Despacho judicial,
se podrá disponer su declaración por exhorto. De ser posible, y con preferencia, podrá utilizarse el medio tecnológico más
apropiado, como la videoconferencia o filmación de su declaración, a la que podrán asistir o intervenir, según el caso, el
Fiscal y los abogados de las partes.
2. Si el testigo se halla
en el extranjero se procederá conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperación judicial internacional. En estos casos,
de ser posible, se utilizará el método de videoconferencia o el de filmación de la declaración, con intervención -si corresponde-
del cónsul o de otro funcionario especialmente habilitado al efecto.
Artículo 170 Desarrollo
del interrogatorio.-
1. Antes de comenzar
la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad por su incumplimiento, y prestará
juramento o promesa de honor de decir la verdad, según sus creencias. Deberá también ser advertido de que no está obligado
a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal.
2. No se exige juramento
o promesa de honor cuando declaran las personas comprendidas en el artículo 165, inciso 1, y los menores de edad, los que
presentan alguna anomalía psíquica o alteraciones en la percepción que no puedan tener un real alcance de su testimonio o
de sus efectos.
3. Los testigos serán
examinados por separado. Se dictarán las medidas necesarias para evitar que se establezca comunicación entre ellos.
4. Acto seguido se preguntará
al testigo su nombre, apellido, nacionalidad, edad, religión si la tuviera, profesión u ocupación, estado civil, domicilio
y sus relaciones con el imputado, agraviado o cualquier otra persona interesada en la causa. Si teme por su integridad podrá
indicar su domicilio en forma reservada, lo que se hará constar en el acta. En este último caso, se dispondrá la prohibición
de la divulgación en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. La Fiscalía
de la Nación y el órgano de gobierno del Poder Judicial dictarán
las medidas reglamentarias correspondientes para garantizar la eficacia de esta norma.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
5. A continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la actuación
de las personas que le conste tengan relación con el delito investigado; asimismo, se le interrogará sobre toda circunstancia
útil para valorar su testimonio. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y observaciones
precisas.
6. No son admisibles
las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. El Fiscal o el Juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará,
de oficio o a pedido de algún sujeto procesal.
Artículo 171 Testimonios
especiales.-
1. Si el testigo es mudo,
sordo o sordo mudo, o cuando no hable el castellano, declarará por medio de intérprete.
2. El testigo enfermo
o imposible de comparecer será examinado en el lugar donde se encuentra. En caso de peligro de muerte o de viaje inminente,
si no es posible aplicar las reglas de prueba anticipada, se le tomará declaración de inmediato.
3. Cuando deba recibirse
testimonio de menores y de personas que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, se podrá
disponer su recepción en privado. Si el testimonio no se actuó bajo las reglas de la prueba anticipada, el Juez adoptará las
medidas necesarias para garantizar la integridad emocional del testigo y dispondrá la intervención de un perito psicólogo,
que llevará a cabo el interrogatorio propuesto por las partes. Igualmente, permitirá la asistencia de un familiar del testigo.
4. Cuando se requiere
que el testigo reconozca a una persona o cosa, debe describirla antes de serle presentada. Luego relatará, con la mayor aproximación
posible, el lugar, el tiempo, el estado y demás circunstancias en que se hallaba la persona o cosa cuando se realizó el hecho.
5. Para la declaración
del agraviado, rigen las mismas reglas prescritas para los testigos.
CAPÍTULO III
LA PERICIA
Artículo 172 Procedencia.-
1. La pericia procederá
siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza
científica, técnica, artística o de experiencia calificada.
2. Se podrá ordenar una
pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia
del imputado.
3. No regirán las reglas
de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar
las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.
Artículo 173 Nombramiento.-
1. El Juez competente,
y, durante la Investigación Preparatoria,
el Fiscal o el Juez de la Investigación Preparatoria
en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito. Escogerá especialistas donde los hubiere y, entre éstos, a quienes
se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal gratuitamente. En su defecto, lo hará
entre los designados o inscritos, según las normas de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Sin embargo, se podrá elegir dos o más peritos cuando resulten imprescindibles por la considerable complejidad
del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se tendrá
en consideración la propuesta o sugerencia de las partes.
2. La labor pericial
se encomendará, sin necesidad de designación expresa, al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, al Instituto de Medicina Legal y al Sistema Nacional de Control,
así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica, los que prestarán su auxilio gratuitamente.
También podrá encomendarse la labor pericial a Universidades, Institutos de Investigación o personas jurídicas en general
siempre que reúnan las cualidades necesarias a tal fin, con conocimiento de las partes. (*)
(*) Inciso modificado por
el Artículo Único de la Ley N° 28697, publicada el 22 marzo
2006, cuyo texto es el siguiente:
"2. La labor pericial
se encomendará, sin necesidad de designación expresa, al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, a la
Dirección de Policía Contra la Corrupción
y al Instituto de Medicina Legal, así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica, los que
presentarán su auxilio gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a universidades, institutos de investigación
o personas jurídicas en general, siempre que reúnan las cualidades necesarias para tal fin, con conocimiento de las partes".
Artículo 174 Procedimiento
de designación y obligaciones del perito.-
1. El perito designado
conforme al numeral 1) del artículo 173 tiene la obligación de ejercer el cargo, salvo que esté incurso en alguna causal de
impedimento. Prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, oportunidad en que expresará
si le asiste algún impedimento. Será advertido de que incurre en responsabilidad penal, si falta a la verdad.
2. La disposición o resolución
de nombramiento precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia, y fijará el plazo para la entrega del informe
pericial, escuchando al perito y a las partes. Los honorarios de los peritos, fuera de los supuestos de gratuidad, se fijarán
con arreglo a la Tabla de Honorarios aprobada por Decreto
Supremo y a propuesta de una Comisión interinstitucional presidida y nombrada par el Ministerio de Justicia.
Artículo 175 Impedimento
y subrogación del perito.-
1. No podrá ser nombrado
perito, el que se encuentra incurso en las mismas causales previstas en los numerales 1) y 2) ‘a’ del artículo
165. Tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo proceso o en proceso conexo, quien está suspendido
o inhabilitado en el ejercicio de su profesión, y quien haya sido testigo del hecho objeto de la causa.
2. El perito se excusará
en los casos previstos en el numeral anterior. Las partes pueden tacharlo por esos motivos. En tales casos, acreditado el
motivo del impedimento, será subrogado. La tacha no impide la presentación del informe pericial.
3. El perito será subrogado,
previo apercibimiento, si demostrase negligencia en el desempeño de la función.
Artículo 176 Acceso al
proceso y reserva.-
1. El perito tiene acceso
al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen convenientes
para el cumplimiento de su cometido. Indicarán la fecha en que iniciará las operaciones periciales y su continuación.
2. El perito deberá guardar
reserva, bajo responsabilidad, de cuanto conozca con motivo de su actuación.
Artículo 177 Perito de
parte.-
1. Producido el nombramiento
del perito, los sujetos procesales, dentro del quinto día de notificados u otro plazo que acuerde el Juez, pueden designar,
cada uno por su cuenta, los peritos que considere necesarios.
2. El perito de parte
está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias
que su técnica les aconseje.
3. Las operaciones periciales
deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simples.
Artículo 178 Contenido
del informe pericial oficial.-
1. El informe de los
peritos oficiales contendrá:
a) El nombre, apellido,
domicilio y Documento Nacional de Identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación
obligatoria.
b) La descripción de
la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se hizo el peritaje.
c) La exposición detallada
de lo que se ha comprobado en relación al encargo.
d) La motivación o fundamentación
del examen técnico.
e) La indicación de los
criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen.
f) Las conclusiones.
g) La fecha, sello y
firma.
2. El informe pericial
no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso
materia del proceso.
Artículo 179 Contenido
del informe pericial de parte.- El perito de parte, que discrepe con las conclusiones
del informe pericial oficial puede presentar su propio informe, que se ajustará a las prescripciones del artículo 178, sin
perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial.
Artículo 180 Reglas adicionales.-
1. El Informe pericial
oficial será único. Si se trata de varios peritos oficiales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe pericial.
El plazo para la presentación del informe pericial será fijado por el Fiscal o el Juez, según el caso. Las observaciones al
Informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de cinco días, luego de la comunicación a las partes.
2. Cuando exista un informe
pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial, para que en el término de cinco
días se pronuncie sobre su mérito.
3. Cuando el informe
pericial oficial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito o nombrar otro perito para que
emita uno nuevo.
Artículo 181 Examen pericial.-
1. El examen o interrogatorio
del perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto
al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que sostiene. Tratándose de dictámenes periciales emitidos
por una entidad especializada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad.
2. En el caso de informes
periciales oficiales discrepantes se promoverá, de oficio inclusive, en el curso del acto oral un debate pericial.
3. En el caso del artículo
180.2, es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el de parte.
CAPÍTULO IV
EL CAREO
Artículo 182 Procedencia.-
1. Cuando entre lo declarado
por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan contradicciones importantes, cuyo esclarecimiento
requiera oír a ambos, se realizará el careo.
2. De igual manera procede
el careo entre agraviados o entre testigos o éstos con los primeros.
3. No procede el careo
entre el imputado y la víctima menor de catorce años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente.
Artículo 183 Reglas del
careo.-
1. El Juez hará referencia
a las declaraciones de los sometidos a careo, les preguntará si las confirman o las modifican, invitándoles, si fuere necesario,
a referirse recíprocamente a sus versiones.
2. Acto seguido, el Ministerio
Público y los demás sujetos procesales podrán interrogar, a los sometidos a careo exclusivamente sobre los puntos materia
de contradicción y que determinaron la procedencia de la diligencia.
CAPÍTULO V
LA PRUEBA DOCUMENTAL
Artículo 184 Incorporación.-
1. Se podrá incorporar
al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo
o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de previa orden judicial.
2. El Fiscal, durante
la etapa de Investigación Preparatoria, podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición
voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al Juez la orden de incautación correspondiente.
3. Los documentos que
contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el
cuerpo del delito o provengan del imputado.
Artículo 185 Clases de
documentos.- Son documentos los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones
gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces; y, otros similares.
Artículo 186 Reconocimiento.-
1. Cuando sea necesario
se ordenará el reconocimiento del documento, por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal
u otro medio, así como por aquél que efectuó el registro. Podrán ser llamados a reconocerlo personas distintas, en calidad
de testigos, si están en condiciones de hacerlo.
2. También podrá acudirse
a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad de un documento.
Artículo 187 Traducción,
Transcripción y Visualización de documentos.-
1. Todo documento redactado
en idioma distinto del castellano, será traducido por un traductor oficial.
2. Cuando el documento
consista en una cinta magnetofónica, el Juez o el Fiscal en la
Investigación Preparatoria dispondrá, de ser el caso, su transcripción en un acta, con intervención de las
partes.
3. Cuando el documento
consista en una cinta de vídeo, el Juez o el Fiscal en la
Investigación Preparatoria ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con intervención de las
partes.
4. Cuando la transcripción
de la cinta magnetofónica o cinta de vídeo, por su extensión demande un tiempo considerable, el acta podrá levantarse en el
plazo de tres días de realizada la respectiva diligencia, previo traslado de la misma por el plazo de dos días para las observaciones
que correspondan. Vencido el plazo sin haberse formulado observaciones, el acta será aprobada inmediatamente; de igual manera,
el Juez o el Fiscal resolverán las observaciones formuladas al acta, disponiendo lo conveniente.
Artículo 188 Requerimiento
de informes.- El Juez o el Fiscal durante la Investigación
Preparatoria podrá requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados
conforme a Ley. El incumplimiento de ese requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del informe o el ocultamiento
de datos, serán corregidos con multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, y de la diligencia de inspección
o revisión y de incautación, si fuera el caso.
CAPÍTULO VI
LOS OTROS MEDIOS DE PRUEBA
SUBCAPÍTULO I
EL RECONOCIMIENTO
Artículo 189 Reconocimientos
de personas.-
1. Cuando fuere necesario
individualizar a una persona se ordenará su reconocimiento. Quien lo realiza, previamente describirá a la persona aludida.
Acto seguido, se le pondrá a la vista junto con otras de aspecto exterior semejantes. En presencia de todas ellas, y/o desde
un punto de donde no pueda ser visto, se le preguntará si se encuentra entre las personas que observa aquella a quien se hubiere
referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es.
2. Cuando el imputado
no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas análogamente.
3. Durante la investigación
preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, en su defecto, el Juez de la Investigación Preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia
un acto de prueba anticipada.
4. Cuando varias personas
deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una persona
debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique el fin de
esclarecimiento o el derecho de defensa.
5. Si fuere necesario
identificar a otras personas distintas del imputado, se procederá, en lo posible, según las reglas anteriores.
Artículo 190 Otros reconocimientos.-
1. Cuando se disponga
reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones
previstas en el artículo anterior.
2. Sin perjuicio de levantar
el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante otros instrumentos
o procedimientos.
Artículo 191. Reconocimiento
de cosas.-
1. Las cosas que deben
ser objeto del reconocimiento serán exhibidas en la misma forma que los documentos.
2. Antes de su reconocimiento,
se invitará a la persona que deba reconocerlo a que lo describa. En lo demás, regirán análogamente las reglas previstas en
el artículo 189.
SUBCAPÍTULO II
LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y
LA RECONSTRUCCIÓN
Artículo 192 Objeto.-
1. Las diligencias de
inspección judicial y reconstrucción son ordenadas por el Juez, o por el Fiscal durante la investigación preparatoria.
2. La inspección tiene
por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas.
3. La reconstrucción
del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás
pruebas actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible.
Artículo 193 Adecuación.-
La inspección, en cuanto al tiempo, modo y forma, se adecua a la naturaleza del hecho investigado y a las circunstancias en
que ocurrió.
La inspección se realizará
de manera minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que pueda constituir prueba material de delito.
Artículo 194 Participación
de testigos y peritos.-
1. Ambas diligencias
deben realizarse, de preferencia, con la participación de testigos y peritos.
2. Asimismo, se dispondrá
que se levanten planos o croquis del lugar y se tome fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen
a la causa.
3. En los delitos contra
la libertad sexual no se exigirá la concurrencia de los agraviados menores de edad, o de las víctimas que pueden ser afectadas
psicológicamente con su participación.
SUBCAPÍTULO III
LAS PRUEBAS ESPECIALES
Artículo 195 Levantamiento
de cadáver.-
1. Cuando se trate de
una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible,
con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en acta.
2. El levantamiento de
cadáver lo realizará el Fiscal, con la intervención -de ser posible- del médico legista y del personal policial especializado
en criminalística. Por razones de índole geográfico podrá prescindirse de la participación de personal policial especializado
en criminalística. El Fiscal según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su adjunto,
o en la Policía, o en el Juez de Paz.
3. La identificación,
ya sea antes de la inhumación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que
porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica, o por cualquier otro medio.
CONCORDANCIA: R. N° 129-2007-MP-FN (Manual de Procedimientos
de la Diligencia de Levantamiento de Cadáver y el Manual
de Procedimientos
Tanatológicos Forenses y Servicios Complementarios)
Artículo 196 Necropsia.-
1. Cuando sea probable
que se trate de un caso de criminalidad se practicará la necropsia para determinar la causa de la muerte.
2. En caso de muerte
producida por accidente en un medio de transporte, o como resultado de un desastre natural, en que las causas de la misma
sea consecuencia directa de estos hechos, no será exigible la necropsia sin perjuicio de la identificación del cadáver antes
de la entrega a sus familiares. En todo caso, es obligatoria la necropsia al cadáver de quien tenía a cargo la conducción
del medio de transporte siniestrado. En los demás casos se practica a solicitud de parte o de sus familiares.
3. La necropsia será
practicada por peritos. El Fiscal decidirá si él o su adjunto deban presenciarla. Al acto pueden asistir los abogados de los
demás sujetos procesales e incluso acreditar peritos de parte.
Artículo 197 Embalsamamiento
de cadáver.- Cuando se trate de homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, el Fiscal, previo informe médico, puede
autorizar o disponer el embalsamamiento a cargo de profesional competente, cuando lo estime pertinente para los fines del
proceso. En ese mismo supuesto la incineración sólo podrá ser autorizada por el Juez después de expedida sentencia firme.
Artículo 198 Examen de
vísceras y materias sospechosas.-
1. Si existen indicios
de envenenamiento, el perito examinará las vísceras y las materias sospechosas que se encuentran en el cadáver o en otra parte
y las remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados, al laboratorio especializado correspondiente.
2. Las materias objeto
de las pericias se conservarán si fuese posible, para ser presentadas en el debate oral.
Artículo 199 Examen de
lesiones y de agresión sexual.-
1. En caso de lesiones
corporales se exigirá que el perito determine el arma o instrumento que la haya ocasionado, y si dejaron o no deformaciones
y señales permanentes en el rostro, puesto en peligro la vida, causado enfermedad incurable o la pérdida de un miembro u órgano
y, en general, todas las circunstancias que conforme al Código Penal influyen en la calificación del delito.
2. En caso de agresión
sexual, el examen médico será practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia, si fuera necesario
de un profesional auxiliar. Sólo se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de la persona examinada.
Artículo 200 Examen en
caso de aborto.- En caso de aborto, se hará comprobar la preexistencia del embarazo, los signos demostrativos de la interrupción
del mismo, las causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del
carácter y gravedad del hecho.
Artículo 201 Preexistencia
y Valorización.-
1. En los delitos contra
el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo.
2. La valorización de
las cosas o bienes o la determinación del importe del perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente,
salvo que no resulte necesario hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su
simplicidad o evidencia.
TÍTULO III
LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y
RESTRICCIÓN DE DERECHOS
CAPÍTULO I
PRECEPTOS GENERALES
Artículo 202 Legalidad
procesal.- Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso,
debe procederse conforme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse
con las debidas garantías para el afectado.
Artículo 203 Presupuestos.-
1. Las medidas que disponga
la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad
y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento
del Ministerio Público.
2. Los requerimientos
del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El Juez de la Investigación Preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno.
Si no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez de la Investigación Preliminar deberá correr traslado previamente a los sujetos procesales
y, en especial, al afectado. Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de una
audiencia con intervención del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales, que se realizará con los asistentes.
3. Cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente
resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restringa derechos
fundamentales de las personas, corresponde al Fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. El Juez de la Investigación Preparatoria, sin trámite alguno, decidirá
en el mismo día o a más tardar al día siguiente confirmando o desaprobando la medida ejecutada por la Policía o la Fiscalía,
salvo que considere indispensable el previo traslado a los sujetos procesales o, en su caso, la realización de una audiencia
con intervención del Fiscal y del afectado. La resolución que ordena el previo traslado o la audiencia no es impugnable.
4. Respecto de la realización
de la audiencia, rige en lo pertinente el artículo 8.
Artículo 204 Impugnación.-
1. Contra el auto dictado
por el Juez de la Investigación Preparatoria
en los supuestos previstos en el artículo anterior, el Fiscal o el afectado pueden interponer recurso de apelación, dentro
del tercer día de ejecutada la medida. La Sala Penal
Superior absolverá el grado, previa audiencia, con intervención de los sujetos procesales legitimados.
2. El afectado también
puede solicitar el reexamen de la medida ante el Juez de la
Investigación Preparatoria si nuevas circunstancias establecen la necesidad de un cambio de la misma. El
Juez, discrecionalmente, decidirá si la decisión la adopta previo traslado a los demás sujetos procesales o mediante una audiencia
que señalará al efecto. Contra el auto que resuelve la solicitud de reexamen procede recurso de apelación, según el trámite
previsto en el numeral anterior.
3. Contra los autos expedidos
por la Sala Penal Superior dictados en primera instancia
sólo procede recurso de reposición.
CAPÍTULO II
EL CONTROL DE IDENTIDAD Y
LA VIDEOVIGILANCIA
SUBCAPÍTULO I
EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
Artículo 205 Control
de identidad policial.-
1. La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez,
podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el
lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información
útil para la averiguación de un hecho punible. El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad
y la dependencia a la que está asignado.
2. La identificación
se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá
proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese acto se constata que su documentación
está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar.
3. Si existiere fundado
motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas; equipaje o vehículo. De esta diligencia específica,
en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público.
4. En caso no sea posible
la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada,
se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial
más cercana para exclusivos fines de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra
alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro
horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos
ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique.
La Policía deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro
en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de
las mismas.
5. Siempre que sea necesario
para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado,
sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad -en cuyo caso se requiere la expresa orden del Ministerio
Público-, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta. (1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005,
se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición
Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose
que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones
modificatorias contenidas en este Código".
CONCORDANCIAS: R. N° 029-2005-MP-FN, 1
Artículo 206 Controles
policiales públicos en delitos graves.-
1. Para el descubrimiento
y ubicación de los partícipes en un delito causante de grave alarma social y para la incautación de instrumentos, efectos
o pruebas del mismo, la Policía -dando cuenta al Ministerio
Público- podrá establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a estos fines,
al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos
y al control superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten sustancias o instrumentos prohibidos
o peligrosos.
2. La Policía abrirá un Libro-Registro de Controles Policiales Públicos. El resultado de
las diligencias, con las actas correspondientes, se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Público. (1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005,
se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición
Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose
que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones
modificatorias contenidas en este Código".
CONCORDANCIAS: R. N° 029-2005-MP-FN, 1
SUBCAPÍTULO II
LA VIDEOVIGILANCIA
Artículo 207 Presupuestos
y Ejecución.-
1. En las investigaciones
por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Policía, y sin conocimiento del afectado, puede ordenar:
a) Realizar tomas fotográficas
y registro de imágenes; y,
b) Utilizar otros medios
técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado.
Estos medios técnicos
de investigación se dispondrán cuando resulten indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la investigación
resultare menos provechosa o se vería seriamente dificultada por otros medios.
2. Estas medidas podrán
dirigirse contra otras personas si, en el supuesto del literal a) del numeral anterior, la averiguación de las circunstancias
del hecho investigado se vieran, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de no hacerlo, resultaren relevantemente menos
provechosas. En el supuesto del literal b) del numeral anterior, se podrá dirigir contra otras personas cuando, en base a
determinados hechos, se debe considerar que están en conexión con el investigado o cuando resulte indispensable para cumplir
la finalidad de la investigación, sin cuya realización se podría frustrar dicha diligencia o su esclarecimiento pueda verse
esencialmente agravado.
3. Se requerirá autorización
judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados.
4. Las medidas previstas
en el presente artículo también se pueden llevar a cabo si, por la naturaleza y ámbito de la investigación, se ven irremediablemente
afectadas terceras personas.
5. Para su utilización
como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones.(1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005,
se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición
Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose
que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones
modificatorias contenidas en este Código".
CONCORDANCIAS: R. N° 029-2005-MP-FN, 2
CAPÍTULO III
LAS PESQUISAS
Artículo 208 Motivos
y objeto de la inspección.-
1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal - o por orden de aquél, podrá inspeccionar
o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán
rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga, procede a realizar
una inspección.
2. La pesquisa tiene
por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad
para la investigación. De su realización se levantará un acta que describirá lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá
o conservarán los elementos materiales útiles.
3. Si el hecho no dejó
rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, procurando
consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de convicción de los cuales se
obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar.
4. De ser posible se
levantarán planos de señales, descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto.(1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005,
se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición
Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose
que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones
modificatorias contenidas en este Código".
CONCORDANCIAS: R. N° 029-2005-MP-FN, 3
Artículo 209 Retenciones.-
1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando resulte necesario
que se practique una pesquisa, podrá disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o
que comparezca cualquier otra.
2. La retención sólo
podrá durar cuatro horas, luego de lo cual se debe recabar, inmediatamente, orden judicial para extender en el tiempo la presencia
de los intervenidos. (1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005,
se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición
Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose
que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones
modificatorias contenidas en este Código".
Artículo 210 Registro
de personas.-
1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando existan fundadas
razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá
a registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado. Si el bien se presenta
no se procederá al registro, salvo que se considere útil proceder a fin de completar las investigaciones.
2. El registro se efectuará
respetando la dignidad y, dentro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del
mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la investigación.
3. El registro puede
comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo
utilizado.
4. Antes de iniciar el
registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir
en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.
5. De todo lo acontecido
se levantará un acta, que será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón.(1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004,
se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el
Artículo único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005,
se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición
Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose
que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones
modificatorias contenidas en este Código".
CONCORDANCIAS: R. N° 029-2005-MP-FN, 1
CAPÍTULO IV
LA INTERVENCIÓN CORPORAL
Artículo 211 Examen corporal
del imputado.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud dei Ministerio
Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, siempre
que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aún sin el consentimiento
del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales,
así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está
condicionada a que no se tema fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario se
contará con un previo dictamen pericial.
2. Si el examen corporal
de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional especializado, a
petición suya debe ser admitida otra mujer o un familiar.
3. El Fiscal podrá ordenar
la realización de ese examen si el mismo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la orden
judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial.
4. La diligencia se asentará
en acta. En esta diligencia estará presente el Abogado Defensor del imputado, salvo que no concurra pese a la citación correspondiente
o que exista fundado peligro de que la prueba se perjudique si no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente
una persona de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en ese acto. En el acta se dejará constancia de
la causal invocada para prescindir de la intervención del Abogado Defensor y de la intervención de la persona de confianza
del intervenido.
5. El Ministerio Público,
o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal,
sin orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o
cabello que no provoquen ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere
riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen pericial que establezca
la ausencia de peligro de realizarse la intervención.
Artículo 212 Examen corporal
de otras personas.-
1. Otras personas no
inculpadas también pueden ser examinadas sin su consentimiento, sólo en consideración de testigos, siempre que deba ser constatado,
para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del delito.
2. En otras personas
no inculpadas, los exámenes para la constatación de descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento
del examinado son admisibles si no cabe temer ningún daño para su salud y la medida es indispensable para la averiguación
de la verdad. Los exámenes y la extracción de análisis sanguíneos sólo pueden ser efectuados por un médico.
3. Los exámenes o extracciones
de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o incapaces,
decide su representante legal, salvo que esté inhabilitado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide
el Juez.
Artículo 213 Examen corporal
para prueba de alcoholemia.-
1. La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una inmediata
intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito mediante la conducción de vehículos, podrá realizar la
comprobación de tasas de alcoholemia en aire aspirado.
2. Si el resultado de
la comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas
u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente
para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo.
3. La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, según el numeral
1) del presente artículo, elaborará un acta de las diligencias realizadas, abrirá un Libro-Registro en el que se harán constar
las comprobaciones de aire aspirado realizadas, y comunicará lo ejecutado al Ministerio Público adjuntando un informe razonado
de su intervención.
4. Cuando se trata de
una intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito y deba procederse con arreglo al numeral 2) del presente
artículo, rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 210.
CAPÍTULO V
EL ALLANAMIENTO
Artículo 214 Solicitud
y ámbito del allanamiento.-
1. Fuera de los casos
de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que
se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación,
el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias
cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado
el ingreso en acto de función a un determinado recinto.
2. La solicitud consignará
la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias
a practicar, y el tiempo aproximado que durará.
3. Los motivos que determinaron
el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta.
Artículo 215 Contenido
de la resolución.-
1. La resolución autoritativa
contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción
que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la
diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.
2. La orden tendrá una
duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado
o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.
Artículo 216 Desarrollo
de la diligencia.-
1. Al iniciarse la diligencia
se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad
actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza.
2. Si no se encuentran
las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él,
y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces.
3. La diligencia se circunscribirá
a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación
y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.
Artículo 217 Solicitud
del Fiscal para incautación y registro de personas.-
1. Cuando sea el caso,
el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan
servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se
dejará al responsable del recinto allanado.
2. El allanamiento, si
el Fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las
mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando
los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El trasgresor será
retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar.
CAPÍTULO VI
LA EXHIBICIÓN FORZOZA Y
LA INCAUTACIÓN
SUBCAPÍTULO I
LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN
DE BIENES
Artículo 218 Solicitud
del Fiscal.-
1. Cuando el propietario,
poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del
delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se
negare a hacerlo o cuando la Ley así lo prescribiera, el Fiscal,
solicitará al Juez de la Investigación Preparatoria
ordene su incautación o exhibición forzosa. La petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias.
2. La Policía no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuando se trata de
una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al Fiscal.
Cuando existe peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el Fiscal. En todos estos casos, el Fiscal
una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria.
Artículo 219 Contenido
de la resolución.-
1. La resolución autoritativa
especificará el nombre del Fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena
y, de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o grabación con indicación del sitio en el
que tendrá lugar, y el apercibimiento de Ley para el caso de desobediencia al mandato.
2. Se aplicará, en lo
pertinente, las mismas reglas para la resolución confirmatoria.
Artículo 220 Diligencia
de secuestro o exhibición.-
1. Obtenida la autorización,
el Fiscal la ejecutará inmediatamente, contando con el auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia,
el Fiscal señalará día y hora para la realización de la diligencia, con citación de las partes. Al inicio de la diligencia
se entregará copia de la autorización al interesado, si se encontrare presente.
2. Los bienes objeto
de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad
para evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmente se debe identificar al funcionario o persona que asume
la responsabilidad o custodia del material incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada
por los participantes en el acto.
Corresponde al Fiscal
determinar con precisión las condiciones y las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación
de lo incautado, asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio.
3. Sin perjuicio de lo
anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible-
se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho sobre él, adicionalmente a su
ocupación, se operará de manera que se anote en el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial
respectiva.
4. Lo dispuesto en los
dos numerales anteriores es aplicable cuando la exhibición o incautación es realizada por la Policía o el Fiscal en los casos previstos en el artículo 216.2
5. La Fiscalía de la Nación,
a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará el Reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control
de la cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes incautados.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
Artículo 221 Conservación
y Exhibición.-
1. Según la naturaleza
y estado del bien incautado, se dispondrá su debida conservación o custodia.
2. En el caso de la exhibición
se describirá fielmente en el acta lo constatado, sin perjuicio de reproducirlo, empleando el medio técnico disponible.
Artículo 222 Devolución
de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos.-
1. El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a
terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento
del Juez de la Investigación Preparatoria.
Asimismo podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse provisionalmente
y en calidad de depósito, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario.
Los bienes sustraídos
serán entregados al agraviado.
2. Si el Fiscal no accede
a la devolución o entrega, el afectado podrá instar, dentro del tercer día, la decisión del Juez de la Investigación Preparatoria.
Artículo 223 Remate de
bien incautado.-
1. Cuando no se ha identificado
al autor o al perjudicado, el bien incautado, transcurridos seis meses, es rematado. El remate se realiza, previa decisión
de la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado
la Investigación Preparatoria o previa
orden del Juez de la Investigación Preparatoria
si existe proceso abierto, a pedido del Fiscal.
2. El remate se llevará
a cabo por el órgano administrativo competente del Ministerio Público, según las directivas reglamentarias que al efecto dicte
la Fiscalía de la Nación. En todo caso, se seguirán las siguientes pautas:
a) Valorización pericial;
b) Publicación de un
aviso en el periódico oficial o en carteles a falta de periódico.
3. El producto del remate,
descontando los gastos que han demandado las actuaciones indicadas en el numeral anterior, será depositado en el Banco de
la Nación a la orden del Ministerio Público si no se formalizó
Investigación Preparatoria y, en partes iguales, a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público si existiere proceso
abierto. Si transcurrido un año ninguna persona acredita su derecho, el Ministerio Público o el Poder Judicial, dispondrán
de ese monto, constituyendo recursos propios.
SUBCAPÍTULO II
LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN
DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS NO PRIVADOS
Artículo 224 Incautación
de documentos no privados. Deber de exhibición. Secretos.-
1. También pueden ser
objeto de exhibición forzosa o incautación las actuaciones y documentos que no tienen la calidad de privados. Cuando se trate
de un secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Juez de la
Investigación Preparatoria a fin de que proceda, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo
165 numerales 2) y 3).
El que tenga en su poder
los actos y documentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al Fiscal, incluso su original,
y todo objeto que detenten por razones de su oficio, encargo, ministerio o profesión, salvo que expresen que se trata de un
secreto profesional o de Estado.
El afectado, salvo los
casos de invocación de secreto de Estado, podrá instar la intervención judicial, para establecer si correspondía la exhibición
o incautación de todos los documentos o actos intervenidos por el Fiscal.
2. Cuando se invoque
secreto profesional, el Fiscal realizará las indagaciones necesarias a ese efecto, siempre que resulte indispensable para
la marcha de las investigaciones, y si considera infundada la oposición a la exhibición o incautación, instará la intervención
judicial. El Juez de la Investigación Preparatoria,
previa audiencia, si considera fundada la petición del Fiscal ordenará la incautación.
3. Cuando se invoque
secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Presidente del Consejo de Ministros solicitando confirme ese carácter. En caso se
confirme la existencia del secreto y la prueba sea esencial para la definición de la causa, el Fiscal acudirá al Juez de la Investigación preparatoria, para que previa audiencia con asistencia
de las partes decida si clausura la investigación por existir secreto de Estado.
Artículo 225 Copia de
documentos incautados.-
1. El Fiscal podrá obtener
copia de las actuaciones y de los documentos incautados, restituyendo los originales. Cuando mantenga la incautación de los
originales, podrá autorizar la expedición gratuita de copia certificada a aquellos que los detentaban legítimamente.
2. Los servidores o funcionarios
públicos podrán expedir copias, extractos o certificaciones de los documentos restituidos, en original o copia, por el Fiscal,
pero deberá hacer mención en ellos de la incautación existente.
3. A la persona u oficina ante la que se efectuó la incautación, debe entregársele
copia del acta de incautación realizada.
4. Si el documento incautado
forma parte de un volumen o un registro del cual no puede ser separado y el Fiscal no considera conveniente extraer copia,
el volumen entero o el registro permanecerá en depósito judicial. El funcionario Público con la autorización del Fiscal, expedirá
a los interesados que lo soliciten, copias, extractos o certificados de las partes del volumen o registro no sujetas a incautación,
haciendo mención de la incautación parcial, en las copias, extractos y certificados.
5. Los afectados podrán
instar la intervención del Juez de la Investigación Preparatoria
cuando la disposición del Fiscal afecta irrazonablemente sus derechos o intereses jurídicos. El Juez se pronunciará previa
audiencia con asistencia de los afectados y de las partes.
CAPÍTULO VII
EL CONTROL DE COMUNICACIONES
Y DOCUMENTOS PRIVADOS
SUBCAPÍTULO I
LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN
POSTAL
Artículo 226 Autorización.-
1. Las cartas, pliegos,
valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas -públicas o privadas- postales
o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón
de especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, pueden ser objeto, a
instancia del Fiscal al Juez de la Investigación Preparatoria,
de interceptación, incautación y ulterior apertura.
2. La orden judicial
se instará cuando su obtención sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta medida, estrictamente
reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor que el
período de la investigación.
3. Del mismo modo, se
podrá disponer la obtención de copias o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá, mediante trámite
reservado e inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la
medida podrá ser apelada por el Fiscal, e igualmente se tramitará reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e
inmediatamente.
Artículo 227.- Ejecución.-
1. Recabada la autorización,
el Fiscal -por sí o encargando su ejecución a un funcionario de la Fiscalía
o un efectivo Policial- realizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación. Acto seguido examinará externamente
la correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar conocimiento de su contenido, y retendrá aquellos que tuvieren
relación con el hecho objeto de la investigación. De lo actuado se levantará un acta.
2. La apertura se efectuará
en el despacho Fiscal. El Fiscal leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tienen relación
con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta al Juez de la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investigado
serán devueltos a su destinatario -directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones-. La entrega podrá entenderse
también con algún miembro de la familia del destinatario, a algún miembro de su familia o a su mandatario o representante
legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a criterio del Fiscal, se dejará copia certificada de aquella
parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa.
3. En todos los casos
previstos en este artículo se redactará el acta correspondiente.
Artículo 228 Diligencia
de reexamen judicial.-
1. Cumplida la diligencia
y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo
lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado.
2. La audiencia se realizará
con asistencia del afectado, de su defensor y de las demás partes. El Juez decidirá si la diligencia se realizó correctamente
y si la interceptación e incautación han comprendido comunicaciones relacionadas con la investigación.
Artículo 229 Requerimiento
a tercera persona.- Si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser requerida se niega a entregarla, será
informada que incurre en responsabilidad penal. Si persiste en su negativa, se redactará acta de ésta y seguidamente se le
iniciará la investigación pertinente.
Si dicha persona alegare
como fundamento de su negativa, secreto de Estado o inmunidad diplomática, se procederá conforme al numeral 3) del artículo
224 en el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo caso.
SUBCAPÍTULO II
LA INTERVENCIÓN
DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
Artículo 230 Intervención
o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.-
1. El Fiscal, cuando
existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro
años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar
al Juez de la Investigación Preparatoria
la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dispuesto en
el numeral 4) del artículo 226.
2. La orden judicial
puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos
determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su
comunicación.
3. El requerimiento del
Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la acuerde, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida,
así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar
o registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la autoridad o funcionario,
policial o de la propia Fiscalía, que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación o registro.
4. Las empresas telefónicas
y de telecomunicaciones deberán posibilitar la diligencia de intervención y grabación o registro, bajo apercibimiento de ser
denunciados por delito de desobediencia a la autoridad. Los encargados de realizar la diligencia y los servidores de las indicadas
empresas deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.
5. Si los elementos de
convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado
para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.
6. La interceptación
no puede durar más de treinta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento del Fiscal
y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.
Artículo 231 Registro
de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.
1. La intervención de
comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación que trata el artículo anterior, será registrada mediante
su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro. La grabación será entregada
al Fiscal, quien dispondrá su conservación con todas las medidas de seguridad correspondientes y cuidará que la misma no sea
conocida por terceras personas.
2. El Fiscal dispondrá
la transcripción escrita de la grabación, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales
de la grabación. Las comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las
personas afectadas con la medida, y se destruirá toda la transcripción o copias de ellas por el Ministerio Público. No rige
esta última disposición respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos
en tanto pudieren constituir un hecho punible.
3. Una vez ejecutada
la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento
del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. La notificación
al afectado sólo será posible si el objeto de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la
integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta
a un plazo que el Juez fijará.
4. La audiencia judicial
de reexamen de la intervención se realizará en el más breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado
haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto.
SUBCAPÍTULO III
EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN
DE DOCUMENTOS PRIVADOS
Artículo 232 Aseguramiento
de documentos privados.- Cuando la Policía o el Fiscal,
al realizar un registro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido
o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación
con arreglo al artículo siguiente, se limitará a asegurarlo -sin examinar su contenido-, sin perjuicio que el Fiscal lo ponga
a inmediata disposición judicial, antes de vencidas las veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado
y solicitando dicte orden de incautación, previo examen del documento. El Juez resolverá dentro de un día de recibida la comunicación
bajo responsabilidad.
Artículo 233 Incautación
de documentos privados.-
1. El Fiscal, cuando
existan motivos suficientes para estimar que una persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación,
solicitará al Juez para la Investigación Preparatoria
dicte orden de incautación.
2. La resolución autoritativa
se expedirá inmediatamente, sin trámite alguno, y contendrá fundamentalmente el nombre del Fiscal a quien autoriza, la persona
objeto de intervención y, de ser posible, el tipo de documento materia de incautación.
3. Recabada la autorización,
el Fiscal la ejecutará inmediatamente. De la diligencia se levantará el acta de incautación correspondiente, indicándose las
incidencias del desarrollo de la misma.
4. Rige, en lo pertinente,
el artículo 218 y siguientes.
Artículo 234 Aseguramiento
e incautación de documentos contables y administrativos.-
1. La Fiscalía, o la Policía
por orden del Fiscal, cuando se trata de indagaciones indispensables para el esclarecimiento de un delito, puede inspeccionar
los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos de una persona, natural o jurídica. Si de su revisión considera
que debe incautar dicha documentación, total o parcialmente, y no cuenta con orden judicial, se limitará a asegurarla, levantando
el acta correspondiente. Acto seguido el Fiscal requerirá la inmediata intervención judicial, antes de vencidas veinticuatro
horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y el acta respectiva, solicitando a su vez el mandato de incautación
correspondiente.
2. Rige, en lo pertinente,
lo dispuesto en los artículos 230 y 231.
CAPÍTULO VIII
EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO Y DE LA RESERVA TRIBUTARIA
Artículo 235 Levantamiento
del secreto bancario.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal,
podrá ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente
para el esclarecimiento del caso investigado.
2. Recibido el informe
ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proceder a la incautación del documento, títulos - valores, sumas depositadas
y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene
relación con el hecho punible investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del proceso, aunque no pertenezcan
al imputado o no se encuentren registrados a su nombre.
3. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal,
siempre que existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario
o financiero y, asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito. Rige lo dispuesto en el numeral 2 del presente
artículo.
4. Dispuesta la incautación,
el Fiscal observará en lo posible el procedimiento señalado en el artículo 223.
5. Las empresas o entidades
requeridas con la orden judicial deberán proporcionar inmediatamente la información correspondiente y, en su momento, las
actas y documentos, incluso su original, sí así se ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por razón de su actividad.
6. Las operaciones no
comprendidas por el secreto bancario serán proporcionadas directamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte necesario
para los fines de la investigación del hecho punible.
Artículo 236 Levantamiento
de la reserva tributaria.-
1. El Juez, a pedido
del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la
Administración Tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter
tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.
2. La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la
información, documentos o declaraciones ordenados por el Juez.
3. Rige, en lo pertinente,
lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo anterior.
CAPÍTULO IX
LA CLAUSURA O VIGILANCIA
DE LOCALES E INMOVILIZACIÓN
Artículo 237 Procedencia.-
1. El Juez, a pedido
del Fiscal y cuando fuere indispensable para la investigación de un delito sancionado con pena superior a cuatro años de privación
de libertad, podrá disponer la clausura o la vigilancia temporal de un local, por un plazo no mayor de quince días, prorrogables
por un plazo igual si las circunstancias lo exigieran.
2. Asimismo, podrá disponer
la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensión no puedan ser mantenidas en depósito y puedan servir
como medios de prueba. En este caso se procederá a asegurarlas según las reglas del allanamiento. Los plazos de permanencia
de dichos bienes en poder de la autoridad son los mismos del numeral anterior.
Artículo 238 Solicitud
del Fiscal.- El Fiscal especificará en su solicitud los fundamentos y la finalidad que persigue, la individualidad del local
o bien mueble objeto de la petición, el tiempo aproximado de duración de la medida y demás datos que juzgue convenientes.
Artículo 239 Contenido
de la resolución.- La resolución autoritativa contendrá el nombre del Fiscal que solicita, la expresa autorización del local
o bien mueble, el tiempo de duración de la medida y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.
Artículo 240 Forma de
la diligencia.- Obtenida la autorización, con citación de las partes y si es necesario con auxilio policial, se llevará a
cabo la medida redactándose acta que será suscrita en el mismo lugar, salvo circunstancias de fuerza mayor. El Fiscal dictará
las medidas más apropiadas para la custodia y conservación de las cosas muebles.
Artículo 241 Clausura,
vigilancia e inmovilización de urgencia.- El Fiscal podrá ordenar y ejecutar, por razones de urgencia o peligro por la demora,
la clausura o vigilancia del local o la inmovilización de los bienes muebles, cuando sea indispensable para iniciar o continuar
la investigación. Efectuada la medida, antes de vencidas las veinticuatro horas de realizada la diligencia, solicitará al
Juez la resolución confirmatoria y para el efecto adjuntará copia del acta.
TÍTULO IV
LA PRUEBA ANTICIPADA
Artículo 242 Supuestos
de prueba anticipada.-
1. Durante la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal
o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al Juez de la
Investigación Preparatoria actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos:
a) Testimonial y examen
del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá
hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas
o promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. El interrogatorio al perito, puede incluir
el debate pericial cuando éste sea procedente.
b) Careo entre las personas
que han declarado, por los mismos motivos del literal anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
182.
c) Reconocimientos, inspecciones
o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, y
no sea posible postergar su realización hasta la realización del juicio.
2. Las mismas actuaciones
de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia.
Artículo 243 Requisitos
de la solicitud.-
1. La solicitud de prueba
anticipada se presentará al Juez de la Investigación Preparatoria
en el curso de la investigación preparatoria o hasta antes de remitir la causa al Juzgado Penal siempre que exista tiempo
suficiente para realizarla en debida forma.
2. La solicitud precisará
la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las razones de su importancia para la decisión en el juicio. También
indicarán el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia, que no permitan
su actuación en el juicio.
3. La solicitud, asimismo,
debe señalar los sujetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. El Ministerio Público asistirá obligatoriamente
a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto.
Artículo 244 Trámite
de la solicitud.-
1. El Juez correrá traslado
por dos días para que los demás sujetos procesales presenten sus consideraciones respecto a la prueba solicitada.
2. El Fiscal, motivadamente,
podrá solicitar el aplazamiento de la diligencia solicitada por otra de las partes, siempre que no perjudique la práctica
de la prueba requerida, cuando su actuación puede perjudicar los actos de investigación inmediatos, indicando con precisión
las causas del perjuicio. Asimismo, indicará el término del aplazamiento solicitado.
3. El Juez decidirá,
dentro de los dos días, si acoge la solicitud de prueba anticipada y, en su caso, si aplaza la diligencia y el plazo respectivo.
4. En casos de urgencia,
para asegurar la práctica de la prueba, el Juez dispondrá que los términos se abrevien en la medida necesaria. Si existe peligro
inminente de pérdida del elemento probatorio y su actuación no admita dilación, a pedido del Fiscal, decidirá su realización
de inmediato, sin traslado alguno, y actuará la prueba designando defensor de oficio para que controle el acto, si es que
resulta imposible comunicar su actuación a la defensa.
5. La resolución que
dispone la realización de la prueba anticipada especificará el objeto de la prueba, las personas interesadas en su práctica
y la fecha de la audiencia, que, salvo lo dispuesto en el caso de urgencia, no podrá ser antes del décimo día de la citación.
Se citará a todos los sujetos procesales, sin exclusión.
6. Si se trata de la
actuación de varias pruebas, se llevarán a cabo en una audiencia única, salvo que su realización resulte manifiestamente imposible.
Artículo 245 Audiencia
de prueba anticipada.-
1. La audiencia se desarrollará
en acto público y con la necesaria participación del Fiscal y del abogado defensor del imputado. Si el defensor no comparece
en ese acto se nombrará uno de oficio, salvo que por la naturaleza de la prueba pueda esperar su práctica. La audiencia, en
este último caso, se señalará necesariamente dentro del quinto día siguiente, sin posibilidad de aplazamiento.
2. Los demás sujetos
procesales serán citados obligatoriamente y tendrán derecho a estar presentes en el acto. Su inconcurrencia no frustra la
audiencia.
3. Las pruebas serán
practicadas con las formalidades establecidas para el juicio oral.
4. Si la práctica de
la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede ser aplazada al día siguiente hábil, salvo que su desarrollo requiera
un tiempo mayor.
5. El acta y demás cosas
y documentos agregados al cuaderno de prueba anticipada serán remitidos al Fiscal. Los defensores tendrán derecho a conocerlos
y a obtener copia.
Artículo 246 Apelación.-
Contra la resolución que decreta la actuación de prueba anticipada, que la desestime o disponga el aplazamiento de su práctica,
así como decida la realización de la diligencia bajo el supuesto de urgencia, procede recurso de apelación, con efecto devolutivo.
TÍTULO V
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 247 Personas
destinatarias de las medidas de protección.-
1. Las medidas de protección
previstas en este Título son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos, agraviados o colaboradores intervengan
en los procesos penales.
2. Para que sean de aplicación
las medidas de protección será necesario que el Fiscal durante la investigación preparatoria o el Juez aprecie racionalmente
un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus
ascendientes, descendientes o hermanos.
Artículo 248 Medidas
de protección.-
1. El Fiscal o el Juez,
según el caso, apreciadas las circunstancias previstas en el artículo anterior, de oficio o a instancia de las partes, adoptará
según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión
y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado.
2. Las medidas de protección
que pueden adoptarse son las siguientes:
a) Protección policial.
b) Cambio de residencia.
c) Ocultación de su paradero.
d) Reserva de su identidad
y demás datos personales en las diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación,
pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave.
e) Utilización de cualquier
procedimiento que imposibilite su identificación visual normal en las diligencias que se practiquen.
f) Fijación como domicilio,
a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía
competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario.
g) Utilización de procedimientos
tecnológicos, tales como videoconferencias u otros adecuados, siempre que se cuenten con los recursos necesarios para su implementación.
Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en peligro la seguridad del protegido una vez desvelada su identidad y siempre
que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las partes.
Artículo 249 Medidas
adicionales.-
1. La Fiscalía y la Policía
encargada cuidarán de evitar que a los agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto de protección se les hagan fotografías
o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar dicho material y devuelto inmediatamente
a su titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los protegidos de forma tal que pudieran
ser identificados. Se les facilitará, asimismo, traslados en vehículos adecuados para las diligencias y un ambiente reservado
para su exclusivo uso, convenientemente custodiado, cuando sea del caso permanecer en las dependencias judiciales para su
declaración.
2. El Fiscal decidirá
si, una vez finalizado el proceso, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este Título,
la continuación de las medidas de protección.
3. En casos excepcionales,
el Juez a pedido del Fiscal, podrá ordenar la emisión de documentos de una nueva identificación y de medios económicos para
cambiar su residencia o lugar de trabajo.
Artículo 250 Variabilidad
de las medidas.-
1. El órgano judicial
competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas
de las medidas de protección adoptadas por el Fiscal o el Juez durante las etapas de Investigación Preparatoria o Intermedia,
así como si proceden otras nuevas.
2. Si cualquiera de las
partes solicita motivadamente, antes del inicio del juicio oral o para la actuación de una prueba anticipada referida al protegido,
el conocimiento de su identidad, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el órgano jurisdiccional en el mismo
auto que declare la pertinencia de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio del derecho de defensa,
podrá facilitar el nombre y los apellidos de los protegidos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en
este Título.
3. Dentro del tercer
día de la notificación de la identidad de los protegidos, las partes podrán proponer nuevas pruebas tendentes a acreditar
alguna circunstancia que pueda incluir en el valor probatorio de su testimonio.
Artículo 251 Reexamen
e Impugnaciones.-
1. Contra la disposición
del Fiscal que ordena una medida de protección, procede que el afectado recurra al Juez de la investigación preparatoria para
que examine su procedencia.
2. Contra las resoluciones
referidas a las medidas de protección procede recurso de apelación con efecto devolutivo.
Artículo 252 Programa
de protección.- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Fiscalía
de la Nación y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
reglamentará los alcances de este Título. Asimismo, en coordinación con la
Fiscalía de la Nación, definirá el Programa
de Protección de agraviados, testigos, peritos y colaboradores de la justicia.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
SECCIÓN III
LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL
TÍTULO I
PRECEPTOS GENERALES
Artículo 253 Principios
y finalidad.-
1. Los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos
a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella.
2. La restricción de
un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre
que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción.
3. La restricción de
un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario,
para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para
impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.
Artículo 254 Requisitos
y trámite del auto judicial.-
1. Las medidas que el
Juez de la Investigación Preparatoria
imponga en esos casos requieren resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto procesal legitimado.
A los efectos del trámite rigen los numerales 2) y 4) del artículo 203.
2. El auto judicial deberá
contener, bajo sanción de nulidad:
a) La descripción sumaria
del hecho, con la indicación de las normas legales que se consideren transgredidas.
b) La exposición de las
específicas finalidades perseguidas y de los elementos de convicción que justifican en concreto la medida dispuesta, con cita
de la norma procesal aplicable.
c) La fijación del término
de duración de la medida, en los supuestos previstos por la Ley,
y de los controles y garantías de su correcta ejecución.
Artículo 255 Legitimación
y variabilidad.-
1. Las medidas establecidas
en este Título, sin perjuicio de las reconocidas a la Policía
y al Fiscal, sólo se impondrán por el Juez a solicitud del Fiscal, salvo el embargo y la ministración (*) NOTA SPIJ provisional
de posesión que también podrá solicitar el actor civil. La solicitud indicará las razones en que se fundamenta el pedido y,
cuando corresponda, acompañará los actos de investigación o elementos de convicción pertinentes.
2. Los autos que se pronuncien
sobre estas medidas son reformables, aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo.
3. Salvo lo dispuesto
respecto del embargo y de la ministración (*) NOTA SPIJ provisional de posesión, corresponde al Ministerio Público y al imputado
solicitar al Juez la reforma, revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal, quien resolverá en el plazo de
tres días, previa audiencia con citación de las partes.
Artículo 256 Sustitución
o acumulación.- La infracción de una medida impuesta por el Juez, determinará, de oficio o a solicitud de la parte legitimada,
la sustitución o la acumulación con otra medida más grave, teniendo en consideración la entidad, los motivos y las circunstancias
de la trasgresión, así como la entidad del delito imputado.
Artículo 257 Impugnación.-
1. Los autos que impongan,
desestimen, reformen, sustituyan o acumulen las medidas previstas en esta Sección son impugnables por el Ministerio Público
y el imputado.
2. El actor civil y el
tercero civil sólo podrán recurrir respecto de las medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a la reparación civil.
Artículo 258 Intervención
de los sujetos procesales.- En el procedimiento de imposición de una medida prevista en esta sección seguido ante el Juez
de la Investigación Preparatoria y en
el procedimiento recursal, los demás sujetos procesales podrán intervenir presentando informes escritos o formulando cualquier
requerimiento, luego de iniciado el trámite. Esta intervención procederá siempre que no peligre la finalidad de la medida.
TÍTULO II
LA DETENCIÓN
Artículo 259 Detención
Policial.-
1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.
2. Existe flagrancia
cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido
y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que
acaba de ejecutarlo.
3. Si se tratare de una
falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de
identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.(*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 259.-
Detención Policial
1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe
flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando:
a) Ha huido y ha sido
identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya
presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las
24 horas de producido el hecho punible.
b) Es encontrado dentro
de las 24 horas, después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquél o que hubieren sido
empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el
hecho delictuoso.
2. Si se tratare de una
falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de
identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.”
Artículo 260 Arresto
Ciudadano.-
1. En los casos previstos
en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.
2. En este caso debe
entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirirgirse a
la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza
a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás
circunstancias de la intervención.
Artículo 261 Detención
Preliminar Judicial.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal,
sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictará mandato de detención preliminar, cuando:
a) No se presente un
supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado
con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad
de fuga.
b) El sorprendido en
flagrante delito logre evitar su detención.
c) El detenido se fugare
de un centro de detención preliminar.
2. En los supuestos anteriores,
para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes
datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento.
3. La orden de detención
deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad
posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias
podrá ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u otro medio de comunicación
válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En todos estos casos la comunicación deberá contener los datos de
identidad personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral dos.
4. Las requisitorias
cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses. Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad,
salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas
no caducarán hasta la efectiva detención de los requisitoriados.
Artículo 262 Motivación
del auto de detención.- El auto de detención deberá contener los datos de identidad del imputado, la exposición sucinta de
los hechos objeto de imputación, los fundamentos de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables.
Artículo 263 Deberes
de la policía.-
1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto
ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público.
También informará al Juez de la Investigación Preparatoria
tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
2. En los casos del artículo
261, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará
la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de los literales
a) y b) del numeral 1 del artículo 261, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su Defensor o el de oficio,
a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición
del Fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales, constatada
la identidad, dispondrá lo conveniente.
3. En todos los casos,
la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste
los derechos previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta.
Artículo 264 Plazo de
la detención.-
1. La detención policial
de oficio o la detención preliminar sólo durará un plazo de veinticuatro horas, a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena
la libertad del detenido o si, comunicando al Juez de la
Investigación Preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra
medida alternativa.
2. La detención policial
de oficio o la detención preliminar podrá durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas.
El Juez Penal, en estos
casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas:
a) Constituirse, a requerimiento
del detenido, al lugar donde se encuentra el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de
las investigaciones y el estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida del derecho de defensa o de irregularidades
que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pondrá tales irregularidades en conocimiento del Fiscal del caso,
sin perjuicio de comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior competente. El Fiscal dictará las medidas de corrección que correspondan,
con conocimiento del Juez que intervino.
b) Disponer el inmediato
reconocimiento médico legal del detenido, en el término de la distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado,
sin perjuicio de autorizar en cualquier momento su reconocimiento por médico particular. El detenido tiene derecho, por sí
sólo, por su Abogado o por cualquiera de sus familiares, a que se le examine por médico legista o particulares, sin que la Policía o el Ministerio Público puedan limitar este derecho.
c) Autorizar el traslado
del detenido de un lugar a otro de la República después
de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria
para el éxito de la investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no podrá exceder del plazo señalado
en el primer párrafo de este artículo y deberá ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de destino.
3. Al requerir el Fiscal
en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva del imputado, la detención preliminar se mantiene hasta
la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Artículo 265 Detención
preliminar incomunicada.-
1. Detenida una persona
por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, o por un delito sancionado con pena superior a los seis
años, el Fiscal podrá solicitar al Juez de la Investigación
Preparatoria que decrete su incomunicación, siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de
los hechos investigados y por un plazo no mayor de diez días, siempre que no exceda el de la duración de la detención. El
Juez deberá pronunciarse inmediatamente y sin trámite alguno sobre la misma, mediante resolución motivada.
2. La incomunicación
no impide las conferencias en privado entre el abogado defensor y el detenido, las que no requieren autorización previa ni
podrán ser prohibidas.
Artículo 266 Convalidación
de la detención.-
1. Vencido el plazo de
detención preliminar, el Fiscal, salvo los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, si considera que
subsisten las razones que determinaron la detención, lo pondrá a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria requiriendo auto de convalidación de la detención.
En caso contrario, dispondrá la inmediata libertad del detenido.
2. El Juez, ese mismo
día, realizará la audiencia con asistencia del Fiscal, del imputado y de su defensor, y luego de escuchar a los asistentes,
teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público, decidirá en ese mismo acto mediante resolución
motivada lo que corresponda.
3. La detención convalidada
tendrá un plazo de duración de siete días naturales, a cuyo vencimiento se pondrá al detenido a disposición del Juez de la Investigación Preliminar para determinar si dicta mandato
de prisión preventiva o comparecencia, simple o restrictiva.
4. En los supuestos de
detención por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, vencido el plazo de quince días establecido
en la Constitución, el Fiscal solicitará de ser el
caso la medida de prisión preventiva u otra alternativa prevista en este Código.
Artículo 267 Recurso
de apelación.-
1. Contra el auto previsto
en el numeral 1) del artículo 261, y los que decretan la incomunicación y la convalidación de la detención procede recurso
de apelación. El plazo para apelar es de un día. La apelación no suspende la ejecución del auto impugnado.
2. El Juez elevará los
actuados inmediatamente a la Sala Penal, la que resolverá
previa vista de la causa que la señalará dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidos los autos. La decisión se expedirá
el día de la vista o al día siguiente, bajo responsabilidad.
TÍTULO III
LA PRISIÓN PREVENTIVA
CAPÍTULO I
LOS PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Artículo 268 Presupuestos
materiales.-
1. El Juez, a solicitud
del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar
la concurrencia de los siguientes presupuestos:
a) Que existen fundados
y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse
sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y
c) Que el imputado, en
razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir
la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
2. También será presupuesto
material para dictar mandato de prisión preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en los
literales a) y b) del numeral anterior, la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado
a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella
le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la verdad.
Artículo 269 Peligro
de fuga.- Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país
del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades
para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La gravedad de la
pena que se espera como resultado del procedimiento;
3. La importancia del
daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, frente a él;
4. El comportamiento
del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse
a la persecución penal.
Artículo 270 Peligro
de obstaculización.- Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:
1. Destruirá, modificará,
ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.
2. Influirá para que
coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
3. Inducirá a otros a
realizar tales comportamientos.
Artículo 271 Audiencia
y resolución.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento
del Ministerio Público realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se celebrará
con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista será reemplazado
por el defensor de oficio.
2. Rige en lo pertinente,
para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el artículo 8, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin
necesidad de postergación alguna. El Juez de la Investigación
Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal
y el abogado defensor serán sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia. Si el imputado se niega
por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea
el caso. En este último supuesto deberá ser notificado con la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la conclusión de la audiencia.
3. El auto de prisión
preventiva será especialmente motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que
lo sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado
el requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia restrictiva o simple según el caso.
CAPÍTULO II
LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Artículo 272 Duración.-
1. La prisión preventiva
no durará más de nueve meses.
2. Tratándose de procesos
complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses.
Artículo 273 Libertad
del imputado.- AI vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud
de las partes decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias
para asegurar su presencia en las diligencias judiciales, incluso las restricciones a que se refieren los numerales 2) al
4) del artículo 288.
Artículo 274 Prolongación
de la prisión preventiva.-
1. Cuando concurran circunstancias
que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción
de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2 del artículo 272.
El Fiscal debe solicitarla al Juez antes de su vencimiento.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización
de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Ésta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio
Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto
o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad.
3. La resolución que
se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El
procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del artículo 278.
4. Una vez condenado
el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
Artículo 275 Cómputo
del plazo de la prisión preventiva.-
1. No se tendrá en cuenta
para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles
al imputado o a su defensa.
2. El cómputo del plazo,
cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará
el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución.
3. En los casos en que
se declare la nulidad de procesos seguidos ante la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos punibles
imputados a la jurisdicción penal ordinaria, el plazo se computará desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión
preventiva.
Artículo 276 Revocatoria
de la libertad.- La libertad será revocada, inmediatamente, si el imputado no cumple con asistir, sin motivo legítimo, a la
primera citación que se le formule cuando se considera necesaria su concurrencia. El Juez seguirá el trámite previsto en el
numeral 2) del artículo 279.
Artículo 277 Conocimiento
de la Sala.- El Juez deberá poner en conocimiento de la Sala Penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación
de la prisión preventiva.
CAPÍTULO III
LA IMPUGNACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Artículo 278 Apelación.-
1. Contra el auto de
prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la apelación es de tres días. El Juez de la Investigación Preparatoria elevará los actuados dentro de las veinticuatro
horas, bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo.
2. La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de
las setenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del defensor del imputado. La decisión,
debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad.
3. Si la Sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que el
mismo u otro Juez dicte la resolución que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 271.
CAPÍTULO IV
LA REVOCATORIA DE LA COMPARECENCIA POR PRISIÓN PREVENTIVA
Artículo 279 Cambio de
comparecencia por prisión preventiva.-
1. Si durante la investigación
resultaren indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está incurso en los supuestos del
artículo 268, el Juez a petición del Fiscal, podrá dictar auto de prisión preventiva.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria citará a una audiencia
para decidir sobre el requerimiento Fiscal. La audiencia se celebrará con los asistentes que concurran. El Juez emitirá resolución
inmediatamente o dentro de las cuarenta y ocho horas de su celebración.
3. Contra la resolución
que se emita procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo.
CAPÍTULO V
LA INCOMUNICACIÓN
Artículo 280 Incomunicación.-
La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el establecimiento de un
delito grave. No podrá exceder de diez días. La incomunicación no impide las conferencias en privado entre el Abogado Defensor
y el preso preventivo, las que no requieren autorización previa ni podrán ser prohibidas. La resolución que la ordena se emitirá
sin trámite alguno, será motivada y puesta en conocimiento a la Sala
Penal. Contra ella procede recurso de apelación dentro del plazo de un día. La Sala Penal seguirá el trámite previsto en el artículo 267.
Artículo 281 Derechos.-
El incomunicado podrá leer libros, diarios, revistas y escuchar noticias de libre circulación y difusión. Recibirá sin obstáculos
la ración alimenticia que le es enviada.
Artículo 282 Cese.- Vencido
el término de la incomunicación señalada en la resolución, cesará automáticamente.
CAPÍTULO VI
LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Artículo 283 Cesación
de la Prisión preventiva.- EI imputado podrá solicitar la
cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente.
El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite
previsto en el artículo 274.
La cesación de la medida
procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte
necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración,
adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado
de la causa.
El Juez impondrá las
correspondientes reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad
de la medida.
Artículo 284 Impugnación.-
1. El imputado y el Ministerio
Público podrán interponer recurso de apelación, dentro del tercer día de notificado. La apelación no impide la excarcelación
del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la prisión preventiva.
2. Rige lo dispuesto,
en lo pertinente, en los numerales 1) y 2) del artículo 278.
Artículo 285 Revocatoria.-
La cesación de la prisión preventiva será revocada si el imputado infringe las reglas de conducta o no comparece a las diligencias
del proceso sin excusa suficiente o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan se dicte auto de prisión
preventiva en su contra. Asimismo perderá la caución, si la hubiere pagado, la que pasará a un fondo de tecnificación de la
administración de justicia.
TÍTULO IV
LA COMPARECENCIA
Artículo 286 Presupuestos.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria dictará mandato de comparecencia
simple si el Fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 266.
2. También lo hará cuando,
de mediar requerimiento Fiscal, no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268.
Artículo 287 La comparecencia
restrictiva.-
1. Se impondrán las restricciones
previstas en el artículo 167, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente
evitarse. También podrá utilizarse, alternativamente, alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar
no se excedan las restricciones impuestas a la libertad personal.
2. El Juez podrá imponer
una de las restricciones o combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.
3. Si el imputado no
cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el Fiscal o por el Juzgador en su caso, se revocará
la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el Juez será el previsto en el artículo 288.
Artículo 288 Las restricciones.-
Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes:
1. La obligación de someterse
al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quién informará periódicamente en los plazos designados.
2. La obligación de no
ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días
que se le fijen.
3. La prohibición de
comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.
4. La prestación de una
caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal
idónea y suficiente.
Artículo 289 La caución.-
1. La caución consistirá
en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas
y las órdenes de la autoridad.
La calidad y cantidad
de la caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes
del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieren influir
en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial.
No podrá imponerse una
caución de imposible cumplimiento para el imputado, en atención a su situación personal, a su carencia de medios y a las características
del hecho atribuido.
2. La caución será personal
cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la
Nación. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una o
más personas naturales o jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se
le haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente.
3. La caución será real
cuando el imputado constituya depósito de efecto público o valores cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que
el Juez determine. Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades
de las cauciones precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme como la
más adecuada.
4. Cuando el imputado
sea absuelto o sobreseído, o siendo condenado no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta
la caución con los respectivos intereses devengados, o en su caso, quedará sin efecto la garantía patrimonial constituida
y la fianza personal otorgada.
Artículo 290 Detención
domiciliaria.-
1. Se impondrá detención
domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado:
a) Es mayor de 65 años
de edad;
b) Adolece de una enfermedad
grave o incurable;
c) Sufre grave incapacidad
física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento;
d) Es una madre gestante.
2. En todos los motivos
previstos en el numeral anterior, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización
pueda evitarse razonablemente con su imposición.
3. La detención domiciliaria
debe cumplirse en el domicilio del imputado o en otro que el Juez designe y sea adecuado a esos efectos, bajo custodia de
la autoridad policial o de una institución -pública o privada- o de tercera persona designada para tal efecto.
Cuando sea necesario,
se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan
con él o que lo asisten.
El control de la observancia
de las obligaciones impuestas corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención
domiciliaria una caución.
4. El plazo de duración
de detención domiciliaria es el mismo que el fijado para la prisión preventiva. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los
artículos 273 al 277.
5. Si desaparecen los
motivos de detención domiciliaria establecidos en los literales b) al d) del numeral 1), el Juez -previo informe pericial-
dispondrá la inmediata prisión preventiva del imputado.
Artículo 291 Comparecencia
simple.-
1. El Juez prescindirá
de las restricciones previstas en el artículo 288, cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los
actos de investigación aportados no lo justifiquen.
2. La infracción de la
comparecencia, en los casos en que el imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia, determinará la orden
de ser conducido compulsivamente por la Policía.
Artículo 292 Notificaciones
especiales.- El mandato de comparecencia y las demás restricciones impuestas serán notificadas al imputado mediante citación
que le entregará el secretario por intermedio de la Policía,
o la dejará en su domicilio a persona responsable que se encargue de entregarla, sin perjuicio de notificársele por la vía
postal, adjuntándose a los autos constancia razonada de tal situación.
La Policía, además, dejará constancia de haberse informado de la identificación del procesado
a quien notificó o de la verificación de su domicilio, si estaba ausente.(*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 5 de la Ley N° 28924, publicada el 08 diciembre
2006, la misma que de conformidad con su Artículo 7 entra en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación, cuyo
texto es el siguiente:
“Artículo 292.-
Notificaciones especiales
El mandato de comparecencia
y las demás restricciones impuestas serán notificadas al imputado mediante citación que le entregará el secretario por intermedio
del auxiliar judicial correspondiente, o la dejará en su domicilio a persona responsable que se encargue de entregarla, sin
perjuicio de notificársele por la vía postal, adjuntándose a los autos constancia razonada de tal situación.
El auxiliar judicial,
además, dejará constancia de haberse informado de la identificación del procesado a quien notificó o de la verificación de
su domicilio, si estaba ausente.”
TÍTULO V
LA INTERNACIÓN PREVENTIVA
Artículo 293 Presupuestos.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria podrá ordenar la internación
preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave
alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros, cuando medien los
siguientes presupuestos:
a) La existencia de elementos
de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él y probablemente
será objeto de una medida de seguridad de internación.
b) La existencia de una
presunción suficiente de que no se someterá al procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen análogamente
los artículos 269 y 270.
2. Si se establece que
el imputado está incurso en el artículo 20, inciso dos, del Código Penal, el Juez de la Investigación Preliminar informará al Juzgado Penal competente para dictar la decisión
final sobre su inimputabilidad e internación y lo pondrá a su disposición.
Rige lo dispuesto en
los numerales 2) y 3) del artículo 274. No será necesaria la concurrencia del imputado si su estado de salud no lo permite,
pero es obligatoria la presencia de su defensor. El Imputado podrá ser representado por un familiar.
Artículo 294 Internamiento
previo para observación y examen.
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, después de recibir una
comunicación motivada de los peritos, previa audiencia con asistencia de las partes legitimadas, instada de oficio o a pedido
de parte, podrá disponer -a los efectos de la preparación de un dictamen sobre el estado psíquico del imputado-, que el imputado
sea llevado y observado en un hospital psiquiátrico público.
2. Para adoptar esta
decisión deberá tomar en cuenta si existen elementos de convicción razonable de la comisión del delito, siempre que guarde
relación con la importancia del asunto y que corresponda esperar una sanción grave o la medida de seguridad de internamiento.
3. El internamiento previo
no puede durar más de un mes.
TÍTULO VI
EL IMPEDIMENTO DE SALIDA
Artículo 295 Solicitud
del Fiscal.-
1. Cuando durante la
investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años resulte indispensable para la indagación
de la verdad, el Fiscal podrá solicitar al Juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la
localidad donde domicilia o del lugar que se le fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo
importante.
2. El requerimiento será
fundamentado y precisará el nombre completo y demás datos necesarios de la persona afectada, e indicará la duración de la
medida.
Artículo 296 Resolución
y audiencia.-
1. La resolución judicial
también contendrá los requisitos previstos en el artículo anterior. Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo
279.
2. La medida no puede
durar más de cuatro meses. La prolongación de la medida sólo procede tratándose de imputados y hasta por un plazo igual, procederá
en los supuestos y bajo trámite previsto en el artículo 274.
3. En el caso de testigos
importantes, la medida se levantará luego de realizada la declaración o actuación procesal que la determinó. En todo caso,
no puede durar más de treinta días.
4. El Juez resolverá
de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 279. Para lo dispuesto en el recurso de apelación rige
lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278.
TÍTULO VII
LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA
DE DERECHOS
Artículo 297 Requisitos.-
1. El Juez, a pedido
del Fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos previstas en este Título cuando se trate de delitos
sancionados con pena de inhabilitación, sea ésta principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración
delictiva.
2. Para imponer estas
medidas se requiere:
a) Suficientes elementos
probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
b) Peligro concreto de
que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará
la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede.
Artículo 298 Clases.-
1. Las medidas de suspensión
preventiva de derechos que pueden imponerse son las siguientes:
a) Suspensión temporal
del ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según el caso.
b) Suspensión temporal
en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan
de elección popular.
c) Prohibición temporal
de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales.
d) Suspensión temporal
de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego.
e) Prohibición de aproximarse
al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la suspensión temporal
de visitas.
2. La resolución que
imponga estas medidas precisará las suspensiones o prohibiciones a los derechos, actividades o funciones que correspondan.
Artículo 299 Duración.-
1. Las medidas no durarán
más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación en el caso concreto. Los plazos se contarán desde el inicio
de su ejecución. No se tomará en cuenta el tiempo transcurrido en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al
procesado o a su defensa.
2. Las medidas dictadas
perderán eficacia cuando ha transcurrido el plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia. El Juez, cuando corresponda,
previa audiencia, dictará la respectiva resolución haciendo cesar inmediatamente las medidas impuestas, adoptando los proveídos
que fueren necesarios para su debida ejecución.
Artículo 300 Sustitución
o acumulación.- El incumplimiento de las restricciones impuestas al imputado, autoriza al Juez a sustituir o acumular estas
medidas con las demás previstas en el presente Título, incluso con las de prisión preventiva o detención domiciliaria, teniendo
en cuenta la entidad, los motivos y las circunstancias de la trasgresión.
Artículo 301 Concurrencia
con la comparecencia restrictiva y trámite.- Para la imposición de estas medidas, que pueden acumularse a las de comparecencia
con restricciones y dictarse en ese mismo acto, así como para su sustitución, acumulación e impugnación rige lo dispuesto
en los numerales 2) y 3) del artículo 274.
TÍTULO VIII
EL EMBARGO
Artículo 302 Indagación
sobre bienes embargables.- En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, de oficio
o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar
la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas.
Artículo 303 Embargo.-
1. Identificado el bien
o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, según el caso, solicitarán al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción de la medida de embargo. A estos efectos
motivará su solicitud con la correspondiente justificación de la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para
su adopción, especificará el bien o derecho afectado, precisará el monto del embargo e indicará obligatoriamente la forma
de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el Código Procesal Civil.
2. El actor civil debe
ofrecer contracautela. Ésta no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 614 del Código Procesal Civil.
3. El Juez, sin trámite
alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de los recaudos acompañados o que, de ser el caso, solicite al Fiscal, dictará
auto de embargo en la forma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea más gravosa que la requerida, pronunciándose,
en su caso, por la contracautela ofrecida. Se adoptará la medida de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos
de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación,
y por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o
desaparición del bien.
4. La prestación de la
contracatuela, cuando corresponde, será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento o ejecución del embargo acordado.
Corresponde al Juez pronunciarse sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la contracautela ofrecida.
5. Rige, para el actor
civil, lo dispuesto en el artículo 613 del Código Procesal Civil.
6. Aun denegada la solicitud
de medida cautelar de embargo, podrá reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición.
7. Si se ha dictado sentencia
condenatoria, aun cuando fuere impugnada, a solicitud de parte, procede el embargo, sin necesidad de contracautela ni que
se justifique expresamente la probabilidad delictiva.
Artículo 304 Ejecución
e Impugnación del auto de embargo.-
1. Cualquier pedido destinado
a impedir o dilatar la concreción de la medida es inadmisible.
2. Ejecutada la medida
se notificará a las partes con el mandato de embargo.
3. Se puede apelar dentro
del tercer día de notificado. El recurso procede sin efecto suspensivo.
Artículo 305 Variación
y Alzamiento de la medida de embargo.-
1. En el propio cuaderno
de embargo se tramitará la petición de variación de la medida de embargo, que puede incluir el alzamiento de la misma. A este
efecto se alegará y en su caso se acreditarán hechos y circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión.
La solicitud de variación y, en su caso, de alzamiento, se tramitará previo traslado a las partes. Rige, en lo pertinente,
el artículo 617 del Código Procesal Civil.
2. Está permitida la
sustitución del bien embargado y su levantamiento previo empoce en el Banco de la
Nación a orden del Juzgado del monto por el cual se ordenó la medida. Efectuada la consignación la resolución
de sustitución se expedirá sin trámite alguno, salvo que el Juez considere necesario oír a las partes.
3. La resolución que
se emita en los supuestos previstos en los numerales anteriores es apelable sin efecto suspensivo.
Artículo 306 Sentencia
firme y embargo.-
1. Firme una sentencia
absolutoria, un auto de sobreseimiento o resolución equivalente, se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado,
y se procederá de ser el caso a la determinación de los daños y perjuicios que hubiera podido producir dicha medida si la
solicitó el actor civil.
2. Firme que sea una
sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes, bajo
apercibimiento de iniciar la ejecución forzosa respecto del bien afectado.
Artículo 307 Autorización
para vender el bien embargado.-
1. Si el procesado o
condenado decidiere vender el bien o derecho embargado, pedirá autorización al Juez.
2. La venta se realizará
en subasta pública. Del precio pagado se deducirá el monto que corresponda el embargo, depositándose en el Banco de la Nación. La diferencia será entregada al procesado o a quien él indique.
Artículo 308 Desafectación
y Tercería.-
1. La desafectación se
tramitará ante el Juez de la Investigación Preparatoria.
Procede siempre que se acredite fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece a persona distinta del imputado o
del tercero civil, incluso si la medida no se ha formalizado o trabado. Rige, en lo pertinente, el artículo 624 del Código
Procesal Civil.
2. La tercería se interpondrá
ante el Juez Civil, de conformidad con el Código Procesal Civil. Deberá citarse obligatoriamente al Fiscal Provincial en lo
Civil, que intervendrá conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 113 de dicho Código.
Artículo 309 Trámite
de la apelación en segunda instancia. Las apelaciones respecto de las resoluciones contempladas en los artículos 304, 305.3
y 308.1 se tramitarán, en lo pertinente, conforme al artículo 278.
TÍTULO IX
OTRAS MEDIDAS REALES
Artículo 310 Orden de
inhibición.-
1. El Fiscal o el actor
civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 303, que el Juez dicte orden de
inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los Registros Públicos.
2. Rige, en lo pertinente,
lo dispuesto en el Título anterior.
Artículo 311 Desalojo
preventivo.-
1. En los delitos de
usurpación, el Juez, a solicitud del Fiscal o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente
ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrado provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo
razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado.
2. La Policía Nacional, una vez tenga conocimiento de la comisión del delito, lo
pondrá en conocimiento del Fiscal y llevará a cabo las investigaciones de urgencia que el caso amerita. El Fiscal, sin perjuicio
de disponer las acciones que corresponda, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia
certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del Fiscal.
3. La solicitud de desalojo
y ministración provisional puede presentarse en cualquier estado de la Investigación Preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión
del delito y el derecho del ofendido.
4. El Juez resolverá,
sin trámite alguno, en el plazo de cuarenta y ocho horas. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación.
La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada.
5. El Juez elevará el
cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días previa audiencia con asistencia
de las partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento
del Juez para su inmediata ejecución.
Artículo 312 Medidas
anticipadas. El Juez, excepcionalmente, a pedido de parte legitimada, puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar
la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y provisional de las
consecuencias pecuniarias del delito.
Artículo 313 Medidas
preventivas contra las personas jurídicas.
1. El Juez, a pedido
de parte legitimada, puede ordenar respecto de las personas jurídicas:
a) La clausura temporal,
parcial o total, de sus locales o establecimientos;
b) La suspensión temporal
de todas o alguna de sus actividades;
c) El nombramiento de
un Administrador Judicial;
d) El sometimiento a
vigilancia judicial;
e) Anotación o inscripción
registral del procesamiento penal.
2. Para imponer estas
medidas se requiere:
a) Suficientes elementos
probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo
105 del Código Penal;
b) Necesidad de poner
término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del delito, peligro concreto de que a través de la persona
jurídica se obstaculizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos de la misma clase de aquél por el que se procede;
3. Estas medidas no durarán
más de la mitad del tiempo previsto para las medidas temporales establecidas en el artículo 105 del Código Penal. En los delitos
ecológicos la suspensión o la clausura durarán hasta que se subsanen las afectaciones al ambiente que determinaron la intervención
judicial.
Artículo 314 Pensión
anticipada de alimentos.
1. En los delitos de
homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar prevista en el artículo 150 del Código Penal, violación de la libertad
sexual, o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el Juez a solicitud de la parte legitimada impondrá una pensión
de alimentos para los directamente ofendidos que como consecuencia del hecho punible perpetrado en su agravio se encuentran
imposibilitados de obtener el sustento para sus necesidades.
2. El Juez señalará el
monto de la asignación que el imputado o el tercero civil ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas
de la que se establezca en la sentencia firme.
Artículo 315 Variación
y cesación. Trámite y recurso.-
1. Las medidas previstas
en este Título podrán variarse, sustituirse o cesar cuando atendiendo a las circunstancias del caso y con arreglo al principio
de proporcionalidad resulte indispensable hacerlo.
2. La imposición, variación
o cesación se acordarán previo traslado, por tres días, a las partes. Contra estas decisiones procede recurso de apelación.
Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 278.
TÍTULO X
LA INCAUTACIÓN
Artículo 316 Objeto de
la incautación.-
1. Los efectos provenientes
de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante
las primeras diligencias y en el curso de la Investigación
Preparatoria, ya sea por la Policía o por
el Ministerio Público.
2. Acto seguido, el Fiscal
requerirá inmediatamente al Juez de la Investigación Preparatoria
la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días.
3. En todo caso, para
dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal.
Artículo 317 Intervención
Judicial.-
1. Si no existe peligro
por la demora, las partes deberán requerir al Juez la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como
para decidir en el supuesto previsto en el artículo anterior, debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes
relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos.
2. Rige el numeral 3
del artículo 316.
Artículo 318 Bienes incautados.-
1. Los bienes objeto
de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad
para evitar confusiones. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en
el acto. La Fiscalía de la Nación dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la corrección y eficacia
de la diligencia, así como para determinar el lugar de custodia y las reglas de administración de los bienes incautados.
2. Sin perjuicio de lo
anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible-
se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de derecho sobre aquellos, adicionalmente
a su ocupación, se procederá de manera que dicha medida se anote en el registro respectivo, en cuyo caso se instará la orden
judicial respectiva.
3. El bien incautado,
si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron su adopción, si la
Ley lo permite, puede ser:
a) Devuelto al afectado
a cambio del depósito inmediato de su valor; o,
b) Entregado provisionalmente
al afectado, bajo reserva de una reversión en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión
del proceso. En el primer supuesto, el importe depositado ocupa el lugar del bien; y, en el segundo supuesto, la medida requerirá
que el afectado presente caución, garantía real o cumpla determinadas condiciones.
4. Si se alega sobre
el bien incautado un derecho de propiedad de persona distinta del imputado o si otra persona tiene sobre el bien un derecho
cuya extinción podría ser ordenada en el caso de la incautación o del decomiso, se autorizará su participación en el proceso.
En este caso el participante en la incautación será oído, personalmente o por escrito, y podrá oponerse a la incautación.
Para el esclarecimiento
de tales hechos, se puede ordenar la comparecencia personal del participante de la incautación. Si no comparece sin justificación
suficiente, se aplicarán los mismos apremios que para los testigos. En todo caso, se puede deliberar y resolver sin su presentación,
previa audiencia con citación de las partes. (*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 318.-
Bienes incautados
1. Los bienes objeto
de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad
para evitar confusiones. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en
el acto. La Fiscalía de la Nación dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la corrección y eficacia
de la diligencia, así como para determinar el lugar de custodia y las reglas de administración de los bienes incautados.
2. Sin perjuicio de lo
anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible-
se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de derecho sobre aquellos, adicionalmente
a su ocupación, se procederá de manera que dicha medida se anote en el registro respectivo, en cuyo caso se instará la orden
judicial respectiva. De igual forma, se procederá cuando se dicte la medida de incautación sobre bienes inscribibles. Cuando
los bienes incautados no se encuentren a nombre del inculpado se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros
Públicos, debiendo el funcionario competente proceder conforme al mandato judicial.
3. El bien incautado,
si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron su adopción, si la
Ley lo permite, puede ser:
a) Devuelto al afectado
a cambio del depósito inmediato de su valor; o,
b) Entregado provisionalmente
al afectado, bajo reserva de una reversión en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión
del proceso. En el primer supuesto, el importe depositado ocupa el lugar del bien; y, en el segundo supuesto, la medida requerirá
que el afectado presente caución, garantía real o cumpla determinadas condiciones.
4. Si se alega sobre
el bien incautado un derecho de propiedad de persona distinta del imputado o si otra persona tiene sobre el bien un derecho
adquirido de buena fe cuya extinción podría ser ordenada en el caso de la incautación o del decomiso, se autorizará su participación
en el proceso. En este caso el participante en la incautación será oído, personalmente o por escrito, y podrá oponerse a la
incautación.
Para el esclarecimiento
de tales hechos, se puede ordenar la comparecencia personal del participante de la incautación. Si no comparece sin justificación
suficiente, se aplicarán los mismos apremios que para los testigos. En todo caso, se puede deliberar y resolver sin su presentación,
previa audiencia con citación de las partes.”
Artículo 319 Variación
y reexamen de la incautación.-
1. Si varían los presupuestos
que determinaron la imposición de la medida de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio
Público o del interesado.
2. Las personas que se
consideren propietarios de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen
de la medida de incautación, a fin de que se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad.
3. Los autos que se pronuncian
sobre la variación y el reexamen de la incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el peticionario.
Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278 y en los
numerales 2) y 3) del artículo 279.(*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 319.-
Variación y reexamen de la incautación
a) Si varían los presupuestos
que determinaron la imposición de la medida de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio
Público o del interesado.
b) Las personas que se
consideren propietarios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar
el reexamen de la medida de incautación, a fin que se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad. (*)RECTIFICADO
POR FE DE ERRATAS
c) Los autos que se pronuncian
sobre la variación y el reexamen de la incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el peticionario.
Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278 y en los
numerales 2) y 3) del artículo 279.”
Artículo 320 Pérdida
de eficacia de la incautación.-
1. Dictada sentencia
absolutoria, auto de sobreseimiento o de archivo de las actuaciones, los bienes incautados se restituirán a quien tenga derecho,
salvo que se trate de bienes intrínsecamente delictivos. El auto, que se emitirá sin trámite alguno, será de ejecución inmediata.
2. La restitución no
será ordenada si, a solicitud de las partes legitimadas, se deben garantizar -cuando corresponda- el pago de las responsabilidades
pecuniarias del delito y las costas.
LIBRO TERCERO
EL PROCESO COMÚN
SECCIÓN I
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 321 Finalidad.-
1. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción,
de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa.
Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración,
la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
2. La Policía y sus órganos especializados en criminalística, el Instituto de Medicina Legal,
el Sistema Nacional de Control, y los demás organismos técnicos del Estado, están obligados a prestar apoyo al Fiscal. Las
Universidades, Institutos Superiores y entidades privadas, de ser el caso y sin perjuicio de la celebración de los convenios
correspondientes, están facultadas para proporcionar los informes y los estudios que requiera el Ministerio Público.(*)
(*) Inciso modificado por
el Artículo Único de la Ley N° 28697, publicada el 22 marzo
2006, cuyo texto es el siguiente:
"2. La Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en criminalística,
la Dirección de Policía Contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal y los demás organismos técnicos del Estado,
están obligados a prestar apoyo al Fiscal. Las universidades, institutos superiores y entidades privadas, de ser el caso y
sin perjuicio de la celebración de los convenios correspondientes, están facultados para proporcionar los informes y los estudios
que requiere el Ministerio Público. La Contraloría General
de la República, conforme a sus atribuciones y competencia,
a solicitud del Titular del Ministerio Público, podrá prestar el apoyo correspondiente, en el marco de la normativa de control."
3. El Fiscal, mediante
una Disposición, y con arreglo a las directivas emanadas de la Fiscalía
de la Nación, podrá contar con la asesoría de expertos de
entidades públicas y privadas para formar un equipo interdisciplinario de investigación científica para casos específicos,
el mismo que actuará bajo su dirección.
Artículo 322 Dirección
de la investigación.-
1. El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto podrá realizar
por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de
investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte,
siempre que no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional. En cuanto a la actuación policial rige
lo dispuesto en el artículo 65.
2. Para la práctica de
los actos de investigación puede requerir la colaboración de las autoridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en
el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de informes que se realicen conforme a
la Ley.
3. El Fiscal, además,
podrá disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios materiales en los lugares donde se investigue
un delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de los mismos.
Artículo 323 Función
del Juez de la Investigación Preparatoria.-
1. Corresponde, en esta
etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria
realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este
Código.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está
facultado para: a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que
requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales;
d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este código
Artículo 324 Reserva
y secreto de la investigación.-
1. La investigación tiene
carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente
acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones.
2. El Fiscal puede ordenar
que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de
la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento
pueda dificultar el éxito de la investigación. La Disposición
del Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes.
3. Las copias que se
obtengan son para uso de la defensa. El Abogado que las reciba está obligado a mantener la reserva de Ley, bajo responsabilidad
disciplinaria. Si reincidiera se notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término de dos días de notificado.
Si no lo hiciera, se nombrará uno de oficio.
Artículo 325 Carácter
de las actuaciones de la investigación.- Las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las resoluciones propias
de la investigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas
anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes, y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya
lectura en el juicio oral autoriza este Código.
TÍTULO II
LA DENUNCIA Y LOS ACTOS
INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO I
LA DENUNCIA
Artículo 326 Facultad
y obligación de denunciar.-
1. Cualquier persona
tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción
penal para perseguirlos sea público.
2. No obstante, lo expuesto
deberán formular denuncia:
a) Quienes están obligados
a hacerlo por expreso mandato de la Ley. En especial lo
están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad, así como los educadores
por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro educativo.
b) Los funcionarios que
en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible.
Artículo 327 No obligados
a denunciar.-
1. Nadie está obligado
a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Tampoco existe esta
obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional.
Artículo 328 Contenido
y forma de la denuncia.-
1. Toda denuncia debe
contener la identidad del denunciante, una narración detallada y veraz de los hechos, y -de ser posible- la individualización
del presunto responsable.
2. La denuncia podrá
formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal se sentará
el acta respectiva.
3. En ambos casos, si
el denunciante no puede firmar se limitará a colocar su impresión digital, dejándose constancia en el acta del impedimento.
CAPÍTULO II
ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN
Artículo 329 Formas de
iniciar la investigación.-
1. El Fiscal inicia los
actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito.
Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes.
2. La inicia de oficio
cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública.
Artículo 330 Diligencias
Preliminares.-
1. El Fiscal puede, bajo
su dirección, requerir la intervención de la Policía
o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria.
2. Las Diligencias Preliminares
tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los
hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar
a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.
3. El Fiscal al tener
conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos
con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los
hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores y que se altere la escena del delito.
Artículo 331 Actuación
Policial.-
1. Tan pronto la Policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos esenciales del hecho
y demás elementos inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación
que pudiera existir.
2. Aun después de comunicada
la noticia del delito, la Policía continuará las
investigaciones que haya iniciado y después de la intervención del Fiscal practicará las demás investigaciones que les sean
delegadas con arreglo al artículo 68.
3. Las citaciones que
en el curso de las investigaciones realice la policía a las personas pueden efectuarse hasta por tres veces.
Artículo 332 Informe
Policial.-
1. La Policía en todos los casos en que intervenga elevará al Fiscal un Informe Policial.
2. El Informe Policial
contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos
investigados, absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades.
3. El Informe Policial
adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias realizadas y todo aquello que considere indispensable
para el debido esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación del domicilio y los datos personales de los imputados.
Artículo 333 Coordinación
lnterinstitucional de la Policía Nacional
con el Ministerio Público.- Sin perjuicio de la organización policial establecida por la
Ley y de lo dispuesto en el artículo 69, la
Policía Nacional instituirá un órgano especializado encargado de coordinar las funciones de investigación
de dicha institución con el Ministerio Público, de establecer los mecanismos de comunicación con los órganos de gobierno del
Ministerio Público y con las Fiscalías, de centralizar la información sobre la criminalidad violenta y organizada, de aportar
su experiencia en la elaboración de los programas y acciones para la adecuada persecución del delito, y de desarrollar programas
de protección y seguridad.
TÍTULO III
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Artículo 334 Calificación.-
1. Si el Fiscal al calificar
la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado
no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado.
Esta Disposición se notificará al denunciante y al denunciado.
2. El plazo de las Diligencias
Preliminares, conforme al artículo 3, es de veinte días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello,
el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.
Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término
y dicte la Disposición que corresponda. Si el Fiscal
no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la Investigación Preparatoria en el plazo de cinco días instando su
pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.
3. En caso que el hecho
fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenará la
intervención de la Policía para tal fin.
4. Cuando aparezca que
el denunciante ha omitido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la investigación,
notificando al denunciante.
5. El denunciante que
no estuviese conforme con la Disposición de archivar
las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al Fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las
actuaciones al Fiscal Superior.
6. El Fiscal Superior
se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda
según corresponda.
Artículo 335 Prohibición
de nueva denuncia.-
1. La Disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo anterior,
impide que otro Fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una Investigación Preparatoria por los
mismos hechos.
2. Se exceptúa esta regla,
si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal que previno. En el supuesto
que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el Fiscal Superior que previno designará a otro
Fiscal Provincial.
Artículo 336 Formalización
y continuación de la Investigación Preparatoria.-
1. Si de la denuncia,
del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito,
que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los
requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria.
2. La Disposición de formalización contendrá:
a) El nombre completo
del imputado;
b) Los hechos y la tipificación
específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación,
indicando los motivos de esa calificación;
c) El nombre del agraviado,
si fuera posible; y,
d) Las diligencias que
de inmediato deban actuarse.
3. El Fiscal, sin perjuicio
de su notificación al imputado, dirige la comunicación prevista en el artículo 3 de este Código, adjuntando copia de la Disposición de formalización, al Juez de la Investigación Preparatoria.
4. El Fiscal, si considera
que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado
en su comisión, podrá formular directamente acusación.
Artículo 337 Diligencias
de la Investigación Preparatoria.-
1. El Fiscal realizará
las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la Ley.
2. Las diligencias preliminares
forman parte de la Investigación Preparatoria.
No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Procede su ampliación si dicha diligencia resultare indispensable,
siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación
de nuevos elementos de convicción.
3. El Fiscal puede:
a) Disponer la concurrencia
del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles
para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir
dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva;
b) Exigir informaciones
de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.
4. Durante la investigación,
tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al Fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes
y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes.
5. Si el Fiscal rechazare
la solicitud, instará al Juez de la Investigación Preparatoria
a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El Juez resolverá inmediatamente con
el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el Fiscal.
Artículo 338 Condiciones
de las actuaciones de investigación.-
1. El Fiscal podrá permitir
la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizar, salvo las excepciones previstas por la Ley. Esta participación está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento
de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no impida una pronta y regular actuación.
2. El Fiscal velará porque
la concurrencia de las personas autorizadas no interfiera en el normal desarrollo del acto e impartirá instrucciones obligatorias
a los asistentes para conducir adecuadamente la diligencia. Está facultado a excluirlos en cualquier momento si vulneran el
orden y la disciplina.
3. El Fiscal, en el ejercicio
de sus funciones de investigación, podrá solicitar la intervención de la
Policía y, si es necesario, el uso de la fuerza pública, ordenando todo aquello que sea necesario para el
seguro y ordenado cumplimiento de las actuaciones que desarrolla.
4. Cuando el Fiscal,
salvo las excepciones previstas en la Ley, deba requerir la
intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas
coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente.
Artículo 339 Efectos
de la formalización de la investigación.-
1. La formalización de
la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.
2. Asimismo, el Fiscal
perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.
TÍTULO IV
LOS ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
Artículo 340 Circulación
y entrega vigilada de bienes delictivos.-
1. El Fiscal podrá autorizar
la circulación o entrega vigilada de bienes delictivos. Esta medida deberá acordarse mediante una Disposición, en la que determine
explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como las características del bien
delictivo de que se trate. Para adoptarla se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la
importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la autorización remitirá copia de la misma
a la Fiscalía de la Nación, que abrirá un registro reservado de dichas autorizaciones.
CONCORDANCIAS: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas
de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
2. Se entenderá por circulación
o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin
de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito, así como también prestar auxilio a
autoridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional,
se adecuará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales.
3. La interceptación
y apertura de envíos postales sospechosos de contener bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitución de los bienes
delictivos que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando lo dispuesto en el artículo 226 y siguientes. La diligencia
y apertura preliminar del envío postal se mantendrá en secreto hasta que hayan culminado las Diligencias Preliminares; y,
en su caso, se prolongará, previa autorización del Juez de la
Investigación Preparatoria, hasta por quince días luego de formalizada la Investigación Preparatoria.
4. Los bienes delictivos
objeto de esta técnica especial son: a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias
prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquéllas; c) los bienes y ganancias a que se hace
referencia en la Ley Nº 27765; d) los bienes relativos a los
delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código Penal.
Artículo 341 Agente Encubierto.-
1. El Fiscal, cuando
se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios
de su comisión, podrá autorizar a miembros de la Policía
Nacional, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar
bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación
de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección
General de la Policía Nacional
por el plazo de seis meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para
su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar
en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se
pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.(*)
(*) Numeral modificado por
el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007,
cuyo texto es el siguiente:
"1. El Fiscal, cuando
se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios
de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la
Policía Nacional del Perú, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación,
a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación
de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección
General de la Policía Nacional
del Perú por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones
para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar
en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se
pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las
circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano
que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilícito penal."
2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar
el nombre verdadero del miembro de la Policía y la
identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las
actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remitirá a la
Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas
condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquéllas.(*)
(*) Numeral modificado por
el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007,
cuyo texto es el siguiente:
"2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar
el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá
conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación,
que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas."
CONCORDANCIA: R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados
por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas
y demás normas de adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal)
3. La información que
vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores.
Dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional
competente. De igual manera, esta información sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en que se desprendan
de su utilización conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito.
4. La identidad del agente
encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad
en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer
que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o de otra persona, o que justifique
la posibilidad de continuar utilizando al agente policial.(*)
(*) Numeral modificado por
el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007,
cuyo texto es el siguiente:
"4. La identidad del
agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de
la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable
que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial,
o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de éstos últimos."
5. Cuando en estos casos
las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria las autorizaciones que,
al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento
será especialmente reservado.
6. El agente encubierto
estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,
siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al
delito.(*)
(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de
la Ley Nº 28950, publicada el 16 enero 2007, el presente artículo
entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación de la citada Ley.
TÍTULO V
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Artículo 342 Plazo.-
1. El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días
naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición
correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales.
2. Tratándose de investigaciones
complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria
es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria.
3. Se considera proceso
complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación
de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por
imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan
la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal
fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado.
Artículo 343 Control
del Plazo.-
1. El Fiscal dará por
concluida la Investigación Preparatoria
cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo.
2. Si vencidos los plazos
previstos en el artículo anterior el Fiscal no dé por concluida la Investigación Preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al Juez de la Investigación Preparatoria. Para estos efectos el
Juez citará al Fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y
escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda.
3. Si el Juez ordena
la conclusión de la Investigación Preparatoria,
el Fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda.
Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el Fiscal.
SECCIÓN II
LA ETAPA INTERMEDIA
TÍTULO I
EL SOBRESEIMIENTO
Artículo 344 Decisión
del Ministerio Público.-
1. Dispuesta la conclusión
de la Investigación Preparatoria, de
conformidad con el numeral 1) del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre
que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.
2. El sobreseimiento
procede cuando:
a) El hecho objeto de
la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
b) El hecho imputado
no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad;
c) La acción penal se
ha extinguido; y,
d) No existe razonablemente
la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar
fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
Artículo 345 Control
del requerimiento de sobreseimiento y Audiencia de control del sobreseimiento.-
1. El Fiscal enviará
al Juez de la Investigación Preparatoria
el requerimiento de sobreseimiento, acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la solicitud
a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días.
2. Los sujetos procesales
podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. La oposición, bajo sanción de inadmisiblidad,
será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios
de investigación que considere procedentes.
3. Vencido el plazo del
traslado, el Juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir
los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará por
su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. La resolución se emitirá en el plazo de tres días.
Artículo 346 Pronunciamiento
del Juez de la Investigación Preparatoria.-
1. El Juez se pronunciará
en el plazo de quince días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera
procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del
Fiscal Provincial. La resolución judicial debe expresar las razones en que funda su desacuerdo.
2. El Fiscal Superior
se pronunciará en el plazo de diez días. Con su decisión culmina el trámite.
3. Si el Fiscal Superior
ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la
Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno dictará auto de sobreseimiento.
4. Si el Fiscal Superior
no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará a otro Fiscal que formule acusación.
5. El Juez de la Investigación Preparatoria, en el supuesto del numeral
2 del artículo anterior, si lo considera admisible y fundado dispondrá la realización de una Investigación Suplementaria indicando
el plazo y las diligencias que el Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá oposición ni disponer la concesión
de un nuevo plazo de investigación.
Artículo 347 Auto de
sobreseimiento.-
1. El auto que dispone
el sobreseimiento de la causa deberá expresar:
a) Los datos personales
del imputado;
b) La exposición del
hecho objeto de la Investigación Preparatoria;
c) Los fundamentos de
hecho y de derecho; y,
d) La parte resolutiva,
con la indicación expresa de los efectos del sobreseimiento que correspondan.
2. El sobreseimiento
tiene carácter definitivo. Importa el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene
la autoridad de cosa juzgada. En dicha resolución se levantarán las medidas coercitivas, personales y reales, que se hubieren
expedido contra la persona o bienes del imputado.
3. Contra el auto de
sobreseimiento procede recurso de apelación. La impugnación no impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece.
Artículo 348. Sobreseimiento
total y parcial.-
1. El sobreseimiento
será total cuando comprende todos los delitos y a todos los imputados; y parcial cuando sólo se circunscribe a algún delito
o algún imputado, de los varios que son materia de la Disposición
de Formalización de la Investigación Preparatoria.
2. Si el sobreseimiento
fuere parcial, continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende.
3. El Juez, frente a
un requerimiento Fiscal mixto, acusatorio y no acusatorio, primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento.
Culminado el trámite según lo dispuesto en los artículos anteriores, abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal.
TÍTULO II
LA ACUSACIÓN
Artículo 349 Contenido.-
1. La acusación fiscal
será debidamente motivada, y contendrá:
a) Los datos que sirvan
para identificar al imputado;
b) La relación clara
y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso
de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;
c) Los elementos de convicción
que fundamenten el requerimiento acusatorio;
d) La participación que
se atribuya al imputado;
e) La relación de las
circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran;
f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicite;
g) El monto de la reparación
civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la persona a quien corresponda
percibirlo; y,
h) Los medios de prueba
que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del
nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña
de los demás medios de prueba que ofrezca.
2. La acusación sólo
puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición
de formalización de la Investigación Preparatoria,
aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.
3. En la acusación el
Ministerio Público podrá señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta
del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen
su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado.
4. El Fiscal indicará
en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras
según corresponda.
Artículo 350 Notificación
de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.-
1. La acusación será
notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán:
a) Observar la acusación
del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección;
b) Deducir excepciones
y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
c) Solicitar la imposición
o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243, en lo pertinente;
d) Pedir el sobreseimiento;
e) Instar la aplicación,
si fuere el caso, de un criterio de oportunidad;
f) Ofrecer pruebas para
el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión
y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los documentos
que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos;
g) Objetar la reparación
civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en
el juicio oral; o,
h) Plantear cualquier
otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.
2. Los demás sujetos
procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en
el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos
se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos;
en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime.
Artículo 351 Audiencia
Preliminar.
1. Presentados los escritos
y requerimientos de los sujetos procesales o vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Juez de la Investigación Preparatoria señalará día y hora para la realización
de una audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de veinte días. Para
la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y el defensor del acusado. No podrán actuarse diligencias
de investigación o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba documental, para
decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el artículo anterior.
2. La audiencia será
dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria
y durante su realización, salvo lo dispuesto en este numeral no se admitirá la presentación de escritos.
3. Instalada la audiencia,
el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado
y del tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones
planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo,
modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los
demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata.
Artículo 352 Decisiones
adoptadas en la audiencia preliminar.-
1. Finalizada la audiencia
el Juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los
asuntos por resolver, difiera la solución hasta por cuarenta y ocho horas improrrogables. En este último caso, la decisión
simplemente se notificará a las partes.
2. Si los defectos de
la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá
la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el Fiscal, en
la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los
concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos
precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable.
3. De estimarse cualquier
excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra la resolución que
se dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento.
4. El sobreseimiento
podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2)
del artículo 344, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral
nuevos elementos de prueba. El auto de sobreseimiento observará lo dispuesto en el artículo 347. La resolución desestimatoria
no es impugnable.
5. La admisión de los
medios de prueba ofrecidos requiere:
a) Que la petición contenga
la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y
b) Que el acto probatorio
propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe
oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que
será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos.
La resolución que se dicte no es recurrible.
6. La resolución sobre
las convenciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento
se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados.
7. La decisión sobre
la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Si se dispone su actuación, ésta se realizará en acto aparte conforme
a lo dispuesto en el artículo 245, sin perjuicio de dictarse el auto de enjuiciamiento. Podrá dirigirla un Juez si se trata
de Juzgado Penal Colegiado.
TÍTULO III
EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO
Artículo 353 Contenido
del auto de enjuiciamiento.-
1. Resueltas las cuestiones
planteadas, el Juez dictará el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución no es recurrible.
2. El auto de enjuiciamiento
deberá indicar, bajo sanción de nulidad:
a) El nombre de los imputados
y de los agraviados, siempre que en este último supuesto hayan podido ser identificados;
b) El delito o delitos
materia de la acusación fiscal con indicación del texto legal y, si se hubiere planteado, las tipificaciones alternativas
o subsidiarias;
c) Los medios de prueba
admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias de conformidad con el numeral 6) del artículo anterior;
d) La indicación de las
partes constituidas en la causa.
e) La orden de remisión
de los actuados al Juez encargado del juicio oral.
3. El Juez, si resulta
necesario, de oficio o según el pedido de parte formulado conforme a lo dispuesto en el numeral 1 c) del artículo 350, se
pronunciará sobre la procedencia o la subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso la
libertad del imputado.
Artículo 354 Notificación
del auto de enjuiciamiento.-
1. El auto de enjuiciamiento
se notificará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales.
2. Dentro de las cuarenta
y ocho horas de la notificación, el Juez de la Investigación
Preparatoria hará llegar al Juez Penal que corresponda dicha resolución y los actuados correspondientes,
así como los documentos y los objetos incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos.
TÍTULO IV
EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO
Artículo 355 Auto de
citación a juicio.-
1. Recibidas las actuaciones
por el Juzgado Penal competente, éste dictará el auto de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de
la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes. La fecha será la más próxima posible,
con un intervalo no menor de diez días.
2. El Juzgado Penal ordenará
el emplazamiento de todos los que deben concurrir al juicio. En la resolución se identificará a quien se tendrá como defensor
del acusado y se dispondrá todo lo necesario para el inicio regular del juicio.
3. Cuando se estime que
la audiencia se prolongará en sesiones consecutivas, los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión
que les corresponda intervenir.
4. El emplazamiento al
acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada.
5. Será obligación del
Ministerio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos
que hayan propuesto.
SECCION III
EL JUZGAMIENTO
TÍTULO I
PRECEPTOS GENERALES
Artículo 356 Principios
del Juicio.-
1. El juicio es la etapa
principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por
la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional
de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y
la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento,
concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor.
2. La audiencia se desarrolla
en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Las sesiones sucesivas, sin perjuicio de
las causas de suspensión y de lo dispuesto en el artículo 360, tendrán lugar al día siguiente o subsiguiente de funcionamiento
ordinario del Juzgado.
Artículo 357 Publicidad
del Juicio y restricciones.-
1. El juicio oral será
público. No obstante ello, el Juzgado mediante auto especialmente motivado podrá resolver, aún de oficio, que el acto oral
se realice total o parcialmente en privado, en los siguientes casos:
a) Cuando se afecte directamente
el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes en el juicio;
b) Cuando se afecte gravemente
el orden público o la seguridad nacional;
c) Cuando se afecte los
intereses de la justicia o, enunciativamente, peligre un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida
sea punible o cause perjuicio injustificado, así como cuando sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular
desarrollo de la audiencia;
d) Cuando esté previsto
en una norma específica;
2. El Juzgado también
podrá disponer, individual o concurrentemente, con sujeción al principio de proporcionalidad, las siguientes medidas:
a) Prohibir el acceso
u ordenar la salida de determinadas personas de la Sala de
Audiencias cuando afecten el orden y el decoro del juicio;
b) Reducir, en ejercicio
de su facultad disciplinaria, el acceso de público a un número determinado de personas, o, por las razones fijadas en el numeral
anterior, ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas;
c) Prohibir el acceso
de cámaras fotográficas o de filmación, grabadoras, o cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica de imágenes,
sonidos, voces o similares, siempre que considere que su utilización puede perjudicar los intereses de la justicia y, en especial,
el derecho de las partes.
3. Desaparecida la causa
que motivó la privacidad del juicio se permitirá el reingreso del público a la
Sala de Audiencias. El Juzgado, con criterio discrecional, podrá imponer a los participantes en el juicio
el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaren o conocieren.
4. Los juicios sobre
funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos.
5. La sentencia será
siempre pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.
Artículo 358 Condiciones
para la publicidad del juicio.-
1. Se cumple con la garantía
de publicidad con la creación de las condiciones apropiadas para que el público y la prensa puedan ingresar a presenciar la
audiencia.
2. Está prohibido el
ingreso de aquel que porte arma de fuego u otro medio idóneo para agredir o perturbar el orden. Tampoco pueden ingresar los
menores de doce años, o quien se encuentra ebrio, drogado o sufre grave anomalía psíquica.
Artículo 359 Concurrencia
del Juez y de las partes.-
1. El juicio se realizará
con la presencia ininterrumpida de los jueces, el fiscal y de las demás partes, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes.
2. Cuando el Juzgado
es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido
un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el Juez llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que
el reemplazado continúe interviniendo con los otros dos miembros. La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los Jueces
no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia.
3. El acusado no podrá
alejarse de la audiencia sin permiso del Juez. En caso de serle otorgado el permiso, será representado por su defensor.
4. Si el acusado que
ha prestado su declaración en el juicio o cuando le correspondiere se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia,
ésta continuará sin su presencia y será representado por su defensor. Si su presencia resultare necesaria para practicar algún
acto procesal, será conducido compulsivamente. También se le hará comparecer cuando se produjere la ampliación de la acusación.
La incomparecencia del citado acusado no perjudicará a los demás acusados presentes.
5. Cuando el defensor
del acusado, injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres audiencias
no consecutivas, sin perjuicio de que, en ambos casos, a la segunda sesión se disponga la intervención de un abogado defensor
de oficio, se le excluirá de la defensa. El abogado defensor de oficio continuará en la defensa hasta que el acusado nombre
otro defensor.
6. Cuando el Fiscal,
injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres sesiones no consecutivas,
se le excluirá del juicio y se requerirá al Fiscal jerárquicamente superior en grado designe a su reemplazo.
7. Cuando el actor civil
o el tercero civil no concurra a la audiencia o a las sucesivas sesiones del juicio, éste proseguirá sin su concurrencia,
sin perjuicio que puedan ser emplazados a comparecer para declarar. Si la inconcurrencia es del actor civil, se tendrá por
abandonada su constitución en parte.
Artículo 360 Continuidad,
suspensión e interrupción del juicio.-
1. Instalada la audiencia,
ésta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo
día, éste continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión.
2. La audiencia sólo
podrá suspenderse:
a) Por razones de enfermedad
del Juez, del Fiscal o del imputado o su defensor;
b) Por razones de fuerza
mayor o caso fortuito; y,
c) Cuando este Código
lo disponga.
3. La suspensión del
juicio oral no podrá exceder de ocho días hábiles. Superado el impedimento, la audiencia continuará, previa citación por el
medio más rápido, al día siguiente, siempre que éste no dure más del plazo fijado inicialmente. Cuando la suspensión dure
más de ese plazo, se producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse nueva
fecha para su realización.
4. Si en la misma localidad
se halla enfermo un testigo o un perito cuyo examen se considera de trascendental importancia, el Juzgado puede suspender
la audiencia para constituirse en su domicilio o centro de salud, y examinarlo. A esta declaración concurrirán el Juzgado
y las partes. Las declaraciones, en esos casos, se tomarán literalmente, sin perjuicio de filmarse o grabarse. De ser posible,
el Juzgado utilizará el método de videoconferencia.
5. Entre sesiones, o
durante el plazo de suspensión, no podrán realizarse otros juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan.
Artículo 361 Oralidad y registro.-
1. La audiencia se realiza
oralmente, pero se documenta en acta. El acta contendrá una síntesis de lo actuado en ella y será firmada por el Juez o Juez
presidente y el secretario. Los Jueces, el Fiscal, y la defensa de las partes pueden hacer constar las observaciones al acta
que estimen convenientes. Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico, según el Reglamento que al efecto
dicte el órgano de gobierno del Poder Judicial.
2. El acta y, en su caso,
la grabación demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas
que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo. Rige a este efecto el artículo 121 del presente Código.
3. Toda petición o cuestión
propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y, en general, toda intervención
de quienes participan en ella. Está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo quienes no puedan hablar
o no lo supieren hacer en el idioma castellano, en cuyo caso intervendrán por escrito, salvo que lo hagan por medio de intérprete.
4. Las resoluciones serán
dictadas y fundamentadas verbalmente. Se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar su
registro en el acta.
Artículo 362 Incidentes.-
1. Los incidentes promovidos
en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. En su discusión se concederá
la palabra a las partes, por el tiempo que fije el Juez Penal, a fin de que se pronuncien sobre su mérito.
2. Las resoluciones que
recaen sobre estos incidentes son recurribles sólo en los casos expresamente previstos en este Código.
Artículo 363 Dirección
del juicio.-
1. El Juez Penal o el
Juez Presidente del Juzgado Colegiado dirigirán el juicio y ordenará los actos necesarios para su desarrollo. Le corresponde
garantizar el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa de las partes. Está facultado para impedir que las alegaciones
se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa.
También lo está para limitar el uso de la palabra a las partes y a sus abogados, fijando límites igualitarios para todos ellos,
de acuerdo a la naturaleza y complejidad del caso, o para interrumpir a quien hace uso manifiestamente abusivo de su facultad.
2. En los casos de Juzgados
Colegiados, la dirección del juicio se turnará entre sus demás integrantes.
Artículo 364 Poder disciplinario
y discrecional.-
1. El poder disciplinario
permite al Juez mantener el orden y el respeto en la Sala de Audiencias, así como disponer la expulsión de
aquél que perturbe el desarrollo del juicio, y mandar detener hasta por veinticuatro horas a quien amenace o agreda a los
Jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento,
sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. En el caso que un acusado testigo o perito se retire o aleje de
la audiencia sin permiso del Juez o del Juez presidente, se dispondrá que sea traído a la misma por la fuerza pública.
2. El defensor de las
partes podrá ser expulsado de la Sala de Audiencias, previo
apercibimiento. En este caso será reemplazado por el que designe la parte dentro de veinticuatro horas o, en su defecto, por
el de oficio.
3. Cuando la expulsión
recaiga sobre el acusado se dictará la decisión apropiada que garantice su derecho de defensa, en atención a las circunstancias
del caso. Tan pronto como se autorice la presencia del acusado, se le instruirá sobre el contenido esencial de aquello sobre
lo que se haya actuado en su ausencia y se le dará la oportunidad de pronunciarse sobre esas actuaciones.
4. Cuando se conceda
al acusado el derecho de exponer lo que estime conveniente a su defensa, limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado.
Si no cumple con las limitaciones precedentes se le podrá llamar la atención y requerirlo. En caso de incumplimiento podrá
darse por terminada su exposición y, en caso grave, disponer se le desaloje de la
Sala de Audiencias. En este último supuesto o cuando el acusado se muestre renuente a estar presente en la
audiencia, la sentencia podrá leerse no estando presente el acusado, pero con la concurrencia obligatoria de su abogado defensor
o el nombrado de oficio, sin perjuicio de notificársele posteriormente.
5. El poder discrecional
permite al Juez resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida
continuación.
Artículo 365 Delito en
el juicio.- Si durante el juicio se cometiera un delito perseguible de oficio, el Juez Penal ordenará levantar un acta con
las indicaciones que correspondan y ordenará la detención del presunto culpable, a quien inmediatamente lo pondrá a disposición
del Fiscal que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, a fin de que proceda conforme a Ley.
Artículo 366 Auxiliar
Jurisdiccional.-
1. El Auxiliar Jurisdiccional
del Juzgado adoptará las acciones pertinentes para que se efectúen las notificaciones ordenadas y se encuentren en lugar adecuado
los objetos o documentos cuya presentación en audiencia ha sido ordenada.
2. Igualmente, está obligado
a realizar las coordinaciones para la asistencia puntual del Fiscal, de las partes y de sus abogados, así como para la comparecencia
de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes citados por el Juzgado.
3. Corresponde además
al Auxiliar Jurisdiccional del Juzgado la fe pública judicial, así como, a través del personal a su cargo, el control de la
documentación y registros del Juzgado, el apoyo al Juzgado durante el Juicio y la responsabilidad de la confección y custodia
de las actas del juicio y demás registros, incluso de los medios técnicos de reproducción y archivo, de conformidad con el
Reglamento aprobado por el órgano de gobierno del Poder Judicial.
TÍTULO II
LA PREPARACIÓN DEL DEBATE
Artículo 367 Concurrencia
del imputado y su defensor.-
1. La audiencia no podrá
realizarse sin la presencia del acusado y de su defensor.
2. La citación al imputado
con domicilio conocido y procesal, será requerido para su concurrencia al juicio bajo apercibimiento de ser declarado contumaz.
3. Si es un solo acusado
o siendo varios ninguno concurre a la apertura de la audiencia, sin justificar su inasistencia, se señalará nuevo día y hora,
sin perjuicio de declararlos contumaces.
4. Cuando son varios
los acusados, y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará con los asistentes, declarándose contumaces a los inconcurrentes
sin justificación. Igual trato merecerá el acusado que injustificadamente deje de asistir a la audiencia.
5. En caso que el acusado
ausente o contumaz sea capturado o se presente voluntariamente antes de que se cierre la actividad probatoria, se le incorporará
a la audiencia, se le hará saber los cargos que se le atribuyen y se le informará concisamente de lo actuado hasta ese momento.
A continuación, se le dará la oportunidad de declarar y de pronunciarse sobre las actuaciones del juicio, y se actuarán de
ser el caso las pruebas compatibles con el estado del juicio.
6. El imputado preso
preventivo, en todo el curso del juicio, comparecerá sin ligaduras ni prisiones, acompañado de los efectivos policiales para
prevenir el riesgo de fuga o de violencia. En casos o ante circunstancias especialmente graves, y de acuerdo al Reglamento
que, previa coordinación con el Ministerio del Interior, dicte el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, podrán establecerse
mecanismos o directivas de seguridad adecuadas a las circunstancias.
Artículo 368 Lugar del
Juzgamiento.-
1. El Juzgamiento tendrá
lugar en la Sala de Audiencias que designe el Juzgado Penal.
2. Cuando por razones
de enfermedad u otra causal justificada sea imposible la concurrencia del acusado a la
Sala de Audiencias, el juzgamiento podrá realizarse en todo o en parte en el lugar donde éste se encuentre,
siempre que su estado de salud y las condiciones lo permitan.
3. El órgano de gobierno
del Poder Judicial establecerá las causas con preso preventivo que se realizarán en los locales o sedes judiciales adyacentes
o ubicados dentro de los establecimientos penales, garantizando siempre la publicidad del juicio y que existan las condiciones
materiales para su realización.
Artículo 369 Instalación
de la audiencia.-
1. La audiencia sólo
podrá instalarse con la presencia obligatoria del Juez Penal o, en su caso, de los Jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado,
del Fiscal y, con las prevenciones fijadas en el artículo 366, del acusado y su defensor.
2. El Juez Penal verificará
la correcta citación a las partes, así como la efectiva concurrencia de los testigos y peritos emplazados. La inasistencia
de las demás partes y de los órganos de prueba citados no impide la instalación de la audiencia. El Auxiliar Jurisdiccional
realizará las acciones conducentes a la efectiva concurrencia de estos últimos en la oportunidad que acuerde el Juez Penal.
Artículo 370 Ubicación
de las partes en la audiencia.-
1. El Juez Penal tendrá
a su frente al acusado; a su derecha, al Fiscal y al abogado de la parte civil; y, a su izquierda al abogado defensor del
acusado.
2. Los testigos y peritos
ocuparán un ambiente contiguo a la Sala de Audiencias. El Auxiliar
Jurisdiccional tomará las medidas necesarias para que los testigos no puedan dialogar entre sí. Los testigos y peritos sólo
serán introducidos a la Sala de Audiencias a medida que sean
llamados para ser examinados.
TÍTULO III
EL DESARROLLO DEL JUICIO
Artículo 371 Apertura
del juicio y posición de las partes.-
1. Instalada la audiencia,
el Juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad
personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del agraviado.
2. Acto seguido, el Fiscal
expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas.
Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las
pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas
de descargo ofrecidas y admitidas.
3. Culminados los alegatos
preliminares, el Juez informará al acusado de sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o
de no declarar sobre los hechos. El acusado en cualquier estado del juicio podrá solicitar ser oído, con el fin de ampliar,
aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera abstenido. Asimismo, el acusado en todo momento
podrá comunicarse con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante su declaración
o antes de responder a las preguntas que se le formulen.
Artículo 372 Posición
del acusado y conclusión anticipada del juicio.-
1. El Juez, después de
haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación
y responsable de la reparación civil.
2. Si el acusado, previa
consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder,
el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un
acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la
siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio.
3. Si se aceptan los
hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo traslado
a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la delimitación del debate a la sola
aplicación de la pena y/o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse.
4. Si son varios los
acusados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, con respecto a estos últimos se aplicará el trámite previsto en
este artículo y se expedirá sentencia, continuando el proceso respecto a los no confesos.
5. La sentencia de conformidad,
prevista en el numeral 2) de este artículo, se dictará aceptando los términos del acuerdo. No obstante, si a partir de la
descripción del hecho aceptado, el Juez estima que no constituye delito o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier
causa que exima o atenúa la responsabilidad penal, dictará sentencia en los términos en que proceda. No vincula al Juez Penal
la conformidad sobre el monto de la reparación civil, siempre que exista actor civil constituido en autos y hubiera observado
expresamente la cuantía fijada por el Fiscal o que ha sido objeto de conformidad. En este caso, el Juez Penal podrá fijar
el monto que corresponde si su imposición resultare posible o, en todo caso, diferir su determinación con la sentencia que
ponga fin al juicio.
Artículo 373 Solicitud
de nueva prueba.-
1. Culminado el trámite
anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos
que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación.
2. Excepcionalmente,
las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere
especial argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes.
3. La resolución no es
recurrible.
Artículo 374 Poder del
Tribunal y Facultad del Fiscal.-
1. Si en el curso del
juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica
de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado
sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán
la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el
Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente.
2. Durante el juicio
el Fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un hecho
nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra
un delito continuado. En tal caso, el Fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica.
3. En relación con los
hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se
informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.
La suspensión no superará el plazo de cinco días.
TÍTULO IV
LA ACTUACIÓN PROBATORIA
Artículo 375 Orden y
modalidad del debate probatorio.-
1. El debate probatorio
seguirá el siguiente orden:
a) Examen del acusado;
b) Actuación de los medios
de prueba admitidos; y,
c) Oralización de los
medios probatorios.
2. El Juez Penal, escuchando
a las partes, decidirá el orden en que deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los medios
de prueba admitidos.
3. El interrogatorio
directo de los órganos de prueba corresponde al Fiscal y a los abogados de las partes.
4. El Juez durante el
desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere
necesario a fin de que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se les requiera o, excepcionalmente,
para interrogar a los órganos de prueba sólo cuando hubiera quedado algún vacío.
Artículo 376 Declaración
del acusado.-
1. Si el acusado se rehusa
a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores
declaraciones prestadas ante el Fiscal.
2. Si el acusado acepta
ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas:
a) El acusado aportará
libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso;
b) El interrogatorio
se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación
civil;
c) El interrogatorio
está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles;
d) No son admisibles
preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria.
Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas.
3. El Juez ejercerá puntualmente
sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a solicitud de parte, inadmisible las preguntas prohibidas.
4. El último en intervenir
será el abogado del acusado sometido a interrogatorio.
Artículo 377 Declaración
en caso de pluralidad de acusados.-
1. Los acusados declararán,
por su orden, según la lista establecida por el Juez Penal, previa consulta a las partes.
2. En este caso el examen
se realizará individualmente. El Juez, de oficio o a solicitud de las partes, podrá disponer que se examine separadamente
a los acusados, a cuyo efecto los acusados restantes serán desalojados de la
Sala de Audiencias. Culminado el interrogatorio del último acusado y encontrándose todos en la Sala de Audiencias, el Juez les hará conocer oralmente los puntos más importantes
de la declaración de cada uno de ellos. Si alguno de los acusados hiciese una aclaración o rectificación se hará constar en
acta siempre que fuere pertinente y conducente.
Artículo 378 Examen de
testigos y peritos.-
1. El Juez, después de
identificar adecuadamente al testigo o perito, dispondrá que preste juramento o promesa de decir la verdad.
2. El examen de los testigos
se sujeta -en lo pertinente- a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. Corresponde, en primer lugar, el interrogatorio
de la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí,
ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la sala de audiencia. No se puede leer la declaración de un testigo
interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el juicio.
3. El examen al testigo
menor de dieciséis años de edad será conducido por el Juez en base a las preguntas y contrainterrogatorios presentados por
el Fiscal y las demás partes. Podrá aceptarse el auxilio de un familiar del menor y/o de un experto en psicología. Si, oídas
las partes, se considerase que el interrogatorio directo al menor de edad no perjudica su serenidad, se dispondrá que el interrogatorio
prosiga con las formalidades previstas para los demás testigos. Esta decisión puede ser revocada en el transcurso del interrogatorio.
4. El Juez moderará el
interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el interrogatorio
se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes, en ese mismo acto, podrán solicitar
la reposición de las decisiones de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se
formulen.
5. El examen de los peritos
se inicia con la exposición breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial. Si es necesario se ordenará la lectura
del dictamen pericial. Luego se exhibirá y se les preguntará si corresponde al que han emitido, si ha sufrido alguna alteración
y si es su firma la que aparece al final del dictamen. A continuación se les pedirá expliquen las operaciones periciales que
han realizado, y serán interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, comenzando por quien propuso la prueba
y luego los restantes.
6. Si un testigo o perito
declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior
para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que
no se puede constatar o superar de otra manera
7. Los peritos podrán
consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su interrogatorio. En caso sea necesario se realizará un debate
pericial, para lo cual se ordenará la lectura de los dictámenes periciales o informes científicos o técnicos que se estimen
convenientes.
8. Durante el contrainterrogatorio,
las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el
juicio.
9. Los testigos y peritos
expresarán la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento.
10. A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo
interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en la audiencia.
Artículo 379 Inconcurrencia
del testigo o perito.-
1. Cuando el testigo
o perito, oportunamente citado, no haya comparecido, el Juez ordenará que sea conducido compulsivamente y ordenará a quien
lo propuso colabore con la diligencia.
2. Si el testigo o perito
no puede ser localizado para su conducción compulsiva, el juicio continuará con prescindencia de esa prueba.
Artículo 380 Examen especial
del testigo o perito.-
1. El juez, de oficio
o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio, si es de
temer que otro procesado, un testigo o un perito no dirá la verdad en su presencia.
2. De igual manera se
procederá si, en el interrogatorio de un menor de diez y seis años, es de temer un perjuicio relevante para él, o si, en el
interrogatorio de otra persona como testigo o perito, en presencia del acusado, existe el peligro de un perjuicio grave para
su integridad física o salud. Tan pronto como el acusado esté presente de nuevo, debe instruírsele sobre el contenido esencial
de aquello que se ha dicho o discutido en su ausencia.
Artículo 381 Audiencia
especial para testigos y peritos.-
1. Los testigos y peritos
que no puedan concurrir a la Sala de Audiencias por un impedimento
justificado, serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez.
2. Si se encuentran en
lugar distinto al del juicio, el juez se trasladará hasta el mismo o empleará el sistema de vídeo conferencia, en el primer
supuesto los defensores podrán representar a las partes.
3. En casos excepcionales,
el juez comisionará a otro órgano jurisdiccional para la práctica de la prueba, pudiendo intervenir en la misma los abogados
de las partes, el acta deberá reproducir íntegramente la prueba y, si se cuenta con los medios técnicos correspondientes,
se reproducirá a través de video, filmación o audio.
Artículo 382 Prueba material.-
1. Los instrumentos o
efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad
al juicio, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes.
2. La prueba material
podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre
ella.(*)
(*) Artículo modificado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 382.-
Prueba material
1. Los instrumentos o
efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad
al juicio, siempre que sea materialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes.
2. La prueba material
podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre
ella.”
Artículo 383 Lectura
de la prueba documental.-
1. Sólo podrán ser incorporados
al juicio para su lectura:
a) Las actas conteniendo
la prueba anticipada;
b) La denuncia, la prueba
documental o de informes, y las certificaciones y constataciones;
c) Los informes o dictámenes
periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes,
siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia,
desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes
producidos por comisión, exhorto o informe;
d) Las actas conteniendo
la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante el Fiscal con
la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior;
y,
e) Las actas levantadas
por la Policía, el Fiscal o el Juez de la Investigación Preparatoria que contienen diligencias
objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la
Ley, tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo,
incautación y allanamiento, entre otras.
2. No son oralizables
los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia ni a la actuación de ésta. Todo otro documento
o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá ningún valor.
3. La oralización incluye,
además del pedido de lectura, el de que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta.
Artículo 384 Trámite
de la oralización.-
1. La oralización tendrá
lugar cuando, indistintamente, lo pida el Fiscal o los Defensores. La oralización se realizará por su orden, iniciándola el
Fiscal, continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil, y culminando el abogado del acusado. Quien pida oralización
indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil.
2. Cuando los documentos
o informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra. De igual manera, se podrá prescindir de la reproducción
total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenándose su lectura o reproducción parcial.
3. Los registros de imágenes,
sonidos o en soporte informático podrán ser reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual.
4. Una vez que se concluya
la lectura o reproducción de los documentos, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si
consideran necesario, expliquen aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido.
Artículo 385 Otros medios
de prueba y prueba de oficio.-
1. Si para conocer los
hechos, siempre que sea posible, que no se halla realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara
manifiestamente insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará
la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo.
2. El Juez Penal, excepcionalmente,
una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios
probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez
Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes.
3. La resolución que
se emita en ambos supuestos no es recurrible.
TÍTULO V
LOS ALEGATOS FINALES
Artículo 386 Desarrollo
de la discusión final.-
1. Concluido el examen
del acusado, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden:
a) Exposición oral del
Fiscal;
b) Alegatos de los abogados
del actor civil y del tercero civil;
c) Alegatos del abogado
defensor del acusado;
d) Autodefensa del acusado.
2. No podrán leerse escritos,
sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audio visuales para
una mejor ilustración al Juez.
3. Si está presente el
agraviado y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, corresponderá
la última palabra el acusado.
4. El Juez Penal concederá
la palabra por un tiempo prudencial en atención a la naturaleza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, el orador
expresará sus conclusiones de un modo concreto. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el Juez Penal llamará la atención
al orador y, si éste persistiere, podrá fijarle un tiempo límite, en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato.
5. Culminada la autodefensa
del acusado, el Juez Penal declarará cerrado el debate.
Artículo 387 Alegato
oral del Fiscal.-
1. El Fiscal, cuando
considere que en el juicio se han probado los cargos materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando
los hechos probados y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la responsabilidad penal y civil
del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena y la reparación civil
que solicita.
2. Si el Fiscal considera
que del juicio han surgido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en
la acusación escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación civil. De igual manera, en mérito
a la prueba actuada en el juicio, puede solicitar la imposición de una medida de seguridad, siempre que sobre ese extremo
se hubiera producido el debate contradictorio correspondiente.
3. El Fiscal, en ese
acto, podrá efectuar la corrección de simples errores materiales o incluir alguna circunstancia, siempre que no modifique
esencialmente la imputación ni provoque indefensión y, sin que sea considerada una acusación complementaria.
4. Si el Fiscal considera
que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. En este supuesto el trámite
será el siguiente:
a) El Juzgador, después
de oír a los abogados de las demás partes, resolverá en la misma audiencia lo que corresponda o la suspenderá con tal fin
por el término de dos días hábiles.
b) Reabierta la audiencia,
si el Juzgador está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal, dictará auto dando por retirada la acusación, ordenará la
libertad del imputado si estuviese preso y dispondrá el sobreseimiento definitivo de la causa.
c) Si el Juzgador discrepa
del requerimiento del Fiscal, elevará los autos al Fiscal jerárquicamente superior para que decida, dentro del tercer día,
si el Fiscal inferior mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al literal anterior.
d) La decisión del Fiscal
jerárquicamente superior vincula al Fiscal inferior y al Juzgador.
Artículo 388 Alegato
oral del actor civil.-
1. El abogado del actor
civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha ocasionado a su patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que
tiene su defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la indemnización, así como pedirá la restitución del bien,
si aún es posible, o el pago de su valor.
2. El abogado del actor
civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos en tanto sean relevantes para la imputación de la responsabilidad
civil, así como el conjunto de circunstancias que influyan en su apreciación. Está prohibido de calificar el delito.
Artículo 389 Alegato
oral del abogado del tercero civil.-
1. El abogado del tercero
civil podrá negar la existencia del hecho delictivo atribuido al acusado, o refutar la existencia de la responsabilidad civil
solidaria que le atribuye la acusación o el actor civil, o la magnitud del daño causado y el monto de la indemnización solicitada.
2. El abogado del tercero
civil podrá referirse íntegramente al hecho objeto de imputación y, sin cuestionar el ámbito penal de la misma, resaltar la
inexistencia de los criterios de imputación de derecho civil.
Artículo 390 Alegato
oral del abogado defensor del acusado.-
1. El abogado defensor
del acusado analizará los argumentos de la imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad
penal y grado de participación que se atribuye a su patrocinado, la pena y la reparación civil solicitadas, y si fuere el
caso las rebatirá.
2. Concluirá su alegato
solicitando la absolución del acusado o la atenuación de la pena, o de ser el caso cualquier otro pedido que favorezca a su
patrocinado.
Artículo 391 Autodefensa
del acusado.-
1. Concluidos los alegatos
orales, se concederá la palabra al acusado para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Limitará su exposición
al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. Si no cumple con la limitación precedente se le podrá llamar
la atención y requerirlo para que concrete su exposición.
2. Si el acusado incumple
con la limitación impuesta, se dará por terminada su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de la Sala de Audiencias. En este último supuesto, la sentencia podrá leerse no
estando presente el acusado pero estando su defensor o el nombrado de oficio, sin perjuicio de notificársele con arreglo a
Ley.
TÍTULO VI
LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA
Artículo 392 Deliberación.-
1. Cerrado el debate,
los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta.
2. La deliberación no
podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá suspenderse por más de tres días en caso de enfermedad del juez o de alguno
de los jueces del Juzgado Colegiado. En los procesos complejos el plazo es el doble en todos los casos previstos en el párrafo
anterior.
3. Transcurrido el plazo
sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro Juzgado, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad
disciplinaria que correspondan.
4. Las decisiones se
adoptan por mayoría. Si ésta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término
medio. Para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime.
Artículo 393 Normas para
la deliberación y votación.-
1. El Juez Penal no podrá
utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio.
2. El Juez Penal para
la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración
probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la
experiencia y los conocimientos científicos.
3. La deliberación y
votación se referirá a las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a toda
cuestión incidental que se haya diferido para este momento;
b) Las relativas a la
existencia del hecho y sus circunstancias;
c) Las relativas a la
responsabilidad del acusado, las circunstancias modificatorias de la misma y su grado de participación en el hecho;
d) La calificación legal
del hecho cometido;
e) La individualización
de la pena aplicable y, de ser el caso, de la medida de seguridad que la sustituya o concurra con ella;
f) La reparación civil
y consecuencias accesorias; y,
g) Cuando corresponda,
lo relativo a las costas.
Artículo 394 Requisitos
de la sentencia.- La sentencia contendrá:
1. La mención del Juzgado
Penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado;
2. La enunciación de
los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión
de la defensa del acusado;
3. La motivación clara,
lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba
que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique;
4. Los fundamentos de
derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los
hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo;
5. La parte resolutiva,
con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación
les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca
del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito;
6. La firma del Juez
o Jueces.
Artículo 395 Redacción
de la sentencia.- Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el Juez o el Director del Debate
según el caso. Los párrafos se expresarán en orden numérico correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En la redacción
de las sentencias se pueden emplear números en la mención de normas legales y jurisprudencia, y también notas al pie de página
para la cita de doctrina, bibliografía, datos jurisprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos
o argumentos utilizados en la motivación.
Artículo 396 Lectura
de la sentencia.-
1. El Juez Penal, Unipersonal
o Colegiado, según el caso, se constituirá nuevamente en la Sala
de Audiencias, después de ser convocadas verbalmente las partes, y la sentencia será leída ante quienes comparezcan.
2. Cuando por la complejidad
del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo
su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará
el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días posteriores al pronunciamiento
de la parte dispositiva ante quienes comparezcan.
3. La sentencia quedará
notificada con su lectura integral en audiencia pública. Las partes inmediatamente recibirán copia de ella.
Artículo 397 Correlación
entre acusación y sentencia.-
1. La sentencia no podrá
tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria,
salvo cuando favorezcan al imputado.
2. En la condena, no
se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya
dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374.
3. El Juez Penal no podrá
aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada
de atenuación.
Artículo 398 Sentencia
absolutoria.-
1. La motivación de la
sentencia absolutoria destacará especialmente la existencia o no del hecho imputado, las razones por las cuales el hecho no
constituye delito, así como, de ser el caso, la declaración de que el acusado no ha intervenido en su perpetración, que los
medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste una duda sobre la misma, o que está probada
una causal que lo exime de responsabilidad penal.
2. La sentencia absolutoria
ordenará la libertad del acusado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos afectados al proceso
que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias, la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que
generó el caso, y fijará las costas.
3. La libertad del imputado
y el alzamiento de las demás medidas de coerción procesal se dispondrán aún cuando la sentencia absolutoria no esté firme.
De igual modo, se suspenderán inmediatamente las órdenes de captura impartidas en su contra.
Artículo 399 Sentencia
condenatoria.-
1. La sentencia condenatoria
fijará, con precisión, las penas o medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa
de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los
efectos del cómputo se descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domiciliaria
que hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de
extradición instaurado para someterlo a proceso en el país.
2. En las penas o medidas
de seguridad se fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, descontando los períodos de detención o prisión
preventiva cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa.
3. En tanto haya sido
materia de debate, se unificarán las condenas o penas cuando corresponda. En caso contrario se revocará el beneficio penitenciario
concedido al condenado en ejecución de sentencia anterior, supuesto en el que debe cumplir las penas sucesivamente.
4. La sentencia condenatoria
decidirá también sobre la reparación civil, ordenando -cuando corresponda- la restitución del bien o su valor y el monto de
la indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados
a quien tenga mejor derecho para poseerlos.
5. Leído el fallo condenatorio,
si el acusado está en libertad, el Juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente
que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia.
Artículo 400 Responsabilidad
de persona no comprendida en el proceso o comisión de otro delito.-
1. Si de las pruebas
actuadas resultara que un testigo ha declarado falsamente o se infiere responsabilidad penal de cualquier otra persona no
comprendida en el proceso o se descubre otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo con el que es materia del juzgamiento
y es perseguible por ejercicio público de la acción penal, la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento
de la Fiscalía competente para los fines legales
que correspondan, a la que se enviará copia certificado de lo actuado.
2. El testigo a quien
se atribuya declaración falsa sobre el caso materia de juzgamiento no será procesado por ese delito mientras no se ordene
en la sentencia que se expida en ese procedimiento y quede firme.
Artículo 401 Recurso
de apelación.-
1. Al concluir la lectura
de la sentencia, el Juzgador preguntará a quien corresponda si interpone recurso de apelación. No es necesario que en ese
acto fundamente el recurso. También puede reservarse la decisión de impugnación.
2. Para los acusados
no concurrentes a la audiencia, el plazo empieza a correr desde el día siguiente de la notificación en su domicilio procesal.
3. Rige en lo pertinente
lo dispuesto en el artículo 405.
Artículo 402 Ejecución
provisional.-
1. La sentencia condenatoria,
en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena
sea de multa o limitativa de derechos.
2. Si el condenado estuviere
en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza
o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en
el artículo 288 mientras se resuelve el recurso.
Artículo 403 Inscripción
de la condena.-
1. Se inscribirán en
el Registro correspondiente, a cargo del Poder Judicial, todas las penas y medidas de seguridad impuestas y que constan de
sentencia firme.
2. La inscripción caducará
automáticamente con el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta.
LIBRO CUARTO
LA IMPUGNACIÓN
SECCIÓN I
PRECEPTOS GENERALES
Artículo 404 Facultad
de recurrir.-
1. Las resoluciones judiciales
son impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la
Ley. Los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida.
2. El derecho de impugnación
corresponde sólo a quien la Ley se lo confiere expresamente.
Si la Ley no distingue entre los diversos sujetos procesales,
el derecho corresponde a cualquiera de ellos.
3. El defensor podrá
recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien posteriormente si no está conforme podrá desistirse. El desistimiento
requiere autorización expresa de abogado defensor.
4. Los sujetos procesales,
cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse, antes que el expediente se eleve al Juez que corresponda, al recurso
interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalidades de interposición.
Artículo 405 Formalidades
del recurso.-
1. Para la admisión del
recurso se requiere:
a) Que sea presentado
por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio
Público puede recurrir incluso a favor del imputado.
b) Que sea interpuesto
por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También
puede ser interpuesto en forma oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el
recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva.
c) Que se precise las
partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se expresen los fundamentos, con indicación específica
de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta.
2. Los recursos interpuestos
oralmente contra las resoluciones finales expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de cinco días,
salvo disposición distinta de la Ley.
3. El Juez que emitió
la resolución impugnada, se pronunciará sobre la admisión del recurso y notificará su decisión a todas las partes, luego de
lo cual inmediatamente elevará los actuados al órgano jurisdiccional competente. El Juez que deba conocer la impugnación,
aún de oficio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y, en su caso, podrá anular el concesorio.
Artículo 406 Desistimiento.-
1. Quienes hayan interpuesto
un recurso pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos.
2. El defensor no podrá
desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso de su patrocinado, posterior a la interposición del recurso:
3. El desistimiento no
perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas.
Artículo 407 Ámbito del
recurso.-
1. El imputado y el Ministerio
Público podrán impugnar, indistintamente, del objeto penal o del objeto civil de la resolución.
2. El actor civil sólo
podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución.
Artículo 408 Extensión
del recurso.-
1. Cuando en un procedimiento
hay coimputados, la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente
personales.
2. La impugnación presentada
por el imputado favorece al tercero civil.
3. La impugnación presentada
por el tercero civil favorece al imputado, en cuanto no se haya fundamentado en motivos exclusivamente personales.
Artículo 409 Competencia
del Tribunal Revisor.-
1. La impugnación confiere
al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades
absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.
2. Los errores de derecho
en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no la anulará, pero serán corregidos.
De igual manera se procederá en los casos de error material en la denominación o el cómputo de las penas.
3. La impugnación del
Ministerio Público permitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del imputado. La impugnación interpuesta exclusivamente
por el imputado no permite modificación en su perjuicio.
Artículo 410 Impugnación
diferida.-
1. En los procesos con
pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte auto de sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de los otros,
la impugnación que se presente si es concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia que
ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes.
2. En este último caso,
la parte afectada podrá interponer recurso de queja, en el modo y forma previsto por la
Ley.
Artículo 411 Libertad
de los imputados.- Los imputados que hayan sobrepasado el tiempo de la pena impuesta por una sentencia pendiente de recurso,
sin perjuicio que éste sea resuelto, serán puestos en inmediata libertad. El juzgador está facultado para dictar las medidas
que aseguren la presencia del imputado, siendo aplicable en lo pertinente las restricciones contempladas en el artículo 288.
Artículo 412 Ejecución
provisional.-
1. Salvo disposición
contraría de la Ley, la resolución impugnada mediante recurso
se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere.
2. Las impugnaciones
contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo.
SECCIÓN II
LOS RECURSOS
Artículo 413 Clases.-
Los recursos contra las resoluciones judiciales son:
1. Recurso de reposición
2. Recurso de apelación
3. Recurso de casación
4. Recurso de queja
Artículo 414 Plazos.-
1. Los plazos para la
interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son:
a) Diez días para el
recurso de casación
b) Cinco días para el
recurso de apelación contra sentencias
c) Tres días para el
recurso de apelación contra autos interlocutorios y el recurso de queja
d) Dos días para el recurso
de reposición
2. El plazo se computará
desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
SECCIÓN III
EL RECURSO DE REPOSICIÓN
Artículo 415 Ámbito.-
1. El recurso de reposición
procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.
Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo
el Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia.
2. El trámite que se
observará será el siguiente:
a) Si interpuesto el
recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así
sin más trámite.
b) Si no se trata de
una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas. Si el Juez
lo considera necesario, conferirá traslado por el plazo de dos días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin
ella.
3. El auto que resuelve
la reposición es inimpugnable.
SECCIÓN IV
EL RECURSO DE APELACIÓN
TÍTULO I
PRECEPTOS GENERALES
Artículo 416 Resoluciones
apelables y exigencia formal.-
1. El recurso de apelación
procederá contra:
a) Las sentencias;
b) Los autos de sobreseimiento
y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal
o pongan fin al procedimiento o la instancia;
c) Los autos que revoquen
la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena;
d) Los autos que se pronuncien
sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva;
e) Los autos expresamente
declarados apelables o que causen gravamen irreparable.
2. Cuando la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del Juzgado,
el recurrente deberá fijar domicilio procesal en la sede de Corte dentro del quinto día de notificado el concesorio del recurso
de apelación. En caso contrario, se le tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones dictadas
por la Sala Penal Superior.
Artículo 417 Competencia.-
1. Contra las decisiones
emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria,
así como contra las expedidas por el Juzgado Penal, unipersonal o colegiado, conoce el recurso la Sala Penal Superior.
2. Contra las sentencias
emitidas por el Juzgado de Paz Letrado, conoce del recurso el Juzgado Penal unipersonal.
Artículo 418 Efectos.-
1. El recurso de apelación
tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la
instancia.
2. Si se trata de una
sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo
caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo
a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.
Artículo 419 Facultades
de la Sala Penal Superior.-
1. La apelación atribuye
a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la
pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho.
2. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada
sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar sentencia
condenatoria.
3. Bastan dos votos conformes
para absolver el grado.
TÍTULO II
LA APELACIÓN DE AUTOS
Artículo 420 Trámite.-
1. Recibidos los autos,
salvo los casos expresamente previstos en este Código, la Sala
conferirá traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales
por el plazo de cinco días.
2. Absuelto el traslado
o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior
estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, la causa queda expedita para ser resuelta, y se
señalará día y hora para la audiencia de apelación.
3. Antes de la notificación
de dicho decreto, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se agregue
a los autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento
a los sujetos procesales por el plazo de tres días. Excepcionalmente la Sala
podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del procedimiento.
4. El auto en el que la Sala
declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición, que se tramitará conforme al artículo 415.
5. A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que
lo estimen conveniente. En la audiencia, que no podrá aplazarse por ninguna circunstancia, se dará cuenta de la resolución
recurrida, de los fundamentos del recurso y, acto seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las
partes asistentes. El acusado, en todo caso, tendrá derecho a la última palabra.
6. En cualquier momento
de la audiencia, la Sala podrá formular preguntas al Fiscal
o a los abogados de los demás sujetos procesales, o pedirles que profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto
específico de la cuestión debatida.
7. Salvo los casos expresamente
previstos en este Código, la Sala absolverá el grado en el
plazo de veinte días.
TÍTULO III
LA APELACIÓN DE SENTENCIAS
Artículo 421 Trámite
inicial.-
1. Recibidos los autos,
la Sala conferirá traslado del escrito de fundamentación del
recurso de apelación por el plazo de cinco días.
2. Cumplida la absolución
de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal
Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, comunicará a las partes que pueden ofrecer
medios probatorios en el plazo de cinco días. El auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición,
que se tramitará conforme al artículo 415.
Artículo 422 Pruebas
en Segunda Instancia.-
1. El escrito de ofrecimiento
de pruebas deberá indicar específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera de la prueba ofrecida.
2. Sólo se admitirán
los siguientes medios de prueba:
a) Los que no se pudo
proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia;
b) Los propuestos que
fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva; y,
c) Los admitidos que
no fueron practicados por causas no imputables a él.
3. Sólo se admitirán
medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. Si sólo se cuestiona la determinación judicial
de la sanción, las pruebas estarán referidas a ese único extremo. Si la apelación en su conjunto sólo se refiere al objeto
civil del proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374 del Código Procesal Civil.
4. La Sala mediante auto, en el plazo de tres días, decidirá la admisibilidad de las pruebas
ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 155 y a los puntos materia de discusión en la apelación.
La resolución es inimpugnable.
5. También serán citados
aquellos testigos -incluidos los agraviados- que han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de inmediación y contradicción considere indispensable su concurrencia
para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso
se estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio.
Artículo 423 Emplazamiento
para la audiencia de apelación.-
1. Decidida la admisibilidad
de la prueba ofrecida, en ese mismo auto se convocará a las partes, incluso a los imputados no recurrentes, para la audiencia
de apelación.
2. Es obligatoria la
asistencia del Fiscal y del imputado recurrente, así como de todos los imputados recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta
por el Fiscal.
3. Si el acusado recurrente
no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera
se procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente.
4. Si los imputados son
partes recurridas, su inasistencia no impedirá la realización de la audiencia, sin perjuicio de disponer su conducción coactiva
y declararlos reos contumaces.
5. Es, asimismo, obligatoria
la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han interpuesto el recurso, bajo sanción de declaración de inadmisibilidad
de la apelación; y,
6. Si la apelación en
su conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil.
Artículo 424 Audiencia
de apelación.-
1. En la audiencia de
apelación se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia.
2. Al iniciar el debate
se hará una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones correspondientes. Acto seguido, se dará la oportunidad
a las partes para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que ratifiquen los motivos de
la apelación.
3. A continuación se actuarán las pruebas admitidas. El interrogatorio de
los imputados es un paso obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la sentencia de primera instancia, salvo que
decidan abstenerse de declarar.
4. Pueden darse lectura
en la audiencia de apelación, aún de oficio, al informe pericial y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera
instancia no objetadas por las partes, así como, dentro de los límites previstos en el artículo 383, a las actuaciones cumplidas en las etapas precedentes.
5. Al culminar la actuación
de pruebas, las partes alegarán por su orden empezando por las recurrentes, de conformidad en lo pertinente con el numeral
1) de artículo 386. El imputado tendrá derecho a la última palabra. Rige lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 386.
Artículo 425 Sentencia
de Segunda Instancia.-
1. Rige para la deliberación
y expedición de la sentencia de segunda instancia lo dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393. El plazo para dictar
sentencia no podrá exceder de diez días. Para la absolución del grado se requiere mayoría de votos.
2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia
de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La
Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación
por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.
3. La sentencia de segunda
instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409, puede:
a) Declarar la nulidad,
en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a
que hubiere lugar;
b) Dentro de los límites
del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia
condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a
la enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia absolutoria o dar al
hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta
o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer,
modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad.
4. La sentencia de segunda
instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia.
El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.
5.- Contra la sentencia
de segunda instancia sólo procede el pedido de aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos para su admisión.
6. Leída y notificada
la sentencia de segunda instancia, luego de vencerse el plazo para intentar recurrirla, el expediente será remitido al Juez
que corresponde ejecutarla conforme a lo dispuesto en este Código.
Artículo 426 Nulidad
del juicio.-
1. En los casos del literal
a) del numeral 3) del artículo anterior, no podrán intervenir los jueces que conocieron del juicio anulado.
2. Si el nuevo juicio
se dispuso como consecuencia de un recurso a favor del imputado, en éste no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta
en el primero.
SECCIÓN V
EL RECURSO DE CASACIÓN
Artículo 427 Procedencia.-
1. El recurso de casación
procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan
la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por
las Salas Penales Superiores.
2. La procedencia del
recurso de casación, en los supuestos indicados en el numeral 1), está sujeta a las siguientes limitaciones:
a) Si se trata de autos
que pongan fin al procedimiento, cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años.
b) Si se trata de sentencias,
cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a seis años.
c) Si se trata de sentencias
que impongan una medida de seguridad, cuando ésta sea la de internación.
3. Si la impugnación
se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior
a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente.
4. Excepcionalmente,
será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema,
discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial.
Artículo 428 Desestimación.-
1. La Sala Penal de la Corte Suprema
declarará la inadmisibilidad del recurso de casación cuando:
a) no se cumplen los
requisitos y causales previstos en los artículos 405 y 429;
b) se hubiere interpuesto
por motivos distintos a los enumerados en el Código;
c) se refiere a resoluciones
no impugnables en casación; y,
d) el recurrente hubiera
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso;
o, si invoca violaciones de la Ley que no hayan sido deducidas
en los fundamentos de su recurso de apelación.
2. También declarará
la inadmisibilidad del recurso cuando:
a) carezca manifiestamente
de fundamento;
b) se hubieren desestimado
en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no da argumentos suficientes para que se modifique el criterio
o doctrina jurisprudencial ya establecida.
3. En estos casos la
inadmisibilidad del recurso podrá afectar a todos los motivos aducidos o referirse solamente a alguno de ellos.
Artículo 429 Causales.-
Son causales para interponer recurso de casación:
1. Si la sentencia o
auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o
con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías.
2. Si la sentencia o
auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.
3. Si la sentencia o
auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.
4. Si la sentencia o
auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor.
5. Si la sentencia o
auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte
Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional.
Artículo 430 Interposición
y admisión.-
1. El recurso de casación,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405, debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citará concretamente
los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisará el fundamento o los fundamentos doctrinales
y legales que sustenten su pretensión, y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. Interpuesto recurso
de casación, la Sala Penal Superior sólo podrá declarar
su inadmisibilidad en los supuestos previstos en el artículo 405 o cuando se invoquen causales distintas de los enumerados
en el Código.
3. Si se invoca el numeral
4) del artículo 427, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda conforme al artículo 429, el recurrente
deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende.
En este supuesto, la Sala Penal Superior, para la concesión
del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, constatará la existencia de la fundamentación específica
exigida en estos casos.
4. Si la Sala Penal Superior concede el recurso, dispondrá se notifiquen a
todas las partes y se les emplazará para que comparezcan ante la Sala
Penal de la Corte Suprema y, si la
causa proviene de un Distrito Judicial distinto de Lima, fijen nuevo domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al
de la notificación.
5. Elevado el expediente
a la Sala Penal de la Corte Suprema, se correrá traslado del recurso a las demás partes por el plazo de diez
días, siempre que previamente hubieren cumplido ante la Sala Penal
Superior con lo dispuesto en el numeral anterior. Si, conforme a lo dispuesto en el numeral anterior, no se señaló nuevo domicilio
procesal, se tendrá al infractor por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones que se dicten por la Sala Penal Suprema.
6. Acto seguido y sin
trámite alguno, mediante auto, decidirá conforme al artículo 428 si el recurso está bien concedido y si procede conocer el
fondo del mismo. Esta resolución se expedirá dentro del plazo de veinte días. Bastan tres votos para decidir si procede conocer
el fondo del asunto.
Artículo 431 Preparación
y Audiencia.-
1. Concedido el recurso
de casación, el expediente quedará diez días en la Secretaría
de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar,
si lo estiman conveniente, alegatos ampliatorios.
2. Vencido el plazo,
se señalará día y hora para la audiencia de casación, con citación de las partes apersonadas. La audiencia se instalará con
la concurrencia de las partes que asistan. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del Fiscal, en caso el recurso
haya sido interpuesto por el Ministerio Público, o del abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible
el recurso de casación.
3. Instalada la audiencia,
primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, se seguirá el orden fijado en el numeral
5) del artículo 424, luego de lo cual informarán los abogados de las partes recurridas. Si asiste el imputado, se le concederá
la palabra en último término.
4. Culminada la audiencia,
la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los numerales
1) y 4) del artículo 425. La sentencia se expedirá en el plazo de veinte días. El recurso de casación se resuelve con cuatro
votos conformes.
Artículo 432 Competencia.-
1. El recurso atribuye
a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento del proceso sólo en cuanto a las causales de casación
expresamente invocadas por el recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio en cualquier estado
y grado del proceso.
2. La competencia de
la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida.
Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos.
3. Los errores jurídicos
de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregirlos en la sentencia casatoria.
Artículo 433 Contenido
de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio.-
1. Si la sentencia de
la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia
o auto recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el reenvió
del proceso. La sentencia se notificará a todas las partes, incluso a las no recurrentes.
2. Si opta por la anulación
sin reenvío en la misma sentencia se pronunciará sobre el fondo dictando el fallo que deba reemplazar el recurrido. Si decide
la anulación con reenvió, indicará el Juez o Sala Penal Superior competente y el acto procesal que deba renovarse. El órgano
jurisdiccional que reciba los autos, procederá de conformidad con lo resuelto por la Sala Penal Suprema.
3. En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo
a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos
jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique.
Si existiere otra Sala Penal o ésta se integra con otros Vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su
instancia, se convocará inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta.
En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se dicte afectará la decisión adoptada
en el caso que la motiva. La resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial.
4. Si se advirtiere que
otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal
en sus decisiones sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de
oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría
del Pueblo, en relación a los ámbitos referidos a su atribución constitucional, obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio
de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema. En
este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se señalará día y hora para la vista de
la causa, con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la
Defensoría del Pueblo. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral anterior.
Artículo 434 Efectos
de la anulación.-
1. La anulación del auto
o sentencia recurridos podrá ser total o parcial.
2. Si no han anulado
todas las disposiciones de la sentencia impugnada, ésta tendrá valor de cosa juzgada en las partes que no tengan nexo esencial
con la parte anulada. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará en la parte resolutiva de la sentencia
casatoria, cuando ello sea necesario, qué partes de la sentencia impugnada adquieren ejecutoria.
Artículo 435 Libertad
del imputado.- Cuando por efecto de la casación del auto o sentencia recurridos deba cesar la detención del procesado, la Sala Penal de la
Corte Suprema ordenará directamente la libertad. De igual modo procederá, respecto de otras medidas de coerción.
Artículo 436 Improcedencia
de recursos.-
1. La sentencia casatoria
no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la acción de revisión de la sentencia condenatoria prevista en este
Código.
2. Tampoco será susceptible
de impugnación la sentencia que se dictare en el juicio de reenvío por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo
será, en cambio, si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia casatoria.
SECCIÓN VI
EL RECURSO DE QUEJA
Artículo 437 Procedencia
y efectos.-
1. Procede recurso de
queja de derecho contra la resolución del Juez que declara inadmisible el recurso de apelación.
2. También procede recurso
de queja de derecho contra la resolución de la Sala Penal
Superior que declara inadmisible el recurso de casación.
3. El recurso de queja
de derecho se interpone ante el órgano jurisdiccional superior del que denegó el recurso.
4. La interposición del
recurso no suspende la tramitación del principal, ni la eficacia de la resolución denegatoria.
Artículo 438 Trámite.-
1. En el recurso de queja
se precisará el motivo de su interposición con invocación de la norma jurídica vulnerada. Se acompañará el escrito que motivó
la resolución recurrida y, en su caso, los referentes a su tramitación; la resolución recurrida; el escrito en que se recurre;
y, la resolución denegatoria.
2. Rige lo dispuesto
en los dos últimos párrafos del artículo 403 del Código Procesal Civil.
3. Interpuesto el recurso,
el órgano jurisdiccional competente decidirá, sin trámite alguno, su admisibilidad y, en su caso, su fundabilidad. Para decidir,
puede solicitarse al órgano jurisdiccional inferior copia de alguna actuación procesal. Este requerimiento puede cursarse
por fax u otro medio adecuado.
4. Si se declara fundada
la queja, se concede el recurso y se ordena al Juez de la causa envíe el expediente o ejecute lo que corresponda, sin perjuicio
de la notificación a las partes.
5. Si se declara infundada
la queja, se comunica la decisión al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales.
SECCIÓN VII
LA ACCIÓN DE REVISIÓN
Artículo 439.- Procedencia.-
La revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado, en los siguientes
casos:
1. Cuando después de
una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero
sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de
los condenados.
2. Cuando la sentencia
se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada.
3. Si se demuestra que
un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad,
invalidez, adulteración o falsificación.
4. Si con posterioridad
a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas
anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.
5. Cuando se demuestre,
mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza
contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado.
6. Cuando la norma que
sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto
por la Corte Suprema.
Artículo 440 Legitimación.-
1. La acción de revisión
podrá ser promovida por el Fiscal Supremo en lo Penal y por el condenado.
2. Si el condenado fuere
incapaz, podrá ser promovida por su representante legal; y, si hubiera fallecido o estuviere imposibilitado de hacerlo, por
su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, en ese orden.
Artículo 441 Contenido
de la demanda.-
1. La demanda de revisión
será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener lo siguiente:
a) La determinación precisa
de la sentencia cuya revisión se demanda, con indicación del órgano jurisdiccional que la dictó;
b) La causal invocada
y la referencia específica y completa de los hechos en que se funda, así como las disposiciones legales pertinentes.
c) La indemnización que
se pretende, con indicación precisa de su monto. Este requisito es potestativo.
2. Se acompañará copia
de las sentencias expedidas en el proceso cuya revisión se demanda. Asimismo, se acompañará la prueba documental si el caso
lo permite o la indicación del archivo donde puede encontrarse la misma.
3. Cuando la demostración
de la causal de revisión no surge de una sentencia judicial irrevocable, el recurrente deberá indicar todos los medios de
prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones.
4. La Sala Penal de la Corte Suprema
podrá otorgar un plazo al demandante para que complete los requisitos faltantes.
Artículo 442 Efectos.-
La interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del
procedimiento, la Sala podrá suspender la ejecución de la sentencia
impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción
alternativa.
Artículo 443 Trámite.-
1. Interpuesta la demanda
con sus recaudos, la Sala examinará si reúne los requisitos
exigidos en los artículos anteriores. Si la demanda fuera inadmitida, la decisión se tomará mediante auto dictado por unanimidad.
2. Si se admite la demanda,
la Sala dará conocimiento de la demanda al Fiscal o al condenado,
según el caso. Asimismo, solicitará el expediente de cuya revisión se trate y, si correspondiera, la prueba documental señalaba
(*) NOTA SPIJ por el demandante.
3. De igual manera, dispondrá,
si fuere necesario, la recepción de los medios de prueba ofrecidos por el demandante, por la otra parte y los que considere
útiles para la averiguación de la verdad. De esas actuaciones se levantará el acta correspondiente, pudiendo la Sala designar uno de los miembros para su actuación.
4. Concluida la actuación
probatoria, que no podrá exceder de treinta días, la Sala designará
fecha para la Audiencia de Revisión, a la que se citarán
al Fiscal y el defensor del condenado, de su representante o del familiar más cercano. La inasistencia del demandante determinará
la declaración de inadmisibilidad de la demanda.
5. Instalada la audiencia
de revisión, se dará cuenta de la demanda de revisión y de la prueba actuada. Acto seguido, informarán oralmente el Fiscal
y el abogado del condenado, de su representante o del familiar más cercano. Si el imputado asiste a la audiencia hará uso
de la palabra en último lugar. Concluida la audiencia, la Sala
emitirá sentencia en audiencia pública en el plazo de veinte días. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 425.
Artículo 444 Sentencia.-
1. Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la sentencia
motivo de la impugnación y la remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiere, o pronunciará directamente la sentencia
absolutoria.
2. Si la sentencia dispone
un nuevo juicio, éste será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán
fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, con independencia de las causales que tornaron admisible
la revisión.
3. Si la sentencia es
absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por concepto de reparación y de multa, así como -de haberse
solicitado- la indemnización que corresponda por error judicial.
4. La sentencia se notificará
a todas las partes del proceso originario.
Artículo 445 Renovación
de la demanda.- La denegatoria de la revisión, o la ulterior sentencia confirmatoria de la anterior, no impide una nueva demanda
de revisión, siempre que se funde en otros hechos o pruebas.
LIBRO QUINTO
LOS PROCESOS ESPECIALES
SECCIÓN I
EL PROCESO INMEDIATO
Artículo 446 Supuestos
del proceso inmediato.-
1. El Fiscal podrá solicitar
la vía del proceso inmediato, cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado
ha confesado la comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y
previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2. Si se trata de una
causa seguida contra varios imputados, sólo será posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones
previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados
otros imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte
indispensable.
Artículo 447 Requerimiento
del Fiscal.-
1. El Fiscal, sin perjuicio
de solicitar las medidas de coerción que correspondan, se dirigirá al Juez de la Investigación Preparatoria formulando el requerimiento de proceso inmediato. El
requerimiento se presentará luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de
formalizada la Investigación Preparatoria.
2. Se acompañará al requerimiento
el expediente fiscal.
Artículo 448 Resolución.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, previo traslado al imputado
y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidirá directamente en igual plazo de tres días, si procede
el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. La resolución que se emita es apelable con efecto devolutivo.
2. Notificado el auto
que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular acusación, la cual será remitida por el Juez
de la Investigación Preparatoria al Juez
Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.
3. De ser pertinente,
antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada.
4. Notificado el auto
que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dictará la
Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación Preparatoria.
SECCIÓN II
EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TÍTULO I
EL PROCESO POR DELITOS DE
FUNCIÓN ATRIBUIDOS A ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Artículo 449 Disposiciones
aplicables.- El proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus
funciones y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se establecen
en este Título.
Artículo 450 Reglas específicas
para la incoación del proceso penal.-
1. La incoación de un
proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, requiere la previa interposición de una denuncia constitucional, en
las condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la Ley,
por el Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o
por los Congresistas; y, en especial, como consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de contenido
penal aprobada por el Congreso.
2. El Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución acusatoria
de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la Investigación Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la
Corte Suprema a fin de que nombre, entre sus miembros, al Vocal Supremo que actuará como Juez de la Investigación Preparatoria y a los integrantes de
la Sala Penal Especial que se encargará del Juzgamiento
y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero, y designará a los Fiscales Supremos
que conocerán de las etapas de Investigación Preparatoria y de Enjuiciamiento.
3. El Vocal Supremo de
la Investigación Preparatoria, con los
actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará, en igual plazo, auto motivado aprobando la formalización
de la Investigación Preparatoria, con
citación del Fiscal Supremo encargado y del imputado. La Disposición
del Fiscal de la Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria respetarán los hechos atribuidos
al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso.
4. Notificado el auto
aprobatorio del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria,
el Fiscal Supremo designado asumirá la dirección de la investigación, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin
perjuicio de solicitar al Vocal Supremo las medidas de coerción que correspondan y los demás actos que requieran intervención
jurisdiccional.
5. El cuestionamiento
de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, así como lo relativo
a la extinción de la acción penal podrá deducirse luego de formalizada y aprobada la continuación de la Investigación Preparatoria, mediante los medios de defensa técnicos
previstos en este Código.
6. La necesidad de ampliar
el objeto de la investigación por nuevos hechos delicitivos cometidos por el Alto Funcionario en el ejercicio de sus funciones
públicas, requiere resolución acusatoria del Congreso, a cuyo efecto el Fiscal de la Investigación Preparatoria se dirigirá al Fiscal de la Nación para que formule la denuncia constitucional respectiva. Si de la investigación
se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el Fiscal
emitirá una Disposición al respecto y requerirá al Vocal de la
Investigación Preparatoria emita la resolución aprobatoria correspondiente, quien se pronunciará previa audiencia
con la concurrencia de las partes. En este caso no se requiere la intervención del Congreso.
7. Contra la sentencia
emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso
de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra la
sentencia de vista no procede recurso alguno.
8. El auto de sobreseimiento
o el que ampara una excepción u otro medio de defensa que enerve la pretensión acusatoria, así como la sentencia absolutoria,
en tanto adquieran firmeza, devuelve al procesado sus derechos políticos, sin que sea necesario acuerdo de Congreso en este
sentido.
9. El plazo que se refiere
al artículo 99 de la Constitución no interrumpe ni
suspende la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 84 del Código Penal.
10. Vencido el plazo
de cinco años, previsto en el artículo 99 de la Constitución,
siempre que no se haya incoado el proceso penal, el ex alto funcionario público estará sometido a las reglas del proceso penal
común.
Artículo 451 Conversión
del procedimiento común y acumulación.-
1. Si en el curso de
un proceso penal común, se determina que uno de los imputados está incurso en el artículo 99 de la Constitución, el Juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público
o de otro sujeto procesal, previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia de lo actuado a la Fiscalía de la
Nación para que se proceda a la formulación de la denuncia constitucional correspondiente; si el Fiscal de
la Nación no está conforme con la resolución judicial solicitará
la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se pronuncie al respecto. La Sala resolverá, mediante resolución inimpungnable y previa audiencia con asistencia de
las partes.
2. Cuando el hecho sea
atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos debe ser sujeto al procedimiento parlamentario de acusación constitucional,
la causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no proceda este procedimiento.
Se remitirá copia certificada de lo actuado al Fiscal de la Nación
contra los restantes, para que proceda conforme lo dispone el numeral anterior. Si el Congreso emite resolución acusatoria,
las causas deberán acumularse y serán tramitadas según las reglas especiales previstas en este Título.
TÍTULO II
EL PROCESO POR DELITOS COMUNES
ATRIBUIDOS A CONGRESISTAS Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS
Artículo 452 Ámbito.-
1. Los delitos comunes
atribuidos a los Congresistas, al Defensor del Pueblo y a los Magistrados del Tribunal Constitucional, desde que son elegidos
hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación preparatoria y enjuiciamiento
hasta que el Congreso, o el Pleno del Tribunal Constitucional en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimiento parlamentario
-o el administrativo en el caso del Tribunal Constitucional- que corresponda, lo autorice expresamente.
2. Si el funcionario
ha sido detenido en flagrante delito deberá ser puesto en el plazo de veinticuatro horas a disposición del Congreso o del
Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que inmediatamente autorice o no la privación de libertad y el enjuiciamiento.
Artículo 453 Reglas del
proceso y elevación del requerimiento de autorización de procesamiento.-
1. El proceso penal,
en estos casos, se seguirá bajo las reglas del proceso común. En la etapa de enjuiciamiento intervendrá un Juzgado colegiado.
El recurso de casación procederá según las disposiciones comunes que lo rigen.
2. Si al calificar la
denuncia, el Informe Policial o las indagaciones preliminares, o si en el curso del proceso se advierte que el imputado está
incurso en las disposiciones del artículo anterior, el Juez de oficio o a petición de parte, previa audiencia, elevará los
actuados respecto de aquél al Presidente de la Corte Superior
correspondiente para que por su conducto se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional, según el caso,
a fin de que se expida la resolución de autorización de procesamiento. Desde el momento en que se dicte la resolución, que
es inimpugnable, se reservará lo actuado en ese extremo a la espera de la decisión de la autoridad competente, sin perjuicio
de continuar la causa si existen otros procesados.
TÍTULO III
EL PROCESO POR DELITOS DE
FUNCIÓN ATRIBUIDOS A OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Artículo 454 Ámbito.-
1. Los delitos en el
ejercicio de sus funciones atribuidos a los Vocales y Fiscales Superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia
Militar, al Procurador Público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, requieren que el Fiscal
de la Nación, previa indagación preliminar, emita una Disposición
que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la Investigación Preparatoria correspondiente.
2. La Disposición del Fiscal de la Nación
no será necesaria cuando el funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito, el mismo que en el plazo de veinticuatro
horas será conducido al despacho del Fiscal Supremo o del Fiscal Superior correspondiente, según los casos, para la formalización
de la investigación preparatoria.
3. Corresponde a un Fiscal
Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de los
delitos de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los Vocales y Fiscales Superiores
y al Procurador Público, así como a otros funcionarios que señale la Ley.
En estos casos la Sala Penal de la Corte Suprema designará, entre sus miembros, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso
de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal de la
Nación hará lo propio respecto a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria
y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal
Especial Suprema procede recurso de apelación, que conocerá la Sala
Suprema que prevé la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso alguno.
4. Corresponde a un Fiscal
Superior y a la Corte Superior competente el conocimiento
de los delitos de función atribuidos al Juez de Primera Instancia, al Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal
Adjunto Provincial, así como a otros funcionarios que señale la Ley. En
estos casos la Presidencia de la Corte Superior designará, entre los miembros de la Sala Penal competente, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la
Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra
las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal Superior Decano hará lo propio respecto a los Fiscales Superiores que
conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior procede recurso de apelación, que conocerá
la Sala Penal de la Corte Suprema. Contra esta última sentencia no procede recurso alguno.
Artículo 455 Disposiciones
aplicables.- El proceso penal en estos casos se regirá por las reglas del proceso común, con las excepciones previstas en
el artículo anterior.
SECCIÓN III
EL PROCESO DE SEGURIDAD
Artículo 456 Instauración
del proceso de seguridad.-
1. Cuando el Fiscal,
luego de haberse dictado la resolución prevista en el artículo 75, o cuando al culminar la Investigación Preparatoria considere que sólo corresponde imponer al imputado
una medida de seguridad y que son aplicables las disposiciones del Título IV del Libro I del Código Penal, según el estado
de la causa realizará las actuaciones de investigación imprescindibles o, si estima que éstas han cumplido su objeto requerirá
la apertura de juicio oral y formulará el correspondiente requerimiento de imposición de medidas de seguridad, aplicando en
lo pertinente lo dispuesto para la acusación fiscal con la indicación precisa de la medida de seguridad que solicita.
2. Si el imputado está
procesado con otros imputados, se desacumulará el extremo de los cargos que se le imputan, incoándose una causa independiente.
Artículo 457 Reglas especiales.-
1. Para el proceso de
seguridad se aplican las disposiciones sobre el proceso común, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en esta sección.
2. Cuando el imputado
se encuentre en la situación prevista en el artículo 20.2 del Código Penal, luego de procederse conforme al artículo 75, sus
facultades serán ejercidas por su curador o por quien designe el Juez de la Investigación Preparatoria, con quien se entenderán todas las actuaciones, salvo los actos de
carácter personal.
3. En este caso, si fuere
imposible su cumplimiento, no se interrogará al imputado.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria podrá también rechazar
el requerimiento de imposición de medidas de seguridad formulado por el Fiscal, si considera que corresponde la aplicación
de una pena. Contra esta resolución procede recurso de apelación, con efecto suspensivo.
5. El proceso de seguridad
no podrá acumularse con un proceso común.
6. El juicio se realizará
con exclusión del público. De igual manera, también podrá realizarse sin la presencia del imputado si fuere imposible en razón
a su estado de salud o por motivos de orden o de seguridad. En el juicio será representado por su curador.
7. Si no es posible la
presencia del imputado en el acto oral, antes de la realización del juicio podrá disponerse el interrogatorio del imputado,
con la intervención y orientación de un perito. Esta actuación sólo será posible si lo permite la condición del imputado,
a juicio del perito.
8. Cuando no pueda contarse
con la presencia del imputado, se podrán leer sus declaraciones anteriores, así como la prevista en el numeral anterior.
9. Es imprescindible
que en el acto oral se interrogue al perito que emitió el dictamen sobre el estado de salud mental del imputado, sin perjuicio
de disponerse, de ser el caso, la ampliación de dicho dictamen por el mismo u otro perito.
10. La sentencia versará
sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad.
Artículo 458 Transformación
al proceso común y advertencia.-
1. Si después de la instalación
del juicio oral, como consecuencia del debate, el Juez advierte que no es de aplicación el artículo 456 y que es posible aplicar
una pena al imputado, el Juez dictará la resolución de transformación del proceso y advertirá al imputado de la modificación
de su situación jurídica, dándole la oportunidad de defenderse, sin perjuicio de dar intervención a las partes. En este caso
se suspenderá el acto oral y se reiniciará antes del plazo previsto en el numeral 3) del artículo 360.
2. Rigen, análogamente,
las reglas sobre acusación ampliatoria si el Fiscal considera que se presenta lo establecido en el numeral anterior, así como
las reglas sobre correlación entre acusación y sentencia.
3. Si se ha deliberado
en ausencia del imputado en virtud del artículo anterior, se deberán repetir aquellas partes del juicio en las que el inculpado
no estaba presente.
SECCIÓN IV
PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO
PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL
Artículo 459 Querella.-
1. En los delitos sujetos
a ejercicio privado de la acción penal, el directamente ofendido por el delito formulará querella, por sí o por su representante
legal, nombrado con las facultades especiales establecidas por el Código Procesal Civil, ante el Juzgado Penal Unipersonal.
2. El directamente ofendido
por el delito se constituirá en querellante particular. La querella que formule cumplirá con los requisitos establecidos en
el artículo 109, con precisión de los datos identificatorios y del domicilio del querellado.
3. Al escrito de querella
se acompañará copias del mismo para cada querellado y, en su caso, del poder correspondiente.
Artículo 460 Control
de Admisibilidad.-
1. Si el Juez considera
que la querella no es clara o está incompleta, dispondrá que el querellante particular, dentro de tercer día, aclare o subsane
la omisión respecto a los puntos que señale. Si el querellante no lo hiciere, se expedirá resolución dando por no presentada
la querella y ordenando su archivo definitivo.
2. Consentida o ejecutoriada
esta resolución, se prohíbe renovar querella sobre el mismo hecho punible.
3. El Juez, por auto
especialmente motivado, podrá rechazar de plano la querella cuando sea manifiesto que el hecho no constituye delito, o la
acción esté evidentemente prescrita, o verse sobre hechos punibles de acción pública.
Artículo 461 Investigación
preliminar.-
1. Cuando se ignore el
nombre o domicilio de la persona contra quien se quiere dirigir la querella, o cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente
el delito fuere imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar, el querellante solicitará al Juez en su escrito
de querella su inmediata realización, indicando las medidas pertinentes que deben adoptarse. El Juez Penal, si correspondiere,
ordenará a la Policía Nacional la realización
de la investigación en los términos solicitados por el querellante, fijando el plazo correspondiente, con conocimiento del
Ministerio Público.
2. La Policía Nacional elevará al Juez Penal un Informe Policial dando cuenta
del resultado de la investigación preliminar ordenada. El querellante, una vez notificado de la recepción del documento policial,
deberá completar la querella dentro del quinto día de notificado. Si no lo hiciere oportunamente caducará el derecho de ejercer
la acción penal.
Artículo 462 Auto de
citación a juicio y audiencia.-
1. Si la querella reúne
los requisitos de Ley, el Juez Penal expedirá auto admisorio de la instancia y correrá traslado al querellado por el plazo
de cinco días hábiles, para que conteste y ofrezca la prueba que corresponda. Se acompañará a la indicada resolución, copia
de la querella y de sus recaudos.
2. Vencido el plazo de
contestación, producida o no la contestación, se dictará el auto de citación a juicio. La audiencia deberá celebrarse en un
plazo no menor de diez días ni mayor de treinta.
3. Instalada la audiencia
se instará a las partes, en sesión privada, a que concilien y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio
de dejar constancia en el acta de las razones de su no aceptación, continuará la audiencia en acto público, siguiendo en lo
pertinente las reglas del juicio oral. El querellante particular tendrá las facultades y obligaciones del Ministerio Público,
sin perjuicio de poder ser interrogado.
4. Los medios de defensa
que se aleguen en el escrito de contestación o en el curso del juicio oral se resolverán conjuntamente en la sentencia.
5. Si el querellante,
injustificadamente, no asiste a la audiencia o se ausente durante su desarrollo, se sobreseerá la causa.
Artículo 463 Medidas
de coerción personal.-
1. Únicamente podrá dictarse
contra el querellado la medida de comparecencia, simple o restrictiva, según el caso. Las restricciones sólo se impondrán
si existen fundamentos razonables de peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria.
2. Si el querellado,
debidamente notificado, no asiste al juicio oral o se ausente durante su desarrollo, se le declarará reo contumaz y se dispondrá
su conducción compulsiva, reservándose el proceso hasta que sea habido.
Artículo 464 Abandono
y desistimiento.-
1. La inactividad procesal
durante tres meses, produce el abandono del proceso, que será declarado de oficio.
2. En cualquier estado
del proceso, el querellante puede desistirse o transigir.
3. El que se ha desistido
de una querella o la ha abandonado, no podrá intentarla de nuevo.
Artículo 465 Muerte o
incapacidad del querellante.- Muerto o incapacitado el querellante antes de concluir el juicio oral, cualquiera de sus herederos
podrá asumir el carácter de querellante particular, si comparecen dentro de los treinta días siguientes de la muerte o incapacidad.
Artículo 466 Recursos.-
1. Contra la sentencia
procede recurso de apelación. Rigen las reglas comunes para la admisión y trámite del citado recurso.
2. Contra la sentencia
de la Sala Penal Superior no procede recurso alguno.
Artículo 467 Publicación
o lectura de la sentencia.- En los delitos contra el honor cometidos mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier
medio de comunicación social, a solicitud del querellante particular y a costa del sentenciado, podrá ordenarse la publicación
o lectura, según el caso, de las sentencias condenatorias firmes.
SECCIÓN V
EL PROCESO DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA
Artículo 468 Normas de
aplicación.- Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:
1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse
acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su
celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte.
2. El Fiscal y el imputado
podrán presentar una solicitud conjunta y un Acuerdo Provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias
accesorias. Están autorizados a sostener reuniones preparatorias informales. En todo caso, la continuidad del trámite requiere
necesariamente la no oposición inicial del imputado o del Fiscal según el caso
3. El requerimiento fiscal
o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán
acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones.
4. La audiencia de terminación
anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado defensor. Es facultativa la concurrencia
de los demás sujetos procesales. Acto seguido, el Fiscal presentará los cargos que como consecuencia de la Investigación Preparatoria surjan contra el imputado y éste tendrá
la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. El Juez deberá explicar al procesado los alcances y consecuencias
del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad. A continuación, el
imputado se pronunciará al respecto, así como los demás sujetos procesales asistentes. El Juez instará a las partes, como
consecuencia del debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la audiencia por breve término, pero deberá continuar
el mismo día. No está permitida la actuación de pruebas en la audiencia de terminación anticipada.
5. Si el Fiscal y el
imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y consecuencias
accesorias a imponer, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, así lo declararán ante el Juez debiéndose consignar expresamente en el acta
respectiva. El Juez dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia.
6. Si el Juez considera
que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad con lo acordado, son razonables y obran
elementos de convicción suficientes, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las
consecuencias accesorias que correspondan enunciando en su parte resolutiva que ha habido acuerdo. Rige lo dispuesto en el
artículo 398.
7. La sentencia aprobatoria
del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Los demás sujetos procesales, según su ámbito de intervención
procesal, pueden cuestionar la legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil. En este último caso,
la Sala Penal Superior puede incrementar la reparación
civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil.
Artículo 469 Proceso
con pluralidad de hechos punibles e imputados.- En los procesos por pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requerirá
del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno. Sin embargo, el Juez podrá aprobar
acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, salvo que ello
perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable.
Artículo 470 Declaración
inexistente.- Cuando no se llegue a un acuerdo o éste no sea aprobado, la declaración formulada por el imputado en este proceso
se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra.
Artículo 471 Reducción
adicional acumulable.- El imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta
parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión.
SECCIÓN VI
PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ
Artículo 472 Acuerdo
de beneficios.-
1. El Ministerio Público
podrá celebrar un acuerdo de beneficios y colaboración con quien, se encuentre o no sometido a un proceso penal, así como
con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia
penal.
2. Para estos efectos,
el colaborador debe:
a) Haber abandonado voluntariamente
sus actividades delictivas;
b) Admitir o no contradecir,
libre y expresamente, los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no formarán parte del
proceso por colaboración eficaz, y se estará a lo que se decida en el proceso penal correspondiente; y,
c) Presentarse al Fiscal
mostrando su disposición de proporcionar información eficaz.
3. El acuerdo está sujeto
a la aprobación judicial.
Artículo 473. Ámbito
del proceso y Competencia.-
1. Los delitos que pueden
ser objeto de acuerdo, sin perjuicio de los que establezca la Ley,
son los siguientes:
a) Asociación ilícita,
terrorismo, lavado de activos, contra la humanidad;
b) Secuestro agravado,
robo agravado, abigeato agravado, así como delitos monetarios y tráfico ilícito de drogas, siempre que en todos estos casos
el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva.
c) Concusión, peculado,
corrupción de funcionarios, tributarios, aduaneros contra la fe pública y contra el orden migratorio, siempre que el delito
sea cometido en concierto por una pluralidad de personas.
2. No será obstáculo
para la celebración del acuerdo cuando se trate de concurso de delitos y uno de ellos no corresponda a los previstos en el
presente artículo.
3. Los órganos de gobierno
del Poder Judicial y del Ministerio Público, podrán establecer jueces y fiscales para el conocimiento, con exclusividad o
no, de este proceso.
Artículo 474 Requisitos
de la eficacia de la información y beneficios premiales.-
1. La información que
proporcione el colaborador debe permitir, alternativa o acumulativamente:
a) Evitar la continuidad,
permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir
o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva.
b) Conocer las circunstancias
en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
c) Identificar a los
autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento,
de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de sus miembros;
d) Entregar los instrumentos,
efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero
o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva;
2. El colaborador podrá
obtener como beneficio premial, teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración en concordancia con
la entidad del delito y la responsabilidad por el hecho, los siguientes: exención de la pena, disminución de la pena hasta
un medio por debajo del mínimo legal, suspensión de la ejecución de la pena, liberación condicional, o remisión de la pena
para quien la está cumpliendo.
3. El beneficio de disminución
de la pena podrá aplicarse acumulativamente con la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 57 del Código Penal.
Cuando el colaborador
tiene mandato de prisión preventiva, el Juez podrá variarlo por el de comparecencia, imponiendo cualquiera de las restricciones
previstas en el artículo 288, inclusive la medida de detención domiciliaria.
4. La exención y la remisión
de la pena exigirá que la colaboración activa o información eficaz permita:
a) evitar un delito de
especial connotación y gravedad;
b) identificar categóricamente
y propiciar la detención de líderes de especial importancia en la organización delictiva;
c) descubrir concluyentemente
aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva, o de los instrumentos,
efectos, ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para los fines de la organización.
5. No podrán acogerse
a ningún beneficio premial los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas. El que ha intervenido
en delitos que han causado consecuencias especialmente graves únicamente podrá acogerse al beneficio de disminución de la
pena, que en este caso sólo podrá reducirse hasta un tercio por debajo del mínimo legal, sin que corresponda suspensión de
la ejecución de la pena, salvo la liberación condicional y siempre que haya cumplido como mínimo la mitad de la pena impuesta.
Artículo 475 Diligencias
previas a la celebración del acuerdo.-
1. El Fiscal, en cualquiera
de las etapas del proceso, está autorizado a celebrar reuniones con los colaboradores cuando no exista impedimento o mandato
de detención contra ellos, o, en caso contrario, con sus abogados, para acordar la procedencia de los beneficios.
2. El Fiscal, como consecuencia
de las entrevistas realizadas y de la voluntad de colaboración del solicitante, dará curso a la etapa de corroboración disponiendo
los actos de investigación necesarios para establecer la eficacia de la información proporcionada. En estos casos requerirá
la intervención de la Policía para que, bajo su conducción, realice las indagaciones previas y eleve
un Informe Policial. Los procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias, que se siguen contra el solicitante continuarán
con su tramitación correspondiente.
3. El Fiscal, asimismo,
podrá celebrar un Convenio Preparatorio, que precisará -sobre la base de la calidad de información ofrecida y la naturaleza
de los cargos o hechos delictuosos objeto de imputación o no contradicción- los beneficios, las obligaciones y el mecanismo
de aporte de información y de su corroboración.
4. El colaborador, mientras
dure el proceso, de ser el caso, será sometido a las medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el éxito
de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y su seguridad personal. En caso necesario, y siempre que no esté
en el ámbito de sus potestades, el Fiscal acudirá al Juez de la
Investigación Preparatoria requiriéndole dicte las medidas de coerción y de protección que correspondan.
Éstas se dictarán reservadamente y en coordinación con el Fiscal.
5. El Fiscal requerirá
a los órganos fiscales y judiciales, mediante comunicación reservada, copia certificada o información acerca de los cargos
imputados al solicitante. Los órganos requeridos, sin trámite alguno y reservadamente, remitirán a la Fiscalía requirente la citada información.
6. El agraviado, como
tal, deberá ser citado en la etapa de verificación. Informará sobre los hechos, se le interrogará acerca de sus pretensiones
y se le hará saber que puede intervenir en el proceso -proporcionando la información y documentación que considere pertinente-
y, en su momento, firmar el Acuerdo de Beneficios y Colaboración.
Artículo 476.- El Acta
de colaboración eficaz - denegación del Acuerdo.-
1. El Fiscal, culminados
los actos de investigación, si considera procedente la concesión de los beneficios que correspondan, elaborará un acta con
el colaborador en la que constará:
a) El beneficio acordado;
b) Los hechos a los cuales
se refiere el beneficio y la confesión en los casos que ésta se produjere; y,
c) Las obligaciones a
las que queda sujeta la persona beneficiada.
2. El Fiscal, si estima
que la información proporcionada no permite la obtención de beneficio alguno, por no haberse corroborado suficientemente sus
aspectos fundamentales, denegará la realización del acuerdo y dispondrá se proceda respecto del solicitante conforme a lo
que resulte de las actuaciones de investigación que ordenó realizar. Esta Disposición no es impugnable.
3. Si la información
arroja indicios suficientes de participación delictiva en las personas sindicadas por el colaborador o de otras personas,
será materia -de ser el caso- de la correspondiente investigación y decisión por el Ministerio Público, a los efectos de determinar
la persecución y ulterior sanción de los responsables.
4. En los casos en que
se demuestra la inocencia de quien fue involucrado por el colaborador, el Fiscal deberá informarle de su identidad, siempre
que se advierta indicios de que a sabiendas hizo la imputación falsa, para los fines legales correspondientes.
Artículo 477 Colaboración
durante la etapa de investigación del proceso contradictorio.-
1. Cuando el proceso
por colaboración eficaz está referido a hechos que son materia de un proceso penal que se encuentra en la etapa de investigación
o incluso si no existe investigación, el Acuerdo de Beneficios y Colaboración se remitirá al Juez de la Investigación Preparatoria, conjuntamente con los actuados formados
al efecto, para el control de legalidad respectivo.
2. El Juez Penal, en
el plazo de cinco días, mediante resolución inimpugnable, podrá formular observaciones al contenido del acta y a la concesión
de los beneficios. En la misma resolución ordenará devolver lo actuado al Fiscal.
3. Recibida el acta original
o la complementaria, según el caso, con los recaudos pertinentes, el Juez Penal, dentro del décimo día, celebrará una audiencia
privada especial con asistencia de quienes celebraron el acuerdo, en donde cada uno por su orden expondrá los motivos y fundamentos
del mismo. El Juez, el Fiscal, la defensa y el Procurador Público -en los delitos contra el Estado- podrán interrogar al solicitante.
De dicha diligencia se levantará un acta donde constarán resumidamente sus incidencias.
4. Culminada la audiencia,
el Juez dentro de tercer día dictará, según el caso, auto desaprobando el acuerdo o sentencia aprobándolo. Ambas resoluciones
son susceptibles de recurso de apelación, de conocimiento de la Sala Penal
Superior. El agraviado, en tanto haya expresado su voluntad de intervenir en el proceso y constituido en parte, tendrá derecho
a impugnar la sentencia aprobatoria.
5. Si el Juez considera
que el acuerdo no adolece de infracciones legales, no resulta manifiestamente irrazonable, o no es evidente su falta de eficacia,
lo aprobará e impondrá las obligaciones que correspondan. La sentencia no podrá exceder los términos del Acuerdo. Si el acuerdo
aprobado consiste en la exención o remisión de la pena, así lo declarará, ordenando su inmediata libertad y la anulación de
los antecedentes del beneficiado. Si consiste en la disminución de la pena, declarará la responsabilidad penal del colaborador
y le impondrá la sanción que corresponda según los términos del acuerdo, sin perjuicio de imponer las obligaciones pertinentes.
Artículo 478 Colaboración
durante las otras etapas del proceso contradictorio.-
1. Cuando el proceso
por colaboración eficaz se inicia estando el proceso contradictorio en el Juzgado Penal y antes del inicio del juicio oral,
el Fiscal -previo los trámites de verificación correspondientes- remitirá el acta con sus recaudos al Juez Penal, que celebrará
para dicho efecto una audiencia privada especial.
2. El Juzgado Penal procederá,
en lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. La resolución que pronuncie sobre la procedencia o improcedencia
de los beneficios es susceptible de recurso de apelación, de conocimiento de la
Sala Penal Superior.
3. Si la colaboración
se inicia con posterioridad a la sentencia, el Juez de la
Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, previa celebración de una audiencia privada en los términos
del artículo anterior, podrá conceder remisión de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, liberación condicional,
conversión de pena privativa de libertad por multa, prestación de servicios o limitación de días libres, conforme a las equivalencias
previstas en el artículo 52 del Código Penal.
4. En el supuesto del
numeral 3) si el Juez desestima el Acuerdo, en la resolución se indicarán las razones que motivaron su decisión. La resolución
-auto desaprobatorio o sentencia aprobatoria- que dicta el Juez es susceptible de recurso de apelación, de conocimiento de
la Sala Penal Superior.
Artículo 479.- Condiciones,
Obligaciones y Control del beneficiado.-
1. La concesión del beneficio
premial está condicionado a que el beneficiado no cometa nuevo delito doloso dentro de los diez años de habérsele otorgado.
Asimismo, conlleva la imposición de una o varias obligaciones, sin perjuicio de disponer que el beneficiado se obligue especialmente
a concurrir a toda citación derivada de los hechos materia del Acuerdo de Colaboración aprobado judicialmente.
2. Las obligaciones son
las siguientes:
a) Informar de todo cambio
de residencia;
b) Ejercer oficio, profesión
u ocupación lícitos;
c) Reparar los daños
ocasionados por el delito, salvo imposibilidad económica;
d) Abstenerse de consumir
bebidas alcohólicas y drogas;
e) Someterse a vigilancia
de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas;
f) Presentarse cuando
el Juez o el Fiscal lo solicite;
g) Observar buena conducta
individual, familiar y social;
h) No salir del país
sin previa autorización judicial;
i) Cumplir con las obligaciones
contempladas por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento;
j) Acreditar el trabajo
o estudio ante las autoridades competentes.
3. Las obligaciones se
impondrán según la naturaleza y modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se cometió, la naturaleza del beneficio y la magnitud de la colaboración proporcionada, así como de acuerdo a las condiciones
personales del beneficiado. Las obligaciones se garantizarán mediante caución o fianza, si las posibilidades económicas del
colaborador lo permiten.
4. Corresponde el control
de su cumplimiento al Ministerio Público, con la intervención del órgano especializado de la Policía Nacional, que al efecto tendrá un registro de los beneficiados y designará
al personal policial necesario dentro de su estructura interna.
Artículo 480 Revocación
de los beneficios.-
1. El Fiscal Provincial,
con los recaudos indispensables acopiados en la indagación previa iniciada al respecto, podrá solicitar al Juez que otorgó
el beneficio premial la revocatoria de los mismos. El Juez correrá traslado de la solicitud por el término de cinco días.
Con su contestación o sin ella, realizará la audiencia de revocación de beneficios con la asistencia obligatoria del Fiscal,
a la que debe citarse a los que suscribieron el Acuerdo de Colaboración. La inconcurrencia del beneficiado no impedirá la
continuación de la audiencia, a quien debe nombrársele un defensor de oficio. Escuchada la posición del Fiscal y del defensor
del beneficiado, y actuadas las pruebas ofrecidas, el Juez decidirá inmediatamente mediante auto debidamente fundamentado
en un plazo no mayor de tres días. Contra esta resolución procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal Superior.
2. Cuando la revocatoria
se refiere a la exención de pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el numeral anterior se seguirá el siguiente
trámite, sin perjuicio de la aplicación de las reglas comunes en tanto no lo contradigan:
a) Se remitirán los actuados
al Fiscal Provincial para que formule acusación y pida la pena que corresponda según la forma y circunstancias de comisión
del delito y el grado de responsabilidad del imputado;
b) El Juez Penal inmediatamente
celebrará una audiencia pública con asistencia de las partes, para lo cual dictará el auto de enjuiciamiento correspondiente
y correrá traslado a las partes por el plazo de cinco días, para que formulen sus alegatos escritos, introduzcan las pretensiones
que correspondan y ofrezcan las pruebas pertinentes para la determinación de la sanción y de la reparación civil;
c) Resuelta la admisión
de los medios de prueba, se emitirá el auto de citación a juicio señalando día y hora para la audiencia. En ella se examinará
al imputado y, de ser el caso, se actuarán las pruebas ofrecidas y admitidas para la determinación de la pena y la reparación
civil. Previos alegatos orales del Fiscal, del Procurador Público y del abogado defensor, y concesión del uso de la palabra
al acusado, se emitirá sentencia;
d) Contra la cual procede
recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal Superior.
3. Cuando la revocatoria
se refiere a la disminución de la pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 1) del presente artículo
se seguirá el siguiente trámite, sin perjuicio de la aplicación de las reglas comunes en tanto no lo contradigan:
a) Se remitirán los actuados
al Fiscal Provincial para que formule la pretensión de condena correspondiente, según la forma y circunstancias de comisión
del delito y el grado de responsabilidad del imputado;
b) El Juez Penal inmediatamente
celebrará una audiencia pública con asistencia de las partes, previo traslado a la defensa del requerimiento fiscal a fin
de que en el plazo de cinco días formule sus alegatos escritos, introduzca de ser el caso las pretensiones que correspondan
y ofrezca las pruebas pertinentes. Resuelta la admisión de los medios de prueba, se llevará a cabo la audiencia, donde se
examinará al imputado y, de ser el caso, se actuarán las pruebas admitidas. La sentencia se dictará previo alegato oral del
Fiscal y de la defensa, así como de la concesión del uso de la palabra al acusado;
c) Contra la sentencia
procede recurso de apelación, que será de conocimiento de la Sala Penal
Superior.
4. Cuando la revocatoria
se refiere a la remisión de la pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 1) del presente artículo,
el Juez Penal en la misma resolución que dispone la revocatoria ordenará que el imputado cumpla el extremo de la pena remitida.
5. Cuando la revocatoria
se refiere a la suspensión de la ejecución de la pena, liberación condicional, detención domiciliaria o comparecencia se regirá
en lo pertinente por las normas penales, procesales o de ejecución penal.
Artículo 481 Mérito de
la información y de lo obtenido cuando se rechaza el Acuerdo.-
1. Si el acuerdo de colaboración
y beneficios es denegado por el Fiscal o desaprobado por el Juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador
se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra.
2. En ese mismo supuesto
las declaraciones prestadas por otras personas durante la etapa de corroboración así como la prueba documental, los informes
o dictámenes periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros
procesos conforme a su propio mérito y a lo dispuesto en el artículo 158. Rige, en todo caso, lo establecido en el artículo
159.
SECCIÓN VII
EL PROCESO POR FALTAS
Artículo 482 Competencia.-
1. Los Jueces de Paz
Letrados conocerán de los procesos por faltas.
2. Excepcionalmente,
en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz. Las respectivas Cortes Superiores
fijarán anualmente los Juzgados de Paz que pueden conocer de los procesos por faltas.
3. El recurso de apelación
contra las sentencias es de conocimiento del Juez Penal.
Artículo 483 Iniciación.-
1. La persona ofendida
por una falta puede denunciar su comisión ante la Policía
o dirigirse directamente al Juez comunicando el hecho, constituyéndose en querellante particular.
2. En este último supuesto,
si el Juez considera que el hecho constituye falta y la acción penal no ha prescrito, siempre que estime indispensable una
indagación previa al enjuiciamiento, remitirá la denuncia y sus recaudos a la
Policía para que realice las investigaciones correspondientes.
3. Recibido el Informe
Policial, el Juez dictará el auto de citación a juicio siempre que los hechos constituyan falta, la acción penal no ha prescrito
y existan fundamentos razonables de su perpetración y de la vinculación del imputado en su comisión. En caso contrario dictará
auto archivando las actuaciones. Contra esta resolución procede recurso de apelación ante el Juez Penal.
4. El auto de citación
a juicio puede acordar la celebración inmediata de la audiencia, apenas recibido el Informe Policial, siempre que estén presentes
el imputado y el agraviado, así como si lo están los demás órganos de prueba pertinentes a la causa o, por el contrario, no
ha de resultar imprescindible su convocatoria. También podrá celebrarse inmediatamente el juicio si el imputado ha reconocido
haber cometido la falta que se le atribuye.
5. De no ser posible
la celebración inmediata de la audiencia, en el auto se fijará la fecha más próxima de instalación del juicio, convocándose
al imputado, al agraviado y a los testigos que corresponda.
Artículo 484 Audiencia.-
1. La audiencia se instalará
con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor. Si el imputado
no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en el lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente
insuficientes. Las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5) del artículo anterior, podrán asistir acompañados
de los medios probatorios que pretendan hacer valer.
2. Acto seguido el Juez
efectuará una breve relación de los cargos que aparecen del Informe Policial o de la querella. Cuando se encontrare presente
el agraviado, el Juez instará una posible conciliación y la celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se
produce, se homologará la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las actuaciones.
3. De no ser posible
una conciliación o la celebración de un acuerdo, se preguntará al imputado si admite su culpabilidad. Si lo hace, y no fueran
necesarios otros actos de prueba, el Juez dará por concluido el debate y dictará inmediatamente la sentencia correspondiente.
La sentencia puede pronunciarse verbalmente y su protocolización por escrito se realizará en el plazo de dos días.
4. Si el imputado no
admite los cargos, de inmediato se le interrogará, luego se hará lo propio con la persona ofendida si está presente y, seguidamente,
se recibirán las pruebas admitidas y las que han presentado las partes, siguiendo las reglas ordinarias, adecuadas a la brevedad
y simpleza del proceso por faltas.
5. La audiencia constará
de una sola sesión. Sólo podrá suspenderse por un plazo no mayor de tres días, de oficio o a pedido de parte, cuando resulte
imprescindible la actuación de algún medio probatorio. Transcurrido el plazo, el juicio deberá proseguir conforme a las reglas
generales, aun a falta del testigo o perito requerido.
6. Escuchados los alegatos
orales, el Juez dictará sentencia en ese acto o dentro del tercero día de su culminación sin más dilación. Rige lo dispuesto
en el numeral 3 del presente artículo.
Artículo 485 Medidas
de coerción.
1. El Juez sólo podrá
dictar mandato de comparecencia sin restricciones contra el imputado.
2. Cuando el imputado
no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera necesario
se ordenará la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual se celebrará inmediatamente.
Artículo 486 Recurso
de apelación.-
1. Contra la sentencia
procede recurso de apelación. Los autos serán elevados en el día al Juez Penal.
2. Recibida la apelación,
el Juez Penal resolverá en el plazo improrrogable de diez días, por el solo mérito de lo actuado, si es que el recurrente
no exprese la necesidad de una concreta actuación probatoria, en cuyo caso se procederá conforme a las reglas comunes, en
cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza. Los Abogados Defensores presentarán por escrito los alegatos que estimen, sin
perjuicio del informe oral que puedan realizar en la vista de la causa, la que se designará dentro de los veinte días de recibos
los autos.
3. Contra la sentencia
del Juez Penal no procede recurso alguno. Su ejecución corresponderá al Juez que dictó la sentencia de primera instancia.
Artículo 487 Desistimiento
o transacción.- En cualquier estado de la causa, el agraviado o querellante puede desistirse o transigir, con lo que se dará
por fenecido el proceso.
LIBRO SEXTO
LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS
SECCIÓN I
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Artículo 488 Derechos.-
1. El condenado, el tercero
civil y las personas jurídicas afectadas podrán ejercer, durante la ejecución de la sentencia condenatoria, los derechos y
las facultades que este Código y las Leyes le otorgan.
2. El condenado y las
demás partes legitimadas están facultadas a plantear ante el Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos y observaciones que legalmente correspondan respecto
de la ejecución de la sanción penal, de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia.
3. Sin perjuicio de lo
establecido en los numerales anteriores, corresponde al Ministerio Público el control de la ejecución de las sanciones penales
en general, instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueren necesarios
para la correcta aplicación de la Ley.
Artículo 489 Ejecución
Penal.-
1. La ejecución de las
sentencias condenatorias firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios,
serán de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria está facultado para resolver
todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las sanciones establecidas en el numeral anterior. Hará las comunicaciones
dispuestas por la Ley y practicará las diligencias necesarias
para su debido cumplimiento.
Artículo 490 Cómputo
de la pena privativa de libertad.-
1. Si el condenado se
halla en libertad y la sentencia impone pena privativa de libertad efectiva, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá lo necesario para su captura.
2. Producida la captura,
el Juez de la Investigación Preparatoria,
una vez que esté plenamente acreditada la identidad del condenado, realizará el cómputo de la pena, descontando de ser el
caso el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera cumplido, así como de la privación
de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición instaurado para someterlo a proceso
en el país.
3. El cómputo será siempre
reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario.
4. La fijación del cómputo
de la pena se comunicará inmediatamente al Juzgado que impuso la sanción y al Instituto Nacional Penitenciario.
Artículo 491 Incidentes
de modificación de la sentencia.-
1. El Ministerio Público,
el condenado y su defensor, según corresponda, podrán plantear, ante el Juez de la Investigación Preparatoria incidentes relativos a la conversión y revocación de
la conversión de penas, a la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio,
y a la extinción o vencimiento de la pena.
2. Los incidentes deberán
ser resueltos dentro del término de cinco días, previa audiencia a las demás partes. Si fuera necesario incorporar elementos
de prueba, el Juez de la Investigación Preparatoria,
aun de oficio, y con carácter previo a la realización de la audiencia o suspendiendo ésta, ordenará una investigación sumaria
por breve tiempo que determinará razonablemente, después de la cual decidirá. La Policía realizará dichas diligencias, bajo la conducción del Fiscal.
3. Los incidentes relativos
a la libertad anticipada, fuera de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional y de la medida de
seguridad privativa de libertad, y aquellos en los cuales, por su importancia, el Juez de la Investigación Preparatoria lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral,
citando a los órganos de prueba que deben informar durante el debate.
4. Corresponde al Juez
Penal Unipersonal el conocimiento de los incidentes derivados de la ejecución de la sanción penal establecidos en el Código
de Ejecución Penal. La decisión requiere de una audiencia con asistencia de las partes.
5. Asimismo, las solicitudes
sobre refundición o acumulación de penas son de competencia del Juzgado Penal Colegiado. Serán resueltas previa realización
de una audiencia con la concurrencia del Fiscal, del condenado y su defensor.
6. En todos los casos,
el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la Sala Penal
Superior.
Artículo 492 Medidas
de seguridad privativas de la libertad.-
1. Las reglas establecidas
en esta sección regirán para las medidas de seguridad privativas de la libertad en lo que sean aplicables.
2. El Juez Penal examinará,
periódicamente, la situación de quien sufre una medida de internación. Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen,
y decidirá previa audiencia teniendo a la vista el informe médico del establecimiento y del perito. La decisión versará sobre
la cesación o continuación de la medida y en este último caso, podrá ordenar la modificación del tratamiento.
3. Cuando el Juez tenga
conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, procederá a su sustitución
o cancelación.
Artículo 493 Ejecución
Civil y de las demás consecuencias accesorias.-
1. La reparación civil
se hará efectiva conforme a las previsiones del Código Procesal Civil, con intervención del Fiscal Provincial y del actor
civil.
2. Para la ejecución
forzosa del pago de la multa y de la venta o adjudicación del bien objeto de comiso se aplicará, en lo pertinente, las normas
del Código Procesal Civil.
3. Los incidentes que
se plantean durante la ejecución de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias serán resueltos en el plazo
de tres días, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. Contra la resolución que resuelve el incidente
procede recurso de apelación.
Artículo 494 Incautación
y Comiso.-
1. Cuando en la sentencia
se ordene el comiso de algún bien, el Juez de la Investigación
Preparatoria, de no estar asegurado judicialmente, dispondrá su aprehensión. A los bienes materia de comiso
se le dará el destino que corresponda según su naturaleza, conforme a las normas de la materia.
2. Los bienes incautados
no sujetos a comiso, serán devueltos a quien se le incautaron, inmediatamente después de la firmeza de la sentencia. Si hubieran
sido entregados en depósito provisional, se notificará al depositario la entrega definitiva.
3. Los bienes incautados
de propiedad del condenado que no fueron objeto de comiso, podrán ser inmediatamente embargados para hacer efectivo el cobro
de las costas del proceso y de la responsabilidad pecuniaria y civil declarada en la sentencia.
Artículo 495 Sentencia
declarativa de falsedad instrumental.-
1. Cuando una sentencia
declare falso un instrumento público, corresponderá al Juez de la
Investigación Preparatoria ordenar que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso, ordenará
las rectificaciones registrales que correspondan.
2. Si el documento ha
sido extraído de un archivo, será restituido a él, con nota marginal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que
hubiera establecido la falsedad total o parcial.
3. Si se trata de un
documento protocolizado, la declaración hecha en la sentencia se anotará al margen de la matriz, en los testimonios que se
hayan presentado y en el registro respectivo.
Artículo 496 Otras competencias.-
1. Si en sede de ejecución
un tercero alega propiedad sobre bienes decomisados o, en su caso, embargados definitivamente, el Juez de la Investigación Preparatoria remitirá la decisión al
Juez Especializado en lo Civil competente por el lugar, manteniendo mientras tanto la retención del bien.
2. En estos procesos
intervendrá como parte el Fiscal Provincial en lo Civil.
SECCIÓN II
LAS COSTAS
Artículo 497 Regla general,
excepción y recurso.-
1. Toda decisión que
ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución de conformidad con la Sección I de este Libro, establecerá quien debe soportar las costas del proceso.
2. El órgano jurisdiccional
deberá pronunciarse de oficio y motivadamente sobre el pago de las costas.
3. Las costas están a
cargo del vencido, pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo, total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias
y fundadas para promover o intervenir en el proceso.
4. La decisión sobre
las costas sólo será recurrible autónomamente, siempre que fuere posible recurrir la resolución principal que la contiene
y por la vía prevista para ella.
5. No procede la imposición
de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. Tampoco procede en los procesos
por ejercicio privado de la acción penal si culmina por transacción o desistimiento.
Artículo 498 Contenido.-
1. Las costas están constituidas
por:
a) Las tasas judiciales,
en los procesos por delitos de acción privada, o cualquier otro tributo que corresponda por actuación judicial;
b) Los gastos judiciales
realizados durante la tramitación de la causa;
c) Los honorarios de
los abogados de la parte vencedora, y de los peritos oficiales, traductores e intérpretes, en caso no constituyan un órgano
del sistema de justicia, así como de los peritos de parte. Estos conceptos serán objeto de una Tabla de montos máximos. Del
monto fijado para los abogados según la Tabla respectiva,
un cinco por ciento se destinará al Colegio de Abogados respectivo para su Fondo Mutual;
2. El órgano de gobierno
del Poder Judicial expedirá el Reglamento de Costas en el proceso penal, que se actualizará periódicamente. En él se fijará
la Tabla de los montos máximos por los conceptos señalados
en el numeral anterior.
3. El proceso abarca
las actuaciones de la Investigación Preparatoria,
así como la ejecución de penas, consecuencias accesorias y medidas de seguridad.
Artículo 499 Personas
e Instituciones exentas. Caso especial de imposición.-
1. Están exentos del
pago de costas los representantes del Ministerio Público, los miembros de las Procuradurías Públicas del Estado, y los abogados
y apoderados o mandatarios de las partes, así como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los
Órganos Constitucionalmente Autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales, y las Universidades Públicas.
2. Se exonerará de la
imposición de costas en el proceso penal a quien obtiene auxilio judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal
Civil. El auxilio judicial penal se entiende para estos solos efectos y, en lo pertinente, rigen las disposiciones del Título
VIl de la Sección Tercera del citado Código.
3. Cuando el denunciante
hubiere provocado el procedimiento por medio de una denuncia falsa o temeraria, se le impondrá total o parcialmente el pago
de costas.
Artículo 500 Fijación
de las costas al imputado.-
1. Las costas serán impuestas
al imputado cuando sea declarado culpable, incluso cuando se apliquen los artículos 62 y 68 del Código PenaI. También se impondrán
cuando se imponga una medida de seguridad.
2. Cuando en una sentencia
se pronuncian absoluciones y condenas, se establecerá el porcentaje que asumen el respectivo imputado y el que corresponde
a los demás condenados conforme al numeral anterior.
3. Cuando sean varios
los condenados por el mismo delito, incluyendo los supuestos de los artículos 62 y 68 del Código Penal y la imposición de
medidas de seguridad, responden solidariamente al pago de costas.
4. Cuando el imputado
tenga solvencia económica, deberá pagar al Ministerio de Justicia los servicios del defensor de oficio que se le hubiere designado.
Artículo 501 Costas en
casos de absolución.-
1. Si el imputado es
absuelto o no se le impone medida de seguridad, no se impondrá costas.
2. No obstante lo anterior,
se impondrán costas:
a) Al actor civil o,
según el caso, al querellante particular, según el porcentaje que determine el órgano jurisdiccional, siempre y cuando resultare
de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe;
b) Al propio imputado
cuando hubiere provocado su propia persecución denunciándose falsamente a sí mismo o hubiere confesado falsamente el hecho.
En este caso se determinará el porcentaje que debe pagar.
Artículo 502 Costas en
sobreseimientos y cuando exista un impedimento para la prosecución de la causa.-
1. Rige lo dispuesto
en el artículo anterior cuando se dicte el sobreseimiento de la causa.
2. Cuando la persecución
penal no pueda proseguir al ampararse una cuestión previa o una cuestión prejudicial, pagará las costas el actor civil si
hubiere instado la iniciación o la continuación del proceso.
Artículo 503 Costas en
proceso por acción privada y la acción civil.-
1. En un proceso por
acción privada, si se da el supuesto del artículo 136 del Código Penal, el imputado pagará las costas. En este proceso no
habrá lugar al pago de costas si las partes transigen.
2. Si en la sentencia
se declara la responsabilidad civil y se impone la reparación civil, el imputado y el tercero civil pagarán solidariamente
las costas. Si no se impone la responsabilidad civil, pagará las costas el actor civil. Si la acción civil no puede proseguir,
cada parte soportará sus propias costas.
3. El abandono de la
instancia determina la condena en costas del querellante particular.
Artículo 504 Incidentes
de ejecución y recursos.-
1. Las costas serán pagadas
por quien promovió un incidente de ejecución que le resultó desfavorable. Si la decisión en el incidente le es favorable,
las costas se impondrán a quien se opuso a su pretensión, en la proporción que fije el órgano jurisdiccional. Si nadie se
opuso al requerimiento del que promovió el incidente y obtuvo decisión favorable, no se impondrán costas.
2. Las costas serán pagadas
por quien interpuso un recurso sin éxito o se desistió de su prosecución. Si gana el recurso, las costas se impondrán a quien
se opuso a su pretensión impugnatoria, en la proporción que fije el órgano jurisdiccional. Si no medió oposición al recurso
que ganó el recurrente, no se impondrán costas.
Artículo 505 Resolución
sobre las costas.-
1. La condena en costas
se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda instancia revoca la de primera instancia, la parte vencida
pagará las costas de ambas. Este criterio se aplica también para lo que resuelva la Corte Suprema en el recurso de casación.
2. Cuando corresponde
distribuir el pago de costas entre varios, el órgano judicial fijará con precisión el porcentaje que debe sufragar cada uno
de los responsables, sin perjuicio de la solidaridad.
3. Para fijar los porcentajes
se atenderá especialmente a los gastos que cada uno de ellos hubiere provocado, a su conducta procesal, y al resultado del
proceso o incidente en proporción a su participación procesal y a las razones para litigar.
Artículo 506 Liquidación
y Ejecución.-
1. Las costas serán liquidadas
por el Secretario del órgano jurisdiccional, después de quedar firme la resolución que las imponga o la que ordena se cumpla
lo ejecutoriado.
2. La liquidación atenderá
todos los rubros citados en el artículo 498, debiéndose incorporar sólo los gastos comprobados y correspondientes a actuaciones
legalmente autorizadas.
3. Las partes tendrán
tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será aprobada por resolución
inimpugnable.
4. Interpuesta la observación,
se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución, se conferirá traslado a la otra parte por tres días.
Con su absolución o sin ella, el Juez de la Investigación
Preparatoria resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior absolverá el grado, sin otro trámite que la vista de la causa, en
la que los abogados de las partes podrán asistir para hacer uso de la palabra.
5. Las costas deben pagarse
inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las aprueba. En caso de mora devengan intereses legales. El Juez
de la Investigación Preparatoria exigirá
el pago de las costas. Las resoluciones que expida son inimpugnables.
6. Las costas se hacen
efectivas por el Juez de la Investigación Preparatoria
a través del procedimiento establecido en el artículo 716 del Código Procesal Civil.
Artículo 507 Anticipo
de gastos.-
1. Cuando sea necesario
efectuar un gasto, el órgano jurisdiccional respectivo lo estimará, y quien ofreció la medida lo anticipará, consignando la
suma necesaria para llevar a cabo la diligencia.
2. Si está en imposibilidad
de sufragar el anticipo del gasto, siempre que sea posible y la medida imprescindible, lo hará el Estado con cargo a su devolución
cuando corresponda.
LIBRO SÉPTIMO
LA COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL
SECCIÓN I
PRECEPTOS GENERALES
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 508 Normatividad
aplicable.-
1. Las relaciones de
las autoridades peruanas con las extranjeras y con la Corte Penal
Internacional en materia de cooperación judicial internacional se rigen por los Tratados Internacionales celebrados por el
Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humanos.
2. Si existiere tratado,
sus normas regirán el trámite de cooperación judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho interno,
y en especial este Código, servirán para interpretarlas y se aplicarán en todo lo que no disponga en especial el Tratado.
Artículo 509 Documentación.-
1. Los requerimientos
que presenta la autoridad extranjera y demás documentos que envíen, deben ser acompañados de una traducción al castellano.
2. Si la documentación
es remitida por intermedio de la autoridad central del país requirente o por vía diplomática, no necesita legalización.
3. La presentación en
forma de los documentos presume la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran.
4. Corresponderá a la
autoridad central, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, traducir las solicitudes y la demás documentación
que envíen las autoridades peruanas a las extranjeras.
Artículo 510 Competencia
del país requirente y Ejecución del acto de cooperación.-
1. Para determinar la
competencia del país requirente en las solicitudes de Cooperación Judicial Internacional, salvo en materia de extradición,
se estará a su propia legislación.
2. No será motivo para
desestimar la solicitud de cooperación judicial internacional, salvo en materia de extradición, la circunstancia que el delito
esté incurso en la jurisdicción nacional.
3. Si se requiere la
práctica de algunas diligencias con arreglo a determinadas condiciones, su ejecución está condicionada a que no contraríe
el ordenamiento jurídico nacional.
Artículo 511 Actos de
Cooperación Judicial Internacional.-
1. Los actos de cooperación
judicial internacional, sin perjuicio de lo que dispongan los Tratados, son los siguientes:
a) Extradición;
b) Notificación de resoluciones
y sentencias, así como de testigos y peritos a fin de que presenten testimonio;
c) Recepción de testimonios
y declaraciones de personas;
d) Exhibición y remisión
de documentos judiciales o copia de ellos;
e) Remisión de documentos
e informes;
f) Realización de indagaciones
o de inspecciones;
g) Examen de objetos
y lugares;
h) Práctica de bloqueos
de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro de bienes delictivos, inmovilización de activos, registros domiciliarios,
allanamientos, control de comunicaciones, identificación o ubicación del producto de los bienes o los instrumentos de la comisión
de un delito, y de las demás medidas limitativas de derechos;
i) Facilitar información
y elementos de prueba;
j) Traslado temporal
de detenidos sujetos a un proceso penal o de condenados, cuando su comparecencia como testigo sea necesaria, así como de personas
que se encuentran en libertad;
k) Traslado de condenados;
I) Diligencias en el
exterior; y,
m) Entrega vigilada de
bienes delictivos.
2. La Cooperación Judicial Internacional también comprenderá los actos de asistencia
establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional
y desarrollados en este Código.
Artículo 512 Autoridad
central.-
1. La autoridad central
en materia de Cooperación Judicial Internacional es la Fiscalía
de la Nación. La autoridad extranjera se dirigirá a ella
para instar los actos de Cooperación Judicial Internacional, y para coordinar y efectuar consultas en esta materia.
2. Corresponde al Ministerio
de Relaciones Exteriores brindar el apoyo necesario a la Fiscalía
de la Nación, como autoridad central en sus relaciones con
los demás países y órganos internacionales, así como intervenir en la tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen
las autoridades nacionales. De igual manera, si así lo disponen los Tratados, recibir y poner a disposición de la Fiscalía de la
Nación las solicitudes de Cooperación Judicial Internacional que presentan las autoridades extranjeras.
3. La Fiscalía de la Nación,
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá celebrar con las autoridades centrales del extranjero actos
dirigidos al intercambio de tecnología, experiencia, coordinación de la cooperación judicial, capacitación o cualquier otro
acto que tenga similares propósitos.
CONCORDANCIAS: R.N° 124-2006-MP-FN (Crean la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones)
SECCIÓN II
LA EXTRADICIÓN
TÍTULO I
CONDICIONES GENERALES
Artículo 513 Procedencia.-
1. La persona procesada,
acusada o condenada como autor o partícipe que se encuentra en otro Estado, puede ser extraditada a fin de ser juzgada o de
cumplir la sanción penal que le haya sido impuesta como acusada presente.
2. Cuando la extradición,
en ausencia de Tratado, se sustente en el principio de reciprocidad, la
Fiscalía de la Nación y el Ministerio de
Relaciones Exteriores informarán al Poder Judicial los casos en que tal principio ha sido invocado por el Perú y en los que
ha sido aceptado por el país extranjero involucrado en el procedimiento de extradición, así como los casos en que el país
extranjero ha hecho lo propio y el Perú le hubiere dado curso y aceptado.
Artículo 514 Autoridades
que intervienen.-
1. Corresponde decidir
la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previo
informe de una Comisión Oficial presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
2. La decisión del Gobierno
requiere la necesaria intervención de la Sala Penal de
la Corte Suprema, que emitirá una resolución consultiva,
que la remitirá juntamente con las actuaciones formadas al efecto al Ministerio de Justicia, con conocimiento de la Fiscalía de la
Nación.
Artículo 515 Carácter
de la resolución consultiva de la Corte Suprema.-
1. Cuando la Sala Penal de la
Corte Suprema emita resolución consultiva negativa a la extradición, el Gobierno queda vinculado a esa decisión.
2. Si la resolución consultiva
es favorable a la entrega o considera procedente solicitar la extradición a un país extranjero, el Gobierno puede decidir
lo que considere conveniente.
TÍTULO II
LA EXTRADICIÓN PASIVA
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS, Art. 2 y siguientes
Artículo 516 Ámbito.-
1. La persona procesada,
acusada o condenada como autor o partícipe de un delito cometido en un país extranjero y que se encuentre en territorio nacional,
sea como residente, como turista o de paso, puede ser extraditada a fin de ser investigada o juzgada o para que cumpla la
sanción impuesta como reo presente.
2. La concesión de la
extradición está condicionada a la existencia de garantías de una recta impartición de justicia en el Estado requirente; y,
si una extradición anteriormente intentada por el Estado requirente, ante un tercer Estado, hubiese sido rechazada por haberla
considerado con implicancia política. La Fiscalía
de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores podrán
informar si el Estado requirente presenta algún cuestionamiento o existen antecedentes al respecto.
Artículo 517 Rechazo
de la extradición.-
1. No procede la extradición
si el hecho materia del proceso no constituye delito tanto en el Estado requirente como en el Perú, y si en ambas legislaciones
no tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si
se requiere una extradición por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto
de los restantes delitos.
2. La extradición no
tendrá lugar, igualmente:
a) Si el Estado solicitante
no tuviera jurisdicción o competencia para juzgar el delito;
b) Si el extraditado
ya hubiera sido absuelto, condenado, indultado, amnistiado o sujeto a otro derecho de gracia equivalente;
c) Si hubiera transcurrido
el término de la prescripción del delito o de la pena, conforme a la Ley
nacional o del Estado requirente, siempre que no sobrepase el término de la legislación peruana;
d) Si el extraditado
hubiere de responder en el Estado requirente ante tribunal de excepción o el proceso al que se le va a someter no cumple las
exigencias internacionales del debido proceso;
e) Si el delito fuere
exclusivamente militar, contra la religión, político o conexo con él, de prensa, o de opinión. La circunstancia de que la
víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones públicas, no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado
como político. Tampoco politiza el hecho de que el extraditado ejerciere funciones políticas. De igual manera están fuera
de la consideración de delitos políticos, los actos de terrorismo, los delitos contra la humanidad y los delitos respecto
de los cuales el Perú hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar;
f) Si el delito es perseguible
a instancia de parte y si se trata de una falta; y,
g) Si el delito fuere
tributario, salvo que se cometa por una declaración intencionalmente falsa, o por una omisión intencional, con el objeto de
ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito.
3. Tampoco se dispondrá
la extradición, cuando:
a) La demanda de extradición
motivada por una infracción de derecho común ha sido presentada con el fin de perseguir o de castigar a un individuo por consideraciones
de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas o que la situación del extraditado se exponga a agravarse por una
u otra de estas razones;
b) Existan especiales
razones de soberanía nacional, seguridad u orden público u otros intereses esenciales del Perú, que tornen inconveniente el
acogimiento del pedido;
c) El Estado requirente
no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, así como
el tiempo que el extraditado hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.
d) El delito por el que
se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable.
Artículo 518 Requisitos
de la demanda de extradición.-
1. La demanda de extradición
debe contener:
a) Una descripción del
hecho punible, con mención expresa de la fecha, lugar y circunstancias de su comisión y sobre la identificación de la víctima,
así como la tipificación legal que corresponda al hecho punible;
b) Una explicación tanto
del fundamento de la competencia del Estado requirente, cuanto de los motivos por los cuales no se ha extinguido la acción
penal o la pena;
c) Copias autenticadas
de las resoluciones judiciales que dispusieron el procesamiento y, en su caso, el enjuiciamiento del extraditado o la sentencia
condenatoria firme dictada cuando el extraditado se encontraba presente, así como la que ordenó su detención y/o lo declaró
reo ausente o contumaz. Asimismo, copias autenticadas de la resolución que ordenó el libramiento de la extradición;
d) Texto de las normas
penales y procesales aplicables al caso, según lo dispuesto en el literal anterior;
e) Todos los datos conocidos
que identifiquen al reclamado, tales como nombre y apellido, sobrenombres, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil,
profesión u ocupación, señas particulares, fotografías e impresiones digitales, y la información que se tenga acerca de su
domicilio o paradero en territorio nacional.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS, Art. 11
2. Cuando lo disponga
el Tratado suscrito por el Perú con el Estado requirente o, en aplicación del principio de reciprocidad, la Ley interna de dicho Estado lo exija en su trámite de extradición pasiva, lo que expresamente
debe consignar en la demanda de extradición, ésta debe contener la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de
la comisión del hecho delictuoso y de la participación del extraditado.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS, Art. 11
3. Si la demanda de extradición
no estuviera debidamente instruida o completa, la autoridad central a instancia del órgano jurisdiccional y en coordinación
con el Ministerio de Relaciones Exteriores pedirá al Estado requirente corrija o complete la solicitud y la documentación.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 519 Concurso
de extradiciones.-
1. Si varios Estados
solicitan la extradición de la misma persona por el mismo delito, se decidirá la preferencia, según las siguientes circunstancias:
a) La existencia de Tratados
que vinculen al Perú con el Estado requirente;
b) Las fechas de las
demandas de extradición y, en especial, el estado de cada procedimiento;
c) El hecho de que el
delito se haya cometido en el territorio de alguno de los Estados requirentes;
d) Las facilidades que
cada uno de ellos tenga de conseguir las pruebas del delito;
e) El domicilio del extraditado
o la sede de sus negocios, en la medida que en ambos casos le permitan ejercer con mayor consistencia su derecho de defensa,
así como paralelamente el domicilio de la víctima;
f) La nacionalidad del
extraditado;
g) La gravedad del hecho
delictivo en función a la pena conminada y su coincidencia con la Ley
nacional, en especial que no se prevea la pena de muerte.
2. Si varios Estados
reclamaren a la misma persona por otros delitos, se decidirá la preferencia, según las siguientes circunstancias:
a) La mayor gravedad
de los delitos, según la Ley peruana;
b) La nacionalidad del
extraditado;
c) La posibilidad que
concedida la extradición a un Estado requirente, éste pueda a su vez acceder luego a la reextradición de la persona reclamada
al otro Estado.
3. Aún cuando se decida
por un Estado requirente, la justicia y el Gobierno deben pronunciarse acerca de la procedencia de la extradición solicitada
por el Estado que no la obtuvo de inmediato. En ese caso la extradición no preferida tendrá los efectos de una reextradición
autorizada.
Artículo 520 Efectos
de la extradición concedida.-
1. El extraditado no
podrá ser encausado por hechos anteriores y distintos a los que determinaron la concesión de la extradición sin la previa
autorización del Perú. En este caso debe interponerse una demanda ampliatoria de extradición, la Sala Penal de la Corte Suprema,
que tendrá a la vista la solicitud del Estado requirente y con los documentos justificativos correspondientes, debe emitir
una resolución consultiva y el Consejo de Ministros debe aprobar la correspondiente Resolución Suprema autoritativa.
2. Si la calificación
del hecho delictivo que motivó la extradición fuese posteriormente modificada en el curso del proceso en el Estado requirente,
ésta deberá igualmente ser autorizada por el Gobierno del Perú, bajo los mismos trámites que el numeral anterior, con la precisión
que sólo deberá atenderse a si la nueva calificación también constituye un delito extraditable.
3. El extraditado no
podrá ser reextraditado a otro Estado sin la previa autorización del Perú. Se seguirá en sede nacional el trámite previsto
en el numeral 1). Sin embargo, no será necesaria la autorización del Gobierno del Perú si el extraditado renunciare a esa
inmunidad ante una autoridad diplomática o consular peruana y con el asesoramiento de un abogado defensor; o, cuando el extraditado,
teniendo la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado requirente no lo hace en el plazo de treinta
días, o cuando regrese voluntariamente a ese territorio después de haberlo abandonado.
4. Si el extraditado,
después de la entrega al Estado requirente o durante el respectivo proceso, fugue para regresar al Perú, será detenido mediante
requisición directa y nuevamente entregado sin otras formalidades.
5. Los bienes -objetos
o documentos- efecto o instrumento del delito y los que constituyen el cuerpo del delito o elementos de prueba, serán entregados
al Estado requirente, desde que se hallen en poder del extraditado, aunque éste haya desaparecido o fallecido, salvo si afectan
derechos de tercero. Así debe constar en la Resolución Suprema
que acepte la extradición.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 521 Procedimiento
de la extradición.-
1. Recibida por la Fiscalía de la
Nación el pedido de extradición, el Juez de la
Investigación Preparatoria dictará mandato de detención para fines extradicionales contra la persona requerida,
si es que no se encontrare detenida en mérito a una solicitud de arresto provisorio.
2. Producida la detención
y puesto el extraditado a disposición judicial por la oficina local de la
INTERPOL, el Juez de la Investigación
Preparatoria, con citación del Fiscal Provincial, le tomará declaración, informándole previamente de los
motivos de la detención y de los detalles de la solicitud de extradición. Asimismo, le hará saber el derecho que tiene a nombrar
abogado defensor o si no puede hacerlo de la designación de un abogado de oficio. El detenido, si así lo quiere, puede expresar
lo que considere conveniente en orden al contenido de la solicitud de extradición, incluyendo el cuestionamiento de la identidad
de quien es reclamado por la justicia extranjera, o reservarse su respuesta para la audiencia de control de la extradición.
Si el detenido no habla el castellano, se le nombrará un intérprete.
3. Acto seguido, el Juez
de la Investigación Preparatoria en un
plazo no mayor de quince días, citará a una audiencia pública, con citación del extraditado, su defensor, el Fiscal Provincial,
el representante que designe la Embajada y el abogado que
nombre al efecto. Los intervinientes podrán presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que aparezcan en el expediente de extradición,
alegar la pertinencia o la impertinencia, formal o material, de la demanda de extradición, o cuanto motivo a favor de sus
pretensiones. La audiencia se inicia con la precisión de las causales de extradición, el detalle del contenido de la demanda
de extradición y la glosa de documentos y elementos de prueba acompañados. Luego el extraditado, si así lo considera conveniente,
declarará al respecto y se someterá al interrogatorio de las partes. A continuación alegarán las partes por su orden y, finalmente,
el imputado tendrá derecho a la última palabra. El expediente se elevará inmediatamente a la Sala Penal de la Corte Suprema.
4. La Sala Penal de la Corte Suprema,
previo traslado de las actuaciones elevadas por el Juez de la
Investigación Preparatoria al Fiscal Supremo y a los demás intervinientes apersonados, señalará fecha para
la audiencia de extradición. La Audiencia se llevará a
cabo con los que asistan, quienes por su orden informarán oralmente, empezando por el Fiscal y culminando por el abogado del
extraditado. Si éste concurre a la audiencia, lo hará en último lugar. La
Corte Suprema emitirá resolución consultiva en el plazo de cinco días. Notificada la resolución y vencido
el plazo de tres días se remitirá inmediatamente al Ministerio de Justicia.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
5. Si el Juez de la Investigación Preparatoria, en función al cuestionamiento
del extraditado, realizadas sumariamente las constataciones que correspondan, comprueba que no es la persona requerida por
la justicia extranjera, así lo declarará inmediatamente, sin perjuicio de ordenar la detención de la persona correcta. Esta
decisión, aún cuando se dictare antes de la audiencia, impedirá la prosecución del procedimiento. Contra ella procede recurso
de apelación ante la Sala Penal Superior.
6. El extraditado, en
cualquier estado del procedimiento judicial, podrá dar su consentimiento libre y expreso a ser extraditado. En este caso,
el órgano jurisdiccional dará por concluido el procedimiento. La Sala
Penal de la Corte Suprema, sin trámite
alguno, dictará la resolución consultiva favorable a la extradición, remitiendo los actuados al Ministerio de Justicia para
los fines de Ley.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 522 Resolución
Suprema y Ejecución.-
1. La Resolución Suprema emitida por el Consejo de Ministros será puesta en conocimiento
de la Fiscalía de la Nación y del Estado requirente por la vía diplomática. En la comunicación al Estado
requerido se consignarán los condicionamientos que trae consigo la concesión de la extradición. Si la decisión es denegatoria
de la extradición la Fiscalía de la Nación comunicará el hecho a la INTERPOL.
2. Decidida definitivamente
la demanda de extradición, no dará curso a ningún nuevo pedido de extradición por el mismo Estado requirente basado en el
mismo hecho, salvo que la denegación se funde en defectos de forma. Otro Estado que se considere competente podrá intentarla
por el mismo hecho si la denegación al primer Estado se sustentó en la incompetencia de dicho Estado para entender el delito
que motivó el pedido.
3. El Estado requirente
deberá efectuar el traslado del extraditado en el plazo de treinta días, contados a partir de la comunicación oficial. La Fiscalía de la
Nación, atenta a la solicitud del Estado requirente, cuando éste se viera imposibilitado de realizar el traslado
oportunamente, podrá conceder un plazo adicional de diez días. A su vencimiento, el extraditado será puesto inmediatamente
en libertad, y el Estado requirente no podrá reiterar la demanda de extradición.
4. Los gastos ocasionados
por la carcelería y entrega, así como el transporte internacional del extraditado y de los documentos y bienes incautados,
correrán a cargo del Estado requirente.
5. El Estado requirente,
si absuelve al extraditado, está obligado a comunicar al Perú una copia autenticada de la sentencia.
Artículo 523 Arresto
provisorio o pre-extradición.-
1. El arresto provisorio
de una persona reclamada por las autoridades extranjeras procederá cuando:
a) Haya sido solicitada
formalmente por la autoridad central del país interesado;
b) La persona pretenda
ingresar al país mientras es perseguido por la autoridad de un país limítrofe;
"c) La persona se encuentre
plenamente ubicada, dentro del territorio nacional, con requerimiento urgente, por intermedio de la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL." (*)
(*) Inciso adicionado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007.
2. En el supuesto del
literal a) del numeral anterior, la solicitud formal será remitida a la
Fiscalía de la Nación ya sea por intermedio
de su autoridad central o por conducto de la INTERPOL. En
casos de urgencia, se requerirá simple requisición hecha por cualquier medio, inclusive telegráfico, telefónico, radiográfico
o electrónico. La solicitud formal contendrá:
a) El nombre de la persona
reclamada, con sus datos de identidad personal y las circunstancias que permitan encontrarla en el país;
b) La fecha, lugar de
comisión y tipificación del hecho imputado;
c) Si el requerido fuese
un imputado, indicación de la pena conminada para el hecho perpetrado; y, si fuera un condenado, precisión de la pena impuesta;
d) La invocación de la
existencia de la orden judicial de detención o de prisión, y de ausencia o contumacia en su caso;
e) El compromiso del
Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición dentro de treinta días de recibida la requisición. A su vencimiento,
de no haberse formalizado la demanda de extradición el arrestado será puesto en inmediata libertad.
3. La Fiscalía de la Nación
remitirá de inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria
competente, con aviso al Fiscal Provincial que corresponda.
4. El Juez dictará el
mandato de arresto provisorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y que no tenga prevista
una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión
de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La
decisión que emita será notificada al Fiscal y comunicada a la Fiscalía
de la Nación y a la Oficina Local de INTERPOL.
5. En el supuesto del
literal b) del numeral 1) la Policía destacada en
los lugares de frontera deberá poner inmediatamente al detenido a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria competente del lugar de la intervención, con aviso
al Fiscal Provincial. El Juez por la vía más rápida, que puede ser comunicación telefónica, fax o correo electrónico, pondrá
el hecho en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y del funcionario diplomático o consular del país de búsqueda.
El representante diplomático o consular tendrá un plazo de dos días para requerir el mantenimiento del arresto provisorio,
acompañando a su solicitud las condiciones establecidas en el numeral 2) de este artículo. De no hacerlo se dará inmediata
libertad al arrestado.
6. Dispuesto el arresto
provisorio, el Juez de la Investigación Preparatoria
oirá a la persona arrestada en el plazo de veinticuatro horas, y le designará abogado defensor de oficio, si aquél no designa
uno de su confianza. El arresto se levantará, si inicialmente, el Juez advierte que no se dan las condiciones indicadas en
el numeral 4) de este artículo, convirtiéndose en un mandato de comparecencia restrictiva, con impedimento de salida del país.
El arresto cesará si se comprobase que el arrestado no es la persona reclamada, o cuando transcurre el plazo de treinta días
para la presentación formal de la demanda de extradición.
7. El arrestado que sea
liberado porque no se presentó a tiempo la demanda de extradición, puede ser nuevamente detenido por razón del mismo delito,
siempre que se reciba un formal pedido de extradición.
8. Mientras dure el arresto
provisorio, el arrestado podrá dar su consentimiento a ser trasladado al Estado requirente. De ser así, se procederá conforme
a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 521.
9. El arrestado puede
obtener libertad provisional, si transcurriesen los plazos legales del tratado o de la
Ley justificatorios de la demanda de extradición, o si el extraditado reuniese las condiciones procesales
para esa medida. En este último caso se dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte, sin
perjuicio de otras medidas de control que el Juez discrecionalmente acuerde. Se seguirá el trámite previsto para la cesación
de la prisión preventiva.
10. En el caso del inciso
“c” del numeral 1 del presente artículo, la Policía
Nacional procederá a la intervención y conducción del requerido en forma inmediata, poniéndolo a disposición
del Juez competente del lugar de la intervención y comunicando tal hecho al Fiscal Provincial, a la Fiscalía de la Nación
y al funcionario diplomático o consular del país requirente.” (*)RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS (*)
(*) Numeral adicionado por
el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007.
Artículo 524 Extradición
de tránsito.-
1. El tránsito de un
extraditado de un tercer Estado y el de sus guardas, por el territorio nacional, será permitido, mediante la presentación
de copia auténtica del documento que conceda la extradición y de la solicitud correspondiente, salvo si a ello no se opusieren
graves motivos de orden público o de derechos humanos. La autorización y, en su caso, la denegación será dispuesta por la Fiscalía de la
Nación, en coordinación con los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores.
2. Si el medio de transporte
empleado es el aéreo, la autorización será necesaria solamente cuando tuviere alguna escala prevista en territorio nacional.
3. La denegación del
tránsito podrá darse en el caso de entrega del extraditado hecha sin garantías de justicia.
TÍTULO III
LA EXTRADICIÓN ACTIVA
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS, Art. 6 y siguientes
Artículo 525 Ámbito e
Iniciación.-
1. El Poder Ejecutivo
del Perú, a instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema podrá requerir la extradición de un procesado, acusado
o condenado al Estado en que dicha persona se encuentra, siempre que lo permitan los Tratados o, en reciprocidad, la Ley del Estado requerido.
2. Para dar curso al
procedimiento de extradición activa, el Juez de la Investigación
Preparatoria o el Juez Penal, según el caso, de oficio o a solicitud de parte, y sin trámite alguno, deberá
pronunciarse al respecto. La resolución de requerimiento de extradición activa deberá precisar los hechos objeto de imputación,
su calificación legal, la conminación penal, los fundamentos que acreditan la realidad de los hechos delictivos y la vinculación
del imputado en los mismos, como autor o partícipe, y, en su caso, la declaración de ausencia o contumacia, así como la orden
de detención con fines de extradición. La resolución desestimatoria es apelable ante la Sala Penal Superior, que la resolverá previa audiencia con citación e intervención de las partes
que concurran al acto en el plazo de cinco días.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 526 Procedimiento.-
1. El Juez, luego de
emitir la resolución respectiva, formará el cuaderno respectivo conteniendo, en lo pertinente, la documentación señalada en
los numerales 1) y 2) del artículo 518, así como la que acredita que el procesado ha sido ubicado en el país requerido, y
si el Tratado o la legislación interna de dicho país exige prueba que fundamente la seriedad de los cargos, los medios de
investigación o de prueba que lo justifiquen, sin perjuicio de adjuntar las normas de derecho interno y, de ser el caso, el
Tratado aplicable al caso.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS, Art. 11
2. Elevado el cuaderno
a la Sala Penal de la Corte Suprema, si la resolución es de requerimiento de extradición activa, procederá
en lo pertinente conforme a lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 521.
3. Si la resolución consultiva
es desfavorable a la extradición activa, se devolverá lo actuado al órgano jurisdiccional inferior. Si es favorable, se remitirá
el cuaderno íntegro al Ministerio de Justicia, previa legalización de lo actuado.
4. El Gobierno se pronunciará
mediante Resolución Suprema aprobada en Consejo de Ministros. Para este efecto, una Comisión presidida por el Ministerio de
Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunciará mediante informe motivado. El Consejo de Ministros
podrá acordar si accede o deniega la extradición activa.
5. Emitida la Resolución Suprema se dispondrá la traducción del cuaderno
de extradición, respecto de las piezas indicadas por la Comisión
de Extradición. La presentación formal de la extradición corresponderá a la
Fiscalía de la Nación con el concurso del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 527 Arresto
provisorio.-
1. En casos urgentes,
y especialmente cuando haya peligro de fuga, el Juez de la
Investigación Preparatoria o en su caso el Juez Penal podrá solicitar al Estado requerido, directamente con
conocimiento de la Fiscalía de la Nación y a través de la INTERPOL,
dicte mandato de arresto provisorio con fines de extradición.
2. Esta medida podrá
instarse si el Tratado lo permite o, en su defecto, invocando el principio de reciprocidad. La resolución conteniendo el requerimiento
de arresto provisorio, debe acompañar copia de la orden de detención o de la sentencia condenatoria, la descripción del delito,
los datos del reclamado y la declaración formal de instar la demanda formal de extradición.
3. Dictada la citada
resolución, el Juzgado deberá iniciar los trámites para formar el cuaderno de extradición y obtener la documentación que corresponda.
Completará el procedimiento si recibe información categórica de la ubicación del imputado en el Estado requirente o si es
aceptado el pedido de arresto provisorio y arrestado el extraditado.
4. El mandato de arresto
provisorio también podrá solicitarse conjuntamente con la demanda formal de extradición, acompañando los documentos establecidos
en el numeral 1) del artículo 526. En este caso el pedido corresponde formularlo a la Sala Penal de la Corte Suprema
y deberá ser objeto de pronunciamiento específico en la Resolución
Suprema expedida por el Poder Ejecutivo.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
SECCIÓN III
LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
Artículo 528 Ámbito y
procedencia.-
1. Esta sección rige
los actos de cooperación judicial internacional previstos en los incisos b) a j) del numeral 1) del artículo 511.
2. En estos casos, la
solicitud de asistencia judicial internacional o carta rogatoria sólo procederá cuando la pena privativa de libertad para
el delito investigado o juzgado no sea menor de un año y siempre que no se trate de delito sujeto exclusivamente a la legislación
militar.
Artículo 529 Motivos
de denegación.-
1. Podrá denegarse, asimismo,
la asistencia cuando:
a) El imputado hubiera
sido absuelto, condenado, indultado o amnistiado por el delito que origina dicha solicitud;
b) El proceso ha sido
iniciado con el objeto de perseguir o de castigar a un individuo por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideología
o condición social;
c) La solicitud se formula
a petición de un tribunal de excepción o Comisiones Especiales creadas al efecto;
d) Se afecta el orden
público, la soberanía, la seguridad o los intereses fundamentales del Estado; y,
e) La solicitud se refiera
a un delito tributario, salvo que el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa, o por una omisión intencional,
con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito.
2. En las solicitudes
de asistencia previstas en el literal h) del numeral 1) del artículo 511 se requiere que el hecho que origina la solicitud
sea punible en los dos Estados.
Artículo 530 Requisitos
y trámite de la carta rogatoria.-
1. Las solicitudes de
asistencia judicial o cartas rogatorias que se formulen a las autoridades nacionales se harán por escrito y deberán contener
las siguientes indicaciones:
a) El nombre de la autoridad
extranjera encargada de la investigación o del juzgamiento;
b) El delito a que se
refiere la causa y descripción del asunto, la índole de la investigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los
que se refiere la solicitud;
c) Descripción completa
de la asistencia que se solicita;
2. Cuando no se conozcan
las pruebas en particular que se quiere obtener, basta con la mención de los hechos que se buscan demostrar.
3. Si la solicitud no
se ajusta a lo dispuesto en este artículo o cuando la información suministrada no sea suficiente para su tramitación, se podrá
pedir al Estado requirente modifique su solicitud o la complete con información adicional. Durante ese lapso la autoridad
nacional podrá adoptar actos de auxilio genéricos en la investigación o medidas provisionales, como bloqueo de cuenta, embargos
o confiscaciones preventivas, para evitar perjuicios irreparables.
Artículo 531 Medios probatorios.-
1. Para la recepción
de testimonios, se especificarán los hechos concretos sobre los cuales debe recaer el interrogatorio o, en todo caso, se adjuntará
un pliego interrogatorio.
2. Si se requiere corroborar
una prueba o un documento original se acompañaran de ser posibles copias auténticas de aquellas que justificaron el pedido
o, en todo caso, podrán condicionarse a su oportuna devolución.
3. Si el cumplimiento
de la solicitud de asistencia pudiese entorpecer una investigación en trámite conducida por autoridad competente, podrá disponerse
el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la ejecución, informándose al Estado requirente.
Artículo 532 Trámite
de las solicitudes.-
1. La Fiscalía de la Nación
cursará las solicitudes de asistencia de las autoridades extranjeras al Juez de la Investigación Preparatoria del lugar donde deba realizarse la diligencia, quien
en el plazo de dos días, decidirá acerca de la procedencia de la referida solicitud.
2. Contra la resolución
del Juez de la Investigación Preparatoria
procede recurso de apelación sin efecto suspensivo. La Sala Penal
Superior correrá traslado de lo actuado al Fiscal Superior y a los interesados debidamente apersonados por el plazo común
de tres días, y resolverá, previa vista de la causa, en el plazo de cinco días.
3. En el trámite de ejecución
del acto de asistencia judicial intervendrá el Ministerio Público y se citará a la
Embajada del país solicitante para que se haga representar por un Abogado. También se aceptará la intervención
de los abogados de quienes resulten ser partes en el proceso del que derive la carta rogatoria.
4. Sin perjuicio de lo
anterior, en todo lo referente a las condiciones y formas de realización del acto de asistencia, rige la legislación nacional.
5. Corresponde actuar
la diligencia de asistencia judicial al propio Juez de la
Investigación Preparatoria. Luego de ejecutarla, elevará las actuaciones a la Fiscalía de la Nación
para su remisión a la autoridad requirente por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 533 Traslado
al extranjero de persona privada de libertad.-
1. La comparecencia y
el traslado temporal al extranjero de una persona privada de libertad por la justicia peruana, sólo podrá autorizarse si el
requerido presta su consentimiento, con asistencia de un abogado defensor, y siempre que su presencia en el país no fuera
necesaria para una investigación y juzgamiento.
2. La autoridad extranjera
deberá comprometerse a mantener en custodia física a la persona traslada y la devolverá luego de acabadas la diligencias que
originaron su traslado, sin necesidad de extradición o en un tiempo que no exceda de sesenta días o el que le resta para el
cumplimiento de la condena, según el plazo que se cumpla primero, a menos que el requerido, la Fiscalía de la Nación
y la autoridad extranjera consientan prorrogarlo.
Artículo 534 Salvoconducto.-
1. La comparecencia de
toda persona ante la autoridad extranjera, autorizada por la justicia peruana, está condicionada a que se le conceda un salvoconducto,
bajo el cual, mientras se encuentre en el Estado requirente, no podrá:
a) Ser detenida o enjuiciada
por delitos anteriores a su salida del territorio nacional;
b) Ser requerida para
declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud;
c) Ser detenida o enjuiciada
con base en la declaración que preste, salvo el caso de desacato o falso testimonio.
2. El salvoconducto cesará
cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía por más de quince días a partir del momento en que su presencia ya
no fuere necesaria.
Artículo 535 Prohibiciones.-
1. Los documentos, antecedentes,
informaciones o pruebas obtenidas en aplicación de la asistencia judicial no podrán divulgarse o utilizarse para propósitos
diferentes de aquellos especificados en la carta rogatoria, sin previo consentimiento de la Fiscalía de la Nación.
2. La autoridad judicial
nacional al aceptar la solicitud de asistencia o, en su caso y posteriormente, la Fiscalía de la Nación podrá
disponer que la información o las pruebas suministradas al Estado requirente se conserven en confidencialidad. Corresponde
a la Fiscalía de la Nación realizar las coordinaciones con la autoridad central del país requirente para determinar
las condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.
Artículo 536 Requisitos
y trámite de la carta rogatoria a autoridades extranjeras.-
1. Las solicitudes de
asistencia judicial que se formulen a las autoridades extranjeras se harán por escrito y en el idioma del país requerido.
Deberán contener las siguientes indicaciones:
a) El nombre de la autoridad
peruana encargada de la investigación o del juzgamiento;
b) El delito a que se
refiere la causa y descripción del asunto, la índole de la investigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los
que se refiere la solicitud;
c) Descripción completa
de la asistencia que se solicita y, en su caso, remisión de la documentación pertinente;
2. Cuando no se conozcan
las pruebas en particular que quieren obtenerse, se mencionará los hechos que se buscan acreditar.
3. Corresponde a los
jueces y fiscales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cursar la carta rogatoria a las autoridades extranjeras.
Ésta se tramitará por intermedio de la Fiscalía
de la Nación.
Artículo 537 Solicitud
a las autoridades extranjeras para el traslado del detenido o condenado.-
1. El Juez de la Investigación Preparatoria o, en su caso, el Juez
Penal, a requerimiento del Fiscal o de las otras partes, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia previstos en
el Código y resulte necesaria la presencia de un procesado detenido o de un condenado que en el extranjero está sufriendo
privación de la libertad o medida restrictiva de la libertad, podrá solicitar su traslado al Perú a las autoridades de ese
país, a fin de que preste testimonio, colabore en las investigaciones o intervenga en las actuaciones correspondientes.
2. La solicitud de traslado
estará condicionada a la concesión por parte de Estado Peruano del salvoconducto correspondiente y a las exigencias mutuamente
acordadas con la autoridad extranjera, previa coordinación con la
Fiscalía de la Nación.
3. Contra la resolución
que emite el Juez procede recurso de apelación con efecto suspensivo. Rige, en lo pertinente, el numeral 2) del artículo 517.
SECCIÓN IV
LAS DILIGENCIAS EN EL EXTERIOR
Artículo 538.- Práctica
de diligencias en el extranjero por Fiscal o Juez peruanos.-
1. Cuando sea necesaria
la práctica de diligencias en territorio extranjero, el Fiscal Superior o la
Sala Penal Superior competente, según corresponda realizarla al Fiscal o al Juez, podrán de acuerdo con la
naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma, previa aceptación del Estado extranjero, autorizar el traslado del Fiscal
o del Juez. La decisión que se emite no es recurrible.
2. El Fiscal o el Juez
dispondrá se forme cuaderno aparte conteniendo copia certificada de los actuados pertinentes que resulten necesarios para
determinar la necesidad y urgencia. La resolución que acuerde solicitar la autorización será motivada y precisará las diligencias
que deben practicarse en el extranjero.
3. La Fiscalía de la Nación
recibirá por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores la respuesta del Estado requerido sobre la posibilidad de realizarse
en su territorio estas diligencias y las anexará a los actuados.
4. Expedida la autorización
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, dará aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación
diplomática acreditada en Perú del país donde debe realizarse la diligencia.
Artículo 539 Caso de
que autoridades extranjeras consideren necesaria la práctica de diligencias en el Perú.-
1. En caso que autoridades
extranjeras consideren necesaria la práctica de diligencias en el Perú, lo harán saber a la Fiscalía de la Nación por conducto
de su autoridad central o vía diplomática.
2. La Fiscalía de la Nación
derivará la solicitud al Juez de la Investigación Preparatoria
del lugar donde debe realizarse la diligencia, la cual previo traslado al Fiscal y a los interesados debidamente apersonados,
decidirá luego de la vista de la causa en el plazo de cinco días. La decisión es recurrible con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo
532.
3. Si se acepta la solicitud
de la autoridad extranjera, su ejecución está condicionada a que no se afecten derechos y garantías consagradas por el ordenamiento
jurídico peruano. En este caso, prestará a la autoridad extranjera el auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas
diligencias. El Ministerio Público será citado y participará activamente en el procedimiento de ejecución.
SECCIÓN V
EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS
TÍTULO I
LAS PENAS Y LAS MEDIDAS PRIVATIVAS
DE LIBERTAD EFECTIVAS
Artículo 540 Bases y
requisitos.-
1. Las sentencias de
la justicia penal nacional que imponen penas privativas de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad a nacionales
de otro país podrán ser cumplidas en ese país. Asimismo, las sentencias de la justicia penal extranjera que impongan penas
y medidas de seguridad privativas de libertad a peruanos podrán ser cumplidas en el Perú.
2. Corresponde decidir
el traslado de condenados, activo o pasivo, al Gobierno mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros,
previo informe de la Comisión a que hace referencia el
artículo 514. La decisión del Gobierno requiere la necesaria intervención judicial en los términos establecidos en esta Sección.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
3. La ejecución de la
sanción del trasladado se cumplirá de acuerdo a las normas de ejecución o del régimen penitenciario del Estado de cumplimiento.
Artículo 541 Jurisdicción
del Perú sobre la condena impuesta.-
1. El Perú, cuando acepte
el traslado del condenado extranjero, mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento
que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. También retendrá la facultad
de indultar o conceder amnistía o remitir la pena a la persona condenada.
2. La Fiscalía de la Nación,
previa coordinación con el Ministerio de Justicia, aceptará las decisiones que sobre estos extremos adopte el Estado extranjero,
siempre y cuando respete la legislación nacional; y, realizará las necesarias consultas y coordinaciones con el Estado extranjero
para que se respete lo dispuesto en el numeral anterior.
3. De igual manera, el
Perú en ningún caso modificará, por su duración, la pena privativa de libertad o la medida privativa de libertad pronunciada
por la autoridad judicial extranjera.
Artículo 542 Condiciones
para el traslado y el cumplimiento de condenas.-
1. El traslado de condenados
será posible, si se cumplen las siguientes condiciones:
a) Que el hecho que origina
la solicitud sea punible en ambos Estados;
b) Que el reo no haya
sido declarado culpable de un delito exclusivamente militar;
c) Que la parte de la
condena del reo que puede cumplirse en el momento de hacerse la solicitud sea por lo menos de seis meses;
d) Que la sentencia se
encuentre firme;
e) Que las disposiciones
de la sentencia, fuera de la privación de libertad, hayan sido satisfechas o garantizadas, especialmente tratándose de multa,
reparación civil y demás consecuencias accesorias; y,
f) Que no exista actuación
procesal en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces locales sobre los mismos hechos.
2. Excepcionalmente, previo
acuerdo entre las autoridades centrales, podrá convenirse en el traslado, aunque la duración de la condena sea inferior a
la prevista en el literal c) del numeral 1). El acuerdo de la Fiscalía de la Nación requerirá la conformidad del Gobierno, que la recabará previa coordinación con el Ministerio
de Justicia.
Artículo 543 Trámite
para disponer el traslado de extranjero condenado en el Perú.-
1. La Fiscalía de la Nación
remitirá la solicitud de traslado formulada por el Estado extranjero al Juzgado Penal Colegiado del lugar donde el condenado
se encuentra cumpliendo, el cual decidirá en el plazo de cinco días, previo traslado al Fiscal y a los interesados debidamente
personados, y luego de celebrarse la vista de la causa. La decisión es recurrible con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo
532.
2. La solicitud estará
acompañada de copia certificada de la sentencia relativa al reo, haciendo constar su firmeza y, cuando corresponda, del acuerdo
celebrado entre la Fiscalía de la Nación y la respectiva autoridad extranjera sobre los puntos indicados en el artículo
541. Asimismo, debe constar la aceptación expresa del reo prestada con asesoramiento de su abogado defensor. Si se considera
que la documentación acompañada es insuficiente se podrá solicitar mayor información u otro informe adicional.
3. Para tomar la decisión
el Juez Penal considerará, entre otros factores, la gravedad del delito, los antecedentes del reo, su estado de salud y los
vínculos que pueda tener con el Estado donde cumplirá la condena.
4. Firme que sea la resolución
judicial, que tendrá carácter consultiva, se remitirá conjuntamente con las actuaciones formadas al efecto al Ministerio de
Justicia, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
5. Cuando la resolución
judicial es negativa al traslado, el Gobierno queda vinculado a esa decisión. Si la resolución judicial consultiva es favorable
al traslado, el Gobierno puede decidir lo que considere conveniente.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
Artículo 544 Trámite
cuando el Perú solicita el traslado del extranjero.-
1. La solicitud por el
Estado Peruano para instar el traslado de un reo extranjero condenado en el país o de un nacional condenado en el extranjero
corresponde, en el primer supuesto, al Juzgado Penal Colegiado del lugar donde cumple la condena; y, en el último supuesto,
al Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de
Lima a instancia del Fiscal en coordinación con la Fiscalía
de la Nación.
2. En ambos casos, La Fiscalía designada por la Fiscalía de la Nación formará
el cuaderno respectivo, ya sea de oficio o a solicitud del propio condenado. En todo caso se requiere que el condenado haya
dado ante la autoridad judicial, y con asistencia de abogado defensor, su libre y expreso consentimiento al traslado, después
de ser informado de sus consecuencias, y cumplido con el pago de la reparación civil y demás consecuencias accesorias.
3. El Juzgado Penal Colegiado
se pronunciará si corresponde iniciar formalmente la indicada solicitud de traslado. Para ello correrá traslado a las partes
personadas por el plazo de cinco días y celebrará la audiencia de vista de la causa en similar plazo.
4. Rige lo dispuesto
en los numerales 4) y 5) del artículo anterior.
CONCORDANCIA: D.S. N° 016-2006-JUS (Normas referidas
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de
condenados)
TÍTULO II
LAS OTRAS PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Artículo 545 Penas no
privativas de libertad.-
1. El condenado de nacionalidad
peruana por un órgano jurisdiccional extranjero a cumplir una pena de condena condicional o la suspensión del fallo condenatorio,
o de prestación de servicios a la comunidad, o de limitación de días libres, o una medida de seguridad no privativa de libertad,
podrá cumplirla en el Perú bajo la vigilancia de la autoridad competente.
2. La aceptación de la
solicitud está condicionada al cumplimiento de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias, y a la aceptación
del condenado prestada con asistencia de su abogado defensor.
3. La solicitud de la
autoridad extranjera requiere copia certificada de la sentencia firme, información completa de haberse cumplido la reparación
civil y las demás consecuencias accesorias, información sobre la fecha de llegada al Perú, y explicación de las obligaciones
asumidas por el condenado y del control que se requiere de la autoridad peruana, con determinación de la fecha de finalización
del control. No se aceptará la solicitud cuando las obligaciones asumidas por el condenado o las medidas de control requeridas
contraríen la legislación nacional.
4. Si el condenado fuere
peruano, podrá presentar la solicitud por sí o a través de terceros a su nombre.
5. Resolverá la solicitud
el Juez para la Investigación Preparatoria.
Rige, en lo pertinente, los numerales 1) y 2) del artículo 532. En estos casos se requiere informe del Instituto Nacional
Penitenciario.
6. Corresponde a la autoridad
peruana informar periódicamente al Estado de condena acerca de la forma en que se lleva a cabo el control. Está obligada a
comunicar de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones asumidas, para que el Estado de condena
adopte las medidas que correspondan al caso.
Artículo 546 Cumplimiento
de penas no privativas de libertad en el Perú.-
1. El condenado extranjero
por un órgano jurisdiccional peruano a cumplir una pena de condena condicional o la suspensión del fallo condenatorio, o de
prestación de servicios a la comunidad, o de limitación de días libres, o una medida de seguridad no privativa de libertad,
podrá ser cumplido en el país de su nacionalidad.
2. Las condiciones serán,
analógicamente, las establecidas en el artículo anterior.
3. La solicitud debe
ser presentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria.
La Fiscalía de la Nación coordinará con la autoridad extranjera los requisitos y condiciones que el Estado de
condena establece al respecto, y las remitirá al Juez de la causa para su decisión.
Artículo 547 Pena de
multa y el decomiso.-
1. Las condenas de multa
o la consecuencia accesoria del decomiso dictadas por autoridad judicial extranjera, podrán ser ejecutadas en el Perú, a solicitud
de su autoridad central, cuando:
a) El delito fuere de
competencia del Estado requirente, según su propia legislación;
b) La condena esté firme;
c) El hecho que la motiva
constituya delito para la Ley peruana, aun cuando no tuviera
prescritas las mismas penas;
d) No se trate de un
delito político o el proceso se instó por propósitos políticos o motivos discriminatorios rechazados por el Derecho Internacional;
e) El condenado no hubiese
sido juzgado en el Perú o en otro país por el hecho que motiva el pedido; y,
f) No se trata de una
condena dictada en ausencia.
2. La autoridad central,
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad,
que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del procedimiento de ejecución, queden en poder del Estado
peruano.
3. Para todo lo relacionado
con la solicitud y el procedimiento necesario para resolver el pedido del Estado requirente, rigen en lo pertinente los artículos
530 y 532.
4. El procedimiento judicial
para la ejecución forzosa de la multa y del decomiso será el previsto en este Código y podrán adoptarse medidas de coerción
patrimonial. Intervendrá necesariamente el Fiscal Provincial.
5. La multa se ejecutará
por el monto y las condiciones establecidas en la condena, el cual se convertirá a la moneda nacional o a otra moneda según
los acuerdos que se arriben y siempre que no prohíba la legislación nacional.
6. Los gastos que ocasione
la ejecución serán de cargo del Estado requirente.
7. El dinero o los bienes
obtenidos serán depositados a la orden de la Fiscalía
de la Nación, la que los transferirá o entregará a la autoridad
central del país requirente o a la que ésta designe.
Artículo 548 Pena de
Inhabilitación.-
1. Las penas de inhabilitación
impuestas por un órgano jurisdiccional extranjero serán ejecutadas en el Perú, a solicitud de su autoridad central, siempre
que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1) del artículo 532.
2. El procedimiento de
admisión y el de ejecución, con la intervención necesaria del Fiscal Provincial, será el previsto en los artículos 530 y 532,
así como las normas sobre ejecución de sentencia establecidas en el Código.
Artículo 549 Penas de
multa e inhabilitación y decomiso objeto de cumplimiento en el extranjero.-
1. El órgano jurisdiccional
peruano que haya impuesto una condena de multa, inhabilitación o decomiso, podrá requerir que se ejecute la condena en un
país extranjero.
2. Las condiciones serán,
analógicamente, las establecidas por el numeral 1) del artículo 532.
3. El procedimiento de
admisión y el de ejecución, con la intervención necesaria del Fiscal Provincial, será el previsto en los artículos 530 y 532,
así como las normas sobre ejecución de sentencia establecidas en el Código.
SECCIÓN VI
LA ENTREGA VIGILADA
Artículo 550 Disposición
de entrega vigilada al exterior.-
1. La Fiscalía Provincial del lugar donde ocurra el hecho, previa coordinación
con la Fiscalía de la Nación y mediando solicitud expresa y motivada de la autoridad competente extranjera,
podrá autorizar la entrega vigilada con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos de naturaleza internacional
o transnacional y de entablar acciones penales contra ellas.
2. La entrega vigilada
se acordará mediante una Disposición, que se guardará en reserva, y que se comunicará a la autoridad central extranjera o,
por razones de urgencia, a la autoridad que ha de realizar la investigación.
3. La Disposición determinará, según el caso, que las remesas ilícitas cuya entrega vigilada
se haya acordado puedan ser interceptadas, y autorizadas a proseguir intactas o a sustituir su contenido, total o parcialmente.
4. Corresponde al Fiscal
Provincial conducir, con la activa intervención de la Policía
Nacional, todo el procedimiento de entrega vigilada.
Artículo 551 Entrega
vigilada y protección de la jurisdicción nacional.-
1. La Disposición que autoriza la entrega vigilada del bien delictivo se adoptará caso
por caso.
2. Los gastos que en
territorio nacional demande este mecanismo de cooperación serán de cuenta del Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscalía de la
Nación está facultada para arribar a un acuerdo específico sobre la materia.
3. La Fiscalía de la Nación
cuidará que el ámbito de la jurisdicción nacional no se limite indebidamente.
Artículo 552 Función
de la Fiscalía de la Nación.-
1. La Fiscalía de Nación establecerá, en coordinación con la autoridad competente
extranjera, el procedimiento mutuamente convenido para la entrega vigilada.
2. Asimismo, precisará,
con pleno respeto a la vigencia de Ley penal nacional, la atribución que corresponde al Ministerio Público de promover la
acción penal en el país, en caso el procedimiento de entrega vigilada dé resultados positivos.
Artículo 553 Autorización
para utilizar la entrega vigilada.-
1. La Fiscalía que investiga un delito previsto en el artículo 340, previa coordinación
con la Fiscalía de la Nación, podrá autorizar se solicite a la autoridad extranjera competente la utilización
de la entrega vigilada.
2. En virtud de la urgencia
podrá utilizarse el canal directo con la autoridad central del país requerido o, con autorización de ella, con el órgano que
de inmediato tendrá a su cargo la ejecución de dicha técnica de cooperación.
SECCIÓN VII
COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 554 Ámbito de
la Cooperación.-
1. Los actos de cooperación
del Perú con la Corte Penal Internacional son:
a) La detención y entrega
de personas;
b) La detención provisional;
c) Los actos de cooperación
previstos en el artículo 93 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
2. Asimismo, en cuanto
no estén incluidos específicamente en dicha norma internacional, procede otorgar asistencia en los supuestos previstos en
los literales b) al m) del numeral 1) del artículo 511, así como en lo relativo a la ejecución de penas impuestas a nacionales
por la Corte Penal Internacional.
Artículo 555 Trámite
inicial de las solicitudes de Cooperación.-
1. Las solicitudes de
cooperación de un órgano de la Corte Penal Internacional
serán recibidas vía diplomática y remitidas inmediatamente a la Fiscalía
de la Nación, como autoridad central. También pueden cursarse
directamente a la Fiscalía de la Nación.
2. La Fiscalía de la Nación
cursará al Juez de la Investigación Preparatoria
las solicitudes de cooperación de detención y entrega, de detención provisional, y de todas aquellas establecidas en el artículo
511.
3. Si el acto de cooperación
consiste en: a) la identificación y búsqueda de personas u objetos; b) la realización de exhumaciones y el examen de cadáveres
y fosas comunes; y, c) la identificación y determinación del paradero de bienes delictivos, corresponderá su admisión y ejecución
al Fiscal Provincial del lugar de la diligencia. Si la solicitud, a su vez, exige la realización de inspecciones oculares;
el congelamiento o la incautación de bienes delictivos, el Fiscal Provincial instará al Juez de la Investigación Preparatoria dicte la resolución autoritativa que
corresponda. Salvo que requiera autorización jurisdiccional, el Fiscal Provincial estará encargado de la conducción de las
labores de protección de víctimas y testigos.
4. Cuando fuera necesario,
y el interés de la justicia lo exige, las autoridades nacionales que intervienen en un acto de cooperación estarán obligadas
a preservar el secreto de las actuaciones en que intervengan. Con especial énfasis se entenderán secretas las diligencias
en tanto ellas puedan afectar la seguridad e integridad corporal y psicológica de los investigados, de las víctimas, de los
posibles testigos y de sus familiares.
Artículo 556 Consultas
y acuerdos con la Corte Penal Internacional.-
1. Si la ejecución de
un acto de cooperación con la Corte Penal Internacional
puede vulnerar una norma de orden público y un principio fundamental del derecho, el órgano que deba decidir su admisión y
desarrollo, previamente, expresará mediante resolución o disposición consultiva -según se trata del Juez o del Fiscal, respectivamente-
los motivos de la probable colisión y, reservadamente, las pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
2. La Fiscalía de la Nación
realizará las consultas indispensables con la Corte Penal
Internacional a fin de resolver la cuestión. A su finalización, la
Fiscalía de la Nación se pronunciará, pudiendo
fijar en coordinación con la Corte Penal Internacional
el ámbito posible de la cooperación que se le daría a la misma, aclarar los puntos de cuestionamiento de la decisión fiscal
o judicial o dictar cualquier otra recomendación que considere conveniente. Con esa respuesta, el Fiscal encargado o el Juez
competente decidirán lo que considere arreglado a derecho, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
3. Si la cooperación
consiste en la presentación de documentos, informaciones o divulgación de pruebas que puedan poner en riesgo la seguridad
nacional o se trate de secretos de Estado, se procederá conforme a los numerales anteriores. En este caso, la Fiscalía de la
Nación coordinará con los Ministerios u órganos del Estado involucrados e iniciará las consultas con la Corte Penal Internacional. Si la autoridad judicial acuerda que es
imposible cumplir el acto de cooperación solicitado, comunicará su resolución a la Fiscalía de la Nación y ésta
a la Corte Penal Internacional.
4. La Fiscalía de la Nación,
en sus relaciones con la Corte Penal Internacional,
informará de las normas de derecho interno y de los requisitos necesarios para el debido cumplimiento de los actos de cooperación
solicitados.
TÍTULO II
LA DETENCIÓN Y ENTREGA DE
PERSONAS Y LA DETENCIÓN PROVISIONAL
Artículo 557 Recepción
y trámite.-
1. Una vez que la Fiscalía de la
Nación reciba la solicitud de detención y entrega, con todos los documentos a que hace referencia el artículo
91 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, remitirá
las actuaciones al Juez de la Investigación Preliminar
del lugar donde se encuentre el requerido, con conocimiento de la Sala
Penal de la Corte Suprema.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria, inmediatamente, expedirá
mandato de detención.
3. Producida la detención
y puesto el extraditado a disposición judicial por la oficina local de la
INTERPOL, el Juez de la Investigación
Preparatoria, con citación del Fiscal Provincial y dando cuenta del hecho a la Fiscalía de la Nación,
le tomará declaración, informándole previamente de los motivos de la detención y de los detalles de la solicitud de entrega,
entregándole copia de la misma. Asimismo, le hará saber del derecho que tiene a nombrar abogado defensor o si no puede hacerlo
de la designación de un abogado de oficio. El detenido, si así lo quiere, puede expresar lo que considere conveniente en orden
al contenido de la solicitud de entrega, incluyendo el cuestionamiento de la identidad de quien es reclamado por la justicia
internacional, o reservarse su respuesta para la audiencia de control de la entrega. Si el detenido no habla el castellano,
se le nombrará un intérprete.
4. Acto seguido, el Juez
de la Investigación Preparatoria en un
plazo no mayor de quince días, citará a una audiencia pública, con citación del requerido, su defensor, el Fiscal Provincial,
el representante que nombre la Corte Penal Internacional
y, de ser el caso, el representante que designe la embajada del país del que es nacional el detenido. Los intervinientes podrán
presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que aparezcan en el expediente de entrega, alegar la pertinencia o la impertinencia,
formal o material, de la solicitud de entrega, o cuanto motivo a favor de sus pretensiones. La audiencia se inicia con la
precisión de las causales de entrega, el detalle del contenido de la solicitud de entrega y la glosa de documentos y elementos
de prueba que deben acompañarse al efecto. Luego el detenido, si así lo considera conveniente, declarará al respecto y se
someterá al interrogatorio de los participantes. A continuación éstos alegarán por su orden y, finalmente, el imputado tendrá
derecho a la última palabra. El expediente se elevará inmediatamente a la
Sala Penal de la Corte Suprema, con
conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
5. La Sala Penal de la Corte Suprema,
previo traslado de las actuaciones elevadas por el Juez de la
Investigación Preparatoria al Fiscal Supremo y a los demás participantes personados, señalará fecha para
la audiencia de entrega. La Audiencia se llevará a cabo
con los que asistan, quienes por su orden informarán oralmente, empezando por el Fiscal y culminando por el abogado del requerido.
Si éste concurre a la audiencia, lo hará en último lugar. La Corte
Suprema emitirá resolución consultiva en el plazo de cinco días. Notificada la resolución y vencido el plazo
de tres días se remitirá inmediatamente al Ministerio de Justicia.
6. Si el detenido contestara
la solicitud de entrega, alegando la ocurrencia de cosa juzgada, sin perjuicio de la continuación del trámite, el Juez de
la Investigación Preparatoria formará
cuaderno con copia certificada de lo actuado y lo elevará a la Fiscalía
de la Nación, la cual inmediatamente consultará a la Corte Penal Internacional para que informe si hubo decisión de admisibilidad
de la causa. El expediente principal, en el estado en que se encuentre, quedará suspendido hasta la respuesta de la Corte Penal Internacional. En este caso:
a) Si la causa fue admitida,
la autoridad judicial dará curso al pedido de detención y entrega;
b) Si estuviese pendiente
la decisión sobre la admisibilidad, la autoridad judicial podrá determinar la suspensión del procedimiento de entrega, a la
espera de la decisión de la Corte Penal Internacional.
7. Si el Juez de la Investigación Preparatoria, en función al cuestionamiento
del detenido, realizadas sumariamente las constataciones que correspondan, comprueba que no es la persona requerida por la
justicia penal internacional, así lo declarará inmediatamente, sin perjuicio de ordenar la detención de la persona correcta
y ponerla en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y de la Sala
Penal de la Corte Suprema. Esta
decisión, aún cuando se dictare antes de la audiencia, impedirá la prosecución del procedimiento. Contra ella procede recurso
de apelación ante la Sala Penal Superior.
8. El requerido, en cualquier
estado del procedimiento judicial, podrá dar su consentimiento libre y expreso a ser entregado a la Corte Penal Internacional. En este caso, el órgano jurisdiccional dará por concluido
el procedimiento. La Sala Penal de la Corte Suprema, sin trámite alguno, dictará la resolución consultiva favorable
a la entrega, remitiendo los actuados al Ministerio de Justicia para los fines de Ley.
Artículo 558 Resolución
Suprema y Ejecución.-
1. La decisión sobre
la entrega será mediante Resolución Suprema emitida por el Consejo de Ministros, que será puesta en conocimiento de la Fiscalía de la
Nación y la Corte Penal Internacional
por la vía diplomática. Si la resolución consultiva de la Corte Suprema
es por la denegación de la entrega, así lo declarará el Poder Ejecutivo. En caso contrario, el Poder Ejecutivo puede dictar
la decisión que corresponda. Si ésta es denegatoria de la entrega, la
Fiscalía de la Nación comunicará el hecho
a la INTERPOL.
2. Decidida definitivamente
la solicitud de entrega, la Corte Penal Internacional
podrá dar curso a otra solicitud por el mismo hecho, si la denegación se fundó en defectos de forma.
3. La Corte Penal Internacional deberá efectuar el traslado del detenido en el plazo
de treinta días, contados a partir de la comunicación oficial. La
Fiscalía de la Nación, atento a la solicitud
de la Corte Penal Internacional, cuando ésta se viera
imposibilitada de realizar el traslado oportunamente, podrá conceder un plazo adicional de diez días. A su vencimiento, el
detenido será puesto inmediatamente en libertad, y el Estado requirente no podrá reiterar la demanda de extradición.
4. La Corte Penal Internacional, si absuelve a la persona entregada, comunicará al Perú
tal hecho y le enviará copia autenticada de la sentencia.
5. La Corte Penal Internacional solicitará al Perú la dispensa del numeral 1) del artículo
101 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Previamente
celebrará consultas con la Fiscalía de la Nación. La solicitud de dispensa será cursada directamente a la Sala Penal de la
Corte Suprema. Rige, en lo pertinente, el numeral 4) del artículo anterior y las demás normas siguientes.
Artículo 559 Plazo de
la detención y libertad provisional.-
1. La detención, en ningún
caso, puede exceder de noventa días. Vencido el plazo sin haber resuelto la solicitud de entrega, se dispondrá por la autoridad
judicial su inmediata libertad, sin perjuicio de imponer las medidas restrictivas o de control que discrecionalmente se acuerden;
asimismo, se dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte.
2. El detenido puede
solicitar libertad provisional ante el órgano jurisdiccional que, en ese momento, conozca de la solicitud de entrega. Presentada
la solicitud, la autoridad judicial dará cuenta de la misma a la
Fiscalía de la Nación, la que se comunicará
con la Corte Penal Internacional para que dé las recomendaciones
necesarias.
3. El órgano jurisdiccional,
para resolver la solicitud de libertad provisional tendrá en consideración las recomendaciones de la Corte Penal Internacional. Ésta será concedida si se presentan circunstancias que
la justifiquen y si existen garantías suficientes para la realización de la entrega. En este caso se dictará mandato de impedimento
de salida del país y se retendrá el pasaporte del requerido, sin perjuicio de otras medidas de control que el Juez discrecionalmente
acuerde para impedir la fuga y asegurar la realización de la entrega. Se seguirá, en lo pertinente, el trámite previsto para
la cesación de la prisión preventiva.
Artículo 560 Detención
provisional con fines de entrega.-
1. A solicitud de la
Corte Penal Internacional, el Juez de la
Investigación Preparatoria, cumplidos los requisitos que establece el artículo 92 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dictará mandato de detención provisional
con fines de entrega.
2. El detenido será puesto
en libertad si la Fiscalía de la Nación no hubiese recibido la solicitud de entrega y los documentos que correspondan
en el plazo de sesenta días de la fecha de detención.
3. El detenido provisionalmente
podrá consentir en su entrega antes de que transcurra el plazo estipulado en el numeral anterior. Rige, en lo pertinente,
el numeral 6) del artículo 521.
4. Ejecutada la detención
provisional, el Juez de la Investigación Preparatoria
oirá a la persona detenida en el plazo de veinticuatro horas, y le designará abogado defensor de oficio, si aquél no designa
uno de su confianza. La detención cesará si se comprobase que el detenido no es la persona reclamada.
5. El detenido liberado
porque no se presentó a tiempo la solicitud de entrega, puede ser nuevamente detenido, si la solicitud de entrega y los documentos
que lo juzgan fuesen recibidos en una fecha posterior.
Artículo 561 Concurrencia
de solicitud de entrega y demanda de extradición.-
1. Habiendo concurrencia
entre la solicitud de entrega y una demanda de extradición relativa a la misma conducta que constituya la base del crimen
en razón del cual la Corte Penal Internacional ha pedido
la entrega, la autoridad competente, con conocimiento de la Fiscalía
de la Nación, notificará el hecho a la Corte Penal Internacional y al Estado requirente. La Fiscalía de la Nación
establecerá las consultas correspondientes para una decisión en armonía con el artículo 90 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El resultado de su intervención será comunicado
por escrito a la autoridad judicial.
2. La demanda de extradición
en trámite quedará pendiente hasta la decisión sobre la solicitud de entrega.
3. La solicitud de entrega
prevalecerá sobre la demanda de extradición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
TÍTULO III
LOS DEMÁS ACTOS DE COOPERACIÓN
Artículo 562 Asistencia
Judicial.-
1. La Fiscalía de la Nación
cursará a la autoridad que corresponda, de conformidad con el artículo 555, las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional establecidas en el literal b) del numeral
1) y en el primer extremo del numeral 2) del artículo 554.
2. El trámite que seguirán
las solicitudes es el previsto, en lo pertinente, en los artículos 532 a
537.
3. El traslado provisional
de un detenido a los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de otra índole, requerirá que el detenido
preste su libre consentimiento, con el concurso de un abogado defensor, y que se asegure al trasladado no ser detenido o enjuiciado
con base en la declaración que preste, salvo el caso de desacato o falso testimonio.
4. Si existen concurrencia
entre solicitudes de asistencia judicial con otro país, la autoridad judicial inmediatamente dará cuenta a la Fiscalía de la
Nación a fin que establezca las consultas con la Corte
Penal Internacional y el Estado requirente, a fin de dar debido cumplimiento. El trámite se reanudará a las
resultas de la comunicación que curse la Fiscalía
de la Nación como consecuencia de las consultas entabladas
al respecto. Se tendrá en consideración lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 93 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
5. La solicitud de la Corte Penal Internacional que originara dificultades de ejecución,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto de la Corte
Penal Internacional, será comunicada por la autoridad a cargo de la misma a la Fiscalía de la Nación
a fin de que inicie consultas con la Corte Penal Internacional,
en los siguientes casos:
a) Si la información
fuese insuficiente para la ejecución de la solicitud;
b) Si fuere imposible
ubicar a la persona buscada, dentro de la solicitud de entrega;
c) Si la ejecución de
la solicitud, conforme a sus propios términos, estuviere en aparente conflicto con una obligación asumida por el Perú con
otro Estado, por medio de un Tratado.
6. En caso que la ejecución
de una solicitud de asistencia interfiera una investigación o enjuiciamiento en curso de un hecho distinto del que es materia
de la solicitud de la Corte Penal Internacional, podrá
aplazarse la ejecución por el tiempo que se acuerde con la Corte Penal
Internacional. En todo caso, la autoridad judicial, luego de declarar la presencia de una interferencia, dará cuenta a la Fiscalía de la
Nación, a fin de que inicie consultas con la Corte
para determinar, alternativamente, el plazo del aplazamiento, la ejecución de la solicitud bajo ciertas condiciones o, en
su caso, para acordar medidas de protección de pruebas o de testigos, durante el lapso del aplazamiento.
Artículo 563 Cooperación
con el Fiscal de la Corte Penal Internacional.-
1. El Fiscal de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 54 del
Estatuto de la Corte Penal Internacional, podrá solicitar
los actos de cooperación previstos en el artículo anterior, que se tramitarán y ejecutarán conforme a las reglas establecidas
en dicha norma. En todo caso, antes de solicitar formalmente el acto de coordinación consultará con la Fiscalía de la Nación,
a fin de establecer las condiciones de operatividad y eficacia de la solicitud que pretenda.
2. El Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá realizar en territorio nacional las
diligencias de investigación que considere conveniente y se encuentren autorizadas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. A este efecto, cursará la solicitud de cooperación a
la Fiscalía de la Nación, la cual previas coordinaciones con aquélla, la derivará al Juez de la Investigación Preparatoria del lugar donde debe realizarse la diligencia,
la cual previo traslado al Fiscal y a los interesados debidamente personados, decidirá luego de la vista de la causa en el
plazo de cinco días. La decisión es recurrible con efecto suspensivo ante la
Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 532.
3. Si se acepta la solicitud
de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en tanto se cumplan los presupuestos y las condiciones
establecidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional,
su ejecución está condicionada a que no se afecten derechos y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico peruano.
En caso afirmativo, prestará a la autoridad extranjera el auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas diligencias.
El Ministerio Público será citado y participará activamente en el procedimiento de ejecución.
Artículo 564 Restricciones
a la divulgación y gastos.-
1. Se aplican a todas
las solicitudes de cooperación las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada
con la defensa o la seguridad nacional.
2. Los gastos ordinarios
que se deriven del cumplimiento de las solicitudes de cooperación corren por cuenta del Estado peruano, con las excepciones
estipuladas en el artículo 100 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
TÍTULO IV
LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Artículo 565 Cumplimiento
de penas impuestas a nacionales.-
1. El Estado Peruano
podrá manifestar a la Corte Penal Internacional su disposición
para recibir condenados de nacionalidad peruana. Esta decisión requiere informe favorable de la Fiscalía de la Nación
y Resolución Suprema del Sector Justicia con aprobación del Consejo de Ministros.
2. El Estado Peruano
iniciará consultas con la Corte Penal Internacional
para determinar el ámbito de la ejecución de las penas y la aplicación del régimen jurídico de su aplicación, así como las
bases de la supervisión que compete a la Corte Penal
Internacional.
Artículo 566 Ejecución
de las penas.-
1. Si la pena es privativa
de libertad, la Fiscalía de la Nación en coordinación con el Ministerio de Justicia, comunicarán a la Corte Penal Internacional el establecimiento penal de cumplimiento
de la pena. Se acompañará copia autenticada de la sentencia.
2. La ejecución de la
pena privativa de libertad dependerá del Acuerdo expreso a que llegue el Estado Peruano con la Corte Penal Internacional. La pena no puede ser modificada por la jurisdicción
peruana. Todo pedido de revisión, unificación de penas, beneficios penitenciarios, traslado para la detención en otro país
y otros incidentes de ejecución, así como los recursos, son de competencia exclusiva de la Corte Penal Internacional. El interno podrá dirigir los pedidos a la Fiscalía de la Nación,
órgano que los trasladará inmediatamente a la Corte Penal
Internacional.
3. Las autoridades nacionales
permitirán la libre y confidencial comunicación del sentenciado con la
Corte Penal Internacional.
4. Las penas de multa
y el decomiso de bienes impuestos por la Corte Penal
Internacional podrán ser ejecutadas por la jurisdicción nacional. Rige, en lo pertinente, el artículo 547.
5. En caso de evasión
del condenado, se dará cuenta a la Corte Penal Internacional
a través de la Fiscalía de la Nación, que iniciará consultas para proceder con arreglo al artículo 111 del Estatuto
de la Corte Penal Internacional.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Vigencia del
Código Procesal Penal.-
1. El Código Procesal
Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por
Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias
y de implementación del Código Procesal Penal.
CONCORDANCIAS: R. N° 034-2006-MP-FN-JFS
2. El día 1 de febrero
de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que
al efecto creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará
la aplicación progresiva de este Código. (*)
(*) Inciso modificado por
el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, cuyo texto es el siguiente:
"2. El día 1 de julio
de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación creada
por el Decreto Legislativo Nº 958. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva
de este Código."
3. El mencionado Decreto
Legislativo establecerá, asimismo, las disposiciones transitorias y las referidas al tratamiento de los procesos seguidos
con arreglo a la legislación anterior.
4. No obstante lo dispuesto
en el numeral 2, a los noventa días de la publicación de este código entrarán en vigencia en todo el país los artículos 205-210.
El día 1 de febrero de 2006, asimismo, entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el libro Libro Séptimo
“La Cooperación Judicial Internacional” y las disposiciones modificatorias contenidas en este Código. (1)(2)
(1) De conformidad con el
Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004, se suspende hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia
de los artículos 205 al 210 del presente Código Procesal Penal.
(2) Inciso 4, modificado por
el Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005, cuyo texto es el siguiente:
"4. No obstante lo dispuesto
en el numeral 2, el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo
"La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones modificatorias contenidas en este Código". (*)
(*) Inciso modificado por
el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, cuyo texto es el siguiente:
"4. No obstante lo dispuesto
en el numeral 2, el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468-471 y el Libro Sétimo
“La Cooperación Judicial Internacional” y las disposiciones modificatorias contenidas en este Código, excepto
las contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, que entrarán en vigencia el 1 de julio de
2006.”
5. Las normas que establecen
plazos para las medidas de prisión preventiva y detención domiciliaria entrarán en vigencia en todo el país el día 1 de febrero
de 2006. Para estos efectos, y a fin de definir en concreto el plazo razonable de duración de las indicadas medidas coercitivas,
el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de los plazos máximos fijados en este Código, deberá tomar en consideración, proporcionalmente:
a) la subsistencia de los presupuestos materiales de la medida; b) la complejidad e implicancias del proceso en orden al esclarecimiento
de los hechos investigados; c) la naturaleza y gravedad del delito imputado; d) la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional;
y, e) la conducta procesal del imputado y el tiempo efectivo de privación de libertad. (*)
(*) Inciso derogado por el
Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006.
Segunda.- Normas generales
de aplicación.-
1. Al entrar en vigencia
este Código según las previsiones de la Disposición anterior, los procesos en trámite se regirán por las normas que se establezcan
en las normas complementarias y de implementación de este cuerpo normativo.
2. En todo caso, salvo
disposición expresa en contrario, continuarán rigiéndose por la norma procesal anterior las reglas de competencia, los recursos
impugnatorios interpuestos, los actos procesales que se encuentren en vía de ejecución, y los plazos que hubieran empezado
a computarse.
Tercera.- Vigencia de
requisitos de procedibilidad.- Siguen vigentes las disposiciones legales que consagran requisitos de procedibilidad o imponen
autorizaciones o informes previos de órganos públicos para disponer la formalización de la investigación preparatoria.
Cuarta.- Normas Reglamentarias.-
1. El Poder Ejecutivo,
mediante Decreto Supremo, reglamentará los alcances del proceso por colaboración eficaz previsto en la Sección VI del Libro
Quinto “Los procesos especiales” de este Código. Asimismo, hará lo propio respecto de las medidas de protección,
prevista en el Título V de la Sección II “La Prueba” del Libro Segundo “La actividad procesal”.
2. Los órganos de Gobierno
del Poder Judicial y del Ministerio Público, asimismo, dictarán las normas reglamentarias que prevé este Código en el plazo
y mediando las coordinaciones que establecerán las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal.
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS
Y DEROGATORIAS
Primera.- Control del
Ministerio Público de los bienes incautados.-
1. Corresponde al Ministerio
Público la supervisión de los organismos que por Ley se han creado o habilitado para el depósito, administración y disposición
durante el proceso de bienes incautados.
2. El Fiscal de la Nación
dictará las normas reglamentarias que hagan efectiva la supervisión de dichas entidades por el Ministerio Público.
CONCORDANCIAS: R. N° 728-2006-MP-FN (Reglamento de Supervisión de
Organismos de Bienes Incautados)
R.N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas
y demás normas de adecuación al Nuevo Código Procesal Penal)
Segunda.- Modificaciones
de normas procesales.- Los artículos de las normas que a continuación se señalan, quedan redactados según el tenor siguiente:
1. “Artículo 11,
Ley Nº 23506. Responsabilidad y sanciones al agresor.-
1. Si al concluir los
procesos de Hábeas Corpus y Amparo, se ha identificado al responsable de la agresión y aparezcan indicios de la comisión de
un delito de persecución pública, se dispondrá se remita copia certificada de lo actuado al Ministerio Público para que proceda
con arreglo a sus atribuciones.
2. El haber procedido
por orden superior no libera al ejecutor de los hechos de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Si el responsable
de la vulneración fuera una de las personas comprendidas en el artículo 99 de la Constitución se dará cuenta inmediata al
Congreso para los fines consiguientes”. (*)
(*) Numeral 1, derogado por
el Artículo Único de la Ley N° 28395, publicada el 23-11-2004.
2. “Artículo 4,
Decreto Supremo Nº 006-97-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar). La Denuncia Policial.-
1. La Policía Nacional,
en todas sus delegaciones, recibirá las denuncias por violencia familiar y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal
Penal, realizará las investigaciones que correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público, y practicará las notificaciones
a que hubiere lugar.
2. Las denuncias podrán
ser formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita”.
3. “Artículo 6,
Decreto Supremo Nº 006-97-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar). La Investigación
Preliminar Policial.-
1. La investigación preliminar
policial se sigue de oficio, independientemente del denunciante, bajo la conducción del Ministerio Público.
2. La Policía Nacional,
a solicitud de la víctima, con conocimiento del Ministerio Público brindará las garantías necesarias en resguardo de su integridad”.
4. “Artículo 8,
Decreto Supremo Nº 006-97-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar). El Informe Policial.-
1. El Informe Policial
será remitido, según corresponda, al Juez de Paz o al Fiscal Provincial en lo Penal o al Fiscal de Familia, para ejercer las
atribuciones que le señala la presente ley.
2. La parte interesada
podrá igualmente pedir copia del Informe Policial para los efectos que considere pertinente o solicitar su remisión al juzgado
que conociera de un proceso sobre la materia o vinculado a ésta”.
5. “Artículo 7,
Decreto Legislativo Nº 813. Requisito de procedibilidad.-
1. El Ministerio Público,
en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del
Órgano Administrador del Tributo.
2. Las Diligencias Preliminares
y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la Instrucción o Investigación Preparatoria,
deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo”.
6. “Artículo 8,
Decreto Legislativo Nº 813. Investigación y promoción de la acción penal.-
1. El Órgano Administrador
del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que existen indicios de la comisión de un delito
tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el procedimiento que corresponda.
2. El Fiscal, recibida
la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador del Tributo, dispondrá lo conveniente. En todo caso, podrá ordenar
la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar
al Órgano Administrador del Tributo le remita las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o
por la Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”.
7. “Artículo 19,
Ley Nº 28008. Competencia del Ministerio Público.- Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de
sus actuaciones la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión de un delito, inmediatamente comunicará
al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar el procedimiento que corresponda.”
8. “Artículo 19,
Decreto Legislativo Nº 701. El ejercicio de la acción penal es de oficio. Cuando la Comisión estimara que se ha infringido
el artículo 232 del C.P. pondrá tal hecho en conocimiento del Ministerio Público.”
Tercera.- Disposición
Derogatoria.- Quedan derogados:
1. El Código de Procedimientos
Penales, promulgado por Ley Nº 9024 y las demás normas ampliatorias y modificatorias.
2. El Código Procesal
Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 638, y las demás normas ampliatorias y modificatorias.
3. Todas las leyes y
disposiciones que se opongan a la presente ley.
CUADRO DE MODIFICACIONES DEL
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
ARTICULO
AFECTADO AFECTACION JURIDICA
FECHA DE
PUBLICACION
Art. 24 MODIFICADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983 22-07-2007
Art. 173, Inc. 2 MODIFICADO por el Artículo Único de la Ley N° 28697
22-03-2006
Art. 259 MODIFICADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983 22-07-2007
Art. 292 MODIFICADO por el Artículo 5 de la Ley N° 28924 08-12-2006
Art. 318 MODIFICADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983 22-07-2007
Art. 319 MODIFICADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983 22-07-2007
Art. 321, Inc. 2 MODIFICADO por el Artículo Único de la Ley N° 28697
22-03-2006
Art. 341, nums 1, 2 y 4 MODIFICADOS por el Artículo 5 de la Ley N° 28950 16-01-2007
Art. 382 MODIFICADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983 22-07-2007
Art. 523, Inc. c al num. 1 ADICIONADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983
22-07-2007
Art. 523, num. 10 ADICIONADO por el Art. 3 del D.L. Nº 983 22-07-2007
Primera Disposición Final,
Inc. 2 MODIFICADO por el Artículo 1 de la Ley N° 28671 31-01-2006
Primera Disposición Final,
Inc.4 MODIFICADO por el Artículo único de la Ley N° 28460 11-01-2005
Primera Disposición Final,
Inc. 4 MODIFICADO por el Artículo único de la Ley N° 28460 31-01-2006
Primera Disposición Final,
Inc. 5 DEROGADO por el Artículo 7 de la Ley N° 28671 31-01-2006
Segunda Disp. Modificatoria
y Derogatoria, Num. 1) DEROGADO por el Artículo Único de la Ley N° 28395 23-11-2004
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CODIGO
TRIBUTARIO
DECRETO SUPREMO Nº 135-99-EF
Promulgado: 18-08-99
Publicado : 19-08-99
ÍNDICE
TITULO PRELIMINAR
NORMA I Contenido
NORMA II Ambito de aplicación
NORMA III Fuentes del Derecho Tributario
NORMA IV Principio de Legalidad- Reserva de la Ley
NORMA V Ley de Presupuesto y Créditos suplementarios
NORMA VI Modificación y Derogación de normas tributarias
NORMA VII Plazo supletorio para exoneraciones y beneficios
NORMA VIII Interpretación de normas tributarias
NORMA IX Aplicación supletoria de los principios
del derecho.
NORMA X Vigencia de las normas tributarias
NORMA XI Personas sometidas al Código Tributario
y demás normas tributarias.
NORMA XII Cómputo de plazos
NORMA XIII Exoneraciones a diplomáticos y otros.
NORMA XIV Ministerio de Economía y Finanzas
NORMA XV Unidad Impositiva
LIBRO PRIMERO : LA OBLIGACION
TRIBUTARIA
TITULO I Disposiciones Generales (Artículo
1 al 10)
TITULO II Deudor Tributario (Artículo 11 al
24)
Capítulo I
Domicilio Fiscal (Artículo 11 al 15)
Capítulo II
Responsables y Representantes (Artículo 16 al 24)
TITULO III Transmisión y Extinción de la Obligación
Tributaria (Artículo 25 al 49)
Capítulo I
Disposiciones Generales (Artículo 25 al 27)
Capítulo II
La Deuda Tributaria y el Pago (Artículo 28 al 39)
Capítulo III Compensación,
Condonación y Consolidación (Artículo 40 al 42)
Capítulo IV Prescripción
(Artículo 43 al 49)
LIBRO SEGUNDO : LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y LOS ADMINISTRADOS
TITULO I Organos de la Administración
(Artículo 50 al 54)
TITULO II Facultades de la Administración Tributaria
(Artículo 55 al 82)
Capítulo I
Facultad de Recaudación (Artículo 55 al 58)
Capítulo II
Facultades de Determinación y Fiscalización (Artículo 59 al 81)
Capítulo III Facultad
Sancionadora (Artículo 82)
TITULO III Obligaciones de la Administración Tributaria
(Artículo 83 al 86)
TITULO IV Obligaciones de los Administrados (Artículo
87 al 91)
TITULO V Derechos de los Administrados (Artículo
92 al 95)
TITULO VI Obligaciones de Terceros (Artículo 96 al
97)
TITULO VII Tribunal Fiscal (Artículo 98 al 102)
LIBRO TERCERO : PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS
TITULO I Disposiciones Generales (Artículo
103 al 113)
TITULO II Procedimientos de Cobranza Coactiva
(Artículo 114 al 123)
TITULO III Procedimiento Contenciosos-Tributario (Artículo
124 al 156)
Capítulo I
Disposiciones Generales (Artículo 124 al 131)
Capítulo II
Reclamación (Artículo 132 al 142)
Capítulo III Apelación
y Queja (Artículo 143 al 156)
TITULO IV Demanda Contencioso-Administrativa ante
el Poder Judicial (Artículo 157 al 161)
TITULO V Procedimiento no Contencioso (Artículo
162 al 163)
LIBRO CUARTO : INFRACCIONES,
SANCIONES Y DELITOS
TITULO I Infracciones y sanciones administrativas
(Artículo 164 al 188)
TITULO II Delitos (Artículo 189 al 194)
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TABLA I
TABLA II
TABLA III
Cuadro de Modificaciones
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